Reclamación por falta de acceso a información pública solicitada por concejal al Ayuntamiento de los Barrios de Bureba y desestimación por desaparición del objeto

Resolución 64/2024, de 1 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-765/2022 / reclamación frente a la falta de acceso a la información pública solicitada por D. XXX al Ayuntamiento de los Barrios de Bureba (Burgos), en su condición de miembro de la Corporación municipal I. ANTECEDENTES Primero.- Con fechas 12 de agosto, 20 de octubre y 15 de noviembre de 2022, tuvieron entrada en el Registro del Ayuntamiento de los Barrios de Bureba (Burgos) varias solicitudes de acceso a la información pública presentadas por D. XXX, en su condición de miembro de la Corporación municipal. El objeto de estas peticiones se formuló en los siguientes términos: “1.- Acceso al expediente de contratación de la obra realizada en el inmueble de titularidad municipal sito en la XXX nº XXX de esta localidad (año 2019-2020- 2021-2022) 2.- Así mismo, interesa que se informe si existe expediente de contratación de proyecto para llevar a cabo mencionada obra y, en su caso, acceso al mismo. 3.- Acceso al libro de facturas y al libro mayor relativo a los gastos y servicios de ese Ayuntamiento junto con sus soportes contables correspondientes a los últimos tres años”. Segundo.- Con fecha 1 de diciembre de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, Concejal del Ayuntamiento de los Barrios de Bureba, frente a la falta de acceso a la información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de los Barrios de Bureba poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. El día 15 de marzo de 2023 se recibió la contestación del Ayuntamiento, donde se ponía de manifiesto lo siguiente: “En estos momentos el Ayuntamiento tiene mucha carga de trabajo debido a la renuncia del Secretario de la corporación, la entrada de una nueva Secretaria, la moción de censura presentada hace unos meses, etc. En Junio nos vimos obligados, ante las dudas del Teniente de Alcalde D. XXX, de cambiarse de bando a hacer un acuerdo, incrementando gasto sin presupuesto (…). D. XXX tiene llaves de las oficinas y pleno acceso a la documentación, también hay testigos que pueden corroborar que visitaba la administración los viernes por la tarde y otras varias tardes a la semana. El 12 de septiembre de 2022 presentó una moción de censura y por falta de confianza, se le pidió que entregara las llaves de las oficinas. Se le explicó que ante la ausencia de secretaria no se podía hacer nada. Se solicitó a la Diputación la asignación de un secretario. (…). Se le citó el día 12 para ver la documentación que quisiera revisar y asistió. Se le facilitó el pleno en el que se informó de lo que está haciendo el Ayuntamiento. El concejal de la oposición D. XXX también ha sido informado de las actuaciones del Ayuntamiento”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Segundo.- Como cuestión previa al análisis de la actuación impugnada, es necesario analizar la competencia de esta Comisión de Transparencia para resolver la reclamación presentada, considerando que su autor era miembro de una Corporación local y que el objeto de su impugnación es la falta de acceso a una información solicitada por este en el ejercicio de tal condición. Con carácter general, el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), establece el derecho de los concejales a obtener del Alcalde o Presidente de la Junta de Gobierno Local, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de sus funciones. Este precepto se desarrolla en los artículos 14, 15 y 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante ROF). Nos encontramos, por tanto, ante un régimen específico de acceso a la información pública por razón del sujeto solicitante (cargo representativo local) anterior a la aprobación de la LTAIBG, regulador de un derecho fundamental como es el de partición y representación política postulado en el citado artículo 23 de la Constitución Española. La propia LTAIBG permite que también los cargos representativos locales, a pesar de contar con un régimen jurídico específico de acceso a la información, puedan utilizar este concreto mecanismo de garantía a través de la aplicación supletoria de aquella. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG, “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Puesto que ni la LRBRL ni el ROF prevén un mecanismo específico de garantía distinto del recurso judicial ante una autoridad independiente análogo a la reclamación regulada en el citado artículo 24 de la LTAIBG, esta aplicación supletoria permite cohonestar la aplicación del régimen específico del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los cargos representativos locales con su carácter privilegiado. Este criterio relativo a la legitimación de los cargos locales a presentar la reclamación prevista en la LTAIBG ante los correspondientes organismos de garantía de la transparencia que venía manteniendo esta Comisión de Transparencia ha sido confirmado expresamente por el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 312/2022, de 10 de marzo (rec. 3382/2020), donde se señala que “(…) el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que (…) contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (…)” (fundamento de derecho cuarto). Por tanto, esta Comisión de Transparencia es competente para tramitar y resolver la reclamación aquí presentada. Su autor se encontraba legitimado para la formulación de la reclamación, en su condición de Concejal del Ayuntamiento, puesto que en tal condición había dirigido su solicitud de información pública al Ayuntamiento de los Barrios de Bureba. Tercero.- Como se ha señalado, en el supuesto aquí planteado la persona que presentó la solicitud de información ante el Ayuntamiento de los Barrios de Bureba y la reclamación ante la Comisión de Transparencia era D. XXX, y en ambos casos lo hizo en calidad de Concejal de aquel Ayuntamiento. Sin embargo, en la actualidad D. XXX ostenta el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Barrios de Bureba. En consecuencia y sin perjuicio de la valoración que merezca la actuación del Ayuntamiento impugnada, lo cierto es que, en la medida en que el objeto de la reclamación presentada era la defensa del ejercicio del derecho a la información de un Concejal que, tras la celebración de las últimas elecciones locales, es ahora Alcalde, se puede concluir que ha desaparecido aquel objeto inicial de la reclamación presentada. En este sentido, es evidente que como consecuencia del cargo desempeñado ahora por el solicitante de la información y reclamante, sus condiciones de acceso a la información se han modificado sustancialmente. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación de la solicitud de información pública presentada por D. XXX, como Concejal del Ayuntamiento de Barrios de Bureba (Burgos), al haber desaparecido su objeto por los motivos expuestos en el fundamento jurídico tercero de esta Resolución. Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Barrios de Bureba (Burgos). Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.