Reclamación sobre el acceso por vía electrónica a exámenes y documentos de evaluación escolar de una alumna

Resolución 106/2024, de 5 de abril, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-45/2023 / reclamación frente a la respuesta a una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el CEIP “XXX” de XXX y la Dirección Provincial de Educación de XXX (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 19 de diciembre de 2022, tuvo entrada en el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX dirigida a la Secretaría General de la Consejería de Educación. El “solicita” de este escrito, con relación a la hija de la solicitante XXX escolarizada en el curso 2022/2023 en XXX curso de Educación Primaria, se expresaba en los siguientes términos: “PRIMERO.- Copia, en formato digital, de todos los exámenes y demás documentos utilizados para su evaluación, realizados por su hija durante el primer trimestre del curso académico 2022-2023, en las asignaturas de: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, y XXX, incluidas las pruebas iniciales de dichas asignaturas”. El día 12 de enero de 2023 el CEIP “XXX” remite, por correo electrónico a la reclamante, lo siguiente: “Según escrito recibido de Dirección Provincial de Educación de XXX, y remitido al Centro con número de registro de entrada 50, el 10 de enero de 2023; la documentación que solicita se encuentra disponible para su recogida y firma del recibí en la administración del Centro”. Segundo.- Con fecha 28 de enero de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por Dª. XXX, frente a la respuesta a la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, con fecha 21 de marzo de 2023 esta Comisión de Transparencia se dirigió a la Consejería de Educación poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 29 de marzo de 2023, se recibió la respuesta a la anterior solicitud en los siguientes términos: “Como se desprende de la documentación aportada por la reclamante, a partir del 19 de diciembre de 2023, es decir, al comienzo de vacaciones escolares, solicita en un breve espacio de tiempo a la Secretaría General de la Consejería de Educación y a los dos centros en que sus hijos cursan sus estudios, el CEIP XXX y el IES XXX, ambos de XXX, copias de informes, test exámenes y demás documentos de evaluación del primer trimestre del curso académico 2022/2023. Tratándose probablemente de la persona que más reclamaciones interpone en el ámbito educativo de Castilla y León, y por tanto la que mejor los conoce, no utiliza los formularios ni procedimientos establecidos para la solicitud de información pública, ni para el ejercicio de derechos en materia de protección de datos, por lo que esta Consejería entiende que se trata de una petición de tutoría o documentación a los citados centros. Como asimismo acredita la documentación aportada, ambos centros responden a la reclamante, indicándole con toda corrección el procedimiento establecido para el acceso a la información, de forma que en opinión de esta Consejería de Educación, de ninguna manera se puede afirmar que no se haya facilitado el derecho de acceso. Aunque tampoco se ha consentido que se convierta en costumbre solicitar cada trimestre que se remitan por correo electrónico a los padres, madres o tutores del alumnado todos los documentos relativos a la evolución y rendimiento escolar de sus hijos. Y ello porque de admitirse y generalizarse tal forma de satisfacer las solicitudes de documentación, se requeriría de un incremento de los recursos materiales y personales de los centros que iría en contra de la racionalidad presupuestaria a que está obligada la administración. Existe un cauce establecido para las aclaraciones y recomendaciones a los padres y madres del alumnado que se inscribe en el principio de autonomía de los centros, y que todos ellos deben respetar. Un cauce que contribuye eficazmente a la comunicación entre profesores y padres y tutores de alumnos, y que esta Consejería de Educación entiende que se encuadra totalmente en la excepción que establece el apartado 2.º de la disposición adicional 1a de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando establece que «se regirán por su normativa específica aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.» Cuando no, a mayor abundamiento, la prevista en el apartado 1° de la misma disposición, que al considerar interesado en el procedimiento administrativo a la reclamante, desecharía la vía de información pública para formular su pretensión. En ambos sentidos, pude citarse el art. 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación cuando establece que «las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento.» O el art. 120 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación cuando establece que «las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta y viabilidad a los proyectos educativos y propuestas de organización que elaboren», añadiendo que «los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, y formas de organización.» Y asimismo, en el mismo sentido la Ley 3/2014, de 16 de abril, de Castilla y León, que tiene por objeto reconocer la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones, que le otorga la condición de autoridad pública y que en su art. 9° dispone, «de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la necesidad de que los centros docentes elaboren sus normas de organización y funcionamiento, entre las que se encontrarán las relativas al mantenimiento de un buen clima de convivencia escolar.» En opinión de esta Consejería de Educación, resulta claro que a tenor de estas normas, y en el marco de las que regulan el ámbito educativo de Castilla y León, los centros deben disponer de autonomía para regular los requisitos, horarios y procedimientos de tutoría y acceso a los exámenes, documentos de evaluación, y cualquier otra información relativa al rendimiento y evaluación del alumnado de acuerdo con sus normas de organización y funcionamiento. Sin olvidar el importante papel de la Inspección Educativa, ante la que se puede denunciar cualquier incumplimiento por parte del centro, mediante procedimientos de reclamación ante la dirección provincial de educación correspondiente, para los casos en que persista un desacuerdo con las familias en las calificaciones o decisiones de promoción del alumnado. Una delegación normativa que, respetando el principio de autonomía de los centros, se concreta en sus normas de organización y funcionamiento, y que las Leyes orgánicas de Educación han preferido delegar, sin que sea necesaria la exigencia de otra norma de rango legal, que incluya detalladamente un régimen propio y específico de acceso a la información pública, como argumenta el Comisionado de Transparencia de Castilla y León en su Resolución 119/2021, de 18 de julio, que esta Consejería de Educación respeta, pero no comparte, a tenor de los argumentos expuestos. En este sentido, es necesario dejar constancia de que tanto los propios centros, como la Dirección Provincial de Educación de XXX, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de XXX y los servicios centrales de la Consejería de Educación de Castilla y León han contestado a todos los escritos, solicitudes y reclamaciones de toda índole presentadas por la interesada, de lo cual da fe la mera comprobación de la documentación por ella adjuntada a la presente reclamación. Documentación que revela con toda claridad como el centro ha puesto en conocimiento de la interesada el cauce para la solicitud por parte de padres y tutores de cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, con pleno acceso a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen, en la forma que determina las normas de organización y funcionamiento del centro, que adjudica a cada profesor periodos lectivos semanales dedicados a la atención de padres y tutores, figurando en la página web del centro el horario para la realización de dicho cometido. Parece desprenderse de todo lo expuesto, que la reclamante plantea cierta resistencia a utilizar personalmente los servicios de consulta y entrevista con los profesores y tutores de su hija, que tan explícitamente pone a su disposición la dirección de los centros en las comunicaciones a ellas dirigidas incluyendo como obliga la normativa educativa sectorial de Castilla y León, el acceso a cuantos documentos exámenes y evaluaciones realice el centro para valorar el rendimiento académico de los alumnos objeto de la reclamación. Cabe finalizar reiterando que Dña. XXX interpone anualmente numerosas reclamaciones ante el Defensor del Pueblo, Procurador del Común, Comisionado de Transparencia y Agencia Española de Protección de Datos, amén de otras peticiones de documentación, quejas y recursos ante la administración educativa de Castilla y León, sobre las evaluaciones, calificaciones y decisiones pedagógicas de toda índole adoptadas por los distintos centros en que se encuentran escolarizados sus hijos, en el ejercicio de su función educativa. Y que, a tenor de lo establecido en el art. 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, deberían ser inadmitidas a trámite las solicitudes de información «que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley». Una finalidad, que, como establece su preámbulo, trata de incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno. Pero que no puede ser utilizada, en fraude de Ley, y con abuso de Derecho, cuando se instrumentaliza con la finalidad de entorpecer y dificultar la labor de la administración”. Cuarto.- Con fecha 11 de abril de 2023, tuvo entrada en el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX dirigida a la Dirección Provincial de Educación de XXX (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León) El “solicita” de este escrito, con relación a la hija de la solicitante, XXX, escolarizada en el curso 2022/2023 en XXX curso de Educación Primaria, se expresaba en los siguientes términos: “PRIMERO.- Copia, en formato digital, de todos los exámenes y demás documentos utilizados para su evaluación, realizados por su hija durante el segundo trimestre del curso académico 2022-2023, en las asignaturas de: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX, incluidas las pruebas iniciales de dichas asignaturas”. El día 28 de abril de 2023 el CEIP “XXX” remite, por correo electrónico a la reclamante, lo siguiente: “La documentación solicitada se encuentra en la Administración del Centro para su recogida personalmente ya que necesitamos que firme presencialmente la recogida de dicha documentación”. Quinto.- Con fecha 9 de mayo de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, frente a la respuesta a la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- Las dos reclamaciones han sido presentadas por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora fue la misma persona que presentó las solicitudes de información pública que dieron lugar a la impugnación. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, las reclamaciones fueron registradas ante esta Comisión de Transparencia los días 28 de enero y 9 de mayo de 2023, frente a las respuestas del CEIP XXX que la interesada recibió a través de sendos correos electrónicos el 12 de enero y 28 de abril de 2023, y que, en cualquier caso, no revistieron la forma de resolución administrativa en los términos dispuestos en el artículo 20.1 de la LTAIBG, en relación con el artículo 88.3 de la LPAC. Por tanto, la presentación de las reclamaciones que ahora se resuelven se han formulado dentro del plazo previsto para ello. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el supuesto que nos ocupa, el objeto de la información solicitada por la reclamante consiste en una copia de los exámenes y demás documentos de evaluación de las asignaturas de: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX, realizados durante el primer y segundo trimestre del curso académico 2022/23, incluidas las copias de las pruebas iniciales de dichas asignaturas de una de sus hijas, matriculada en XXX de EP en el CEIP “XXX” de XXX. En primer lugar, cabe señalar que como ya se ha argumentado por parte de esta Comisión de Transparencia en otro supuesto muy similar (Resolución 433/2023, de 27 de octubre, en el expediente CT-193/2022), aun cuando el objeto de la petición pueda ser calificado como “información pública” teniendo en cuenta lo anterior, cabe plantearse si la aplicación de la LTAIBG puede quedar desplazada en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado segundo, de la LTAIBG, de conformidad con la cual “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Al respecto, hay que tener en cuenta que, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 748/2020, de 11 de junio, “el desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por lo tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse”. En el supuesto planteado en la presente reclamación, más allá de la posible aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado segundo, en los términos expresados por el Tribunal Supremo, es cierto que la petición de información realizada y su posible satisfacción debiera desarrollarse en el marco de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, donde se dispone que: “Las madres, los padres, las tutoras o los tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, colaborando en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso. Tendrán, además, derecho a conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción, así como al acceso a los documentos oficiales de su evaluación y a las pruebas y documentos de las evaluaciones que se les realicen, en la parte referida al alumno o alumna de que se trate, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal” Ahora bien, una vez que el marco señalado, como ocurre en el supuesto planteado en la presente reclamación, no resulta suficiente para solucionar el conflicto entre padres demandantes de información y centros educativo públicos, no parece que se pueda impedir que aquellos ejerzan un derecho de acceso a la información al amparo de lo dispuesto en la LTAIBG, siempre que, eso sí, el objeto de su petición sea subsumible dentro del concepto de información pública recogido en su artículo 13. En este sentido, el hecho de que en el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, existan previsiones, como la del artículo 24, referidas al acceso a determinada información, no implica que se regule un régimen jurídico específico de acceso a la información en los términos previstos en la disposición adicional primera, apartado segundo, de la LTAIBG. Por otra parte, el hecho de que una solicitud de información, como la que aquí nos ocupa, persiga un interés legítimo pero privado (el de una madre relacionado con el proceso de aprendizaje y de evaluación de su hija menor de edad), no impide la aplicación de la LTAIBG. Así se ha señalado por el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 1.519/2020, de 12 de noviembre, donde se ha señalado expresamente al respecto lo siguiente: “(…) tampoco puede mantenerse que la persecución de un interés privado legítimo (…) no tenga cabida en las finalidades expresadas en el preámbulo de la LTAIBG, que entre otras incluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan «conocer cómo se toman las decisiones que les afectan», sin perjuicio además de que la solicitud de acceso a una información pública por razones de interés privado legítimo no carezca objetivamente de un interés público desde la perspectiva de la transparencia que fomenta la LTAIBG, reseñada en su preámbulo, de fiscalización de la actividad pública que contribuya a la necesaria regeneración democrática, promueva la eficiencia y eficacia del Estado y favorezca el crecimiento económico. (…) Como se aprecia con facilidad, en la delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG examinado, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razones del interés privado que las motiven”. En consecuencia, si bien el marco inicial en el que se debe desarrollar el acceso a la información relativa al proceso de aprendizaje y evaluación de los alumnos y alumnas en un centro educativo de titularidad pública es el de la relación ordinaria entre sus padres, madres y tutores legales, de un lado, y el profesorado de otro, cuando este marco no evita el conflicto en cuanto al acceso por aquellos a información que pueda ser calificada como “información pública” en los términos previstos en el artículo 13 de la LTAIBG, no hay motivos jurídicos para impedir que pueda ejercerse el derecho de acceso regulado en esta Ley. Séptimo.- A partir de lo expresado en el expositivo anterior, procede ahora analizar los contenidos solicitados por la reclamante. En el presente supuesto, la reclamante solicita una copia de los exámenes y demás documentos de evaluación de las asignaturas, incluidas las copias de las pruebas iniciales de su hija, correspondientes al primer y segundo trimestre del curso académico 2022/23. La información solicitada cumple los requisitos del artículo 13 de la LTAIBG para ser considerada información pública. A lo cual procede añadir que el artículo 29 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, al que ya se ha hecho referencia, reconoce expresamente el derecho de acceso de los padres a los documentos oficiales de evaluación y a las pruebas y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos menores de edad. Este derecho se reconoce expresamente por el CEIP XXX en el contenido de los correos electrónicos remitidos a la reclamante los días 12 de enero y 28 de abril de 2023, donde señalan que la documentación solicitada se encuentra en la Administración del Centro para su recogida personalmente para que firme presencialmente la recogida de dicha documentación. No obstante, la Consejería de Educación en su informe remitido a esta Comisión de Transparencia el 29 de marzo de 2023 hace referencia a la posible aplicación aquí de la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG relativa al carácter manifiestamente repetitivo o abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley. Al respecto, cabe señalar, en primer lugar, que respecto a la aplicación general de los límites al derecho de acceso y las causas de inadmisión de las solicitudes, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto, en su Sentencia núm. 1547/2017, de 16 de octubre (rec. núm. 75/2017), lo siguiente: “Cuarto.- Cualquier pronunciamiento sobre las causas de inadmisión que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013. Resultan por ello enteramente acertadas las consideraciones que se exponen en el fundamento jurídico tercero de la sentencia del Juzgado Central n.º 6 cuando señala que: en la Ley 19/2013 queda reconocido el derecho de acceso a la información pública como auténtico derecho público subjetivo, al establecer que «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley» (Artículo 12); que la Exposición de Motivos de la Ley configura de forma amplia este derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información - derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 (…)”. Esta interpretación “estricta, cuando no restrictiva” de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública ha sido de nuevo mantenida por el Tribunal Supremo en sus Sentencias núm. 1768/2019, de 16 de diciembre (rec. 316/2018), núm. 306/2020, de 3 de marzo (rec. 600/2018), y núm. 748/2020, de 11 de junio (rec. 577/2019). Por lo que respecta a la causa de inadmisión alegada, el Criterio Interpretativo 003/2016 del CTBG que delimita el alcance del concepto de solicitud de información que tenga carácter abusivo del artículo 18.1.e) de la LTAIBG dispone lo siguiente: “(…) hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho y, B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley 1. Así, una solicitud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: - Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es «Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales de ejercicio de un derecho». - Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. - Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. - Cuando sea contraria a las normas, las costumbre o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de: - Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos - Conocer cómo se toman las decisiones públicas - Conocer cómo se manejan los fondos públicos - Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas (…) En atención a lo expuesto, se enuncian en el citado Criterio Interpretativo las siguientes conclusiones: “a) La LTAIBG permite invocar los conceptos de solicitud repetitiva o abusiva para calificar una determinada solicitud de acceso a la información. b) Las Administraciones y Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley deben tener en cuenta que las causas de inadmisión deben aplicarse de manera restrictiva y, cuando sean aplicables, habrán de expresar los motivos que lo justifiquen. c) En todo caso, la concurrencia de las causas de inadmisión a que se refiere este criterio interpretativo requiere en ambos casos la concurrencia de dos requisitos (…) En el caso de la solicitud abusiva, ésta debe no solo ser cualitativamente abusiva sino además no estar justificada con la finalidad de la Ley. d) Las Administraciones y Entidades Públicas obligadas por la LTAIBG que apliquen las causas de inadmisión a que se refiere este criterio deben hacerlo de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos, y así deben justificarlo convenientemente”. Como ya se ha indicado por esta Comisión de Transparencia en anteriores ocasiones (entre muchas otras, Resolución 160/2018, de 30 de agosto, adoptada en el expediente CT-0140/2018), el CTBG (resoluciones R/0279/2015, de 30 de octubre de 2015, y R/0431/2015, de 16 de febrero de 2016) ha interpretado esta causa concreta de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública en el siguiente sentido: “Este Consejo de Transparencia entiende que una solicitud podría entenderse como abusiva si el reclamante la repite en el tiempo sin verdaderas posibilidades de prosperar, debido a que conoce de antemano el sentido de la Resolución que la Administración va a tomar. También podría entenderse como abusiva aquella petición realizada de mala fe, cuya única intención es colapsar los servicios administrativos o dificultar su normal funcionamiento. Igualmente, podría ser abusiva una petición de información cuyo contenido ya se encuentre previamente en poder del reclamante. Se entiende también que una solicitud es abusiva cuando, atendiendo al caso concreto, puede considerarse que supone un uso manifiestamente injustificado, inapropiado o incorrecto del derecho de acceso a la información pública. A tal efecto, se tomará en consideración la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1.º La solicitud se puede calificar como manifiestamente repetitiva. 2.º La solicitud persigue claramente causar un perjuicio o alteración al órgano o entidad al que se dirige. 3.º Existe desproporción entre la relevancia de la información solicitada a los efectos de proporcionar transparencia a la actividad pública y el tiempo y los recursos necesarios para obtenerla”. Respecto a la posible concurrencia en este caso de la causa de inadmisión indicada, formalmente debemos señalar que la Consejería ha alegado esta posible concurrencia en el informe remitido a esta Institución y no en una Resolución de las solicitudes de información presentadas, como en, su caso, debiera haber hecho. A lo anterior cabe añadir que si bien la circunstancia de que una madre solicite todos los exámenes y documentos de evaluación de su hija no es una práctica habitual dentro de los centros educativos, no se puede afirmar que esta petición sea extraña a la finalidad de la LTAIBG, al encontrarse relacionada con la toma de decisiones por parte del centro sobre el proceso de evaluación de la alumna. En todo caso, la causa de inadmisión a la que hace referencia la Consejería tampoco ha sido justificada materialmente de forma suficiente con base en una ponderación razonada y en atención a indicadores objetivos referidos a la petición presentada y a otras análogas realizadas por la reclamante, a las que se hace referencia en el informe remitido a esta Comisión de Transparencia. Por todo lo cual, puesto que no se ha constatado la concurrencia de ninguno de los límites o causas de inadmisión recogidas en los artículos 14, 15 y 18 de la LTAIBG, procede reconocer el derecho de la reclamante a acceder a la información solicitada. Séptimo.- Como ya ocurría en el expediente CT-193/2022, en el que esta Comisión de Transparencia adoptó la Resolución 433/2023, de 27 de octubre, el objeto de la reclamación formulada versa más que sobre el reconocimiento del derecho de acceso a la información pedida propiamente dicho, sobre la formalización del acceso, ya que la interesada solicita que este se realice por medios electrónicos. Con carácter general, a la forma de acceso a la información se refiere el artículo 22.1 de la LTAIBG, señalando lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Este artículo dispone de manera clara e inequívoca la vía electrónica como el canal preferente y ordinario de acceso a la información pública. Dicha regla general se exceptúa en dos supuestos: - que “el solicitante haya señalado expresamente otro medio”: la reclamante en este caso señala expresamente que la documentación solicitada le sea enviada por vía electrónica, con lo que no concurre dicha excepción; -“cuando sea posible: la administración educativa no justifica la imposibilidad material de facilitar el acceso de manera electrónica, ni tan siquiera se argumenta que garantizar este acceso implique que en la petición o peticiones realizadas concurra la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. En el expediente antes señalado, con fecha 30 de noviembre de 2023 esta Comisión de Transparencia adoptó un Acuerdo en relación con el cumplimiento de la Resolución citada, en el que se incidía, con argumentos que pueden darse aquí por reproducidos, en que el acceso debía darse por vía electrónica, en los términos dispuestos en el artículo 22.1 de la LTAIBG. Por tanto, en el caso que aquí nos ocupa, dado que la reclamante lo ha señalado expresamente, el acceso a la información pública se ha de realizar por vía electrónica. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación formulada por D.ª XXX frente a la Dirección Provincial de Educación de XXX y el CEIP “XXX” (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se deberá facilitar a la reclamante, por vía electrónica en los términos dispuestos en el artículo 22.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, una copia de los exámenes y demás documentos de evaluación de las asignaturas de: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX, realizados durante el primer y segundo trimestre del curso académico 2022/23, incluidas las copias de las pruebas iniciales de dichas asignaturas, relativas a la hija de la solicitante, XXX que cursa XXX de EP. Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y a la Consejería de Educación. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.