Reclamación por falta de acceso a información pública sobre el expediente de una báscula de animales en la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, desestimada por inexistencia de la documentación

Resolución 113/2024, de 15 de abril, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-427/2023 / reclamación frente a la falta de acceso a la información pública solicitada por D. XXX, en calidad de Vocal de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega (Palencia), a esta Entidad Local Menor I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 27 de abril de 2023, D. XXX, en su condición de Vocal de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega (Palencia), presentó una solicitud de información pública dirigida a esta Entidad Local Menor. El objeto de la solicitud se concretó en los siguientes términos: “Se me entregue de forma inmediata, todos los documentos (proyecto, licencias, facturas, obra, etc.) relacionados con el expediente de la báscula de animales y el cargadero anexo a la báscula de animales”. Segundo.- Con fecha 24 de octubre de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, en calidad de Vocal de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, frente a la falta de acceso a la solicitud de información pública indicada en el expositivo precedente. Tercero.- Recibida la reclamación anterior, con fecha 16 de enero de 2024, esta Comisión de Transparencia se dirigió a la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 21 de febrero de 2024, se recibió la contestación de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega a nuestra solicitud de informe, en la que se expuso lo siguiente: “Siendo conscientes de la información solicitada por Don XXX con fecha 27 de abril de 2023 y de 24 de octubre de 2023, de buena fe se le ha informado de palabra y en varias ocasiones de la imposibilidad de entregarle copia de esta documentación que requiere. www.procuradordelcomun.org / pccyl.sedelectronica.es La obra de la báscula de animales y cargadero anexo referenciados, se llevó a cabo, y el vocal Don XXX lo conoce, hace aproximadamente 30 años. Hemos buscado y rebuscado dicha documentación y lamentablemente no hemos encontrado nada. Desconocemos en qué momento de las Gobernanzas anteriores se archivó esta documentación, desconocemos el lugar donde pudiera haber sido archivado e incluso, desconocemos si realmente esta documentación sigue existiendo. Reconocemos el error por nuestra parte, que, de buena fe, hemos informado solo de palabra a Don XXX. Ahora siguiendo sus indicaciones y respetando sus plazos, pasamos a contestar formalmente y por registro al ciudadano que ha dado lugar a esta reclamación, en la que evidentemente, ejerce su derecho según el art 77de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local. Adjuntamos dicha comunicación a Don XXX del día de hoy”. Junto al informe se acompaña copia del escrito fechado el 21 de febrero de 2024 del Presidente de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega dirigido al reclamante, al que se informa en los siguientes términos: “Atendiendo al art. 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local y pidiendo disculpas por la tardanza en la contestación de sus solicitudes de fecha 27 de abril de 2023 y de 24 de octubre de2023, pasamos a informarle de la situación actual de forma oficial y por registro, siendo conscientes de que la conoce, por habérselo dicho de palabra. La obra de la báscula de animales y cargadero anexo referenciados, se llevó a cabo, y el vocal Don XXX lo conoce, hace aproximadamente 30 años. Hemos buscado y rebuscado dicha documentación y lamentablemente no hemos encontrado nada. Desconocemos en qué momento de las Gobernanzas anteriores se archivó esta documentación, desconocemos el lugar donde pudiera haber sido archivado e incluso, desconocemos si realmente esta documentación sigue existiendo. Así ha quedado registrado hoy en el Comisionado de Trasparencia”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia www.procuradordelcomun.org / pccyl.sedelectronica.es Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- Como cuestión previa al análisis de la actuación impugnada, es necesario analizar la competencia de esta Comisión de Transparencia para resolver la reclamación presentada, considerando que su autor es miembro de una Junta Vecinal y que el objeto de su impugnación es la falta de acceso a una información solicitada por este en el ejercicio de tal condición. Con carácter general, el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), establece el derecho de los miembros de las Corporaciones locales a obtener del Alcalde o Presidente de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Este precepto se desarrolla en los artículos 14, 15 y 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF). Nos encontramos, por tanto, ante un régimen específico de acceso a la información pública por razón del sujeto solicitante (cargo representativo local) anterior a la aprobación de la LTAIBG, regulador de un derecho a la información reforzado debido a su vinculación directa con un derecho fundamental, como es el de participación y representación política postulado en el artículo 23 de la Constitución Española. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG, “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Puesto que ni la LRBRL ni el ROF prevén un mecanismo específico de garantía distinto del recurso judicial ante una autoridad independiente análogo a la reclamación regulada en el citado artículo 24 de la LTAIBG, la supletoriedad de la LTAIBG permite que los miembros de las Corporaciones locales puedan utilizar también este mecanismo de garantía. Esta legitimación de los cargos locales para presentar la reclamación prevista en la LTAIBG ante los correspondientes organismos independientes de garantía, que ya venía reconociendo esta Comisión de Transparencia, ha sido confirmada expresamente por el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 312/2022, de 10 de marzo (rec. 3382/2020), donde se señala que “(…) el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que (…) contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (…)”. (fundamento de derecho cuarto). Tercero.- En el momento en el que fue presentada la reclamación que ahora se resuelve, la pretensión de acceso a la información que había sido solicitada con fecha 27 de abril de 2023 ante la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega debía entenderse estimada presuntamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.1 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, y 14.1 del ROF. Por tanto, en aquel momento el objeto de la reclamación era una resolución presunta cuyo contenido era el reconocimiento del derecho del miembro de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega a acceder a la información identificada en aquella petición. Con carácter general, en aquellos supuestos en los que el interesado ha obtenido por silencio administrativo el reconocimiento de una prestación pública, algo que materialmente debe producir o entregar la Administración, el acto presunto, desde un punto de vista práctico, puede adolecer de falta de virtualidad o de efectividad, puesto que a pesar de que se haya producido el silencio positivo, la persona solicitante sigue sin ver satisfecho el objeto de su solicitud (en este caso, la obtención del acceso a la información pedida). En este sentido y siguiendo lo afirmado al respecto en el Criterio Interpretativo de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP), de 7 de enero de 2016, sobre reclamación en caso de silencio administrativo, la previsión del legislador de crear organismos de garantía en materia de acceso a la información pública que se ofrecen como alternativa a la vía jurisdiccional, es significativa de la voluntad de facilitar a todos los ciudadanos la tutela y garantía del derecho de acceso a la información, en todos aquellos casos en los que este no se vea satisfecho, bien por verse desestimado el mismo expresa o presuntamente al margen de lo dispuesto en la normativa aplicable; bien por no verse materializado efectivamente mediante el acceso solicitado como consecuencia de una mala praxis de la Administración al no cumplir con su obligación de resolver, cuando el silencio sea positivo. En consecuencia, puesto que los artículos 24 de la LTAIBG y 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, reconocen expresamente la posibilidad de interponer ante esta Comisión de Transparencia reclamaciones frente a resoluciones presuntas en materia de acceso a la información pública, resulta coherente con la letra y con el espíritu de estas leyes que, dentro de estas reclamaciones presuntas impugnables, se incluyan también las estimatorias. Lo contrario implicaría que en estos casos se “beneficiara” la actuación incorrecta de la Administración consistente en no resolver lo procedente en el plazo establecido para ello, con la frustración del legítimo derecho de los ciudadanos a solicitar la tutela de este órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública. En cuanto al plazo para interponer reclamaciones frente a resoluciones presuntas, este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. No obstante, con carácter general, respecto al plazo para reclamar frente a las estimaciones presuntas de solicitudes de acceso a la información pública, se debe poner de manifiesto el criterio manifestado por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición, se concluye lo siguiente: “(…) la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que tampoco se encuentra sujeta a plazo la presentación de reclamaciones formuladas frente a las estimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública que no se hayan materializado; y, por lo tanto, la reclamación presentada por el ahora reclamante tampoco estaba sujeta a plazo. Cuarto.- En cuanto a la cuestión de fondo, debemos partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el caso que nos ocupa, un expediente tramitado por la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega para la ejecución de una báscula para animales y un cargadero anexo a la báscula es información pública que, en principio, debería estar en posesión de dicha Entidad Local Menor. A pesar de ello, según los términos en los que se ha dado respuesta por parte de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, tanto a la petición de informe solicitado por esta Comisión de Transparencia, como al propio reclamante en virtud del escrito fechado el 21 de febrero de 2024 cuya copia también se ha aportado a esta Comisión de Transparencia, el expediente solicitado corresponde a unas obras de hace unos 30 años y, a pesar de haberse procedido a su búsqueda en la Junta Vecinal, no ha sido localizado, desconociéndose el destino que se haya podido dar al expediente, e, incluso, si sigue Como ya ha señalado esta Comisión de Transparencia en numerosas Resoluciones (entre otras muchas, Resolución 74/2022, de 22 de abril (expte. CT-50/2022) y Resolución 208/2021 (expte. CT-321/2021), el concepto de información pública parte de una premisa inexcusable, y es la existencia de la información en el momento de la solicitud de acceso. Por otro lado, también esta Comisión ha señalado en numerosas resoluciones (entre otras, Resolución 188/2020, de 9 de octubre, expediente CT-15/2020; Resolución 119/2021, de 18 de junio, expediente CT-147/2020; Resolución 219/2021, de 2 de noviembre, expediente CT-239/2020; o, en fin, Resolución 22/2022, de 1 de marzo, expediente CT-166/2021) que, en el caso de que la información pública solicitada no exista, la satisfacción del derecho de acceso a la información del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o, en su caso, imposibilidad de localización de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas a aquel derecho. En este supuesto, consta que la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, aunque con posterioridad a la presentación de la reclamación ante esta Comisión de Transparencia, ha informado al reclamante sobre la inexistencia de la documentación solicitada en los términos ya expuestos, por lo que se puede concluir que se ha resuelto expresamente la solicitud de información pública presentada y, al mismo tiempo, que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial, procediendo, por este motivo, su desestimación. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la falta de acceso a una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en su condición de Vocal de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega (Palencia), ante esta Entidad Local Menor, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha comunicado expresamente a aquel la imposibilidad de localización o inexistencia de la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX como autor de la reclamación, y a la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega (Palencia) ante la que se formuló la reclamación. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.