Reclamación sobre el acceso a información relativa a la EDAR de Burgohondo y desestimación de solicitudes de explicaciones administrativas

Resolución 86/2024, de 18 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-483/2023 / reclamación frente a la desestimación parcial de una solicitud de información presentada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 9 de noviembre de 2023, en nombre de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, se presentó un formulario para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública dirigido a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El objeto de la petición se formuló en los siguientes términos: “Primero.- Conocer por qué la Junta de Castilla y León se ha gastado 4.235,00 euros en el Estudio Hidrológico de la Garganta de Navalacruz (o arroyo Chiquillo) para la implantación de la EDAR en el término municipal de Burgohondo (Ávila), si dos años antes ya había pagado por la redacción del Proyecto de Construcción de la EDAR de Burgohondo (Ávila). Segundo.- Conocer si se ha adoptado alguna medida laboral contra el Ingeniero del SOMACYL que ha aprobado el Proyecto de la EDAR de Burgohondo, y que ha requerido un coste adicional de al menos 4.235,00 euros para poder ejecutarse. Ya que el proyecto tal cual estaba aprobado, no se ha podido ejecutar. Tercero.- Conocer si se ha adoptado alguna medida contra el Proyectista de la EDAR de Burgohondo, cuyo proyecto ha requerido un desembolso adicional, de al menos 4.235,00 euros. ¿Se le han requerido esos 4.235,00 euros? En caso de respuesta negativa, ¿Por qué no se ha hecho? Cuarto.- Conocer que día han comenzado las obras de construcción de la EDAR de Burgohondo (Ávila)”. Segundo.- La información solicitada anteriormente referida fue resuelta mediante la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de fecha 29 de noviembre de 2023 en el siguiente sentido: www.procuradordelcomun.org / pccyl.sedelectronica.es “Primero.- ESTIMAR PARCIALMENTE la solicitud formulada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales en lo relativo al apartado cuarto, informando, conforme a lo señalado en el fundamento de derecho cuarto, que las obras de construcción de la EDAR de Burgohondo (Ávila) comenzaron el día 9 de noviembre de 2023. Segundo.- DESESTIMAR PARCIALMENTE la solicitud formulada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales en lo relativo a los apartados primero, segundo y tercero, conforme a lo señalado en el fundamento de derecho quinto, al no referirse a información pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LTAIBG”. Tercero.- Con fecha 5 de diciembre de 2023, tuvo entrada en esta Comisión de Transparencia una reclamación frente a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de fecha 29 de noviembre de 2023. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las www.procuradordelcomun.org / pccyl.sedelectronica.es reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora es la misma organización que se dirigió en solicitud de información pública a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y dentro del plazo previsto en el artículo 24.2 de la LTAIBG. Cuarto.- La reclamación que ahora se resuelve, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 de la LTAIBG y 112.2 de la LPAC, antes citada, tiene la consideración de “sustitutiva de los recursos administrativos”. Las reglas generales de validez y eficacia de tal sustitución son, según el citado precepto de la legislación básica de procedimiento administrativo, las siguientes: su conocimiento se encomienda a órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas y han de respetarse los principios, garantías y plazos que la Ley de Procedimiento Administrativo reconoce a los interesados y ciudadanos en todo procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el artículo 24.3 de la LTAIBG prevé que la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la legislación de procedimiento administrativo. Como recuerda el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero, se deben aplicar a este procedimiento de reclamación “las reglas de interposición, la posibilidad de suspensión de la ejecución de la decisión impugnada, la audiencia a los interesados y la resolución”. A los efectos que aquí nos interesan, el artículo 116, letra e), de la LPAC señala que una de las causas de inadmisión de los recursos es que estos carezcan manifiestamente de fundamento. Pues bien, en esta reclamación concurre la citada causa de inadmisión, puesto que, a nuestro juicio, la Resolución impugnada concedió la información pública solicitada, desestimando la solicitud en aquello que no podía ser calificado como información pública de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 13 de la LTAIBG. En efecto, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este caso, debemos coincidir con la Consejería antes indicada en que el reclamante había solicitado diversas explicaciones acerca de los motivos por los que se ha realizado un estudio hidrológico de la Garganta de Navalacruz, para la implantación de la EDAR de Bugohondo (Ávila), y de las medidas que, a juicio del reclamante, deberían haberse llevado a cabo frente a quienes, como ingeniero y proyectista, habrían causado un perjuicio a la Administración autonómica por haber redactado un proyecto anterior que no habría podido ejecutarse. Dichas explicaciones no constituyen información pública conforme al precepto de la LTAIBG indicado, a diferencia de la fecha en la que habían comenzado las obras de construcción de la EDAR indicada que el reclamante también solicitó, fecha que ya le ha sido facilitada a este en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 29 de noviembre de 2023. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación presentada por Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales frente a la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de fecha 29 de noviembre de 2023. Segundo.- Notificar esta Resolución a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, como autora de la reclamación. Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.