Reclamación por denegación presunta de solicitud de información pública al Ayuntamiento de Valladolid sobre un expediente sancionador de tráfico y denuncia voluntaria, estimada por la Comisión de Transparencia

Resolución 390/2024, de 7 de noviembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-380/2023 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Valladolid I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 5 de julio de 2023, tuvo entrada en el registro electrónico del Ayuntamiento de Valladolid una solicitud de información pública dirigida por D. XXX al Ayuntamiento de Valladolid, en relación con el boletín de denuncia voluntaria XXX. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “1. Copia completa del expediente con identificación del instructor 2. Fecha y hora de registro de entrada en la comisaría de distrito 4º de la rubia del mencionado boletín XXX”. Segundo.- Con fecha 4 de octubre de 2023, a través del Procurador del Común de Castilla y León, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Valladolid poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 5 de enero de 2024, se recibió la contestación del Ayuntamiento de Valladolid a nuestra solicitud de informe, en la cual se indica lo siguiente: “Que se ha solicitado informe a los agentes TIP números XXX y XXX quienes intervinieron en el siniestro vial el día XXX de 2022 a las 08.25 horas en Avd. XXX y al agente con TIP número XXX quien recibió en la oficina de atención al ciudadano de las dependencias del Distrito IV de Policía Municipal, la denuncia voluntaria el día 1 o 2 de marzo de 2023, con nº de boletín XXX y número de registro de traslado a la División Control de Legalidad vial XXX, de D. XXX por conducción temeraria contra el otro implicado en el siniestro vial D. XXX, advirtiéndole que posiblemente la denuncia estaría prescrita ya que el plazo de prescripción es de seis meses. De estos informes se desprende que: En el momento de intervenir en el siniestro vial los agentes TIP números XXX y XXX no recibieron requerimiento por parte de D. XXX para realizar denuncia voluntaria sobre el otro implicado. Que aproximadamente seis meses después D. XXX se personó en la oficina de atención al ciudadano de las dependencias del Distrito IV de Policía Municipal, la denuncia voluntaria por conducción temeraria contra el otro implicado D. XXX. Que al presentarse aproximadamente siete meses después y tramitarse a la División Control de Legalidad Vial es muy probable que hubiera prescrito, esta cuestión ha de ser confirmada el antedicho. Indicar que en el parte del siniestro vial los agentes describen la causa probable como «infracción a norma de circulación, conductor del vehículo A, (D. XXX) cruza el paso de peatones montado en su bicicleta sin las debidas precauciones.» Se adjunta a este informe: Informe de los agentes con TIP números XXX y XXX. Informe del agente con TIP número XXX. Copia del parte de siniestro vial «accidente con daños o lesiones leves.» Copia de la denuncia formulada ante el agente TIP número XXX en la O.A.C. del Distrito IV”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autor es la misma persona que dirigió su solicitud de información pública al Ayuntamiento de Valladolid. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 4 de octubre de 2023, después de que la solicitud de información pública fuera realizada el 5 de julio de 2023. En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, como venimos señalando, el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la misma Ley. Este precepto define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el supuesto planteado en la presente reclamación, a la vista de la solicitud presentada por el reclamante, se puede concluir que el objeto de la solicitud de información, cuya denegación presunta se impugnó, se correspondía con el expediente sancionador de tráfico nº XXX, tramitado por el Ayuntamiento de Valladolid, tras la denuncia voluntaria con número de boletín XXX por infracción del artículo 3 del RGC, por conducción temeraria, atropellando a un ciclista que atraviesa un paso de peatones, en la Avda. XXX con dirección a Ctra. XXX, el XXX de 2022. El contenido exacto de este expediente sancionador, según el informe de la Jefa de la División de Control de la Legalidad Vial de 26 de diciembre de 2023, dirigido a la Jefatura del Servicio de Policía Municipal, se integra por los siguientes documentos: “el boletín de denuncia, el Decreto de inicio y el Decreto de archivo del expediente”. No cabe duda de que tales documentos pueden ser calificados como información pública en el sentido dispuesto por el precitado artículo 13 de la LTAIBG, al formar parte de un procedimiento administrativo que, en este caso, está finalizado dado que existe Decreto de archivo del expediente, sin que en los mismos figuren datos relativos a la comisión de infracciones administrativas para cuyo acceso se requiera el consentimiento expreso del afectado. Así pues, la solicitud de información relativa al expediente sancionador iniciado por la denuncia voluntaria con número de boletín XXX por infracción del artículo 3 del RGC, por conducción temeraria, presentada por el reclamante supone el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y debe ser resuelta por el Ayuntamiento de Valladolid en el marco de lo dispuesto en la LTAIBG. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que la misma se realice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, previa disociación de los datos de carácter personal que, en su caso, aparezcan en los documentos, y pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En el caso que aquí nos ocupa, el solicitante de la información indicó en su petición de información tanto una dirección postal como un correo electrónico como lugar para practicar las notificaciones. En consecuencia, la información debe ser proporcionada, con carácter preferente, por vía electrónica y si no fuera posible se atenderá a la dirección postal facilitada. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Valladolid. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Valladolid deberá facilitar al reclamante una copia de la documentación obrante en el expediente sancionador de tráfico número nº XXX, tramitado por el Ayuntamiento de Valladolid tras la denuncia voluntaria con número de boletín XXX, el cual, según el informe de la Jefa de la División de Control de la Legalidad Vial de 26 de diciembre de 2023 dirigido a la Jefatura del Servicio de Policía Municipal, consta del boletín de denuncia, el Decreto de inicio y el Decreto de archivo del expediente. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Valladolid. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.