Reclamación por denegación presunta de solicitud de copia de examen en papel a la Diputación de Burgos y resolución de la Comisión de Transparencia de Castilla y León

Resolución 197/2023, de 17 de julio, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-70/2023 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la Diputación de Burgos I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 12 de noviembre de 2021, tuvo registro de entrada en la Diputación de Burgos una solicitud de información pública dirigida por XXX ante la citada Entidad Local. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “Copia autentificada del documento en soporte papel del examen correspondiente a la interesada”. Hasta la fecha, la solicitud indicada no ha sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha 9 de febrero de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por XXX, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos a la Diputación de Burgos poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 6 de junio de 2023, se recibió la contestación de la Diputación de Burgos a nuestra petición de informe. En esta respuesta se hacen constar, entre otras consideraciones, las siguientes: “(…) El sistema de lectura de marcas ópticas del que dispone esta Entidad para la corrección de cuestionarios tipo test garantiza absoluta seguridad y rapidez en la lectura de los impresos, utilizando para ello un modelo de hoja de respuestas, con una determinada estructura, en la que los aspirantes marcan, para cada una de las preguntas, la opción de respuesta que consideran correcta de entre las tres alternativas existentes. Se basa en un sistema totalmente informatizado, consistente en utilizar hojas de respuestas alternativas tratables a través de lectoras de marcas ópticas y con dos zonas diferenciadas y fácilmente separables: la de la izquierda, solapa, para datos personales identificativos del aspirante, y la de la derecha, cuerpo de respuestas, con el número de orden de las preguntas y las casillas de alternativas de respuesta. Ambas partes se separan en el momento de finalización del ejercicio, al objeto de garantizar el anonimato de los participantes. En el momento de proceder a su corrección, y tras marcar en el sistema la plantilla de respuestas correctas y los criterios de puntuación, se insertan en la lectora, por un lado, las solapas comprensivas de los datos personales, y por otro, los cuerpos de respuestas integrados por las respuestas marcadas, procediéndose posteriormente a enlazar ambas informaciones, al objeto de poder asignar a cada cuerpo de respuestas la identidad del aspirante que le corresponde, con la puntuación obtenida. Ambas partes, solapa y cuerpo de respuestas, se pueden visualizar digitalmente, en la pantalla del ordenador, si bien, de forma física, una vez separadas, y tratándose de un proceso en que fueron objeto de lectura 826 hojas de respuestas, ya resulta imposible la identificación física del cuerpo de examen de un aspirante en concreto. No obstante, el cuerpo de respuestas que se visualiza en el ordenador es el documento digital correspondiente al documento en papel de cada aspirante, de modo que equivaldría a la visualización de este. De todo ello y de esta manera se informó a XXX cuando se le mostró el documento digital de su hoja de respuestas, razón por cual ya no se procedió a dar mayor respuesta a sus posteriores peticiones”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora es la solicitante de acceso a la información pública. Cuarto.- Esta impugnación tiene como objeto la denegación presunta de la información solicitada en su día, puesto que no consta que la petición presentada con fecha 12 de noviembre de 2021 haya sido resuelta expresamente por la Diputación de Burgos. En cuanto al plazo para interponer reclamaciones frente a resoluciones presuntas, este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. No obstante, con carácter general, respecto al plazo para reclamar frente a las estimaciones presuntas de solicitudes de acceso a la información pública, se debe poner de manifiesto el criterio manifestado por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC, relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición, se concluye lo siguiente: “(…) la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Esta conclusión la hacemos extensible a las reclamaciones que se presentan ante esta Comisión de Transparencia frente a las desestimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, conviene recordar que la LTAIBG, conforme se desprende de su preámbulo, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En similares términos, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, recoge en su exposición de motivos el siguiente razonamiento: “La transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas”. Como ya se ha señalado, el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la misma Ley. Este precepto define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el supuesto aquí planteado el objeto de la solicitud es el documento en soporte papel que contiene el primer ejercicio del examen tipo test realizado por la interesada, el cual puede ser considerado como información pública en los términos dispuestos en el citado artículo 13 de la LTAIBG. Ahora bien, a los efectos de resolver la reclamación interpuesta ante esta Comisión es necesario acudir a lo expuesto por la Excma. Diputación de Burgos, quien manifiesta la imposibilidad de obtener una copia física del documento. Así, expresamente manifiesta que “ambas partes, solapa y cuerpo de respuestas, se pueden visualizar digitalmente en la pantalla del ordenador, si bien de forma física, una vez separadas, y tratándose de un proceso en que fueron objeto de lectura 826 hojas de respuestas, ya resulta imposible la identificación del cuerpo de examen de un aspirante en concreto”. Por tanto, colegimos que la información solicitada, en la forma requerida por la interesada, no existe. Esta Comisión ha venido señalando en numerosas resoluciones (entre otras, Resolución 188/2020, de 9 de octubre, expediente CT-15/2020; Resolución 119/2021, de 18 de junio, expediente CT-147/2020; Resolución 219/2021, de 2 de noviembre, expediente CT-239/2020; o, en fin, Resolución 22/2022, de 1 de marzo, expediente CT- 166/2021) que, en el caso de que la información pública solicitada no exista, la satisfacción del derecho de acceso a la información del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una resolución como la señalada, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada por este no existe, responde expresamente a la petición realizada, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o, en su caso, imposibilidad de localización de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas a aquel derecho. En definitiva, se debe poner de manifiesto de forma expresa a la reclamante, mediante una Resolución de su petición, que la información solicitada no se encuentra disponible en la forma por ella solicitada y que la única posibilidad de acceso a la misma es en el modo en que ya ha tenido ya lugar. En cualquier caso, no es correcto que la Administración requerida fundamente la ausencia de respuesta expresa a la petición de información presentada en la imposibilidad de facilitarla en la forma solicitada por la reclamante. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por XXX ante la Excma. Diputación de Burgos. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe emitirse una resolución expresa manifestando la imposibilidad de acceder a la información solicitada por la reclamante en la forma por ella pedida, debido a las circunstancias técnicas expresadas en el informe remitido por la Excma. Diputación de Burgos a esta Comisión de Transparencia. Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX, como autora de la reclamación, y a la Excma. Diputación de Burgos. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.