Reclamación por denegación presunta de información sobre convenios y subvenciones para el XII Simposium Internacional sobre oso y lobo, resuelta como desestimada por desaparición del objeto

Resolución 298/2024, de 20 de septiembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-97/2024 / reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 5 de noviembre de 2023, D. XXX presentó una solicitud de información pública dirigida a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. El “solicita” de esta petición se concretaba en los siguientes términos: “- Conocer si existe algún convenio de colaboración y su redacción, entre la entidad XXX y la Junta de Castilla y León, incluida la Fundación Patrimonio Natural para la realización de dicho Simposium, «XII Simposium Internacional Nuevos retos para la gestión y la conservación de las poblaciones de oso y lobo.» - Conocer la cuantía económica de las posibles ayudas y subvenciones recibidas por la entidad XXX, para la realización del «XII Simposium Internacional Nuevos retos para la gestión y la conservación de las poblaciones de oso y lobo», incluida la partida presupuestaria o partida de gasto que ampare dicha ayuda o subvención”. Segundo.- Con fecha 27 de febrero de 2024, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida la reclamación, esta Comisión de Transparencia se dirigió a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una copia de la solicitud de información pública no contestada y de la reclamación presentada. Cuarto.- Con fecha 6 de mayo de 2024, se recibió la respuesta a la solicitud de informe, a través de la cual se puso de manifiesto que la información solicitada por la reclamante había sido concedida expresamente mediante Orden de 8 de marzo de 2024, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de la cual, se resolvió lo siguiente: “ESTIMAR la solicitud formulada por D. XXX, concediendo el acceso a la información solicitada, informando conforme a lo señalado en el fundamento de derecho quinto”. En el fundamento de derecho quinto de la Orden se expresó lo que a continuación se transcribe: “QUINTO.- La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, con fecha 6 de marzo de 2024, informa que para la realización del XII Simposium Internacional Nuevos retos para la gestión y la conservación de las poblaciones de oso y lobo no se ha firmado ningún convenio con la entidad XXX habiéndose tramitado, desde la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, una autorización de gasto como contrato menor de servicios, por importe de 15.000 € más IVA, en el marco de las campañas de difusión, divulgación y colaboración con otras entidades en la organización de eventos en los espacios naturales o relacionados con la promoción de la red de áreas naturales protegidas y especies amenazadas”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que su autor es la misma persona que presentó la solicitud de información pública que ha dado lugar a dicha impugnación. Cuarto.- La reclamación inicialmente fue interpuesta frente a la denegación presunta de la solicitud de información presentada. Sin embargo, en el curso de su tramitación se ha producido la resolución expresa de aquella solicitud a través de la Orden de 8 de marzo de 2024, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de la cual se resolvió estimar la petición realizada por D. XXX. En concreto, se ha concedido el acceso a la información solicitada por el reclamante, informándose a este de que no fue formalizado ningún convenio con la entidad XXX para la celebración del “XII Simposium Internacional. Nuevos retos para la gestión y la conservación de la poblaciones de oso y lobo”, que tuvo lugar en Zamora entre los días 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2023; así como que, desde la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, se ha tramitado una autorización de gasto como contrato menor de servicios, por importe de 15.000 € más IVA, en el marco de las campañas de difusión, divulgación y colaboración con otras entidades, en la organización de eventos en los espacios naturales o relacionados con la promoción de la red de áreas naturales protegidas y especies amenazadas. Se puede concluir, por tanto, que se ha concedido la información pública solicitada. Quinto.- Es cierto que en este caso se ha superado el plazo establecido para la resolución expresa de la solicitud presentada. Sin embargo, aunque el sentido del silencio administrativo es negativo (artículo 20.4 de la LTAIBG), que se hubiera producido el mismo no eximía del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa. Así mismo, las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo determinaban que la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptara por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En consecuencia, nada cabe objetar al contenido de la decisión adoptada. Sexto.- En definitiva, considerando que se ha resuelto expresamente la solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho del solicitante a acceder a la información pedida, se puede concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial y, por este motivo, procede su desestimación. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.