Reclamación por denegación presunta de acceso a información pública y solicitud de actuaciones materiales al Ayuntamiento de Castrillo de Villavega

Resolución 257/2023, de 11 de septiembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-108/2023 / reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Castrillo de Villavega (Palencia) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 28 de marzo de 2023, D. XXX presentó un escrito de solicitud de información ante el Ayuntamiento de Castrillo de Villavega (Palencia). En dicho escrito se hacía alusión a los Proyectos Técnicos “86/22-Od: Construcción de Colector de Saneamiento y Drenaje del Cementerio Municipal en Castrillo de Villavega” y “116/23-OD: Renovación de Aceras en el Entorno de Castrillo de Villavega (Palencia)”, con motivo de los cuales, el día 10 de marzo de 2023 se había publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia Nº 30 un edicto del Ayuntamiento para comunicar que dichos Proyectos de Planes Provinciales 2022-2023 habían sido aprobados mediante Decreto de Alcaldía, y que quedaban expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante 20 día naturales para su examen y para la posible formulación de reclamaciones. Con todo, el “solicito” del escrito se concretaba en lo siguiente: “Que el Ayuntamiento de Castrillo de Villavega publique un nuevo edicto en el que se establezca un nuevo plazo en días «hábiles» de exposición pública de los citados proyectos para que puedan ser examinados. - Que los Proyectos Técnicos sean publicados en la sede electrónica para que puedan ser consultados durante todos los días de exposición pública. - Que se pueda acceder a la Secretaría del Ayuntamiento durante todos los días de exposición pública para el examen de los Proyectos Técnicos. - Que el Ayuntamiento de Castrillo de Villavega publique en la sede electrónica todas las actas de los plenos de municipales celebrados durante el año 2022 y 2023, así como las actas de los plenos que en el futuro se celebren. - Que el Ayuntamiento de Castrillo de Villavega cumpla lo establecido en la Resolución 184/2021 de 17 de septiembre del Comisionado de Transparencia (Exp. CT 47/2021)”. Hasta la fecha, no consta que la solicitud indicada haya sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha 24 de mayo de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida la reclamación, esta Comisión de Transparencia se dirigió al Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Consta, a través de la certificación del servicio de Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ), la aceptación de la notificación en sede electrónica con fecha 1 de junio de 2023 por parte del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega. Además, conforme al correspondiente acuse de recibo, también consta que, con fecha 2 de junio de 2023, se recibió en la sede del Ayuntamiento la notificación por vía postal. Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución. Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que su autor fue la misma persona que presentó la solicitud de información pública que dio lugar a la impugnación. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 24 de mayo de 2023, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 28 de marzo de 2023. En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos. Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que la presentación de la reclamación que ahora se resuelve no se encontraba sujeta a plazo. Quinto.- En el caso que nos ocupa, es cierto que la petición referida en el expositivo primero de los antecedentes contiene peticiones de hacer que no pueden considerarse solicitudes de acceso a información pública en los términos definidos en la LTAIBG. En efecto, por un lado, el escrito de petición hace alusión a los Proyectos Técnicos “86/22-Od: Construcción de Colector de Saneamiento y Drenaje del Cementerio Municipal en Castrillo de Villavega” y “116/23-OD: Renovación de Aceras en el Entorno de Castrillo de Villavega (Palencia)”, con motivo de los cuales, el día 10 de marzo de 2023 se había publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia Nº 30 un edicto del Ayuntamiento para comunicar que dichos Proyectos habían sido aprobados mediante Decreto de Alcaldía y que quedaban expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante 20 día naturales para su examen y para la posible formulación de reclamaciones. Según se expone en el mismo escrito dirigido al Ayuntamiento de Castrillo de Villavega y en el de reclamación ante esta Comisión de Transparencia, en un principio, a pesar del contenido del edicto publicado, los Proyectos no fueron expuestos en la sede electrónica del Ayuntamiento ni en el tablón de anuncios municipal e, incluso, la Secretaría del Ayuntamiento permanecía cerrada para poder consultar los Proyectos, salvo los 3 sábados por la mañana incluidos entre el 10 y el 30 de marzo de 2023. Con los antecedentes expuestos, la petición contenida en el escrito de solicitud de información pública, con relación a los dos Proyectos a los que se ha hecho referencia, incluye una petición de que se publicase de nuevo el edicto que había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia el 10 de marzo de 2023, así como de que fueran publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento y de que se pudiera acceder a la Secretaría del Ayuntamiento durante todos los días de exposición pública de los Proyectos tras la nueva publicación para que fueran examinados. Por otro lado, cabe tener en cuenta que, según se señala en la solicitud, el día 16 de marzo de 2023 el Ayuntamiento publicó en su sede electrónica el Proyecto técnico 116/23-OD, y, más tarde, concretamente el 19 de marzo de 2023, también publicó en su sede electrónica el Proyecto técnico 86/22-OD, por lo que cabe entender que el ahora reclamante conoció los mismos, si bien no pudo hacer las alegaciones que tuviera por conveniente, lo que podría conllevar otras consecuencias que no pueden ser objeto de esta reclamación. Con todo, el ámbito de actuación de esta Comisión de Transparencia, resolviendo las reclamaciones relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, no incluye depurar irregularidades sobre otros aspectos materiales ajenos a dicho derecho, como sería en el caso que nos concierne el relativo a la irregularidad de la forma en que se llevó a cabo el trámite de información pública de los Proyectos de obras aprobados por la Alcaldía. Y, como se ha señalado, el reclamante demanda la subsanación de lo que sería la actuación irregular llevada a cabo con motivo del trámite de información pública a la que se ha hecho alusión. En este sentido, en Resoluciones dictadas por el CTBG, como la 26 de octubre de 2018 (RT/0330/2018), se señala lo siguiente (fundamento jurídico tercero): “Esto es, la Ley de Transparencia no ampara solicitudes en las que el objetivo sea obtener una actuación material por parte de una administración pública, como es el caso de la petición (…), en la que no solicita una determinada información, sino una acción del Ayuntamiento, al que requiere para que supervise la construcción del muro y obligue a cumplir la legalidad al propietario de la parcela. El ejercicio del derecho de acceso a la información no es el cauce adecuado para solicitar estas medidas. Tal y como se puso de manifiesto en anterior Resolución de este Consejo –RT/ 0301/2017-, el reclamante «ha presentado una petición destinada a que la administración pública lleve a cabo una actuación material, (…). Actividad que dista de tratarse de una solicitud de acceso a la información en los términos definidos por los artículos 12 a 22 de la propia LTAIBG. De este modo, en definitiva, tomando en consideración el objeto de la solicitud descrita en el que se plantea una actuación material por parte de la administración autonómica cabe concluir con la inadmisión de la reclamación planteada al quedar fuera del ámbito de aplicación de la LTAIBG». Similares argumentos fundamentan las Resoluciones del CTBG de fechas 4 de marzo de 2022 (RT 0052/2020) y 4 de febrero de 2021 (RT 0549/2019), en las que, respectivamente, se señala lo siguiente: “(…) Esto último es lo que ocurre en este caso, en el que el objetivo que se persigue es obtener una nueva medición de ruido por parte del Ayuntamiento de Madrid, pretensión que está alejada del ámbito de la transparencia, pues no tiene relación con el acceso a determinada información pública. Este objetivo queda fuera del ámbito de actuación de este Consejo, cuyo cometido en relación con estas reclamaciones consiste en garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, entendida ésta como información disponible y existente en el momento de solicitarla”. “(…) Tomando en consideración el tenor literal, se evidencia que la ahora reclamante no ha solicitado información pública sobre una materia sino, por el contrario, ha pedido a la administración local que informe sobre las medidas a adoptar a futuro. Esto es, la interesada ha presentado una petición destinada a que la administración pública lleve a cabo una actuación material, una obligación positiva de hacer. Si bien, como ya advirtiera este Consejo en su Resolución R/0301/2017, dicha actividad dista de tratarse de una solicitud de acceso de información en los términos definidos por los artículos 12 a 22 de la propia LTAIBG (…)”. Por otro lado, en el escrito de solicitud de información pública también se pide que el Ayuntamiento de Castrillo de Villavega publique en la sede electrónica todas las actas de los Plenos municipales celebrados en los años 2022 y 2023 y que se celebren en el futuro, las cuales, como se puede comprobar, no figuran en el Portal de Transparencia de dicha sede electrónica. Sin perjuicio del derecho que tiene el reclamante o cualquier ciudadano a solicitar el acceso a cualquiera de las actas del Pleno que existan hasta el momento, el que las mismas estén disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento, aun siendo lo deseable para satisfacer las exigencias de transparencia sobre los acuerdos municipales adoptados, también constituye la petición de que se lleve a cabo una concreta actuación por parte del Ayuntamiento, lo cual ha de quedar al margen de la reclamación que aquí se resuelve. No obstante lo anterior, si, con independencia de la pretensión del aquí reclamante de que todas las actas del Pleno correspondientes a las sesiones ya celebradas se publiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento, también tiene interés en acceder a cualquiera de dichas actas, así puede solicitarlo de manera expresa al Ayuntamiento, el cual habría de resolver conforme a lo previsto en el artículo 20 de la LTAIBG, pudiendo ser la resolución expresa o presunta del Ayuntamiento objeto de reclamación ante esta Comisión de Transparencia, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, según lo establecido en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. Por otra parte, en el escrito de solicitud de información pública también se solicita que se cumpla la Resolución 184/2021, de 17 de septiembre, de esta Comisión de Transparencia, con motivo de la tramitación del expediente 47/2021. No obstante, las manifestaciones sobre el incumplimiento de dicha Resolución, reproducidas en el escrito que ha dado lugar a esta reclamación, ya han dado lugar al Acuerdo de 12 de mayo de 2023 de esta Comisión de Transparencia, en virtud del cual se ha considerado cumplida parcialmente la Resolución, indicándose que “Para dar cumplimiento completo a la citada Resolución, se debe remitir al solicitante, por correo electrónico, una copia del acta de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Castrillo de Villavega celebrada el días 2 de diciembre de 2020 (en su caso, con disociación de los datos personales que aparezcan en ella); o, previa publicación de este acta, comunicar a aquel la referencia explícita y determinada del lugar donde se encuentra publicada”. Con todo, lo pedido en la solicitud de información que ha dado lugar a la reclamación que ahora nos ocupa se refiere al cumplimiento de una Resolución emitida por esta Comisión de Transparencia en otro expediente de reclamación que ya ha sido tramitado. Sexto.- Ahora bien, sin perjuicio de lo que se ha señalado en el expositivo anterior, a juicio de esta Comisión sí se puede interpretar que el escrito dirigido con fecha 28 de marzo de 2023 por el reclamante al Ayuntamiento de Castrillo de Villavega también contiene una solicitud de información pública cuyo objeto es el acceso a los Proyectos Técnicos “86/22-Od: Construcción de Colector de Saneamiento y Drenaje del Cementerio Municipal en Castrillo de Villavega” y “116/23-OD: Renovación de Aceras en el Entorno de Castrillo de Villavega (Palencia)”, puesto que en aquella, además de todo lo señalado en el fundamento jurídico anterior, también se pedía acceder al contenido de tales proyectos a través de diversas vías, al tiempo que se hacía referencia a un correo electrónico enviado al Ayuntamiento de Castrillo de Villavega con fecha 16 de marzo de 2023, donde se pedía expresamente la remisión de una “copia de los citados proyectos”. Tales proyectos pueden ser calificados como “información pública” en los términos señalados en el artículo 13 de la LTAIBG, precepto que define este concepto como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Ahora bien, como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 670/2022, de 2 de junio (rec. 4116/2020) “el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia, sino que está sometido a límites que se desarrollan en el articulado de la LTAIBG”. Estos límites son los enunciados en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG (este último precepto relativo al límite derivado de la normativa de protección de datos), a los que cabe añadir las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública recogidas en el artículo 18.1 de la misma Ley como posible fundamento de una denegación de información pública. En todo caso, como también ha indicado el Tribunal Supremo de forma reiterada (entre otras, STS núm. 1547/2017, de 16 de octubre [rec. núm. 75/2017], STS núm. 1768/2019, de 16 de diciembre [rec. 316/2018], STS núm. 306/2020, de 3 de marzo [rec. 600/2018], y STS núm. 748/2020, de 11 de junio [rec. 577/2019]), las limitaciones al derecho de acceso a la información pública han de ser objeto de una interpretación “estricta, cuando no restrictiva”. En cualquier caso, la aplicación de los límites al derecho de acceso a la información pública y de las causas de inadmisión de las solicitudes deber ser debidamente motivada. Respecto a la información solicitada en este caso (los dos proyectos técnicos a los que se ha hecho referencia), no parece que su concesión vulnere ninguno de los límites previstos en la LTAIBG, más allá de una posible protección de los datos personales de las personas físicas que, en su caso, aparezcan en aquella. Sin embargo, en el caso de que tales datos existan en la información solicitada sería aplicable lo dispuesto en el artículo el artículo 15.4 de la LTAIBG, precepto que dispone que “no será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”. Séptimo.- En relación con la formalización del acceso a la información pública, el artículo 22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En el supuesto que aquí se plantea, no queda claro si la forma de acceso a la información pedida por el reclamante es la obtención de una copia de los proyectos en cuestión o su consulta personal. En el segundo sentido, cabe manifestar aquí que en reiteradas Resoluciones de esta Comisión (expte. CT-376/2021), 18/2022, de 14 de febrero (expte. CT-32/2021), 213/2021, de 22 de octubre (expte. CT-32/2021), y 141/2020, de 26 de junio (expte. CT- 282/2019) se ha señalado que la consulta personal se puede considerar una opción válida como medio de formalización del acceso a la información cuando sea solicitada o aceptada por el interesado. Por tanto, el acceso al contenido de los dos proyectos técnicos en cuestión puede tener lugar mediante la consulta de estos, sin perjuicio de que, durante esta consulta, pueda ser solicitada una copia de los documentos consultados que se indiquen, la cual debe expedirse en los términos previstos en el precitado artículo 22.4 de la LTAIBG. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Castrillo de Villavega (Palencia). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, convocar a D. XXX para que puede realizar una consulta personal de los Proyectos Técnicos “86/22-Od: Construcción de Colector de Saneamiento y Drenaje del Cementerio Municipal en Castrillo de Villavega” y “116/23-OD: Renovación de Aceras en el Entorno de Castrillo de Villavega (Palencia)”. Durante esta consulta, pueda ser solicitada una copia de los documentos consultados que se indiquen, la cual debe expedirse en los términos previstos en el precitado artículo 22.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Castrillo de Villavega. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.