Reclamación por silencio administrativo sobre gasto sanitario por accidentes de tráfico y cobros a aseguradoras, resuelta como desestimada por pérdida de objeto

Resolución 456/2023, de 20 de noviembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-238/2022 / reclamación frente a la desestimación presunta de la solicitud de acceso a la información pública presentada por D.ª XXX, ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 6 de mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad, en cumplimiento de la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno R/0873/2021, dio traslado a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León de la solicitud de acceso a la información pública formulada por Dª. XXX, en la que se pedía la siguiente información: “Total y desglose por CCAA, del gasto sanitario público realizado desde 2016 a 2020 - anualmente- con causa en accidente de tráfico y los cobros efectivos de gasto a la responsabilidad civil causante (seguro vehículo)”. La remisión de esta solicitud tuvo entrada en la Consejería de Sanidad con fecha 16 de mayo de 2022. Segundo.- Con fecha 22 de julio de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por Dª. XXX, dirigida a la Consejería de Sanidad, frente a la desestimación presunta del acceso a la información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- El día 27 de septiembre de 2022 se requirió a Dª. XXX, para que remitiese una copia de los documentos a los que hace referencia en su instancia de los que disponga y, en todo caso, de la comunicación del inicio del trámite con número de registro 1395.B/2022 y de la asignación del expediente a la Consejería de la Presidencia. La reclamante presentó la documentación por correo electrónico a la Comisión de Transparencia el día 7 de octubre de 2022. Cuarto.- Una vez subsanada la reclamación anterior, nos dirigimos a la Consejería de Sanidad poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. El día 20 de diciembre de 2022, se recibió la contestación de la Consejería de Sanidad, donde se pone de manifiesto lo siguiente: “Con fecha 16 de mayo de 2022 tuvo entrada en esta Consejería de Sanidad la solicitud de acceso a información pública formulada por Dª. XXX, remitida por el Ministerio de Sanidad con fecha 6 de mayo de 2022, en cumplimiento de la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno R/0873/2021. Esta solicitud fue asignada por la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha 20 de mayo de 2022, al Servicio de Estudios, Documentación y Estadística de dicha Consejería, órgano competente para su tramitación. Dª. XXX solicita el acceso a la siguiente información: «Total y desglose por CCAA, del gasto sanitario público realizado desde 2016 a 2020 -anualmente- con causa en accidente de tráfico y los cobros efectivos de gasto a la responsabilidad civil causante (seguro vehículo)». Desde dicho Servicio de Estudios, Documentación y Estadística se solicitó al centro directivo competente que informara sobre el objeto de la solicitud. Recibida la correspondiente información, con fecha 15 de noviembre de 2022, el Servicio de Estudios, Documentación y Estadística formuló la siguiente propuesta de orden de resolución: «Estimar la solicitud formulada por Dª. XXX concediendo el acceso a la información solicitada en los términos recogidos en el fundamento de derecho tercero». Por orden de la Consejería de Sanidad, dictada con fecha 18 de noviembre de 2022, se resolvió la citada solicitud en los términos antes indicados. Esta orden fue notificada por comparecencia electrónica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y leída por la interesada el 28 de noviembre siguiente”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello puesto que su autora es la misma persona que dirigió su solicitud de información pública a la Consejería de Sanidad. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 22 de julio de 2022, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 16 de mayo de 2022. En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos Sexto.- En el supuesto que nos ocupa, la reclamante solicita acceso a la siguiente información: “Total y desglose del gasto sanitario público realizado desde 2016 a 2020 - anualmente- con causa en accidente de tráfico y los cobros efectivos de gasto a la responsabilidad civil causante (seguro vehículo)”. En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” A este respecto, hay que señalar que la ejecución del gasto sanitario y los cobros efectivos percibidos de las aseguradoras se encuadran dentro de las competencias que tiene atribuidas la Consejería de Sanidad en el artículo 1 del Decreto 12/2022, de 5 de mayo, que dispone que: “Compete a la Consejería de Sanidad, bajo la superior dirección de su titular, dirigir, promover y ejecutar la política sanitaria, estableciendo los criterios, directrices y prioridades en función de las necesidades, así como el ejercicio de las funciones de coordinación e inspección en la materia, y cuantas otras pudieran corresponderle en el marco de la Constitución y del Estatuto de Autonomía”. Por todo lo cual, la información cumple los requisitos del artículo 13, ya que es información que ha de obrar en poder de la Consejería de Sanidad y que debe ser elaborada en el ejercicio de sus funciones. La Orden de 21 de noviembre de 202 de la Consejería de Sanidad por la que se resuelve la solicitud de acceso a información pública formulada por la reclamante, dispuso lo siguiente: “Estimar la solicitud formulada por Dª. XXX concediendo el acceso a la información solicitada en los términos recogidos en el fundamento de derecho tercero” En el fundamento de derecho tercero de esta Orden se establece lo que a continuación se indica: “De acuerdo con todo lo anterior, procede conceder el acceso a la información solicitada, indicando a la interesada que en el cuadro siguiente se contiene la información consistente en la estimación del coste correspondiente a la asistencia sanitaria prestada en Castilla y León con causa en accidente de tráfico, así como los ingresos obtenidos por facturación a las entidades aseguradoras para el período comprendido entre 2016 y 2020: COSTE INGRESOS PROCEDENTES AÑO ASISTENCIA (€) DE ASEGURADORAS (€) 2016 12.768.289,83 12.036.202,75 2017 13.207.584,58 12.550.213,95 2018 13.790.669,13 13.345.397,92 2019 13.149.681,83 13.397.565,64 COSTE INGRESOS PROCEDENTES AÑO ASISTENCIA (€) DE ASEGURADORAS (€) 2020 9.583.165,89 9.261.475,52 La Orden fue notificada por comparecencia electrónica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y leída por la interesada el 28 de noviembre de 2022, tal como se acredita en la documentación remitida por la Consejería de Sanidad el día 20 de diciembre de 2022. Por lo expuesto, ha quedado sin objeto el motivo de la reclamación, al haberse facilitado a la reclamante el acceso a la información pública solicitada. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la falta de acceso a la información pública solicitada por Dª. XXX, ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a Dª. XXX, como autora de la reclamación, y a la Consejería de Sanidad. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.