Reclamación por falta de respuesta a solicitud de información pública sobre la Junta Vecinal ante el Ayuntamiento de Barjas

Resolución 431/2023, de 27 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-274/2019 / reclamación frente a la falta de respuesta a una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en calidad en aquella fecha de XXX, ante el Ayuntamiento de Barjas (León) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 26 de julio de 2019, tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento de Barjas (León) una solicitud de información pública dirigida por D. XXX, en calidad en aquella fecha de XXX, al citado Ayuntamiento. El objeto de la petición se formuló en los siguientes términos: “Que con la urgencia que precisa la puesta en funcionamiento del nuevo equipo gestor le sea remitida información precisa de las cuentas, solicitudes de subvenciones, - concedidas o no – durante los pasados cuatro años gestionados por XXX así como la relación precisa de los bienes de que dispone la Junta Vecinal, y cualquier información relevante que afecte a la Junta Vecinal”. No consta que la solicitud indicada fuera respondida de forma escrita. Segundo.- Con fecha 21 de octubre de 2019, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la falta de respuesta a la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Barjas poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. La petición de información fue rechazada en sede electrónica por parte del Ayuntamiento de Barjas, si bien consta la recepción de esta petición en esta Entidad Local con fecha 13 de enero de 2020, a través de la firma del aviso de recibo certificado correspondiente. Sin embargo, el informe solicitado no fue recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se han de proseguir las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución. Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Barjas, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación fue presentada por quien se encontraba legitimado para ello, puesto que su autor fue quien, en calidad en aquella fecha de XXX, había presentado ante el Ayuntamiento de Barjas la solicitud de información pública que dio lugar a esta impugnación. Cuarto.- Nos encontramos aquí ante la impugnación de una denegación presunta de la información solicitada en su día, puesto que no consta que la petición recibida en el Ayuntamiento de Barjas con fecha 26 de julio de 2019 fuera respondida de forma escrita por este. En este sentido, el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver”. En cuanto al sentido del silencio, el apartado cuarto del mismo precepto establece lo que se indica a continuación: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Respecto al plazo para la formulación de la presente reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan lo efectos del silencio administrativo. No obstante, en relación con esta cuestión formal compartimos el criterio manifestado por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición se concluye que “… la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Esta conclusión la hacemos extensible a las reclamaciones que se presentan ante esta Comisión de Transparencia frente a las desestimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública. Quinto.- Sobre la cuestión de fondo de la reclamación que ahora nos ocupa, debemos partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este caso, la información solicitada era información genérica de naturaleza económica (“cuentas, solicitudes de subvenciones, -concedidas o no-, durante los pasados cuatro años”) y patrimonial (“relación precisa de los bienes de que dispone la citada Junta Vecinal”), relativa a la Junta Vecinal presidida en la fecha de la solicitud por el propio solicitante de la información. De hecho, la generalidad de la petición realizada era tal que, en el inciso final del escrito de petición, se requería al Ayuntamiento “cualquier información relevante que afecte a la citada Junta Vecinal”. Sin perjuicio de que la generalidad con la que se formuló la solicitud quizás hubiera requerido que el Ayuntamiento se dirigiera en su día al solicitante pidiendo una concreción de la petición presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la LTAIBG, lo cierto es que no se puede negar que la información pedida (al menos la que se concreta mínimamente –cuentas, subvenciones solicitadas y concedidas, y relación de bienes) es información pública en el sentido dispuesto en el artículo 13 de la LTAIBG, antes transcrito. Ahora bien, se trata de información pública que, en principio, se debía encontrar “en poder” de la Junta Vecinal de XXX, y no en el del Ayuntamiento de Barjas. En este sentido, el artículo 19.1 de la LTAIBG dispone que “si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante”. En principio, esta podría ser la circunstancia que se daba en el supuesto planteado en la presente reclamación, con la especialidad de que existía una identidad entre el sujeto en poder del cual debía encontrarse la información (XXX) y el solicitante (XXX). En consecuencia, si el Ayuntamiento no disponía de la información solicitada debió comunicarlo expresamente por escrito al reclamante. Sexto.- Como se desprende de lo expuesto en los antecedentes, no consta que el Ayuntamiento de Barjas respondiera, en su día, por escrito al solicitante de la información, aun cuando fuera para comunicarle a este que no disponía de la información pedida. Por el contrario, debió el Ayuntamiento de Barjas comunicar al, entonces, Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor, la información pedida que obrara en su poder o, en su caso, la falta de disposición de tal información, utilizando para ello el cauce normal de comunicación con la Junta Vecinal de XXX que viniera utilizando. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en calidad, entonces, de XXX de la XXX, ante el Ayuntamiento de Barjas (León). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Barjas, si no lo hubiera hecho así en su día, ha de comunicar al XXX de XXX y XXX la información solicitada por este que obre en su poder o, en su caso, la falta de disposición de tal información. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Barjas (León). Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.