Reclamación por denegación de acceso a la información sobre el expediente de comisión de servicios de una plaza específica entre 2012 y 2022

Resolución 198/2023, de 17 de julio, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-115/2023 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX en representación de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León ante la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 13 de enero de 2023, tuvo entrada en el Registro de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León una solicitud de información pública dirigida por XXX, en representación de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales, a la citada Consejería. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “Primero.- El motivo por el cual se ha concedido una comisión de servicio para la plaza XXX Segundo.- El funcionario responsable de la concesión de esa comisión de servicio. Tercero.- Copia del expediente administrativo de la adjudicación en comisión de servicios de la plaza XXX”. Segundo.- Con fecha 23 de marzo de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por XXX en la representación invocada, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Con fecha 2 de mayo de 2023, la Secretaría General de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital remitió al solicitante una copia del expediente administrativo para la cobertura de la plaza XXX. Dicho expediente estaba conformado por documentos que databan exclusivamente del año 2011. Cuarto.- Con fecha 11 de mayo de 2023 tuvo entrada en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital una ampliación de la solicitud formulada por XXX, en la que se indicaba lo siguiente: “En escrito fechado el 2 de mayo de 2023, la Secretaria General de Movilidad y Transformación Digital da contestación a nuestro escrito, pero de forma incompleta, ya que solo aporta información del año 2011, cuando de forma ininterrumpida todos los años se le ha concedido la comisión de servicio a esta funcionaria. Por tanto, se reitera la solicitud y SE VUELVE A SOLICITAR: El motivo por el cual se ha concedido una comisión de servicio para la plaza XXX, en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Funcionario responsable de la concesión de esta comisión de servicio, en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Copia del expediente administrativo de la adjudicación en comisión de servicio de la plaza XXX, en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022”. Esta solicitud fue objeto de respuesta mediante una Orden de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de fecha 30 de junio de 2023, por la cual se inadmitió la solicitud por estimar que se trataba de una petición “manifiestamente repetitiva”, argumentando que la información solicitada obraba en poder del solicitante desde el día 2 de mayo de 2023. Quinto.- Con fecha 5 de junio de 2023, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital remitió la respuesta a la petición de informe realizada desde esta Comisión. Sexto.- Con fecha 3 de julio de 2023, se recibió un escrito del recurrente en el que se indicaba expresamente que la información recibida no era completa (“ante los escritos recibidos, nos reiteramos que (sic) no hemos recibido la información solicitada”). A este escrito se acompañaba una copia de la Orden de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de 30 de junio mencionada ut supra, por la que se había inadmitido la solicitud de acceso a la información de fecha 11 de mayo de 2023. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que se trata del solicitante de acceso a la información pública. Cuarto.- La reclamación ha sido presentada dentro del plazo establecido para ello 24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, siendo su objeto final la Orden de 30 de junio de 2023, referida en el expositivo cuarto de los antecedentes. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, debemos precisar que se realizan tres solicitudes en el escrito del reclamante: el motivo de la concesión de la comisión de servicios; el funcionario responsable del expediente; y, en fin, la copia del expediente. Hemos de reseñar que tanto el motivo de la concesión de la comisión de servicios como el funcionario responsable de la misma, han de poder inferirse claramente de los documentos obrantes en el expediente administrativo. Por tanto, el acceso al expediente administrativo, a través de la obtención de una copia del mismo, daría lugar al acceso a la información solicitada. Por tanto debemos pronunciarnos en relación con el tercero de los pedimentos de la solicitud que se encuentra en el origen de esta reclamación. El artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por tanto, no hay duda acerca de que la información solicitada tiene la naturaleza de información pública y de que ha de concederse el acceso a ella. Ahora bien, la cuestión estriba en determinar si la información solicitada es la proporcionada en este caso por parte de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Sexto.- En el escrito inicial del solicitante, de fecha 13 de enero de 2023, se pone de manifiesto que el Centro de Control de Calidad de Segovia “lleva cerrado desde el año 2013”; y se añade que si bien “desde esa fecha no se ha hecho ningún ensayo, control o trabajo relacionado con la calidad en ese centro”, existe una funcionaria a quien se ha adjudicado de forma temporal la plaza XXX de Jefe de Sección de ese Centro. Esta es la razón que se alega para formular la solicitud de acceso al expediente en cuestión. Con esta base, se solicitó acceso al expediente de adjudicación en comisión de servicios de la meritada plaza. Esta solicitud fue estimada y se remitió copia del mismo, si bien en esta únicamente obraban documentos del año 2011. Por ello, el solicitante, con fecha 11 de mayo de 2023, reiteró y precisó su solicitud de acceso, instando a la Administración autonómica a remitir la concesión de la comisión de servicios desde el año 2011. Esta última solicitud fue inadmitida por reiterativa mediante Orden de fecha 30 de junio de 2023. Séptimo.- El Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso de personal y de provisión de puestos de trabajo de los funcionarios al servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, dispone en su artículo 46 que los puestos de trabajo adscritos al personal funcionario se proveerán por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de conformidad con lo que se determine en las relaciones de puestos de trabajo con atención a la naturaleza de sus funciones. Por su parte, el artículo 68 de este Decreto establece lo siguiente: “1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicio con carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. Podrán acordarse también comisiones de servicio de carácter forzoso. Cuando, celebrado concurso para la provisión de puestos resultare vacante alguno cuya cobertura se juzgue urgente por necesidades del servicio, podrá destinarse con carácter forzoso a otro funcionario que ocupe puesto en la misma localidad, sin que en ningún caso la comisión pueda suponer una disminución en sus retribuciones. Las citadas comisiones de servicio tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo. 2.– El puesto de trabajo cubierto temporalmente de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, será incluido, en su caso, en la siguiente convocatoria por el sistema que corresponda. (…)”. (el subrayado es nuestro). Por consiguiente y puesto que normativamente la duración máxima de las comisiones de servicio es de un año, debería existir en el expediente administrativo de la plaza XXX al menos algún documento relativo a los años posteriores a 2011, esto es, los requeridos por el reclamante, de prórroga de la comisión de servicio. Aún así y en el supuesto de que no existieran estos documentos, la Administración autonómica ha de emitir la pertinente Resolución indicando esta circunstancia. Al respecto, esta Comisión ha señalado en numerosas resoluciones (entre otras, Resolución 188/2020, de 9 de octubre, expediente CT-15/2020; Resolución 119/2021, de 18 de junio, expediente CT-147/2020; Resolución 219/2021, de 2 de noviembre, expediente CT-239/2020; o, en fin, Resolución 22/2022, de 1 de marzo, expediente CT166/2021) que, en el caso de que la información pública solicitada no exista, la satisfacción del derecho de acceso a la información del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una resolución como la señalada, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada por este no existe, responde expresamente a la petición realizada, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o, en su caso, imposibilidad de localización de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas a aquel derecho. Pero de lo que no cabe duda es de que en el presente caso no cabe argumentar la existencia de reiteración entre las peticiones de acceso de 13 de enero y de 11 de mayo, por cuanto no existe identidad de objeto entre ambas, puesto que si bien se refieren a la misma comisión de servicio, sin embargo de solicita información en relación con años diferentes. Sobre la cuestión de la inadmisión de las solicitudes de acceso a la información cabe destacar el Criterio Interpretativo CI/003/2016, de 14 de julio, emitido por el CTBG. En relación con las solicitudes de carácter repetitivo contempladas en el precitado artículo 18.1.e), se razona lo siguiente: “2.1. Respecto a la solicitud de información manifiestamente repetitiva Gramaticalmente, se define como aquella que lleva a decir o resolver algo que ya se ha dicho o resuelto anteriormente. En los términos de la Ley, para que la solicitud pueda ser inadmitida, se requiere. A) Que sea repetitiva y B) Que esta característica sea manifiesta. Por lo tanto, y toda vez que es requisito derivado de los términos en los que se pronuncia la Ley que la solicitud sea, no sólo repetitiva sino que lo sea manifiestamente, procede interpretar qué se entiende por solicitud manifiestamente repetitiva: Una solicitud será MANIFIESTAMENTE repetitiva cuando de forma patente, clara y evidente: - Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y hubiera sido rechazada por aplicación de alguno de los límites del artículo 14 o 15 de la LTAIBG o por concurrir alguna causa de inadmisión en los términos del artículo 18. En todo caso, la respuesta debe haber adquirido firmeza por el transcurso de los plazos de reclamación o recurso contencioso-administrativo sin que éstos se hubieran interpuesto o cuando, habiéndose presentado, hubieran sido definitivamente resueltos y la denegación o inadmisión hubiese sido avalada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u órgano autonómico equivalente competente o por el órgano judicial correspondiente. - Coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y, habiéndose admitido a trámite, se hubiera ofrecido ya la información sin que hubiera existido ninguna modificación real o legal sobre los datos en su momento ofrecidos. En estos casos, deberá justificarse adecuadamente la ausencia de modificación de los datos inicialmente ofrecidos. - El solicitante o solicitantes conocieran de antemano el sentido de la resolución por habérsele comunicado en un procedimiento anterior por el órgano informante. • Coincidan con otra u otras dirigidas al mismo órgano en períodos de tiempo inferiores a los plazos de tramitación legalmente previstos, de tal forma que las solicitudes presentadas previamente no hubieran finalizado su tramitación. - Cuando fueran de respuesta imposible, bien por el contenido o por razones de competencia y así se hubiera notificado y justificado al solicitante de información. Para mayor claridad, pueden tenerse en cuenta las siguientes reglas complementarias: - Cuando se trate de peticiones cuyo texto sea coincidente, habrá de tenerse en cuenta que, en ningún caso, la concurrencia de varios demandantes solicitando una misma información ha de considerarse reiterativa por la simple coincidencia del texto, que puede deberse a la aprobación de modelos, formularios o plantillas facilitadoras del ejercicio de derecho de acceso individual respecto a cuestiones que pueden afectar a una o varias personas o bien a colectivos. En estos casos, es obligatorio considerar cada peticionario individualmente. - Si la petición es colectiva y entre los que la suscriben hubiera uno o varios peticionarios que ya hubieran presentado anteriormente una solicitud susceptible de ser considerada reiterativa de acuerdo con los supuestos arriba mencionados, solamente se aplicará la causa de inadmisión a dicha o dichas personas, continuando la tramitación respecto al resto. - Hay que tener en cuenta que, por tratarse de un acto que pone fin al procedimiento, la respuesta a la solicitud habrá de ser motivada. La motivación incluirá la referencia a la respuesta o respuestas anteriores de las que trae causa la decisión de inadmitir”. En definitiva y a la vista de lo expuesto por el propio CTBG, resulta claro que no existe identidad de razón entre lo resuelto por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y lo solicitado por el reclamante en su escrito de 11 de mayo, al tratarse de expedientes de años diferentes. Por ello, no resulta pertinente argüir que concurre la reiteración como causa de inadmisión. Octavo.- En cuanto a la formalización del acceso a la documentación solicitada, procede señalar que el artículo 22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, que es la forma en la que se ha requerido el acceso en este supuesto. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX, en representación de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, ante la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe proporcionarse al solicitante una copia de las renovaciones anuales de la comisión de servicio para la plaza XXX correspondientes a los años 2012 a 2022; en el caso de no existir esta información, se debe emitir una Resolución haciendo constar expresamente esta circunstancia. Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.