Reclamación por falta de acceso a expediente administrativo en la Diputación de León y su posterior desestimación por haberse proporcionado la información

Resolución 8/2024, de 5 de enero, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-254/2022 / reclamación frente a la falta de acceso inicial a una información pública solicitada por XXX a la Diputación de León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 3 de febrero de 2022, tuvo registro de entrada en la Diputación de León un escrito dirigido por XXX a esta Entidad Local, en el que se solicitaba lo siguiente: “Se proceda a la provisión del XXX mediante comisión de servicios al no haber desaparecido las causas que dieron lugar a su anterior convocatoria siguiéndose para ello los mismos criterios que hasta la fecha de cubrir las plazas de jefe de servicio que van quedando vacantes”. Esta petición fue reiterada con fechas 29 de abril y 27 de mayo de 2022. A la vista de una respuesta recibida del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación de León, la reclamante presentó con fecha 29 de junio de 2022 una petición de información en los siguientes términos: “SOLICITA El acceso al expediente segex 964284J en el que es el único interesado”. Esta petición de acceso al expediente fue reiterada con fechas 18 de julio, 22 de julio y 1 de agosto, de 2022. Segundo.- Con fecha 5 de agosto de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por XXX frente a la falta de acceso a la información pública por ella solicitada, la cual se concretaba en el acceso al expediente que se había abierto como consecuencia de su petición de provisión de la plaza del XXX de la Diputación de León mediante comisión de servicios Tercero.- Recibida la reclamación anterior, nos dirigimos a la Diputación de León poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una copia de la solicitud de información pública y de la reclamación presentada. Cuarto.- Con fecha 10 de noviembre de 2022, se recibió la respuesta a nuestra solicitud de informe, en la cual se ponía de manifiesto, entre otros extremos, lo siguiente: “(…) 4.- Con fecha 29 de junio de 2022 XXX solicita acceso al expediente SEGEX 964284J en su condición de interesada oficiosamente. Cabe señalar que el expediente SEGEX, a dicha fecha contiene única y exclusivamente los documentos presentados por la solicitante y la documentación notificada a la misma, con lo que la interesada cuenta con toda la documentación que conforma el expediente. (…) 5.- El día 9 de noviembre de 2022 se remite ampliación de la contestación dada a la interesada con fecha 20 de junio de 2022, dándole acceso al expediente electrónico SEGEX 964284J para que pueda tener acceso a la nueva documentación”. A este informe se adjuntaron, entre otros documentos, una copia de la última comunicación señalada en el mismo, de fecha 9 de noviembre de 2022, a través de la cual se daba acceso a la reclamante al expediente SEGEX 964284J. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello puesto que su autora es la misma persona que se había dirigido previamente a la Diputación de León en solicitud de información pública; en concreto, pidiendo acceso al expediente abierto como consecuencia de la petición de provisión de la Jefatura de Servicio de Asuntos Generales. Cuarto.- La reclamación inicialmente fue interpuesta frente a la falta de acceso a la información señalada. Sin embargo, en el curso de su tramitación ha tenido lugar el acceso a la información. En concreto, se proporcionó el acceso al expediente solicitado por la reclamante con fecha 9 de noviembre de 2022. Se puede concluir, por tanto, que se ha concedido la información pública solicitada. Quinto.- Es cierto que en este caso se superó el plazo establecido para la resolución expresa de la solicitud presentada. Sin embargo, aunque el sentido del silencio administrativo es negativo (artículo 20.4 de la LTAIBG), que se hubiera producido este no eximía del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa. Así mismo, las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo determinaban que la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptara por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En consecuencia, nada cabe objetar al contenido de la decisión adoptada. Sexto.- En definitiva, considerando que fue resuelta expresamente la solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho de la solicitante a acceder a la información pedida, se puede concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial y, por este motivo, procede su desestimación. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la falta de acceso inicial a una información pública solicitada por XXX, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a XXX, como autora de la reclamación, y a la Diputación de León. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.