Inadmisión de reclamación por solicitar la ejecución de obras al Ayuntamiento de Fariza en lugar de acceso a información pública

Resolución 483/2023, de 15 de diciembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-481/2023 / reclamación frente a la falta de respuesta a una petición dirigida por XXX al Ayuntamiento de Fariza (Zamora) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 8 de noviembre de 2023, tuvo entrada en el Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora una solicitud de ejecución de obras dirigida por XXX al Ayuntamiento de Fariza (Zamora). El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “SOLICITA a ese Ayuntamiento ejecutar las obras de reparación necesarias en el camino que da acceso a la nave ganadera de quien suscribe en el término municipal de XXX a XXX y el acceso desde la carretera XXX en el plazo de dos meses desde el día de registro del escrito”. Segundo.- Con fecha 9 de diciembre de 2023, XXX, en representación de XXX, se dirigió a la Comisión de Transparencia través del formulario de reclamación en materia de acceso a la información pública, poniendo de manifiesto la ausencia de respuesta por el Ayuntamiento a la solicitud de ejecución de obras señalada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Tercero.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública en los siguientes términos: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el caso que nos ocupa, la pretensión realizada en la petición presentada ante el Ayuntamiento de Fariza de ejecución de unas obras por este, nada tiene que ver con una solicitud de acceso a información pública. En efecto, se trata de una petición de hacer (“ejecutar las obras de reparación necesarias…”), que no puede considerarse una solicitud de información pública, teniendo en cuenta los términos en los que se encuentra definida esta última en el artículo 13 de la LTAIBG. En este sentido, el CTBG en Resoluciones, como la de 26 de octubre de 2018 (RT/0330/2018), señala lo siguiente: “Esto es, la Ley de Transparencia no ampara solicitudes en las que el objetivo sea obtener una actuación material por parte de una administración pública, como es el caso de la petición (…), en la que no solicita una determinada información, sino una acción del Ayuntamiento, al que requiere para que supervise la construcción del muro y obligue a cumplir la legalidad al propietario de la parcela. El ejercicio del derecho de acceso a la información no es el cauce adecuado para solicitar estas medidas. Tal y como se puso de manifiesto en anterior Resolución de este Consejo –RT/ 0301/2017-, el reclamante «ha presentado una petición destinada a que la administración pública lleve a cabo una actuación material, (…). Actividad que dista de tratarse de una solicitud de acceso a la información en los términos definidos por los artículos 12 a 22 de la propia LTAIBG. De este modo, en definitiva, tomando en consideración el objeto de la solicitud descrita en el que se plantea una actuación material por parte de la administración autonómica cabe concluir con la inadmisión de la reclamación planteada al quedar fuera del ámbito de aplicación de la LTAIBG»”. (Fundamento jurídico tercero). En consecuencia, esta Comisión de Transparencia, a la que se ha dirigido a través del formulario correspondiente la representante del reclamante, no es competente para pronunciarse sobre la ejecución de las obras solicitadas y, por tanto, no se encuentra dentro de su ámbito de facultades intervenir en relación con esta cuestión. Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de otras actuaciones que pueda llevar a cabo el reclamante en relación con las obras demandadas, entre las que se encuentra la posibilidad de presentar una queja ante el Procurador del Común, Institución a la que se encuentra adscrita esta Comisión de Transparencia pero respecto de la que actúa con separación de funciones. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la falta de respuesta a una petición dirigida por XXX al Ayuntamiento de Fariza (Zamora). Segundo.- Notificar esta Resolución a XXX, como autor de la reclamación, a través de su representante XXX. Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.