Reclamación de Ecologistas en Acción sobre cortes de suministro de agua en Zamora, desestimada por haber sido facilitada la información disponible

Resolución 319/2024, de 4 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-157/2024 / reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por Ecologistas en Acción ante la Diputación Provincial de Zamora I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 28 de febrero de 2024, Ecologistas en Acción presentó una solicitud de información pública dirigida a la Diputación de Zamora para obtener la siguiente información: “Listado de los municipios zamoranos que sufrieron algún corte del suministro de agua potable o alguna prohibición de su uso para fines alimentarios y de consumo humano o de otro tipo debido a la superación de algún parámetro o parámetros químicos (contaminantes) desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 y el parámetros o parámetros químicos (contaminantes) que por su superación dieron lugar a las citadas prohibiciones y/o limitaciones del uso del agua de suministro humano”. Segundo.- Con fecha 31 de marzo de 2024, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por Ecologistas en Acción frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, esta Comisión de Transparencia se dirigió a la Diputación de Zamora poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una copia de la solicitud de información pública no contestada y de la reclamación presentada. Cuarto.- Con fecha 27 de junio de 2024, se recibió la respuesta de la Diputación Provincial de Zamora a nuestra solicitud de informe, en la cual se puso de manifiesto lo siguiente: “Con fecha 11 de abril de 2024, y números de registros de salida 2024-S-XXX y 2024-S-RE-XXX, que se adjuntan a esta comunicación, se ha remitido a Ecologistas en Acción y a su representante, D. XXX, la información solicitada en su solicitud de Acceso a la Información de 29 de febrero de 2024”. Al informe se adjunta una copia de las comunicaciones dirigidas tanto a la Asociación Ecologistas en Acción como a su representante, así como de las minutas de las correspondientes notificaciones con registros de salida de fecha 12 de abril de 2024. Las comunicaciones a las que anteriormente se ha hecho referencia señalan: “El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios la prestación del servicio de Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. La Diputación Provincial de Zamora, a través del Servicio de Medio Ambiente pone a disipación de todos los Municipios de la Provincia de Zamora, varios sistemas alternativos de abastecimiento de agua para poder paliar de manera puntual un desabastecimiento provocado por episodios de contaminación, avería o escasez de agua. Dicho sistema dependerá del motivo y tamaño de la población a abastecer. La Diputación de Zamora en ningún caso pasa a asumir la competencia en el servicio de abastecimiento de agua de la localidad afectada, únicamente ofrece el sistema alternativo, asesoramiento y financiación para solucionar definitivamente la problemática que lo ocasiona. Dichos sistemas alternativos se ponen en funcionamiento en el momento en el que la localidad comunica la problemática, no realizando desde esta institución el control sanitario de las aguas Así mismo se informa que está a disposición de todos los ciudadanos el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) el cual recoge datos sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano que se suministra a la población residente en España. El SINAC se sustenta actualmente mediante una aplicación web a través de Internet. Tiene acceso al ciudadano. Desde esta Diputación podemos facilitar las localidades que han demandado alguno de nuestros servicios en la anualidad 2023, y estos han sido los siguientes: Agua embotellada (…) Plantas portátiles (…) Camiones cisterna (…)”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que se trata de la misma Asociación que presentó la solicitud de información pública. Cuarto.- La reclamación inicialmente fue interpuesta frente a la denegación presunta de la solicitud de información presentada. Sin embargo, en el curso de su tramitación se ha facilitado a la reclamante la información de la que dispone la Diputación de Zamora en relación con dicha solicitud. Como ha venido a señalar la Diputación de Zamora en el informe remitido a esta Comisión de Transparencia, siendo los municipios los que tienen atribuida la competencia para la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales (art. 25.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), la actividad desarrollada por aquella se limita a atender los requerimientos que hacen los municipios para proporcionarles, por algún sistema alternativo al usual, el abastecimiento de agua potable, o para obtener asesoramiento y financiación con la que abordar los problemas que generan los desabastecimientos. Además, el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, establece en su artículo 13 los tipos de controles y vigilancia: “1. El control del agua de consumo engloba los siguientes tipos de controles: a) Autocontrol: realizado por el operador responsable de la zona de abastecimiento, pública o privada, o parte de esta; b) Vigilancia municipal: realizado por la administración local, en el grifo del usuario; c) Control en edificios prioritarios: realizado por el titular del local prioritario; d) Vigilancia sanitaria: realizado por la autoridad sanitaria; e) Vigilancia en las zonas de captación: realizado por la administración hidráulica o la administración competente en el caso de aguas costeras y marítimas; f) Vigilancia en buques: realizado por el titular del buque”. En el artículo 15 de la misma Ley, en lo que respecta a la vigilancia municipal, establece: “1. La Vigilancia municipal tiene por finalidad facilitar la información necesaria para determinar la calidad del agua de consumo en el punto de cumplimiento de las instalaciones interiores. Se realizará mediante la inspección de la administración local tanto en los edificios prioritarios como no prioritarios, mediante el control en grifo, y se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en los anexos II, III y VI. 2. En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo III, parte A, se tomará una muestra en el grifo o racor de prueba del armario o arqueta de contadores tras la llave de corte general para determinar si el incumplimiento es debido a la instalación interior o a la red de distribución, en cuyo caso la administración local obligará al titular del edificio o local con actividad pública o comercial a su reparación o sustitución”. Y, en cuanto a las actuaciones que deben ser desarrolladas ante incidencias, el artículo 23 de la Ley dispone: “1. El operador, la administración hidráulica, el municipio, el titular de la actividad o la autoridad sanitaria que detecte una incidencia analítica en la calidad del agua de consumo suministrada, deberá realizar una confirmación de dicha incidencia en las veinticuatro horas siguientes a su detección, mediante una nueva toma de muestra de agua, en su caso, cuando sea necesario. 2. Tras la confirmación de la incidencia, el operador, la administración hidráulica en las zonas de captación, el municipio en la zona de abastecimiento o el titular del edificio en las instalaciones interiores, investigará inmediatamente el motivo de la misma y lo comunicará a la autoridad sanitaria, dejando constancia de ello en el SINAC. 3. De apreciarse que la incidencia detectada pudiera comportar un posible ilícito penal, la autoridad sanitaria o la administración hidráulica deberán notificar la incidencia a la Jefatura del SEPRONA de la Guardia Civil. 4. Una vez confirmada la incidencia, la autoridad sanitaria, a propuesta del operador y tras una evaluación del riesgo, ordenará la adopción de las medidas más adecuadas que podrán consistir en restringir el uso del agua, prohibir su suministro o aplicar técnicas de tratamiento apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro con el fin de reducir o eliminar el riesgo del incumplimiento y la presencia de riesgos potenciales para la salud de la población. 5. El operador, el municipio o el titular del local con actividad pública o comercial adoptará las medidas correctoras y preventivas de forma inmediata y las comunicará a los usuarios y a los otros operadores afectados. 6. Una vez adoptadas las medidas correctoras, el operador, el municipio o el titular del inmueble realizarán una nueva toma de muestra en el punto que hubiera tenido lugar la incidencia o en otro punto representativo, con el fin de verificar la situación de normalidad e informará de los resultados a la autoridad sanitaria que valorará el cierre de la incidencia, comunicándolo posteriormente a los usuarios y a los otros operadores afectados en un plazo de veinticuatro horas”. Por lo tanto, la información que puede facilitar la Diputación de Zamora, y que, de hecho, ha facilitado a la Asociación ahora reclamante, es la relativa a los servicios que ha prestado a los ayuntamientos en el año 2023, en concreto mediante el suministro de agua embotellada, el suministro mediante plantas portátiles y el suministro mediante camiones cisterna. A tal efecto se incluye en la información facilitada a la reclamante una tabla con los 10 ayuntamientos que recibieron agua embotellada, indicándose en cada caso el número total de litros aportados; una tabla con los 7 ayuntamientos a los que se les facilitó plantas portátiles, especificándose la fecha de la puesta en marcha del servicio y los meses en que estuvieron instaladas; y una tabla con los 21 ayuntamientos a los que se les prestó el servicio de camiones cisterna, indicándose la localidad y los metros cúbicos suministrados en cada caso. Se puede concluir, por tanto, que la Diputación de Zamora ha concedido la información pública que tiene a su disposición en relación con la pedida por la reclamante. Cabe señalar que, como esta Comisión ha indicado en numerosas resoluciones (entre otras, Resolución 188/2020, de 9 de octubre, expediente CT-15/2020; Resolución 119/2021, de 18 de junio, expediente CT-147/2020; Resolución 219/2021, de 2 de noviembre, expediente CT-239/2020; o, en fin, Resolución 22/2022, de 1 de marzo, expediente CT-166/2021) que, en el caso de que la información pública solicitada no exista, la satisfacción del derecho de acceso a la información del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una resolución como la señalada, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada por este no existe, responde expresamente a la petición realizada, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o, en su caso, imposibilidad de localización de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas a aquel derecho. Quinto.- En definitiva, considerando que se ha resuelto la solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho de la solicitante a acceder a la información pedida y que se encuentra a disposición de la Diputación de Zamora, se puede concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial y, por este motivo, procede su desestimación. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una solicitud de información pública presentada por Ecologistas en Acción, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a Ecologistas en Acción como autora de la reclamación, y a la Diputación Provincial de Zamora ante la que se formuló la reclamación. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.