Reclamación por desestimación presunta de solicitud de acceso a denuncias urbanísticas en el Ayuntamiento de Valle de Valdebezana

Resolución 54/2024, de 21 de febrero, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-729/2022 / reclamación frente a la desestimación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Valle de Valdebezana (Burgos) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 1 de octubre de 2022, tuvo entrada en el registro electrónico del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana (Burgos) una solicitud de acceso a la información pública presentada por D XXX, ante dicha entidad local, en la cual se pedía la siguiente información: “Copia literal de la denuncia o denuncias interpuestas por XXX que promovieran la realización de los informes citados”. Los informes a los que se refiere la petición fueron dos informes técnicos emitidos por el Arquitecto de la Mancomunidad del Noroeste de Burgos en relación con las “obras en camino de acceso Polígono XXX Parcela XXX” promovidas por el solicitante de la información. Estos informes se adjuntan al escrito de reclamación. Segundo.- Con fecha 10 de noviembre de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la desestimación presunta de la solicitud de información pública indicada en el antecedente anterior. Tercero.- Una vez recibida la reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Valle de Valdebezana poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la ausencia de actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Consta la recepción de esta petición por el Ayuntamiento de Valle de Valdebezana con fecha 4 de enero de 2023 a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ). Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución. Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autor es la misma persona que dirigió su solicitud de información pública al Ayuntamiento de Valle de Valdebezana. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 10 de noviembre de 2022, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través del escrito presentado el 1 de octubre de 2022. En consecuencia, la reclamación fue presentada dentro del plazo previsto para ello. Quinto.- En el supuesto que nos ocupa, la persona reclamante solicita una copia de la denuncia o denuncias interpuestas por una persona identificada por el solicitante que dieron lugar a la realización de dos informes técnicos emitidos por el Arquitecto de la Mancomunidad del Noroeste de Burgos en relación con las “obras en camino de acceso Polígono XXX Parcela XXX”. El artículo 335 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, dispone en relación con la actividad de protección de la legalidad que: “1. Las Administraciones públicas deben velar por el adecuado cumplimiento de la normativa urbanística mediante la actividad administrativa de protección de la legalidad, que comprende las siguientes competencias: a) La inspección urbanística”. La competencia para la protección de legalidad viene regulada en el artículo 336 de dicho Decreto 22/2004, de 29 de enero, que dispone lo siguiente: “1. Corresponden al Municipio las competencias de protección de la legalidad señaladas en el artículo anterior, dentro de su término municipal” Procede señalar además que, en el ámbito urbanístico, existe un reconocimiento legal de la acción pública (artículos 62 del Real Decreto Legislativo 7/2005, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y 150 de 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León) que exigiría reconocer el derecho a acceder a documentos integrantes de expedientes de la actividad de protección de legalidad como el aquí solicitado. En este sentido, el reconocimiento de la acción pública en un concreto ámbito material alcanza al acceso a la información contenida en un expediente administrativo referido a ese ámbito, tal y como ha reconocido expresamente el Tribunal Supremo, entre otras, en sus sentencias de 11 de octubre de 1994 y 12 de abril de 2012) al señalar lo siguiente: “... hay que admitir que si se reconoce a la totalidad de los ciudadanos la acción pública para exigir el cumplimiento de la legalidad en dichas materias sin exigirles legitimación alguna, no puede privárseles de los medios necesarios, como es el acceso a la información, aunque no promuevan ni se personen en el procedimiento, ya que de lo contrario se desvirtúa su finalidad”. En el supuesto que nos ocupa, de uno de los informes técnicos aportados por el reclamante, de fecha 30 de octubre de 2018 y emitido por el Arquitecto Municipal de la Mancomunidad del Noroeste de Burgos, parece deducirse que existe una o varias denuncias por parte de una persona, ya que entre los antecedentes aparece en uno de los epígrafes la denominación denunciante. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contempla en su artículo 62, dentro de la iniciación del procedimiento de oficio por la administración, el inicio del procedimiento por denuncia: “1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo” Por todo lo cual, parece que la inspección urbanística iniciada de oficio por el Ayuntamiento de Valle de Valdebezana tiene su origen en la denuncia interpuesta por un particular, que aparece identificado con nombre y apellidos en el informe técnico de 30 de octubre de 2018, antes citado. En consecuencia, dado que la información pública solicitada cumple los requisitos del artículo 13 de la LTAIBG, procede la estimación de la reclamación presentada por D. XXX. Sexto.- Respecto a una posible aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la LTAIBG en relación con el procedimiento de inspección urbanística en cuestión, tampoco la protección de datos personales podría fundamentar ni una denegación automática del acceso a la información solicitada, ni de una copia de los documentos integrantes del expediente en cuestión. Al respecto, se debe tener en cuenta lo recogido en el artículo 15.4 de la LTAIBG: “No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”. Por tanto, si en los documentos integrantes del expediente de inspección urbanística cuyo acceso se ha solicitado constan datos personales que deban ser objeto de protección, el acceso debe realizarse previa disociación de los mismos. Si esta disociación no pudiera llevarse a cabo, esta circunstancia no conduciría de forma automática a la denegación del acceso, sino que, por el contrario, lo que procedería sería realizar la ponderación a la que se refiere el artículo 15.3 de la LTAIBG, para lo cual se debería conceder al denunciante o denunciantes un plazo de quince días para que pueda realizar las alegaciones oportunas, informando al solicitante de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación (artículo 19.3 de la LTAIBG). En cualquier caso, la protección de datos personales no constituye un límite a la obtención de una copia de los documentos integrantes de un expediente de inspección urbanística, sin perjuicio de que pueda ser necesario llevar a cabo previamente una disociación de aquellos y de que se deba realizar el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG al denunciante, como tercero afectado por la información solicitada. Séptimo.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que la misma se realice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, previa disociación de los datos de carácter personal que, en su caso, aparezcan en los documentos, y pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En el caso que aquí nos ocupa, dado que la reclamante lo ha señalado expresamente, el acceso a la información pública se ha de realizar de forma electrónica. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la desestimación presunta de la solicitud de acceso a la información pública presentada por D. XXX, ante el Ayuntamiento de Valle de Valdebezana (Burgos). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta resolución, el Ayuntamiento debe proceder del siguiente modo: 1.- Dar traslado al autor de la denuncia o denuncias que dieron lugar a la emisión de dos informes técnicos emitidos por el Arquitecto de la Mancomunidad del Noroeste de Burgos en relación con las “obras en camino de acceso Polígono XXX Parcela XXX” de la solicitud de información pública presentada, para que aquel, en el plazo de quince días, pueda realizar las alegaciones que estime oportunas, informándose a D. XXX, de esta circunstancia. 2.- Una vez efectuado el trámite anterior, y salvo motivos de oposición que lo impidieran, proporcionar a D. XXX una copia de la denuncia o denuncias presentadas con motivo de la realización de unas obras en el camino de acceso al Polígono XXX Parcela XXX, término municipal de Valle de Valdebezana. En todo caso, la entrega de las copias correspondientes deberá realizarse previa disociación de los datos de carácter personal (de personas físicas) que, en su caso, aparezcan en aquellos documentos. Tercero.- Notificar esta Resolución al autor de la reclamación y al Ayuntamiento Valle de Valdebezana (Burgos). Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.