AnimaNaturalis International solicitó al Ayuntamiento de San Miguel de Valero el presupuesto para espectáculos con bóvidos de 2019. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación porque la solicitud original se hizo vía correo electrónico sin firma ni acreditación de autenticidad, incumpliendo los requisitos formales de la Ley 39/2015.
Puntos clave de la argumentación
1
La información sobre partidas presupuestarias destinadas a espectáculos con bóvidos constituye información pública según la LTAIBG.
2
La solicitud fue remitida mediante un correo electrónico que carece de firma del solicitante o acreditación de autenticidad de su voluntad, contraviniendo el artículo 66.1.e) de la LPAC.
3
El envío de la solicitud no se realizó a través de los registros electrónicos o medios oficiales establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.
4
La solicitud de información pública fue realizada al margen de los medios y la forma legalmente establecidos para tener efectos administrativos.
5
El Ayuntamiento de San Miguel de Valero incumplió la obligación de colaboración con el Comisionado de Transparencia al no responder al requerimiento de informe.
Texto completo
Resolución 375/2023, de 4 de octubre, de la Comisión de Transparencia de
Castilla y León
Asunto: expediente CT-350/2022 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de
información pública presentada por AnimaNaturalis International, ante el Ayuntamiento
de San Miguel de Valero (Salamanca)
I. ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 31 de mayo de 2022, AnimaNaturalis International, a través de
un correo electrónico dirigido al Ayuntamiento de San Miguel de Valero (Salamanca), solicitó
la siguiente información pública:
“Que se nos aporte el presupuesto destinado a la celebración de espectáculos con
bóvidos (sin muerte del animal durante el espectáculo) durante las fiestas de 2019”.
Hasta la fecha, no consta que la solicitud indicada haya sido resuelta expresamente.
Segundo.- Con fecha 9 de agosto de 2022, tuvo entrada en la Comisión de
Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada en nombre y representación de
AnimaNaturalis International, frente a la denegación presunta de la solicitud de información
pública indicada en el expositivo anterior.
Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, esta Comisión de Transparencia se
dirigió al Ayuntamiento de San Miguel de Valero poniendo de manifiesto su recepción y
solicitando que informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la
citada impugnación.
Mediante el oportuno justificante, consta que, con fecha 4 de octubre de 2022, la
notificación electrónica de la solicitud de informe debía entenderse rechazada de conformidad
con los artículos 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 42 del Reglamento de
Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Asimismo, consta
mediante el correspondiente acuse de recibo, que la notificación por vía postal fue recibida en
el Ayuntamiento de San Miguel de Valero el 10 de octubre de 2022.
A pesar de ello, no se ha recibido en esta Comisión de Transparencia el informe
solicitado al Ayuntamiento de San Miguel de Valero. No obstante, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones y se
procede a adoptar la presente Resolución.
Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta
reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de San Miguel de Valero, quien, sin
duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí
planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración
debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de
Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las
personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el
artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este
precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la
correspondiente normativa autonómica.
El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o
presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación
ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter
potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución
de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de
resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector
público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano
independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es
esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella
reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de
4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la
Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con
carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten
contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública
dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el
artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la
Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de
actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad
Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las
asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos.
En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes
identificada.
Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para
ello, puesto que su autora es la misma entidad privada que presentó la solicitud de
información pública sobre la que versa aquella.
Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de la reclamación, hay que tener en
consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual:
“La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se
produzcan los efectos del silencio administrativo”.
Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece:
“La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo
de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la
complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa
notificación al solicitante”.
En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de
Transparencia el 9 de agosto de 2022, después de que la solicitud de información pública
fuera realizada a través de un escrito presentado el 31 de mayo de 2022.
En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas
de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de
conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de
acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17
de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca
de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC
relativas a la interposición de los recursos administrativos.
Por lo tanto, la presentación de esta reclamación no estaba sujeta a plazo.
Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir
de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o
documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o
adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.
En este caso concreto, las partidas de los presupuestos del Ayuntamiento de San
Miguel de Valero, destinadas a espectáculos con bóvidos sin muerte del animal con motivo de
las Fiestas de la localidad celebradas en el año 2019, constituye información pública a los
efectos de la aplicación de la legislación en materia de transparencia.
No obstante lo anterior, lo aportado por el ahora reclamante junto con la instancia de
reclamación ante esta Comisión de Transparencia es un simple correo electrónico dirigido a la
dirección [email protected], a través del cual se solicita la información a la que se ha hecho
referencia.
El contenido de dicho correo electrónico carece de firma del solicitante o acreditación
de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio conforme a lo exigido en el
artículo 66.1.e) de la LPAC. Asimismo, el artículo 16.4 de la misma Ley establece:
“Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que
se refiere el artículo 2.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos que se presenten en cualquiera de los registros”.
Considerando lo expuesto, la solicitud de información pública dirigida al
Ayuntamiento de San Miguel de Valero ha sido realizada al margen de los medios y la forma
establecida en la Ley para tener efectos, por lo que debe ser desestimada la reclamación.
En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de
Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros,
RESUELVE
Primero.- Inadmitir la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud
de información pública presentada en nombre y representación de AnimaNaturalis
International ante el Ayuntamiento de San Miguel de Valero (Salamanca), por carecer dicha
solicitud de los requisitos exigidos en la normativa.
Segundo.- Notificar esta Resolución a AnimaNaturalis International, como autora de
la reclamación, y al Ayuntamiento de San Miguel de Valero.
Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente
Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter
personal que contuviera.