Reclamación por denegación presunta de acceso a información sobre ingresos por alquileres de inmuebles municipales en Folgoso de la Ribera

Resolución 203/2023, de 8 de agosto, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-411/2021 / reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX, de la Entidad Local Menor de la Ribera de Folgoso, ante el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera (León) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 7 de septiembre de 2021, D.ª XXX, XXX de la Entidad Local Menor de La Ribera de Folgoso (León), presentó ante el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera (León) un escrito de solicitud de información pública dirigida a esta última Entidad Local. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “La J.V. La Ribera, le solicita a este Ayuntamiento todos los ingresos adquiridos sobre los alquileres de los dos edificios de la Ribera de Folgoso. El Bar XXX, situado en la plaza del pueblo, y el Bar XXX, desde la primera adjudicación de ambos hasta el día de hoy”. Segundo.- Con fecha 3 de noviembre de 2021, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, XXX de la Entidad Local Menor de La Ribera de Folgoso (León), frente a la falta de acceso a la información pública indicada en el expositivo anterior. Hasta la fecha, la solicitud indicada no consta que haya sido resuelta expresamente. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 13 de enero de 2022, se registró la respuesta del Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, aportando a esta Comisión de Transparencia una copia de la solicitud de información presentada por la XXX Entidad Local Menor de La Ribera de Folgoso el 7 de septiembre de 2021. En esta contestación se indica que la petición no fue contestada porque lo que solicita la Junta Vecinal “es la devolución de los beneficios obtenidos por los dos edificios de la Ribera de Folgoso, no el acceso a información pública”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma LTAIBG, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por D.ª XXX, XXX de la Junta Vecinal de La Ribera de Folgoso, quien se encuentra legitimada para ello puesto que fue quien presentó la solicitud de información pública que dio lugar a esta impugnación. Cuarto.- En cuanto al plazo para interponer reclamaciones frente a actos presuntos (como el que aquí se impugna), este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. No obstante, con carácter general, respecto al plazo para reclamar frente a las desestimaciones presuntas de solicitudes de acceso a la información pública, se debe poner de manifiesto el criterio expresado por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC, relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición, se concluye lo siguiente: “… la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que tampoco se encuentran sujetas a plazo las reclamaciones que se presenten ante esta Comisión de Transparencia frente a las desestimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública, como la que ha dado lugar a esta reclamación. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este caso, la información solicitada se concreta en los ingresos percibidos por el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera por los “los alquileres de los dos edificios de la Ribera de Folgoso. El Bar XXX, situado en la plaza del pueblo, y el Bar XXX, desde la primera adjudicación de ambos hasta el día de hoy”. En este punto cabe recordar que, de la solicitud presentada por la Junta Vecinal de La Ribera de Folgoso, en ningún caso se deduce que lo que se está pidiendo es, como afirma el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, “la devolución de los beneficios obtenidos por los dos edificios de La Ribera de Folgoso”. En todo caso, si esta última Corporación no hubiera tenido claro qué era lo que se solicitaba, debería haber requerido a la peticionaria para que concretara el objeto de su solicitud, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la LTAIBG, trámite que en ningún momento se llevó a cabo. En consideración a lo anterior, hay que tener en cuenta que, como señala el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, en la Sentencia 1519/2020, de 12 Noviembre 2020 (fundamento de derecho cuarto), refiriéndose a la definición que da el artículo 13 de la LTAIBG de información pública, “esta delimitación objetiva del derecho de acceso se extiende de forma amplia, más allá de los documentos y la forma escrita, a los contenidos en cualquier formato o soporte, cuando concurran los presupuestos de que dichos documentos o contenidos se encuentren en poder de las Administraciones y demás sujetos obligados por la LTAIBG, por haber sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. No cabe duda de que la información aquí solicitada es información pública en el sentido descrito en el citado artículo 13 de la LTAIBG. Se trata de información que contiene datos de naturaleza económica, que deben constar en la contabilidad municipal, y que no se encuentran especialmente protegidos, prevaleciendo en estos casos el interés público en la divulgación de la información para que esta sea conocida por cualquier ciudadano, en la medida en que esta divulgación puede servir de control de la gestión de los recursos públicos. Así se viene manteniendo por órganos de garantía de la transparencia como el CTBG, en la Resolución 0179/2016, de 14 de diciembre); la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información pública de Cataluña (GAIP), en su Resolución de 13 de octubre de 2016; o esta Comisión de Transparencia de Castilla y León, en sus Resoluciones 127/2018, de 22 de junio (expte. CT- 0078/2018), 50/2020, de 7 de abril (CT-140/2019) y 7/2022, de 24 de enero. En todos estos supuestos se reconoció el derecho del solicitante en cada caso al acceso a una información contable de un Ayuntamiento. Si el control de la gestión de los recursos públicos de un Ayuntamiento justifica que cualquier ciudadano pueda acceder a este tipo de información, con más motivo se da esta justificación cuando quien pide conocerla es XXX de la Entidad Local Menor en la que se localizan los dos inmuebles a cuya gestión se refiere la solicitud de información presentada. Finalmente cabe señalar que, aunque el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia a cualquier persona, los posibles límites o causas de inadmisión son los previstos en los artículos 14, 15 y 18 de dicha Ley, sin que en el caso que nos ocupa se pueda apreciar la concurrencia de ninguno de ellos; y sin que, por otro lado, el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera haya invocado la concurrencia aquí de alguno de esos límites o causas de inadmisión. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, En el caso que aquí nos ocupa, en la solicitud de acceso a la información pública consta una dirección de correo electrónico, por lo que, para atender dicha solicitud, podría acudirse a esta vía para la remisión de la información solicitada. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX, XXX de la Junta Vecinal de La Ribera de Folgoso (León), ante el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera (León). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera debe facilitar a la solicitante la información correspondiente a todos los ingresos percibidos en concepto de alquiler de dos inmuebles de titularidad municipal, ubicados en la localidad de La Ribera de Folgoso y en los que se desarrollan actividades de hostelería, concretamente el Bar XXX y el Bar XXX, desde la primera adjudicación de ambos hasta la fecha de presentación de la solicitud de información. Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y al Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.