Reclamación por denegación presunta de solicitud de información sobre animales de compañía en el Ayuntamiento de Soria

Resolución 407/2023, de 16 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-228/2023 / reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Soria I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 23 de noviembre de 2022, D. XXX presentó un escrito dirigido al Ayuntamiento de Soria en el que se exponía lo siguiente: “Que estoy realizando un estudio sobre la actividad de los ayuntamientos en relación con los animales de compañía. Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía de Castilla y León, asigna en su artículo 24, 25 Y 26, la obligación y responsabilidad de realizar las labores de inspección y vigilancia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y evitar la realización de las prohibiciones contempladas en esta Ley. Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, establece el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública veraz. Para facilitar la búsqueda de datos he elaborado una encuesta con el fin de que se puedan contestar las preguntas. No hay ninguna pregunta que afecte a datos de carácter personal protegidos por la Ley de protección de datos. Todos los datos se utilizarán para su análisis estadístico y en ningún caso se publicarán vinculados a un ayuntamiento en concreto. A continuación, transcribo en este documento la encuesta. No obstante, si la aplicación informática lo permite, aportaré la citada encuesta como archivo adjunto. SOLICITO al alcalde del Ayuntamiento de SORIA: Le quedaría muy agradecido si me facilitaran los datos solicitados y la información indicada en esta encuesta. Para cualquier aclaración pueden contactar conmigo en el teléfono XXX. Agradecería que la citada información me fuera remitida en soporte informático, Word o PDF a partir del documento que remito al correo electrónico XXX”. La encuesta a la que se hace referencia en el anterior escrito, que es propiamente la información pública solicitada, es la siguiente: “ENCUESTA A AYUNTAMIENTOS SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA El objeto de esta encuesta es la recopilación de información de los ayuntamientos, relativa a los animales de compañía, así como las actividades y los medios humanos y materiales destinados para ello. “AYUNTAMIENTO DE: SORIA PROVINCIA: SORIA 1.- ¿Tienen en su Ayto. alguna Ordenanza Municipal que regule la tenencia y/o convivencia de animales de compañía? • Sí. • No 2.- ¿Tienen un registro con el censo de los perros y gatos del municipio? • Sí. • No 3.- ¿Cuántos perros tienen censados (último censo) en el municipio? • Número: 4.- ¿Cuántos gatos tienen censados (último censo) en el municipio? • Número: 5.- ¿Tienen un registro de Perros Potencialmente Peligrosos en el municipio? 6.- ¿Cuántos perros potencialmente peligrosos tienen censados en el municipio? 7.- ¿Cuántas licencias para la tenencia de perros potencialmente peligrosos han otorgado desde su ayuntamiento en los últimos tres años? • 2017: • 2018: • 2019: • 2020: • 2021: 8.- ¿Tiene su ayuntamiento un servicio de recogida de animales vagabundos, abandonados y/o perdidos en el municipio? 9.- El servicio de recogida (personal y medios) es: • Propio del Ayuntamiento • Externalizado. • Mixto. 10.a- ¿Tiene su ayuntamiento un centro para albergar los animales recogidos en el municipio? 10.b- ¿Cuántos animales (perros y gatos) han entrado en el centro (sea propio- municipal o contratado) en los últimos cinco años? Indicar también los que llegan identificados con microchip y los que carecen de él. (Se incluye tabla para cumplimentar) 11.- Si la recogida es externalizada, ¿quién la realiza?: • Empresa de servicios. • Protectora. • Mancomunidad de municipios. • Diputación o Cabildo. • Otra 12. – Si la actividad de recogida es externalizada, indicar si se ha realizado: y su importe • Un contrato administrativo. Importe: • Un convenio. Importe: • Una encomienda de gestión. Importe: 13.- Si el centro para albergar los animales no es municipal, ¿de quién es?: • Empresa de servicios. • Protectora. • Mancomunidad de municipios. • Diputación o Cabildo. • Otra 14. – Si la actividad de albergue y cuidado de los animales no es municipal, indicar si se ha realizado: y su importe • Un contrato administrativo. Importe: • Un convenio. Importe: • Una encomienda de gestión. Importe: 15.- ¿El ayuntamiento ha concedido o concede alguna ayuda y/o subvención a alguna entidad (asociación, entidad sin ánimo de lucro, cooperativa, etc.) relacionado con los animales de compañía, en los últimos cinco años?: (Si hay más de una entidad en el mismo año, indicarlo también) (Se incluye tabla para cumplimentar) 16.- ¿Tienen su Ayuntamiento alguna tasa o precio por servicio público, para la retirada de animales del centro de recogida, de animales extraviados que son recogidos por su propietario? • Por recogida de vía pública y traslado al centro: • Por día de estancia: • Por retirada del animal del centro de recogida: • Otro: • Ninguno. 17.- ¿Tienen su Ayuntamiento alguna tasa o precio por servicio público, por adopción de perros y gatos? • Si. ¿Cuánto? 18.- ¿Cuántas denuncias de vecinos han recibido por motivos de animales de compañía (molestias, agresiones, daños a las cosas u otros animales, etc.) en los últimos tres años? 19.- ¿Cuántas denuncias de oficio de policía municipal y/o Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (que no sean comprobaciones de denuncias de vecinos) han recibido en los últimos tres años por motivos de animales de compañía (molestias, agresiones, daños a las cosas u otros animales, etc.)? 20.- ¿Cuántos expedientes sancionadores por infracciones a la Ordenanza relativa a animales de compañía, o a la legislación autonómica en materia de protección de los animales de compañía, se han incoado en su ayuntamiento, en los últimos tres años? • 2017: • 2018: • 2019: • 2020: • 2021: 21. - ¿Cuántos expedientes sancionadores por infracciones a la Ordenanza relativa a animales de compañía, o a la legislación autonómica en materia de protección de los animales de compañía, se han inhibido a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desde su ayuntamiento, en los últimos tres años? 22.- ¿Tiene su ayuntamiento algún programa para fomentar la tenencia responsable de los animales de compañía? • Si. 23.- ¿Tiene su ayuntamiento alguna campaña anual o periódica para controlar el cumplimiento de la normativa que afecta a los animales de compañía? identificación con microchip, vacunaciones oficiales, normas de manejo de los animales (perros sueltos y sin control en lugares prohibidos - parques) • Si. • No. 24.- ¿Realizan desde su ayuntamiento un control específico y programado sobre los animales potencialmente peligrosos? • No. 25. – Con relación a los medios humanos con los que cuenta el Ayuntamiento, ¿Cuántos titulados superiores (doctores licenciados o graduados) dispone en relación con la salud pública, la sanidad, y el bienestar y protección animal, y su titulación? Indicar igualmente su adscripción laboral al ayuntamiento: funcionario, laboral, eventual, etc. (No se tendrán en cuenta los que puedan trabajar en relación a empresas contratadas por el ayuntamiento o cualquier otra organización subvencionada o conveniada por el mismo) (Se incluye tabla para cumplimentar)”. Hasta la fecha, la solicitud de información indicada no ha sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha 6 de junio de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, esta Comisión de Transparencia se dirigió al Ayuntamiento de Soria poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 18 de septiembre de 2023, se recibió la contestación del Ayuntamiento de Soria a la solicitud de informe, señalándose en ella lo siguiente: “Recibida solicitud de información referida a la presunta ausencia de respuesta a la solicitud formulada por D. XXX sobre animales de compañía, le comunico que dicha información no le ha sido facilitada al día de la fecha, dado que implica realizar consultas a las bases de datos y expedientes en papel de varios conceptos año por año (solicita una ingente cantidad de datos de 2.017 a 2.021), datos de los que se dispone y otros datos que se han tenido que solicitar a su vez a distintos Departamentos, incluso al archivo, siendo un trabajo que supone la revisión de una gran cantidad de información, contando además con que el Departamento únicamente cuenta con dos personas (1 Técnico de Administración General y 1 Aux. Administrativo), por ello se indica que se remitirá dicha información lo antes posible y dentro de nuestras posibilidades, lamentando los perjuicios que le hayamos podido ocasionar, lo cual se desconoce puesto que en ningún momento indica el destino de los mismos, sólo «que está realizando un estudio sobre la actividad de los Ayuntamientos en relación con los animales de compañía»”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que su autor es la misma persona que presentó la solicitud de información pública que dio lugar a la reclamación. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 6 de junio de 2023, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 23 de noviembre de 2022. En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos. Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que la presentación de la reclamación que ahora se resuelve no se encontraba sujeta a plazo. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este caso concreto, la información solicitada a través de la encuesta dirigida por el ahora reclamante al Ayuntamiento de Soria es información pública, puesto que se refiere a la Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y/o convivencia de animales de compañía y a las licencias que se hayan podido dar para la tenencia de perros potencialmente peligrosos; en efecto, la petición se encuentra relacionada con el servicio de recogida de animales vagabundos; con la forma de gestionar el albergue y cuidado de animales; con las ayudas y/o subvenciones concedidas a entidades relacionadas con los animales de compañía; con las tasas o precios exigidos por la recogida o adopción de animales de compañía; con las denuncias, actuaciones de oficio y expedientes sancionadores sobre hechos relacionados con los animales de compañía; con el control de los animales potencialmente peligrosos, y, en fin, con los medios humanos de los que dispone el Ayuntamiento para el cuidado de la salud pública, la sanidad y el bienestar y protección animal. Se trata, en definitiva, de información a disposición del Ayuntamiento de Soria, que en el caso de los datos numéricos están referidos a un espacio temporal de 5 años (entre el año 2017 y el año 2021, ambos incluidos). Con todo, aunque el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia a cualquier persona, los posibles límites o causas de inadmisión son los previstos en los artículos 14, 15 y 18 de la LTAIBG, sin que en el caso que nos ocupa concurra, en principio, alguno de ellos. De hecho, en el informe remitido por el Ayuntamiento de Soria a esta Comisión de Transparencia se pone de manifiesto que, aunque “dicha información no le ha sido facilitada al día de la fecha (…) se remitirá dicha información lo antes posible y dentro de nuestras posibilidades”. Esa demora en la puesta a disposición de la información se fundamenta por parte del Ayuntamiento de Soria en que es necesario consultar las bases de datos y expedientes en papel de varios conceptos y de varios años, en distintos Departamentos, con escaso personal disponible a tal fin. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Soria no ha invocado la concurrencia de alguna de las causas de inadmisión de las previstas en el artículo 18.1 de la LTAIBG, y, en concreto, las recogidas en las letras c) y e) de dicho precepto sobre solicitudes “Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”, o “Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”, respectivamente. En tanto que el propio Ayuntamiento de Soria estima que la información debe ser facilitada al reclamante, le correspondía haber dictado la correspondiente resolución concediendo la misma, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver según lo previsto en el artículo 20.1 de la LTAIBG; si bien, como establece el mismo precepto, el plazo podría haberse ampliado por otro mes si se consideraba que así lo exigía “el volumen o la complejidad de la información que se solicita”, previa notificación al solicitante. En definitiva, teniendo el reclamante derecho a acceder a la información solicitada, el sentido de la resolución de su reclamación debe ser estimatorio. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que la misma se realice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, previa disociación de los datos de carácter personal que, en su caso, aparezcan en los documentos, y pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En el caso que aquí nos ocupa, la solicitud de acceso a la información pública se remite de forma expresa a una dirección de correo electrónico, por lo que, para atender dicha solicitud, habría de remitirse a esa dirección la información. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Soria. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Soria debe facilitar al reclamante la información solicitada a través del documento-encuesta dirigido a aquel y que se ha transcrito en el antecedente primero de esta Resolución. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Soria. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.