Reclamación por denegación de acceso a información pública sobre proceso selectivo de profesor doctor en la Universidad de Salamanca

Resolución 447/2023, de 13 de noviembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-151/2022 / reclamación frente a la denegación del acceso a la información pública solicitada por D. XXX a la Universidad de Salamanca I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 21 de diciembre de 2021, tuvo registro de entrada en la Universidad de Salamanca una solicitud de información pública presentada por D. XXX dirigido a dicha Universidad. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “Que se me informe del currículum de los miembros de la comisión de selección en relación a los apartados del concreto perfil docente e investigador de la plaza objeto de convocatoria (Educación para la Ciudadanía, Filosofía y Ciudadanía). Solicito además se me dé acceso a las puntuaciones individualizadas de los miembros de la comisión a cada candidato, de los acuerdos de la comisión donde conste la fijación de los criterios de concreción del baremo y de la justificación de méritos de los candidatos”. El día 22 de marzo de 2022 la Comisión de Reclamaciones a Plazas de Profesores de la Universidad de Salamanca dictó resolución en los siguientes términos: “Sorprende que en este trámite del procedimiento se pida información sobre el curriculum de los miembros de la Comisión. Desde que se hizo pública la convocatoria -y con gran probabilidad desde que el correspondiente Consejo de Departamento realizó la correspondiente votación- es conocida la composición de la Comisión Técnica y no consta en el expediente ninguna reclamación tempestiva sobre la inadecuación de cualquiera de sus integrantes. Tal composición no impidió que los tres candidatos aceptaran someterse a ella desde el momento en que firmaron expresamente para ello, realizaran la presentación de sus méritos y, siempre sin discutir la idoneidad de profesor alguno, se sometieron a las dos pruebas. No es admisible que sea en el momento en que la decisión de la Comisión Técnica no es acorde con las expectativas de uno de los candidatos, cuando éste, sin alegar ningún elemento de parcialidad ni animadversión, ni constatar ningún hecho ni de nueva noticia, decide poner en discusión la hoja de vida de los miembros de la Comisión. De este modo no se respeta la doctrina de los actos propios. Por otra parte, la norma alegada, como el propio reclamante expone, se refiere al Real Decreto 1313/2007, que como indica el propio encabezamiento de este cuerpo legal, es de aplicación al «régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios», y la figura de Profesor Contratado Doctor Básico no entra dentro de esta categoría. Como a estas alturas puede resultar notorio, esta última petición respecto a las puntuaciones individualizadas de cada miembro de la Comisión Técnica, de los acuerdos donde constate la fijación de los criterios de concreción del baremo y de la justificación de los méritos ha sido respondida con cierta profusión en los apartados anteriores, pero en aras de la claridad de la resolución que emitimos, tal vez no sea superfluo proceder en este punto a una recapitulación. El reclamante se queja de la falta de constancia de los criterios objetivos específicos utilizados para la valoración de los méritos y de las propuestas presentadas por los candidatos y de su fijación previa, considerando insuficiente la anterior publicación de los índices de graduación de las puntuaciones. A los criterios aplicables se refiere expresamente el artículo 21 del Reglamento de Concursos y la base décima de la convocatoria («Criterios de selección»), que se remiten, por cuanto se refieren a la primera prueba, al baremo general contenido en el Anexo I de la Resolución de 22 de marzo de 2004, de la Universidad de Salamanca (BOCYL del 2 de abril) y, por cuanto se refiere a la segunda, a las bases fijadas en el Anexo II de la misma Resolución. El Dr. XXX reconoce que antes de la realización de las pruebas, la Comisión hizo públicos unos documentos de concreción de criterios, pero la controversia se centra en su insuficiencia, porque -afirma- no han sido objeto de publicidad los «criterios objetivos de valoración específica de referencia (sic) que se utilizarían por la Comisión para proceder a la valoración de los candidatos». Se trata de unos pretendidos «criterios específicos» adicionales que entiende claramente diferenciados de los criterios de puntuación, por consiguiente, unos «metacriterios» o «criterios de criterios» que la regulación aplicable no exige, y lo que es más importante, no son necesarios para entender suficientemente atendida la obligación constitucional de motivar, a fin de evitar caer en la indeseable arbitrariedad. Así se ha pronunciado también la jurisprudencia, conforme se ha citado anteriormente. Como señala la Comisión Técnica en sus alegaciones ante la reclamación, «se ha ceñido escrupulosamente a las bases de la convocatoria y a la aplicación de los Baremos establecidos en la misma (que incluyen también criterios de valoración específica), con la máxima transparencia, como se puso de manifiesto con la publicación previa de unos criterios numéricos de ponderación para la Primera Prueba (cuando la normativa no los exige) y los ‘índices de valoración concreta’ que sí se piden para la Segunda Prueba». La aplicación de tales criterios e índices no requiere del uso de una suerte de criterios de los criterios, sino del ejercicio -dentro de los parámetros establecidos- de la «autonomía funcional» que la norma otorga a la CT. La claridad de la aseveración posiblemente exima de mayor comentario. Simplemente podemos añadir que de lo obrante en el expediente se deducen los criterios de objetivación suficiente para ambas pruebas -también los que se refieren a la pormenorización de los criterios específicos correspondientes a la segunda prueba y que el reclamante discute con detenimiento en las páginas 7 y 8 de su reclamación. Respecto a las puntuaciones individualizadas por parte de cada miembro de la Comisión Técnica, el Dr. XXX alega sendas sentencias del TSJ de Castilla y León, Sala de lo Contencioso- Administrativo, sede de Burgos, de 23 de marzo de 2018 (Recurso 41/2017) y de enero de 2013 (Recurso 6299/2011), entre otras, por las que se afirma que «no resulta aceptable que la simple unanimidad de los miembros del Tribunal en la asignación global de las puntuaciones baste para dar adecuada respuesta a los criterios que las referidas actas establecieron». Y efectivamente, en el concurso provisión para la plaza de Profesor Contratado Doctor ante la que nos encontramos son varios los factores a evaluar, y no es la simple unanimidad la que sirve de motivación de la decisión administrativa. Hay, sí, unas puntuaciones que se han obtenido por votación unánime, por las que cada uno de los miembros de la Comisión Técnica hace constar su parecer coincidente -después de las oportunas deliberaciones- con el resto de los integrantes, pero ese dato cierto se acompaña con una profusión de informes individuales, de los que se deduce la posición de cada uno de los profesores, por tanto no puede hablarse, en nuestro caso, de «absoluta opacidad» respecto a las motivación exigible constitucionalmente”. Segundo.- Con fecha 4 de mayo de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por XXX frente a la desestimación del acceso a la información pública solicitada por este a la Universidad de Salamanca. Tercero.- Recibida la reclamación anterior, nos dirigimos a la Universidad de Salamanca poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. El día 18 de julio de 2022 se recibió la contestación de la Universidad de Salamanca a esta Comisión de Transparencia, donde se pone de manifiesto lo siguiente: “Como se indica en la reiterada Resolución de 21 de marzo de 2022, la publicidad de curriculum de los miembros de la Comisión de Selección es una exigencia del Real Decreto 1313/2007, aplicable al «régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios», y la figura de Profesor Contratado Doctor Básico no entra dentro de esta categoría. Además, sorprendió que se incluyera dicha petición en la reclamación, dado que el interesado no había formulado en ningún momento anterior la posible inadecuación de cualquiera de sus integrantes, y además era conocedor incluso antes que el resto de posibles candidatos de la composición de la comisión de selección, en cuanto que integrante del Consejo de Departamento en el que se aprobó la propuesta de su composición. No es admisible que sea en el momento en que la decisión de la comisión de selección no es acorde con las expectativas propias, cuando el interesado, sin alegar ningún elemento de parcialidad ni animadversión, ni constatar ningún hecho nuevo, decide poner en discusión la hoja de vida de los miembros de la Comisión. En cualquier caso, en el actual procedimiento, como se ha indicado, D. XXX estuvo presente en el Consejo de Departamento que aprobó el perfil y la composición de la Comisión de Selección. Del contenido del acta, documento nº 1, no se constata su oposición a dicho perfil ni tribunal de selección. A mayor abundamiento, tampoco se deduce que D. XXX se abstuviera de la votación, a pesar de ser interesado en el procedimiento. 5. PUNTUACIONES INDIVIDUALIZADAS. En la resolución de 21 de marzo se expresa que, «respecto a las puntuaciones individualizadas por parte de cada miembro de la Comisión Técnica, (…) efectivamente, en el concurso provisión para la plaza de Profesor Contratado Doctor ante la que nos encontramos son varios los factores a evaluar, y no es la simple unanimidad la que sirve de motivación de la decisión administrativa. Hay, sí, unas puntuaciones que se han obtenido por votación unánime, por las que cada uno de los miembros de la Comisión Técnica hace constar su parecer coincidente - después de las oportunas deliberaciones- con el resto de los integrantes, pero ese dato cierto se acompaña con una profusión de informes individuales, de los que se deduce la posición de cada uno de los profesores, por tanto no puede hablarse, en nuestro caso, de ‛absoluta opacidad’ respecto a la motivación exigible constitucionalmente». A mayor abundamiento se indica también que «respecto a la falta de constancia en acta de las decisiones adoptadas por la Comisión Técnica, conviene destacar que, tanto en el expediente administrativo obrante en la Sección de Profesorado de la Universidad de Salamanca como en la propia página web sobre Personal Docente e investigador (https://www.usal.es/files/actas_g077c_dd7711.pdf), se encuentran a disposición no solo de los directos interesados, sino también del público en general, las 106 páginas que componen la documentación elaborada por la Comisión Técnica. El reclamante ha podido comprobar tanto las decisiones individuales, como las colectivas que se han sucedido a lo largo del procedimiento y de las que se ha dejado constancia pública. No es cierto, pues, que no haya constancia en acta de las decisiones adoptadas por la Comisión Técnica, la hay y con notable profusión.» 6. CRITERIOS DE VALORACIÓN. Los criterios de valoración son los que figuran en los Anexos I y II del Reglamento de concursos que se incorpora como documento nº 7 y que están disponibles en la página web de la Universidad de Salamanca. Como indica el informe de la Comisión de Reclamaciones, «no cabe exigir la formulación de ‛metacriterios’ o ‘criterios de criterios’ no exigidos, ni por las bases de la convocatoria, ni por el Reglamento de Concursos, que vayan más allá de la explicitación de la aplicación de los criterios previstos, de las explicaciones adicionales de las actas individuales y conjuntas, precisamente porque de ellos se obtiene con claridad suficiente la determinación de las razones que han llevado a la formulación de una determinada propuesta de provisión de la plaza en concurso, y por tanto no puede apreciarse arbitrariedad, ni irrazonabilidad alguna.» Estas actas, con la motivación de la valoración, se adjuntan como documento nº 9 y que, como se indica en el punto anterior, están publicadas en la página web de la Universidad. En el mismo sentido, el mencionado informe indica que «como señala la Comisión Técnica en sus alegaciones ante la reclamación, ‛se ha ceñido escrupulosamente a las bases de la convocatoria y a la aplicación de los Baremos establecidos en la misma (que incluyen también criterios de valoración específica), con la máxima transparencia, como se puso de manifiesto con la publicación previa de unos criterios numéricos de ponderación para la Primera Prueba (cuando la normativa no los exige) y los índices de valoración concreta, que sí se piden para la Segunda Prueba’. La aplicación de tales criterios e índices no requiere del uso de una suerte de criterios de los criterios, sino del ejercicio –dentro de los parámetros establecidos- de la ‛autonomía funcional’ que la norma otorga a la CT.» La claridad de la aseveración posiblemente exima de mayor comentario. Simplemente podemos añadir que de lo obrante en el expediente se deducen los criterios de objetivación suficiente para ambas pruebas -también los que se refieren a la pormenorización de los criterios específicos correspondientes a la segunda prueba y que el reclamante discute con detenimiento en las páginas 7 y 8 de su reclamación. 7. JUSTIFICACIÓN DE MÉRITOS DE LOS CANDIDATOS. En la reclamación presentada por D. XXX el día 21 de diciembre de 2021 se hace constar que no se ha visto impedido de acceder a los méritos de los concurrentes, sino a la justificación de los mismos. En este sentido, el apartado tercero del artículo 19 del Reglamento de Concursos se refiere al acto de presentación, previo a las pruebas, por el que «los aspirantes pondrán a disposición de la Comisión su currículum vitae por quintuplicado, según modelo oficial, copia u original de sus publicaciones o reproducción en el soporte adecuado a la especialidad de la plaza, así como toda aquella documentación que permita acreditar los méritos alegados y que deban valorarse. Los aspirantes dispondrán de un tiempo no inferior a una hora antes de la celebración de la primera prueba para consultar, si lo desean, la documentación presentada por los solicitantes.» Respecto a esta cuestión, el informe de la Comisión de Reclamaciones se expresa en los siguientes términos: «El acto de presentación aparece documentado entre las actas del expediente y a él se refiere, en sus alegaciones ante la reclamación, la propia Comisión Técnica, al señalar que cada uno de los tres candidatos tuvo oportunidad de hacer las comprobaciones que estimaran oportunas y que la documentación permaneció durante la celebración de las pruebas, de manera accesible. No hay datos más concretos para constatar que hubiera desconocimiento de tal derecho en momentos previos a las pruebas, ni concomitantes a ellas. En momentos posteriores el reclamante tuvo acceso al expediente, según se desprende de sus propias alegaciones, donde pudo consultar toda la documentación aportada. No consta ninguna decisión concreta de denegación de petición concreta alguna a este respecto, ni por cierto tampoco petición concreta alguna de aclaración de alguno de los extremos alegados por los demás candidatos. Debe presumirse que las manifestaciones contenidas en el curriculum de cada uno de los concursantes se corresponden con la realidad, por el principio de buena fe: es la incorrección o la falsedad la que debe alegarse y probarse -o por lo menos, comprobarse con las justificaciones de cada mérito-»”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autor es la misma persona que dirigió la solicitud de información pública a la Universidad de Salamanca. Cuarto.- La reclamación que ahora se resuelve se interpuso a la vista de la denegación de la reclamación presentada por D. XXX contra la propuesta de provisión de plazas de personal docente e investigador, contratado indefinido, en régimen de derecho laboral, en la figura de profesor contratado doctor básico, Convocatoria con clave 2020/D/LDF/MDF/6, plaza con código G077C/DD7711 para el área de Filosofía, en el centro de Educación Universitaria y Turismo de Ávila. La Resolución de la Comisión de Reclamaciones a Plazas de Profesores de la Universidad de Salamanca de 22 de marzo de 2022 resuelve en los puntos 5 y 6 la solicitud de información pública incorporada a la reclamación presentada por aquel con fecha 21 de diciembre de 2021. La resolución señalada, en cuanto lo es de una solicitud de acceso a la información pública, no reúne todos los requisitos previstos en el artículo 88 de la LPAC. Así, se puede advertir un defecto de forma en la expresión de los recursos que procedían frente a ella como resolución de una solicitud de acceso a información pública, puesto que no hace referencia a la posibilidad de interponer esta reclamación ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León. Por este motivo, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 40.3 de la LPAC respecto a los efectos de las notificaciones defectuosas, precepto donde se establece lo siguiente: “Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y el alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda”. Por tanto, debido a la notificación defectuosa de la respuesta expresa a la que se ha hecho referencia, esta como resolución de una solicitud de acceso a información pública solo surtió efecto a partir de la presentación de la reclamación que ahora se resuelve. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, ya hemos señalado que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la misma Ley. Este precepto define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el supuesto planteado en la presente reclamación, a la vista de la solicitud presentada por el reclamante, se puede concluir que el objeto de la solicitud de información, cuya denegación se impugna, se integraba, en su mayor parte, por determinados documentos e información que forman parte del expediente correspondiente al concurso público para la provisión de la plaza G077C/DD7711 de personal docente e investigador contratado en régimen laboral, de profesor contratado doctor básico del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética del Área de Filosofía de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila convocada por Resolución de 14 de junio de 2021 del Rector de la Universidad de Salamanca. No cabe duda de que tales documentos e información pueden ser calificados como información pública en el sentido dispuesto por el precitado artículo 13 de la LTAIBG, al formar parte de un procedimiento administrativo que, además, podía encontrarse en curso en el momento de la formulación de la solicitud de información señalada en el expositivo primero de los antecedentes, sin perjuicio de que en la actualidad este procedimiento se encuentre finalizado. Por este motivo, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LTAIBG, donde se dispone lo siguiente: “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Sin embargo, superando un criterio de interpretación literal y restrictivo de la citada disposición adicional primera de la LTAIBG, esta Comisión de Transparencia viene manteniendo, entre otras en sus Resoluciones 70/2017, de 14 de julio (expte. de reclamación CT-0046/2017), 11/2019, de 28 de enero (expte. de reclamación CT0127/2018), 8/2021, de 9 de febrero (expte. de reclamación CT-0163/2018), 70/2021, de 7 de mayo (expte. de reclamación CT-326/2020) y 224/2021, de 19 de noviembre (expte. de reclamación CT-206/2020), que si se admite, como parece lógico, que el reenvío de la legislación de procedimiento no afecta a las peticiones de acceso a la información pública por parte de terceros, no resulta razonable que el interesado reciba un trato de peor condición que el tercero respecto al acceso a la información que forma parte de un procedimiento en curso. Este criterio fue ratificado en sede judicial, primero por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, en su Sentencia 335/2018, de 5 de diciembre (adoptada en el recurso interpuesto frente a la Resolución 70/2017, de 14 de julio, antes citada), y después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia 1253/2019, de 24 de octubre, dictada en el recurso presentado frente a la Sentencia anteriormente citada del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de León. De acuerdo con lo anterior, se considera que los órganos de garantía de la transparencia, y entre ellos esta Comisión, son competentes para tramitar y resolver las reclamaciones presentadas por quienes reúnen la condición de interesado en un procedimiento y ven denegadas, expresa o presuntamente, sus peticiones de acceso a la información relativa al mismo. Sexto.- En el supuesto que nos ocupa, el reclamante solicita la siguiente información: - Las puntuaciones individualizadas concedidas por los miembros de esta Comisión a cada candidato. A este respecto, el informe remitido por el Rectorado de la Universidad de Salamanca el día 18 de julio de 2022 indica que: “(…) tanto en el expediente administrativo obrante en la Sección de Profesorado de la Universidad de Salamanca como en la propia página web sobre Personal Docente e investigador, se encuentran a disposición no solo de los directos interesados, sino también del público en general, las 106 páginas que componen la documentación elaborada por la Comisión Técnica. El reclamante ha podido comprobar tanto las decisiones individuales, como las colectivas que se han sucedido a lo largo del procedimiento y de las que se ha dejado constancia pública. No es cierto, pues, que no haya constancia en acta de las decisiones adoptadas por la Comisión Técnica, la hay y con notable profusión”. Una vez revisada la documentación obrante en la página web de la Universidad de Salamanca, se comprueba que se encuentran publicadas un total de 106 páginas correspondientes a las actas de la comisión de selección del concurso público para la provisión de la plaza G077C/DD7711 de personal docente e investigador contratado en régimen laboral, de profesor contratado doctor básico del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética del Área de Filosofía de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila. En el Acta de la Comisión de Selección de 29 de noviembre de 2021 – páginas 34 a 40 – aparecen las notas de los aspirantes correspondientes a la primera prueba. En el Acta de la Comisión de Selección de 30 de noviembre de 2021 – páginas 73, 104 a 106 – aparecen las notas de los aspirantes correspondientes a la segunda prueba. De la reclamación presentada por D. XXX se constata que ha tenido acceso a las actas, al detallar las notas de ambas pruebas de cada uno de los aspirantes. Por todo lo anteriormente expuesto, el reclamante ha tenido acceso a las actas donde aparecen las calificaciones otorgadas por la comisión de selección en las dos partes de la prueba. - Los acuerdos donde constase la fijación de los criterios de concreción del baremo. Una vez revisada la documentación obrante en la página web de la Universidad de Salamanca, se observa que en el Acta de la Comisión de Selección de 31 de noviembre de 2021 – página 42 – se indica lo siguiente: “La Comisión de Selección acuerda aprobar los siguientes índices de valoración (en Anexo), que han de tenerse en cuenta para la puntuación y criterios de valoración de la segunda prueba, en el presente concurso de selección, en el marco de las bases fijadas en el Anexo II de la Resolución de 22 de marzo de 2004 de la Universidad de Salamanca, y que se harán públicos antes del inicio de las pruebas, conforme al artículo 21.3 de la mencionada Resolución” Así mismo, en el informe remitido por la Universidad de Salamanca el 18 de julio de 2022 se pone de manifiesto lo siguiente: “ (…) Como señala la Comisión Técnica en sus alegaciones ante la reclamación, «se ha ceñido escrupulosamente a las bases de la convocatoria y a la aplicación de los Baremos establecidos en la misma (que incluyen también criterios de valoración específica), con la máxima transparencia, como se puso de manifiesto con la publicación previa de unos criterios numéricos de ponderación para la Primera Prueba (cuando la normativa no los exige) y los ‘índices de valoración concreta que sí se piden para la Segunda Prueba. La aplicación de tales criterios e índices no requiere del uso de una suerte de criterios de los criterios, sino del ejercicio –dentro de los parámetros establecidos- de la ‛autonomía funcional’ que la norma otorga a la CT». La claridad de la aseveración posiblemente exima de mayor comentario. Simplemente podemos añadir que de lo obrante en el expediente se deducen los criterios de objetivación suficiente para ambas pruebas -también los que se refieren a la pormenorización de los criterios específicos correspondientes a la segunda prueba y que el reclamante discute con detenimiento en las páginas 7 y 8 de su reclamación”. Finalmente, en la propia demanda judicial interpuesta por el reclamante, que adjunta la Universidad de Salamanca al informe remitido el 18 de julio de 2022, en los hechos cuarto y sexto manifiesta que: “Como DOCUMENTO NÚM. 4 se aporta copia del documento publicado por la Comisión de Selección que se denominaba «criterios de ponderación del baremo aplicado por la Comisión de Selección para las pruebas de la plaza G077_DD7711» (rogamos a este Ilmo. Juzgado que nos disculpe ante la mala calidad del documento que ha sido causada por haberse extraído el mismo de una fotografía). (…) Como DOCUMENTO NÚM. 6, y excusándonos de nuevo por la mala calidad del documento, se aporta copia de los criterios de valoración que la Comisión de Selección publicó para el desarrollo de esta segunda fase del proceso selectivo”. Por todo lo anteriormente expuesto, el reclamante ha tenido acceso a las actas y los anexos donde aparecen los criterios de valoración de ambas partes de la prueba. - La justificación de méritos de los candidatos. En el informe remitido por la Universidad de Salamanca el 18 de julio de 2022 se pone de manifiesto lo siguiente: “En la reclamación presentada por D. XXX el día 21 de diciembre de 2021 se hace constar que no se ha visto impedido de acceder a los méritos de los concurrentes, sino a la justificación de los mismos. En este sentido, el apartado tercero del artículo 19 del Reglamento de Concursos se refiere al acto de presentación, previo a las pruebas, por el que «los aspirantes pondrán a disposición de la Comisión su currículum vitae por quintuplicado, según modelo oficial, copia u original de sus publicaciones o reproducción en el soporte adecuado a la especialidad de la plaza, así como toda aquella documentación que permita acreditar los méritos alegados y que deban valorarse. Los aspirantes dispondrán de un tiempo o inferior a una hora antes de la celebración de la primera prueba para consultar, si lo desean, la documentación presentada por los solicitantes.» Respecto a esta cuestión, el informe de la Comisión de Reclamaciones se expresa en los siguientes términos: «El acto de presentación aparece documentado entre las actas del expediente y a él se refiere, en sus alegaciones ante la reclamación, la propia Comisión Técnica, al señalar que cada uno de los tres candidatos tuvo oportunidad de hacer las comprobaciones que estimaran oportunas y que la documentación permaneció durante la celebración de las pruebas, de manera accesible. No hay datos más concretos para constatar que hubiera desconocimiento de tal derecho en momentos previos a las pruebas, ni concomitantes a ellas. En momentos posteriores el reclamante tuvo acceso al expediente, según se desprende de sus propias alegaciones, donde pudo consultar toda la documentación aportada. No consta ninguna decisión concreta de denegación de petición concreta alguna a este respecto, ni por cierto tampoco petición concreta alguna de aclaración de alguno de los extremos alegados por los demás candidatos. Debe presumirse que las manifestaciones contenidas en el curriculum de cada uno de los concursantes se corresponden con la realidad, por el principio de buena fe: es la incorrección o la falsedad la que debe alegarse y probarse -o por lo menos, comprobarse con las justificaciones de cada mérito-»”. Así mismo, la Universidad de Salamanca aporta un escrito de XXX de 15 de diciembre de 2021 en el que expresamente indica que ha tenido acceso al expediente en esa misma fecha. Por todo lo anteriormente expuesto, el reclamante ha tenido acceso a la documentación obrante en el expediente administrativo. Séptimo.- Por otra parte, el reclamante había solicitado también el acceso al curriculum –“en relación a los apartados del concreto perfil docente e investigador de la plaza objeto de convocatoria (Educación para la Ciudadanía, Filosofía y Ciudadanía)”- de los miembros de la Comisión de Selección designada en un procedimiento para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en régimen laboral, en la figura de profesor contratado doctor básico. La información solicitada también constituye “información pública” en los términos previstos en el artículo 13 de la LTAIBG, puesto que se trata de información que, en principio, ha de encontrarse a disposición de la Administración educativa como consecuencia del ejercicio de sus funciones. La Universidad de Salamanca, tanto en su Resolución de 22 de marzo de 2022 como en el informe que tuvo entrada el día 18 de julio de 2022, manifiesta respecto al acceso a esta información lo siguiente: “Sorprende que en este trámite del procedimiento se pida información sobre el curriculum de los miembros de la Comisión. Desde que se hizo pública la convocatoria - y con gran probabilidad desde que el correspondiente Consejo de Departamento realizó la correspondiente votación- es conocida la composición de la Comisión Técnica y no consta en el expediente ninguna reclamación tempestiva sobre la inadecuación de cualquiera de sus integrantes. Tal composición no impidió que los tres candidatos aceptaran someterse a ella desde el momento en que firmaron expresamente para ello, realizaran la presentación de sus méritos y, siempre sin discutir la idoneidad de profesor alguno, se sometieron a las dos pruebas. No es admisible que sea en el momento en que la decisión de la Comisión Técnica no es acorde con las expectativas de uno de los candidatos, cuando éste, sin alegar ningún elemento de parcialidad ni animadversión, ni constatar ningún hecho ni de nueva noticia, decide poner en discusión la hoja de vida de los miembros de la Comisión. De este modo no se respeta la doctrina de los actos propios. Por otra parte, la norma alegada, como el propio reclamante expone, se refiere al Real Decreto 1313/2007, que como indica el propio encabezamiento de este cuerpo legal, es de aplicación al «régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios», y la figura de Profesor Contratado Doctor Básico no entra dentro de esta categoría”. A este respecto hay que señalar, en primer lugar, que la ausencia de alegaciones del reclamante sobre la posible concurrencia de una causa de recusación en alguno de los miembros de la Comisión de Selección dentro de la convocatoria del concurso público no le impide poder ejercer su derecho de acceso a la información pública, ya que este ejercicio no se encuentra sometido a una limitación temporal. Así mismo, en relación con la solicitud de información del currículo de los miembros de la Comisión de Selección de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1313/2007, si bien es cierto que, como señala la Universidad de Salamanca, en el desarrollo del concurso no existe una obligación de publicar los currículos de sus miembros, lo anterior no es incompatible con que la información pedida por el reclamante – “currículo de los miembros de la comisión de selección en relación a los apartados del concreto perfil docente e investigador de la plaza objeto de convocatoria (Educación para la Ciudadanía, Filosofía y Ciudadanía)”- se encuadre, como se ha indicado, dentro del concepto de información pública recogido en el artículo 13 de la LTAIBG y que, por tanto, pueda ser objeto de una solicitud en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en esta Ley. Ahora bien, el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia a cualquier persona. Por el contrario, este derecho se encuentra sujeto a los límites y causas de inadmisión de las solicitudes recogidas en los artículos 14, 15 y 18 de la LTAIBG. A los efectos que aquí interesan, la concreta información pública solicitada por el reclamante, referida a los currículos de los miembros de la Comisión de Selección, contiene datos de carácter personal relativos a los profesionales sobre los que se pide información, datos que, aunque no se encuentren especialmente protegidos, nos conducen, desde un punto de vista formal, a la necesaria aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, precepto que establece lo siguiente: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. En relación con la aplicación de este artículo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 315/2021, de 8 Marzo (rec. 3193/2019), fundamento de derecho cuarto, ha establecido la siguiente doctrina jurisprudencial: “Aunque el trámite de audiencia regulado en los artículos 19.3 y 24.3 de la Ley de Transparencia aparece referido a dos momentos distintos y ante órganos diferentes, la finalidad perseguida en ambos casos es la misma: que las personas o entidades cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la información pública solicitada, y consecuentemente con la decisión que se adopte, puedan formular alegaciones. Cuando en el procedimiento seguido ante el órgano administrativo no se ha dado trámite de audiencia a los interesados, si el Consejo de Transparencia tiene datos suficientes que permitían identificar a las personas o entidades cuyos derechos o intereses pudiesen verse afectados por la decisión que adopte, puede y debe concederles un trámite de audiencia, con el fin de poder ponderar si el acceso a la información lesiona o no sus derechos o intereses. El trámite de audiencia ante el Consejo de Transparencia no se condiciona, por tanto, a que los interesados hayan sido oídos previamente en el procedimiento tramitado ante el órgano administrativo destinatario de la solicitud de información. La intervención del Consejo de Transparencia en fase de reclamación cuando constate que el órgano administrativo omitió el trámite de audiencia a los afectados puede adoptar las siguientes decisiones: a) Si los interesados están identificados o son fácilmente identificables, debe conceder un trámite de audiencia a los afectados y después adoptar la decisión de fondo que pondere los intereses en conflicto; b) Cuando desconozca la identidad de los afectados y no disponga de datos suficientes que le permitan una fácil identificación, puede ordenar la retroacción de actuaciones para que sea el órgano administrativo el que cumpla con el trámite de audiencia exigido por el art. 19.3 de la Ley de Transparencia”. En este supuesto, esta Comisión de Transparencia no conoce los datos necesarios para poder realizar el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG con las personas afectadas por la información solicitada, por lo que, necesariamente, debe ser la Universidad de Salamanca la que lleve a cabo aquel para permitir que aquellas puedan formular sus alegaciones si así lo estiman oportuno, retrotrayendo el procedimiento al momento de la realización de aquel trámite. La necesidad de que se lleve aquí a cabo este trámite de alegaciones para que los terceros afectados puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas, incluida una posible negativa a que se facilite la información para proteger sus datos personales, debe ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 15 de la LTAIBG, precepto donde se establece lo siguiente: “3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio de los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; b ) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos científicos o estadísticos; c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos; d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad”. El CTBG y la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la LTAIBG, adoptaron con fecha 24 de junio de 2015 un Criterio Interpretativo de aplicación de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de esta Ley (CI/002/2015). A los efectos que aquí nos interesan, en este Criterio Interpretativo se afirma lo siguiente: “El proceso de aplicación de estas normas (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) comprende las siguientes etapas o fases sucesivas: I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal, entendiéndose por estos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD). II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: (…) IV. Si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano o no lo fueran exclusivamente, efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la LTAIBG. (...)”. (Las referencias a la Ley Orgánica 15/2019, de 13 de diciembre, deben entenderse realizadas a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). En atención a los argumentos parcialmente transcritos, el CTBG y la AEPD concluyeron lo siguiente: “a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de acceso a la información que no operan de forma automática, sino que habrán de ser aplicados de acuerdo con las reglas de aplicación y los elementos de ponderación que establecen la citada Ley y la LOPD. b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con los elementos que modulan la toma de decisiones. (...)”. En el supuesto aquí planteado, de cara a realizar la ponderación entre el interés público de la divulgación de la información solicitada (currículo de los miembros de la Comisión de Selección) y los derechos de los afectados, hay que tener en cuenta que el solicitante de la información pública participó en un proceso de selección que ha sido evaluado por aquellos; por tanto, en principio es titular de un interés legítimo en conocer la citada información. Lo anterior ha de entenderse, y debemos insistir una vez más en ello, sin que se ponga en duda la cualificación e idoneidad de las personas sobre las que se pide información para desarrollar su función evaluadora. En consideración a lo anterior, existe, en principio, un interés público en la divulgación de la información solicitada, sin que, por otro lado, se evidencie un claro perjuicio para los profesionales afectados por el solo hecho de que se conozca si estos tienen o no un determinado perfil docente e investigador. Por tanto, se puede concluir que en el supuesto planteado en la reclamación presentada ante esta Comisión prevalece el interés público y el privado del solicitante en conocer la información relativa al currículo de los miembros de la Comisión de Selección en relación con el perfil docente e investigador de los mismos. La Comisión de Selección, tal como consta en el Anexo de la resolución de 14 de junio de 2021 de la Universidad de Salamanca, está conformada por profesionales de la Universidad de Salamanca, Burgos. Granada, Madrid y Valladolid. Debido a dicha circunstancia, la Universidad de Salamanca sólo se encuentra obligada a facilitar la información sobre el perfil docente e investigador de los miembros de la Comisión de Selección que obre en su poder. No obstante lo anterior, hay que tener en consideración lo dispuesto en la Resolución 66/2016, de 7 de julio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía respecto el acceso a los datos correspondientes al curriculum vitae de los candidatos a un puesto, dispone lo siguiente: “Esencialmente interesa que pueda ser conocido el perfil profesional, académico, formativo y similares de la persona adjudicataria del puesto, pero no otros datos meramente personales tales como el Documento Nacional de Identidad, fecha de nacimiento, el domicilio, la dirección, el número de teléfono, correo electrónico, estado civil, número de hijos, fotografía, etc., y, por supuesto, cualquier otro dato que esté especialmente protegido de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.2 de la LOPD (ideología, afiliación sindical, religión y creencias), toda vez que «el acceso [en este caso] únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso», o en el artículo 7.3 de la misma Ley, relativos al origen racial, salud y vida sexual, ya que «el acceso [a estos datos] sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso»”. En consecuencia, considerando lo anteriormente expuesto, procede la estimación parcial de la reclamación presentada por D. XXX en lo relativo a la información solicitada por este referida al currículo –“en relación a los apartados del concreto perfil docente e investigador de la plaza objeto de convocatoria (Educación para la Ciudadanía, Filosofía y Ciudadanía)”-de los miembros de la Comisión de Selección designada en un procedimiento para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en régimen laboral, en la figura de profesor contratado doctor básico. Octavo.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. El precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que esta pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En el caso que aquí nos ocupa, dado que el reclamante no ha señalado otro medio, el acceso a la información pública se ha de realizar, en su caso, de forma electrónica. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la falta de acceso a una parte de la información pública solicitada por D. XXX a la Universidad de Salamanca. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Universidad de Salamanca debe retrotraer el procedimiento al momento de realizar las siguientes actuaciones: 1.º- Dar traslado de la solicitud de información presentada por D. XXX a las personas integrantes de la Comisión de Selección del concurso público para la provisión de la plaza G077C/DD7711 de personal docente e investigador contratado en régimen laboral, cuya información relativa a su perfil docente e investigador obre en poder de la Universidad de Salamanca, para que, en el plazo de quince días, estos profesionales puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, informando al solicitante de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 2.º- Una vez efectuado el trámite anterior y de acuerdo con los razonamientos contenidos en el fundamento jurídico séptimo, dictar la correspondiente Resolución para proporcionar a D. XXX la información solicitada relativa al perfil docente e investigador de los miembros de la Comisión de Selección que obre en su poder. Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y a la Universidad de Salamanca. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.