Reclamación por silencio administrativo sobre acceso a información ambiental relativa a la retirada de licencia de caza en un expediente sancionador

Resolución 406/2023, de 16 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-134/2022 / reclamación frente a la desestimación inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción AEDENAT Palencia, ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 5 de enero de 2022, tuvo registro de entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) una solicitud de información pública dirigida por D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción (AEDENAT Palencia), a dicha administración autonómica. En el "solicito" de esta petición se exponía lo siguiente: “En relación con el expediente sancionador de referencia por el disparo y muerte de un ejemplar de oso pardo el pasado 29 de Noviembre de 2020 durante la celebración de una cacería al jabalí en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, en la zona de Ventanilla (Palencia), y como parte interesada en el mismo, entendemos que dentro de las medidas cautelares recogidas en la normativa vigente, el presunto responsable de los hechos tendrá retirada la licencia de caza al igual que, según consta en las diligencias judiciales, tiene retirado su permiso de armas. Solicita: Se nos informe si el presunto responsable de los hechos, en base a las medidas cautelares de la normativa vigente, tiene retirada su licencia de caza”. Segundo.- Con fecha 21 de abril de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción (AEDENAT Palencia), frente a la desestimación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida la reclamación, nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Cuarto.- El día 3 de octubre de 2022 tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León un correo electrónico de D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción (AEDENAT Palencia), en el que manifiesta lo siguiente: “El 30/09/2022 Ecologistas en Acción-Palencia ha recibido de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León contestación sobre petición de información referente a reclamación sobre acceso a la información pública «solicitada con fecha 5 de enero de 2022 acerca de las medidas cautelares adoptadas en un expediente sancionador incoado por el disparo y muerte de un ejemplar de oso pardo» expte. CT-134/2022. Es por ello que damos por resuelta la queja planteada.” Quinto.- Con fecha 4 de octubre de 2022 se recibió la contestación de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a nuestra petición de informe, donde se pone de manifiesto lo siguiente: “Se remite, en relación con el expediente CT-134-2022, copia de la Resolución de 29 de septiembre de 2022, del Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se resuelve la petición de acceso a la información en materia de medio ambiente formulada por D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción de Palencia. EXPTE IA/84/2022 (CT-134/2022), notificada con fecha 30/09/20”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autora es la misma entidad que dirigió su solicitud de información pública al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio). Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 21 de abril de 2022, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 5 de enero de 2022. En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos Quinto.- Considerando el contenido de la información solicitada, debemos tener en cuenta que el artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), define la información ambiental como: “toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a) El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a). c) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c), y f) El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b) y c)”. Por lo expuesto, en primer lugar, debe valorarse si la reclamación formulada por D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción (AEDENAT Palencia), tiene encaje en la LTAIBG o, por el contrario, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la citada Ley, se regirá por su normativa específica, que, en este caso, sería la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Como ya se ha señalado por esta Comisión en otras Resoluciones, como la 57/2017, de 21 de mayo de 2018 (Expte. CT-34/2017), y la 135/2020, de 19 de junio (Expte. CT- 2017/2019), en un planteamiento inicial, cabría pensar que las solicitudes de información ambiental deben tramitarse en su integridad conforme a su normativa específica que acabamos de citar. Sin embargo, el propio dictado de la disposición adicional de la LTAIBG (“Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información” y “En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización”), nos lleva a determinar que se trata de una cuestión controvertida, que debe ser resuelta en el sentido más garantista del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. No habiendo sido resuelta la cuestión del alcance de la supletoriedad de la LTAIBG en el criterio interpretativo CI/008/2015, de 12 de noviembre de 2015, del CTBG, en el asunto “Aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 19/2013 sobre regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública”, diversos autores de la doctrina administrativista han defendido una interpretación de la disposición adicional primera de la LTAIBG, en combinación con la Ley de Acceso a la información en materia de Medio Ambiente, con arreglo a la cual es posible extender -en el ámbito del acceso a la información ambiental- la aplicación de la reclamación potestativa ante el CTBG y las demás autoridades independientes creadas a nivel autonómico. Esta conclusión se basa en la contradicción que implica el mantenimiento de una dualidad de regímenes diferentes de garantía, de lo cual se desprende un sistema de tutela administrativa menos garantista del derecho de los ciudadanos, en comparación con el de reclamación tramitada por organismos independientes establecido en la LTAIBG. Por lo que se refiere a la aplicación supletoria de la LTAIBG en lo concerniente a la tramitación de las reclamaciones contra las denegaciones de acceso a la información ambiental por los organismos independientes de transparencia, esta opción ha sido defendida por entender que la reclamación ante el CTBG es un aspecto no regulado en la Ley 27/2006, de 18 de julio, y en este sentido puede argumentarse que aun cuando la citada norma legal sí regula en su art. 20 los mecanismos de tutela del derecho de acceso a la información ambiental, remitiendo al sistema general de recursos administrativos y al recurso contencioso- administrativo, no incluye una auténtica garantía precontenciosa ante un organismo independiente como sí hace la LTAIBG. En consecuencia, dado que la información ambiental constituye información pública, concepto definido de forma muy amplia por la LTAIBG y que esta Ley ha sustituido los recursos administrativos por una reclamación específica con carácter potestativo ante una autoridad independiente, cabe entender que la remisión de la legislación de acceso a la información en materia de medio ambiente a los recursos administrativos regulados en la Ley de Procedimiento Administrativo ha de entenderse superada, en el ámbito del acceso a la información pública, por la reclamación ante el CTBG y los organismos autonómicos y, por consiguiente, también, en el del acceso a la información ambiental como información pública que es. La supletoriedad de la LTAIBG en la tramitación de las solicitudes de acceso a la información ambiental ha sido asumida por la Comisión de Garantía del Derecho de acceso a la Información Pública de Cataluña en su Dictamen 1/2017 “Consulta general sobre acceso a los expedientes sancionadores en materia de medio ambiente”. La primera de las conclusiones del Dictamen determina que el acceso a la información ambiental se rige por su legislación específica, siendo de aplicación supletoria la legislación de transparencia y que las dudas sobre el alcance de esta supletoriedad se han de resolver a favor de la interpretación que sea más favorable a la protección del medio ambiente, y, en segundo lugar, al derecho de acceso. En definitiva, dado que la normativa específica de acceso a la información ambiental, en lo que afecta a la impugnación de las denegaciones de acceso, se remite a los recursos administrativos contemplados en la legislación de procedimiento administrativo, sin realizar previsión alguna a la posibilidad de reclamación ante las autoridades independientes de transparencia y buen gobierno, a juicio de esta Comisión de Transparencia, en tanto que nos encontramos ante un aspecto no regulado, resulta de aplicación supletoria la LTAIBG y, por tanto, es posible la tramitación de las reclamaciones de acceso a la información ambiental por el CTBG y por los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas. Sexto.- En el supuesto que nos ocupa, el reclamante solicita información respecto a la posible aplicación de medidas cautelares, en concreto la retirada de la licencia de caza al presunto responsable del disparo y muerte de un ejemplar de oso pardo el pasado 29 de Noviembre de 2020 durante la celebración de una cacería al jabalí en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, en la zona de Ventanilla (Palencia). El artículo 131 de la Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León dispone que: “Corresponde a los titulares de las Delegaciones Territoriales en cada provincia la incoación de todos los procedimientos sancionadores por infracciones tipificadas en la presente ley. 2. La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley corresponderá: a) A los titulares de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en cada provincia, o a la Dirección General con competencias en medio natural cuando la infracción afecte a un ámbito superior al provincial, para las infracciones leves. b) Al titular de la Dirección General con competencia en medio natural para las infracciones graves. c) Al titular de la consejería competente en materia de conservación del patrimonio natural para las infracciones muy graves, cuando su cuantía no supere el millón de euros (1.000.000 €). d) A la Junta de Castilla y León para las infracciones muy graves, cuando su cuantía supere el millón de euros (1.000.000 €)” En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Teniendo en consideración que la información solicitada -información respecto a la posible aplicación de medidas cautelares, en concreto la retirada licencia de caza al presunto responsable del disparo y muerte de un ejemplar de oso pardo el 29 de noviembre de 2020 durante la celebración de una cacería en la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, en la zona de Ventanilla (Palencia)- cumple los requisitos del artículo 13 de la LTAIBG al ser información que obra en poder de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y que han sido elaborada en el ejercicio de sus funciones, procede la estimación de la reclamación presentada por D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción (AEDENAT Palencia). No obstante lo anterior, la entidad reclamante manifiesta, a través del correo electrónico remitido a esta Comisión de Transparencia el día 3 de octubre de 2022, que ha recibido respuesta por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, dando por resuelta la queja planteada. Así mismo, en la contestación remitida el día 4 de octubre de 2022 por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se pone de manifiesto que con fecha 30 de septiembre de 2022 se notificó a D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción de Palencia, la Resolución de 29 de septiembre de 2022, del Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, por la que se resolvió la petición de acceso a la información en materia de medio ambiente. En esta respuesta se informa de lo siguiente: “El Servicio Territorial de Medio Ambiente ha realizado actuaciones previas solicitando información al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cervera de Pisuerga relativa a diligencias penales coincidentes con los hechos objeto de denuncia en materia de espacios naturales. De acuerdo con la información remitida por el referido Juzgado, el procedimiento abreviado frente al denunciado se encuentra en fase de instrucción. Dado que existe un proceso penal en curso ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cervera de Pisuerga, a la espera de la resolución judicial que se adopte, no procede iniciar procedimiento sancionador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Con fecha 14 de mayo de 2022, se ha enviado a D. XXX, de Ecologistas en Acción Palencia, copia de la resolución de 22 de abril de 2022 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León por la que se acuerda la iniciación y suspensión del procedimiento sancionador en materia de espacios naturales nº PA-EN-BIO-5/2020. En esta resolución se recoge lo reseñado anteriormente, que el procedimiento sancionador en materia de espacios naturales nº PA-EN-BIO-5/2022, está suspendido hasta que se resuelva la vía penal. En cuanto a la pregunta concreta de Ecologistas en Acción Palencia sobre si se ha retirado la licencia de caza al investigado, se informa que para ello es necesario sentencia judicial o resolución sancionadora firmes, circunstancias que no se dan en este momento. No obstante, una vez concluido el proceso penal, si procediera la incoación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador, se informará de su tramitación a los que tengan la condición de interesados en el mismo” Por lo expuesto, ha quedado sin objeto el motivo de esta reclamación, al haberse facilitado a la reclamante el acceso a la información pública solicitada. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la desestimación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en representación de Ecologistas en Acción (AEDENAT Palencia) ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia (Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a Ecologistas en Acción (AEDENAT Palencia), como autora de la reclamación, y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.