Reclamación por silencio administrativo sobre el nombramiento de representante en el Consejo de Salud de Burgohondo, resuelta por pérdida de objeto

Resolución 259/2024, de 6 de septiembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-268/2023 / reclamación frente a la desestimación presunta inicial de una solicitud de información pública dirigida por D.ª XXX, en representación de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María, a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 15 de enero de 2023, tuvo entrada en el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública una solicitud de acceso a información pública dirigida por D.ª XXX, en representación de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María, a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “(…) Cuándo fue la última solicitud que hizo del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila, para que Ustedes nombraran el nombre de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores que va a estar en el Consejo de Salud del Centro de Salud de Burgohondo”. Segundo.- Con fecha 7 de julio de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, en representación de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María, frente a la desestimación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Recibida la reclamación, nos dirigimos a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la falta de contestación que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 8 de noviembre de 2023, se recibió la contestación de la Consejería, en la que sustancialmente se manifestó lo siguiente: “SEGUNDO.- A la vista de la petición, y tras comprobar que en el Servicio de Atención Integral de Consumo de la Dirección General de Comercio y Consumo, que tiene atribuidas actualmente las funciones de secretaría del Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios, no constaba documentación al respecto, se remitió la solicitud de información a la Presidencia del Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios (que actualmente es el presidente de la federación Unión de Consumidores y Usuarios de Castilla y León) , ya que es frecuente que reciba y tramite las comunicaciones de las que es destinatario el Consejo directamente y no a través de la secretaría. Tras las gestiones realizadas con la Presidencia del Consejo, se ha elaborado un escrito de respuesta (se adjunta copia) que ya está enviado a la Asociación por correo electrónico, tras haber rechazado la asociación las notificaciones de este escrito practicadas a través del sistema de notificaciones electrónicas corporativo de esta Administración. TERCERO: Cabe informar que en esta unidad administrativa, de la que también depende el Registro de Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León (RACO), se mantienen contactos habituales y fluidos con todas las asociaciones de consumidores de CyL, siendo habitual que las consultas se reciban y se resuelvan vía telefónica o a través de correo electrónico. En este marco, cabe señalar que durante 2022 se mantuvieron varios contactos telefónicos con un representante de la Asociación Local de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios «Santa María» de San Juan del Molinillo, que se identificó como hijo de la presidenta, para informarle, a petición suya, sobre el procedimiento mediante el cual la Consejería de Sanidad nombra a los miembros de sus Consejos de Salud (uno de sus miembros es propuesto por el Consejo del Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios). Igualmente, se le informó que en la secretaría del Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios, no se había recibido ninguna solicitud o comunicación de la Consejería de Sanidad referida a la renovación o sustitución del representante de las asociaciones de consumidores y usuarios en el Consejo de Salud de Burgohondo. CUARTO: Como continuidad de lo expuesto, cabe informar finalmente que en septiembre de 2022 se recibió y tramitó la Queja del Procurador del Común nº 1269/2022, planteada por la misma asociación y pidiendo información referida, igualmente, al nombramiento del representante de las asociaciones de consumidores y usuarios en el Consejo de Salud de Burgohondo. En contestación, se remitió el correspondiente informe en el cual se manifestó que ni en la Dirección General de Comercio y Consumo ni en el Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios se había recibido, y por tanto no estaba pendiente de tramitación, ninguna solicitud o comunicación de la Consejería de Sanidad referida a la renovación o sustitución del representante de las asociaciones de consumidores y usuarios en el Consejo de Salud de Burgohondo”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello puesto que su autor es la misma persona que dirigió su solicitud de información pública a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 7 de julio de 2023, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través del escrito presentado el 15 de enero de 2023. En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos. Quinto.- En el supuesto planteado en la presente reclamación, el objeto de la solicitud de información es el siguiente: - Última solicitud que se hizo desde el Servicio Territorial de Sanidad de Ávila para que nombraran al representante de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores que iba a formar parte del Consejo de Salud del Centro de Salud de Burgohondo En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. El artículo 8 del Decreto 48/2003, de 24 de abril, por el que se regulan los órganos de dirección y participación del sistema de salud de Castilla y León dispone lo siguiente: “3. – Formarán parte como vocales del Consejo de Salud de Zona: (…) e) Un representante de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios ubicadas en la Zona, a propuesta del Consejo Castellano-Leonés de Consumidores y Usuarios.” Así mismo, el artículo 14 de la Orden IEM/578/2022, de 27 de mayo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo establece que: “El Servicio de Atención Integral de Consumo ejercerá las siguientes funciones: (…) g) El estudio y preparación de los asuntos atribuidos al Consejo Castellano Leonés de Consumidores y Usuarios, desempeñando además su Secretaría” La información solicitada cumple los requisitos del artículo 13, ya que es información que debería obrar en poder de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y que debería conocer en el ejercicio de sus funciones. La Consejería remitió el día 8 de noviembre de 2023 un informe en el que indicaba lo siguiente: “SEGUNDO.- A la vista de la petición, y tras comprobar que en el Servicio de Atención Integral de Consumo de la Dirección General de Comercio y Consumo, que tiene atribuidas actualmente las funciones de secretaría del Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios, no constaba documentación al respecto, se remitió la solicitud de información a la Presidencia del Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios (que actualmente es el presidente de la federación Unión de Consumidores y Usuarios de Castilla y León) , ya que es frecuente que reciba y tramite las comunicaciones de las que es destinatario el Consejo directamente y no a través de la secretaría. Tras las gestiones realizadas con la Presidencia del Consejo, se ha elaborado un escrito de respuesta (se adjunta copia) que ya está enviado a la Asociación por correo electrónico, tras haber rechazado la asociación las notificaciones de este escrito practicadas a través del sistema de notificaciones electrónicas corporativo de esta Administración.” Así mismo, en el escrito de 9 de octubre de 2023 remitido por la Consejería indicada a la Asociación de Consumidores se señalaba lo siguiente: “Tras las gestiones realizadas, y a la vista de la información que ha podido recabar este órgano administrativo, a esta fecha, ni en la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ni en el Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios, está pendiente de tramitación solicitud alguna procedente del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila referente a la renovación o sustitución del representa de las asociaciones de consumidores y usuarios en el Consejo de Salud de Burgohondo, existiendo como único antecedente a este respecto la solicitud que se tramitó en el año 2005”. Por todo lo anteriormente expuesto, dado que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha dado respuesta a la petición de información realizada por la reclamante, en el sentido de que la última solicitud que se hizo desde el Servicio Territorial de Sanidad de Ávila para que se nombrara a un representante de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores en el Consejo de Salud del Centro de Salud de Burgohondo es del año 2005, se considera que se perdió de manera sobrevenida el objeto de la reclamación. Por lo expuesto, ha quedado sin objeto el motivo de la reclamación, al haberse facilitado a la reclamante el acceso a la información pública solicitada. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la desestimación presunta de una solicitud de acceso a la información pública realizada por D.ª XXX, en representación de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María, ante la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, representante de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Santa María, como autora de la reclamación, y a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.