Inadmisión de reclamación por falta de competencia de la Comisión de Transparencia de Castilla y León respecto a solicitud de expedientes a la Inspección de Trabajo de Salamanca

Resolución 66/2024, de 1 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-88/2024 / reclamación frente a la falta de acceso a la información pública solicitada por D. XXX a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca (Ministerio de Trabajo y Economía Social) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 9 de febrero de 2024, tuvo entrada en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado una solicitud de información dirigida por D. XXX a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca (Ministerio de Trabajo y Economía Social). El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “Solicita: Actuación de la Inspección sobre el caso/denuncia de XXX, llamada en el acta de liquidación XXX. Se citan actuaciones en la página 9 del acta. El expediente completo sobre esta actuación no el expediente del acta de liquidación donde se cita parte de esta actuación. Actuación de la Inspección sobre el caso/denuncia de XXX, llamada en el acta de liquidación XXX. Se citan actuaciones en la página 10 del acta. El expediente completo sobre esta actuación no el expediente del acta de liquidación donde se cita parte de esta actuación. Igualmente se solicita si estos dos expedientes anteriores están conformando un expediente digital y en caso afirmativo, facilitar número del expediente electrónico”. Esta petición fue contestada por el Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca mediante una comunicación de fecha 15 de febrero de 2024. Segundo.- Con fecha 20 de febrero de 2024, tuvo entrada en esta Comisión de Transparencia una instancia de reclamación en materia de acceso a la información pública en la que se solicitaba la intervención de esta Comisión “para que se me faciliten los dos expedientes completos que afectan a mi empresa y que han sido solicitados varias vece de múltiples formas”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Tercero.- En el supuesto aquí planteado, el objeto de la reclamación es la falta de acceso a una información pública solicitada por el reclamante a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca forma parte del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el cual se configura como un organismo autónomo que encuentra adscrito, en la actualidad, al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Subsecretaría del Departamento; por tanto, este organismo autónomo no está incluido dentro de ninguno de los grupos de sujetos señalados en el artículo 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. La competencia para resolver esta reclamación, en consecuencia y en su caso, corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público independiente adscrito a la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 38.2 c) de la LTAIBG. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la falta de acceso a una información pública solicitada por D. XXX a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca (Ministerio de Trabajo y Economía Social). Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación. Tercera.- Dar traslado de la reclamación presentada por D. XXX y de la documentación adjuntada a esta, así como de la presente Resolución, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo de garantía competente, en su caso, para su tramitación y resolución. Cuarto.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.