Acceso a expediente disciplinario y documentación de contratación de letrado por el Ayuntamiento de Villamanín, estimado por la Comisión de Transparencia

Resolución 358/2024, de 11 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-316/2023 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Villamanín (León) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 27 de julio de 2023, tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento de Villamanín (León) dos solicitudes de información pública dirigidas por D. XXX a la citada Entidad local. En el “solicito” de una de ellas, relativa a la apertura de un expediente disciplinario al ahora reclamante, se pedía lo siguiente: “Copia de todo el expediente disciplinario, copia de todas las actuaciones, y acceso al mismo”. En cuanto al segundo escrito, en el mismo se solicitaba lo que a continuación se indica: “1º) Acceso al contrato firmado por el Ayuntamiento de Villamanín y el profesional XXX. 2º) Acceso a los reparos de dicho contrato, ya que es un contrato menor y no puede ser objeto de prórroga, salvo que haya sido objeto de licitación ya que el artículo 29.8 de la Ley de contratos del Sector Público establece: Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. A su vez, los contratos menores no pueden atender necesidades periódicas o provisionales (Informe núm. 1151/2016, de 27 de abril de 2016 del Tribunal de Cuentas)”. Segundo.- Con fecha 29 de agosto de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación anterior, esta Comisión de Transparencia de Castilla y León se dirigió al Ayuntamiento de Villamanín poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 17 de noviembre de 2023, se recibió la contestación del Ayuntamiento de Villamanín a nuestra solicitud de informe, indicándose en esta lo siguiente: “Habiéndose recibido en este Ayuntamiento, escrito de 7 de noviembre de 2023, en el que se nos solicita le informemos acerca de la presunta ausencia de respuesta de este Ayuntamiento al reclamante, procedemos a poner en su conocimiento que dicha persona, anterior Secretario interino de éste Ayuntamiento, ha remitido numerosas solicitudes de información, habiendo sido contestado y, en concreto, sobre las que figuran en la documentación que se acompaña, se informa que le fueron remitidas sendas contestaciones los días 28 de septiembre de 2023 y 3 de octubre de 2023. Se adjunta copia de las mismas. Igualmente pongo en su conocimiento que el Ayuntamiento de Villamanín, en la actualidad, únicamente dispone para las tareas administrativas de la persona que ocupa la plaza de Secretaría-Intervención de manera interina, por lo que puede haber cierto retraso en la tramitación de las solicitudes que se formulan al presente Ayuntamiento derivado de la escasa plantilla de personal actualmente existente, si bien se está en vías de solucionar dicha situación”. En cuanto a las contestaciones del Ayuntamiento de Villamanín de fechas 28 de septiembre y 3 de octubre de 2023, ambas inadmiten lo solicitado por el reclamante. Concretamente, en la resolución de 28 de septiembre de 2023 se indica lo siguiente: “Teniendo en cuenta que las actuaciones correspondientes a dicho Expediente Disciplinario le fueron notificadas durante el desarrollo del mismo, ha tenido conocimiento del mismo, no amparando la Ley la expedición de continuas copias sobre el mismo Expediente. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, teniendo en cuenta que el citado expediente, como usted indica en su escrito, debe entenderse como caducado, el mismo se encuentra cerrado, por lo que no tiene la condición de interesado en el mismo al no existir ya expediente disciplinario abierto contra usted, por lo que, teniendo en cuenta la jurisprudencia que es de aplicación, procede inadmitir su solicitud”. Y en la resolución de 3 de octubre de 2023 se señala que: “Visto que el Ayuntamiento de Villamanín no tiene firmado ningún contrato con el Letrado XXX, exceptuando designaciones que, desde la Junta de Gobierno Local, se han venido efectuando para la defensa del Ayuntamiento en los procedimientos judiciales iniciados contra el Ayuntamiento. Visto que el único reparo existente consistió en el efectuado por el propio solicitante, el día 9 de octubre de 2020, respecto a la designación del citado Letrado en el Procedimiento de Acción Pública nº A12/2020, del que ya tiene debido conocimiento, por lo que, teniendo en cuenta la jurisprudencia que es de aplicación, procede inadmitir su solicitud”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver las reclamaciones antes identificadas. Tercero.- Las reclamaciones han sido presentadas por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autor es la misma persona que presentó la solicitud de información pública que dio lugar a aquella. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, las dos reclamaciones fueron registradas ante esta Comisión de Transparencia el 29 de agosto de 2023, después de que las solicitudes de información pública fueran realizadas a través de dos escritos presentados al Ayuntamiento de Villamanín el 27 de julio de 2023. En consecuencia, la reclamación fue presentada dentro del plazo previsto para ello. Con posterioridad, el Ayuntamiento de Villamanín remitió al reclamante dos escritos, de 28 y 3 de octubre de 2023, inadmitiendo lo solicitado por aquel. Considerando lo anterior, de conformidad con la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo (entre otras, en su Sentencia núm. 2643/2015, de 15 de junio, rec. 1762/2014) referida al recurso contencioso-administrativo pero que es trasladable a la presentación de recursos administrativos y, por tanto, de esta reclamación, la adopción por el Ayuntamiento de Villamanín de los escritos de 28 de septiembre y 3 de octubre de 2023, una vez que había tenido lugar la desestimación presunta de dichas solicitudes pero manteniendo la inadmisión de la información, no hacía necesario que el interesado procediera a ampliar el escrito de reclamación inicial presentado ante esta Comisión. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, ya hemos señalado que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la misma Ley. Este precepto define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Una de las informaciones solicitadas por el reclamante consiste en el acceso y copia de todo el contenido del expediente disciplinario incoado al reclamante, cuya apertura se le notificó el 28 de abril de 2021. La información derivada de la tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios del personal municipal compete a sus Ayuntamientos respectivos. La segunda información solicitada por el reclamante versa sobre el acceso a la información referente al contrato de servicios de abogacía que el Ayuntamiento de Villamanín pudiera tener suscrito con el abogado XXX. Al igual que en el anterior supuesto, toda la información derivada de la tramitación y resolución de contratos que formalice el Ayuntamiento es competencia del mismo, conforme establece la disposición adicional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Por todo lo anteriormente expuesto, la información solicitada cumple los requisitos del artículo 13, ya que es información que debería obrar en poder del Ayuntamiento de Villamanín de haber sido elaborada en el ejercicio de sus funciones y, además, en el caso del expediente disciplinario, se trata de información que forma parte de un procedimiento administrativo que podría encontrarse en curso en el momento de la formulación de la solicitud de información señalada en el expositivo primero de los antecedentes, sin perjuicio de que en la actualidad este procedimiento pudiera haber finalizado, aunque a esta Comisión no le consta la Resolución de archivo de las actuaciones. Sexto.- Respecto a la petición de acceso a las actuaciones integrantes del procedimiento disciplinario, se debe tener en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LTAIBG, donde se establece lo siguiente: “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Sin embargo, superando un criterio de interpretación literal y restrictivo de la citada disposición adicional primera de la LTAIBG, esta Comisión de Transparencia viene manteniendo, entre otras en sus Resoluciones 70/2017, de 14 de julio (expte. de reclamación CT-0046/2017), 11/2019, de 28 de enero (expte. de reclamación CT0127/2018), 8/2021, de 9 de febrero (expte. de reclamación CT-0163/2018), 70/2021, de 7 de mayo (expte. de reclamación CT-326/2020) y 224/2021, de 19 de noviembre (expte. de reclamación CT-206/2020), que si se admite, como parece lógico, que el reenvío de la legislación de procedimiento no afecta a las peticiones de acceso a la información pública por parte de terceros, no resulta razonable que el interesado reciba un trato de peor condición que el tercero respecto al acceso a la información que forma parte de un procedimiento en curso. Este criterio fue ratificado en sede judicial, primero por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, en su Sentencia335/2018, de 5 de diciembre (adoptada en el recurso interpuesto frente a la Resolución 70/2017, de 14 de julio, antes citada), y después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia 1253/2019, de 24 de octubre, dictada en el recurso presentado frente a la Sentencia anteriormente citada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de León. De acuerdo con lo anterior, se considera que los órganos de garantía de la transparencia, y entre ellos esta Comisión, son competentes para tramitar y resolver las reclamaciones presentadas por quienes reúnen la condición de interesado en un procedimiento y vean denegadas, expresa o presuntamente, sus peticiones de acceso a la información relativa al mismo. Determinada la competencia de esta Comisión para resolver esta reclamación también en este punto, procede señalar que el solicitante reúne la condición de interesado en el procedimiento disciplinario abierto a su persona y en tal condición resulta titular de los derechos reconocidos al interesado en el art. 53.1 de la LPAC; entre ellos se encuentra el “derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”. A este precepto debe entenderse realizada la remisión contenida en el primer apartado de la disposición adicional primera de la LTAIBG, antes citada. Ahora bien, a pesar de esta remisión, los principios generales contemplados en las leyes de transparencia están llamados a proyectarse sobre el conjunto del Ordenamiento jurídico y, por tanto, también sobre los regímenes específicos de acceso a la información y sobre el acceso a la información por los interesados en los procedimientos en curso. Así se ha señalado, por ejemplo, en el Informe 2/2020, de 15 de junio, del Consejo de Transparencia de Aragón, emitido a solicitud del Instituto Aragonés de Administración Pública. No considerar la aplicación de los principios propios de transparencia en estos casos podría conducir a que, respecto a la información obrante en un mismo procedimiento mientras este se encuentre en curso, se pudiera otorgar un acceso más amplio a una persona no interesada en este procedimiento que a quién sí reúne tal condición. Los principios y criterios generales recogidos en las leyes específicas de transparencia operan como una base insoslayable del derecho de los interesados a acceder a la información correspondiente a los procedimientos en los que tienen tal condición, pero resulta evidente el interés específico que aquellos tienen en el conocimiento de aquella información que les permita constatar la legalidad de todo el procedimiento. El reconocimiento general a los interesados de un derecho a acceder a la información integrante del procedimiento en el que posean tal condición no impide que este derecho no pueda verse afectado, en alguna medida, por el límite relativo a la protección de datos personales. No obstante, en estos supuestos y en términos generales, la cesión de datos tendría su fundamento en el cumplimiento de una obligación legal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Una vez reconocida por esta Comisión la condición de interesado del reclamante en el expediente disciplinario abierto contra él, lo cierto es que el Ayuntamiento de Villamanín, en su escrito de fecha 28 de septiembre de 2023, denegando el acceso a dicho expediente disciplinario (si bien el primer párrafo del escrito indica que se trata del expediente abierto a “XXX” pero debe entenderse que es una referencia errónea porque del resto del escrito se deduce que es contra XXX) indica que: “Teniendo en cuenta que las actuaciones correspondientes a dicho Expedientes Disciplinario le fueron ya notificadas durante el desarrollo del mismo, ha tenido conocimiento del mismo, no amparando la expedición de continuas copias sobre el mismo Expediente. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, teniendo en cuenta que el citado expediente, como usted indica en su escrito, debe entenderse como caducado, el mis se encuentra cerrado, por lo que no tiene la condición de interesado en el mismo al no existir ya expediente disciplinario abierto contra usted”. El Ayuntamiento de Villamanín insiste en que a D. XXX le notificaron todas las actuaciones correspondientes al citado expediente, pero éste último está solicitando acceso y copia de todo el expediente disciplinario y no solo a lo que le ha sido notificado. Además, en este caso ambas partes están de acuerdo en que el procedimiento disciplinario ya se encuentra caducado, aunque no parece que se haya dictado la resolución que declare esta caducidad y que ordene el archivo de las actuaciones, puesto que el reclamante alude en su solicitud inicial de 27 de julio de 2023 a que en febrero de 2023 se produjo el sobreseimiento, sin aclarar nada más al respecto, por lo que pudiera considerarse que el procedimiento sigue abierto. Además, no opera aquí el límite previsto en el artículo 15.1 de la LTAIBG para el acceso a los datos relativos a las infracciones administrativas, cuando prevé que se precisa el consentimiento expreso del afectado para que tenga lugar tal acceso, considerando que en este caso el afectado es el solicitante. Por todo ello, para dar cumplida satisfacción al derecho de acceso a esta concreta información pública solicitada por el reclamante, el Ayuntamiento de Villamanín debe permitir a este el acceso a todo el expediente disciplinario incoado. Séptimo.- En cuanto a la segunda reclamación relativa al expediente de contratación del letrado XXX por el Ayuntamiento de Villamanín, el escrito de este último de fecha 3 de octubre de 2023 justifica la inexistencia de expedientes de contratación con el citado letrado, indicando que el “Ayuntamiento no tiene firmado ningún contrato con el Letrado XXX, exceptuando las designaciones que, desde la Junta de Gobierno Local, se han venido efectuando para la defensa del Ayuntamiento en los procedimientos judiciales iniciados contra el Ayuntamiento” . En relación con esta cuestión, el propio Ayuntamiento, a pesar de afirmar la inexistencia de expedientes de contratación con el citado letrado, reconoce que la Junta de Gobierno Local ha realizado “designaciones” al mismo por lo que, cuando menos, existe una relación jurídica entre el Ayuntamiento de Villamanín y el letrado XXX, haya o no un contrato formalizado. Además, también indica el propio Ayuntamiento que el reclamante hizo un reparo a la designación por lo que, obviamente, existe alguna documentación, incluso sobre la que fue realizado el reparo, por lo que se deberá facilitar el acceso a la documentación en cuestión que hubiera. Por todo ello, se deberá dar acceso al reclamante a toda la información solicitada relacionada con la contratación o designación del letrado XXX por parte del Ayuntamiento de Villamanín. Séptimo.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que la misma se realice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, previa disociación de los datos de carácter personal que, en su caso, aparezcan en los documentos, y pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En el supuesto que aquí se plantea, el solicitante de la información indicó en su petición de información una dirección postal como lugar para practicar las notificaciones. En consecuencia, la información debe ser proporcionada a través de esta vía. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Villamanín (León). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Villamanín debe resolver la solicitud de información pública presentada por el reclamante y facilitar una copia de la siguiente documentación: - Expediente disciplinario que se incoó contra el solicitante de la información en el año 2021, inclusión hecha de los documentos que no precisaran su notificación al reclamante pero que formen parte del expediente disciplinario. - Contrato o documentación donde conste la relación jurídica existente entre el Ayuntamiento de Villamanín y el letrado XXX, junto con todos los reparos que se hayan presentado a la designación de este como representante legal del Ayuntamiento. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Villamanín. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.