Acceso a expedientes de licencias de obra y primera ocupación de la urbanización XXX en Viana de Cega, denegado inicialmente por el Ayuntamiento y estimado por la Comisión de Transparencia

Resolución 465/2024, de 2 de diciembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-406/2023 / Reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por la comunidad de propietarios “XXX” ante el Ayuntamiento de Viana de Cega (Valladolid) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 29 de agosto de 2023, tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de Viana de Cega (Valladolid) una solicitud de información pública dirigida por la comunidad de propietarios “XXX” a esta Entidad Local. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “1.- Acceso y vista de los documentos que, de los expedientes de Licencias de Obra y de Primera Ocupación obren en poder del Ayuntamiento de Viana de Cega, de las parcelas incluidas en el ámbito de la Urbanización XXX y de la Comunidad de Propietarios (…); cualquiera que sea su forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 13.d) y 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. (…), de 2 de octubre (…)”. Con fecha 13 de octubre de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por la comunidad de propietarios “XXX”, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Segundo.- Con fecha 24 de octubre de 2023, el Ayuntamiento de Viana de Cega contestó expresamente a la solicitud de información indicada en el expositivo anterior a través de una comunicación en la que, respecto a esta cuestión concreta, se señaló lo siguiente: “(…) En relación al acceso a los expedientes de Licencias de obra y de Licencias de Primera ocupación desde la aprobación del PGOU, le informo: - Que están solicitando Licencias de obra y licencias de primera ocupación desde el año 2004, es decir, licencias de obra y licencias de primera ocupación que se han otorgado desde hace más de 20 años. Por otro lado, esta información afecta a datos protegidos de carácter personal que no se puede facilitar. Por todo lo expuesto le comunico que no se puede acceder a lo solicitado (…). Además de que el volumen de la documentación cuyo acceso se solicita obstruiría el funcionamiento normal de esta pequeña Administración con los escasos medios personales con los que dispone. Una cosa es que los ciudadanos tengan derecho a la información, a solicitar expedientes, o presentar escritos a la Administración, etc. Y cosa distinta es que se haga un abuso de dicho derecho paralizando la Administración”. A la vista de esta comunicación municipal, el representante de la comunidad de propietarios reclamante se dirigió de nuevo a esta Comisión de Transparencia mediante un escrito recibido con fecha 23 de noviembre de 2023, en el que, a los efectos que interesan para la resolución de este expediente, se señaló lo siguiente: “Respecto a los EXPEDIENTES DE LICENCIAS DE OBRAS Y DE PRIMERA OCUPACIÓN se nos indica que son licencias otorgadas hace más de 20 años, cuestión que no es cierta, ya que el plazo máximo serían 19 años. Incluso finalmente en su escrito se justifica que el volumen de la documentación solicitada y que el derecho a la información solicitada es abusivo por nuestra parte, pudiendo paralizar el Ayuntamiento. El acceso a estos expedientes es común en todos los Ayuntamientos de la Provincia, incluso fotocopiarlos, y no podemos ocultar nuestra sorpresa ante la calificación de nuestra petición como abusiva”. Tercero.- Tras todo lo anterior, esta Comisión de Transparencia se dirigió al Ayuntamiento de Viana de Cega (Valladolid) poniendo de manifiesto la recepción de la misma y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada reclamación. Con fecha 25 de marzo de 2024, se recibió la contestación del Alcalde del Ayuntamiento de Viana de Cega (Valladolid) a nuestra solicitud de informe, señalando este lo siguiente: “En primer lugar indicarle que «los escritos de solicitud de información» de la Comunidad de Propietarios XXX del que este requerimiento trae causa, están en el seno del expediente administrativo municipal nº 92/2023 que se inició con fecha 24 de noviembre de 2022 cuyo objeto es: «Convenio urbanístico con Urbanización XXX.» Este expediente se inició ya que la Comunidad de la Urbanización XXX solicitó la recepción de su red privada de abastecimiento y de la red de saneamiento. No obstante para comprender la complejidad de lo solicitado hay que mencionar lo siguiente: PRIMERO.- ANTECEDENTES 1.- Que la Urbanización del «XXX» se desarrolló al amparo de un antiguo Plan Parcial de legalización que entró en vigor el 13 de noviembre de 1981, si bien con carácter previo a la aprobación definitiva de dicho Plan los propietarios suscribieron con el Ayuntamiento una serie de compromisos los cuales son parte integrante del referido Plan. 2.- El vigente P.G.O.U. de Viana de Cega fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de 29 de junio de 2004 e incorpora los terrenos correspondiente del Plan Parcial «XXX» clasificándolos como Suelo urbano Consolidado y estableciendo la ordenación detallada de los mismos. Por lo que en la actualidad, el citado Plan Parcial no se encuentra en vigor en lo que respecta a la ordenación detallada aplicable. 3.- Sin embargo, hay que decir que respecto de la vigencia de aquellos compromisos ha sido una cuestión ampliamente debatida entre el Ayuntamiento y la Comunidad de propietarios. A este respecto la Sra. Secretaria informa que consta en el Ayuntamiento un Informe del Servicio de Asesoramiento Local de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid (Informe de fecha 29 de agosto de 2017) por el que debe interpretarse que los compromisos siguen en vigor. Entre otros compromisos los propietarios habían de contraer el siguiente: «La conservación y mantenimiento por cuenta exclusiva de la Comunidad de Propietarios del XXX de los viales, alumbrado público, alcantarillado y abastecimiento de agua potable.» Lo que el Ayuntamiento planteó y así consta en el expediente es lo siguiente: Primero.: El Ayuntamiento a la vista de la solicitud formulada por la Comunidad de Propietarios estudia la posibilidad de firmar un pacto o convenio que dé solución a lo planteado. Segundo.: Asimismo el Ayuntamiento cree que puede ser el momento para proceder a regularizar y formalizar de una vez, las cesiones por parte de los propietarios, ya que no se ha realizado ninguna cesión, ni consta en el Registro de la propiedad, ni se ha presentado proyecto ninguno. A partir de este momento, se realizan en el Ayuntamiento diversas reuniones para consensuar un pacto o convenio que dé solución a las cuestiones planteadas (adjunto les remito las actas de las reuniones mantenidas y el borrador del Convenio) En este contexto en el que el Ayuntamiento recibe esa solicitud de información, lo cual llama la atención y descoloca al Ayuntamiento ya que los escritos son de fecha de entrada en el Registro de fecha 29/08/2023, y el Ayuntamiento había quedado dos días después con el Presidente de la Comunidad de Propietarios «XXX» D. XXX para recoger el Borrador del Convenio que intentaba dar una solución al enganche a la red de agua municipal así como a la recepción de todo el ciclo del agua excepto de la red de riego. SEGUNDO.- En relación a la solicitud de INFORMACIÓN concreta, no podemos decir más que lo que les remitimos a la Comunidad de Propietarios del XXX: (se reproduce aquí la comunicación dirigida a la solicitante de la información con fecha 24 de octubre de 2023 que ha sido transcrita en el antecedente segundo). Volvemos a reiterar la imposibilidad de acceder a lo solicitado por la insuficiencia de medios personales con los que cuenta este Ayuntamiento en las oficinas municipales: una Auxiliar, un Administrativo y la Secretaria Interventora. TERCERO.- El Ayuntamiento ha recibido esta semana oficio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Valladolid, en el que la Comunidad de Propietarios XXX ha interpuesto recurso contencioso administrativo, por este mismo expediente, y nos instan a remitirlo, lo que el asunto está en sede judicial (…) De esto se deduce que toda la solicitud de información de esos escritos tenía el único fin de interponer un Recurso Contencioso contra el Ayuntamiento”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autora, la comunidad de propietarios “XXX”, es la misma persona que dirigió su solicitud de información pública al Ayuntamiento de Viana de Cega (Burgos). Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual “la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por su parte, el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver”. En cuanto al sentido del silencio, el apartado cuarto del mismo precepto establece lo que se indica a continuación: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada” En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada inicialmente ante esta Comisión de Transparencia el 13 de octubre de 2023, después de que la solicitud de información pública fuera realizada el 29 de agosto de 2023. Por lo tanto, la reclamación frente a la desestimación presunta inicial fue presentada en tiempo y forma para ser admitida y tramitada. Con posterioridad a la recepción de la reclamación inicial, se produjo una respuesta expresa a la solicitud de información de fecha 24 de octubre de 2023, a la vista de la cual la reclamante se dirigió de nuevo a esta Comisión con fecha 23 de noviembre de 2023, mostrando su disconformidad con su contenido. En consecuencia, aunque esta comunicación municipal no reúna los requisitos para ser considerada una Resolución formal de la solicitud de información presentada, el escrito de impugnación de la misma ante esta Comisión también fue presentado dentro del plazo previsto para ello. Quinto.- En el supuesto concreto que aquí nos ocupa, la comunidad de propietarios “XXX” solicita información relativa a las licencias de obra y licencias de primera ocupación obrantes en el Ayuntamiento de Viana de Cega, de las parcelas incluidas en el ámbito de la urbanización “XXX” y de su Comunidad de Propietarios. A este respecto, el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece lo siguiente: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación”. En consecuencia, la información solicitada cumple, en principio, los requisitos del artículo 13, ya que es información que debería obrar en poder del Ayuntamiento de Viana de Cega, de haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Además, debemos tener en consideración que el artículo 141.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, establece las posibles causas de denegación de este tipo de información, si bien, ello no implica que el acceso a la información urbanística se encuentre fuera del ámbito de aplicación de LTAIBG. En este sentido, debemos partir de lo dispuesto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG, donde se dispone lo que a continuación se señala: “Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Como se ha indicado, entre otras, en las Resoluciones de la Comisión de Transparencia 41/2019 (expte. de reclamación CT-0240/2018), 98/2020, de 15 de mayo (expte. de reclamación CT176/2019), 122/2020, de 5 de junio (expte. de reclamación CT119/2019), y 131/2022, de 21 de junio (expte. de reclamación CT-86/2022), el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/008/2015, de 12 de noviembre, ya expresaba al respecto lo siguiente: “(…) IV. La disposición adicional primera de la LTAIBG vincula la aplicación supletoria de la Ley a la existencia de una norma específica que prevea y regule un régimen de acceso a la información, también específico. En consecuencia, sólo en el caso de que una norma concreta establezca un régimen específico de acceso a la información pública en una determinada materia o área de actuación administrativa, puede entenderse que las normas de la LTAIBG no son de aplicación directa y operan como normas supletorias. En opinión del Consejo, la mencionada disposición adicional tiene como objetivo la preservación de otros regímenes de acceso a la información que hayan sido o puedan ser aprobados y que tengan en cuenta las características de la información que se solicita, delimite los legitimados a acceder a la misma, prevea condiciones de acceso, etc. Por ello, sólo cuando la norma en cuestión contenga una regulación específica del acceso a la información, por más que regule exhaustivamente otros trámites o aspectos del procedimiento, podrá considerarse a la LTAIBG como supletoria en todo lo relacionado con dicho acceso. La interpretación contraria conduciría, adicionalmente, al absurdo de que sectores enteros de la actividad pública o determinados órganos territoriales quedaran exceptuados de la aplicación del régimen de acceso previsto en la LTAIBG, siendo ésta, como es, una ley básica y de general aplicación. En definitiva, solamente aquellos sectores u órganos que cuenten con una normativa que prevea un régimen específico de acceso a la información que los redactores de la LTAIBG han entendido necesario preservar, aplicarán directamente dicho régimen y siempre con ésta última como norma supletoria (…)”. Con todo, se puede concluir que el acceso a la información urbanística no constituye un régimen de acceso específico a la información, puesto que no existe en este ámbito una regulación especial del derecho de acceso a la información pública en el sentido previsto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG y, en cualquier caso, esta última siempre sería aplicable con carácter supletorio. Se habría de exceptuar de lo anterior la consulta urbanística regulada en los artículos 146 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 426 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, a través de la cual toda persona física o jurídica tiene derecho a que el Ayuntamiento correspondiente le informe por escrito del régimen urbanístico aplicable a un terreno concreto, o bien al sector, unidad de actuación o ámbito de planeamiento o gestión urbanística equivalente en que se encuentre incluido. La solicitud de esta información debe ser contestada, por imponerlo así los preceptos señalados, a través de una certificación, es decir, de un documento nuevo que no puede ser considerado “información pública” en el sentido definido en el citado artículo 13 de la LTAIB. Por otra parte, en el ámbito urbanístico se debe tener presente que existe un reconocimiento legal de la acción pública (artículos 62 del Real Decreto legislativo 7/2005, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, y 150 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León) que exigiría reconocer el derecho a acceder a documentos integrantes de expedientes urbanísticos. El reconocimiento de la acción pública en un concreto ámbito material alcanza al acceso a la información contenida en un expediente administrativo referido a ese ámbito, tal y como ha reconocido expresamente el Tribunal Supremo, entre otras, en sus sentencias, entre otras, de 11 de octubre de 1994 y 12 de abril de 2012, al señalar lo siguiente: “... hay que admitir que si se reconoce a la totalidad de los ciudadanos la acción pública para exigir el cumplimiento de la legalidad en dichas materias sin exigirles legitimación alguna, no puede privárseles de los medios necesarios, como es el acceso a la información, aunque no promuevan ni se personen en el procedimiento, ya que de lo contrario se desvirtúa su finalidad”. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, de 28 de noviembre de 2022 (rec. 3190/2021), ha establecido doctrina sobre la relación entre la acción pública en materia de urbanismo y la LTAIBG, señalando lo siguiente: “CUARTO. Doctrina jurisprudencial que se establece en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación. Este Tribunal reitera la interpretación de la Disposición adicional primera. Apartado 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, contenida en las sentencias reseñadas en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia. El hecho de poder acceder a cierta información respecto de los procedimientos en curso, como consecuencia del ejercicio de la acción pública en materia urbanística, no impide ni excluye la posibilidad de solicitar la información pública obrante en la Administración respecto de procedimientos ya concluidos ni, por lo tanto, limita ni condiciona la posibilidad de acceder a la información pública por la vía prevista en la Ley 19/2013. La Ley del suelo al regular la acción urbanística no se establece un régimen alternativo que desplace y sustituya al previsto en la Ley de Transparencia respecto al acceso a la información pública obrante en poder de la Administración. Y finalmente tampoco puede considerarse que el acceso a la información con la finalidad de comprobar si han existido infracciones urbanísticas pueda considerarse abusiva cuando la información solicitada tanto por su espectro temporal como por el volumen de información comprometido no puede considerarse como tal. La solicitud de información es conforme con la finalidad que persigue la normativa de transparencia, por cuanto es un medio de control de los actos de otorgamiento de las licencias y autorizaciones urbanísticas, por lo que tiene por finalidad conocer si la actividad pública es conforme a derecho y si la actividad desplegada por los beneficiarios se acomoda a las licencias y autorizaciones concedidas”. Por tanto, incluso sin acudir a la acción pública en el ámbito urbanístico ni a los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo, se puede afirmar que el acceso a la información integrante de expedientes municipales urbanísticos encuentra amparo en la regulación contenida en la LTAIBG. En este supuesto, la reclamante solicita el acceso a los expedientes de licencias de obra y de primera ocupación de las parcelas incluidas en el ámbito de la urbanización “XXX”. En consecuencia, el Ayuntamiento de Viana de Cega debe dar acceso a la reclamante a estos expedientes para satisfacer su derecho de acceso a la información pública, siempre y cuando la petición realizada no incurra en ninguna de las causas de inadmisión recogidas en el artículo 18 de la LTAIBG y el acceso no supere ninguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la misma Ley. Respecto a la aplicación general de los límites al derecho de acceso y las causas de inadmisión de las solicitudes, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto, en su Sentencia núm. 1547/2017, de 16 de octubre (rec. núm. 75/2017), lo siguiente: “Cuarto.- Cualquier pronunciamiento sobre las causas de inadmisión que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013. Resultan por ello enteramente acertadas las consideraciones que se exponen en el fundamento jurídico tercero de la sentencia del Juzgado Central n.º 6 cuando señala que: en la Ley 19/2013 queda reconocido el derecho de acceso a la información pública como auténtico derecho público subjetivo, al establecer que «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley» (Artículo 12); que la Exposición de Motivos de la Ley configura de forma amplia este derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información - derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 (…)”. Esta interpretación “estricta, cuando no restrictiva” de las limitaciones al derecho de acceso a la información pública ha sido de nuevo mantenida por el Tribunal Supremo en sus Sentencias núm. 1768/2019, de 16 de diciembre (rec. 316/2018), núm. 306/2020, de 3 de marzo (rec. 600/2018), y núm. 748/2020, de 11 de junio (rec. 577/2019). Considerando lo anterior, procede señalar al respecto que en este caso la alegación realizada por el Ayuntamiento acerca del volumen de la información solicitada y de la insuficiencia de medios para atender su petición, puede reconducirse a la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 e) relativa a las solicitudes de “carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Por lo que respecta a esta causa de inadmisión, el Criterio Interpretativo 003/2016 del CTBG que delimita el alcance del concepto de solicitud de información que tenga carácter abusivo dispone lo siguiente: “(…) hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho y, B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley 1. Así, una solicitud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: - Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es «Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales de ejercicio de un derecho». - Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. - Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. - Cuando sea contraria a las normas, las costumbre o la buena fe”. En atención a lo expuesto, se enuncian en el citado Criterio Interpretativo las siguientes conclusiones: “a) La LTAIBG permite invocar los conceptos de solicitud repetitiva o abusiva para calificar una determinada solicitud de acceso a la información. b) Las Administraciones y Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley deben tener en cuenta que las causas de inadmisión deben aplicarse de manera restrictiva y, cuando sean aplicables, habrán de expresar los motivos que lo justifiquen. c) En todo caso, la concurrencia de las causas de inadmisión a que se refiere este criterio interpretativo requiere en ambos casos la concurrencia de dos requisitos (…) En el caso de la solicitud abusiva, ésta debe no solo ser cualitativamente abusiva sino además no estar justificada con la finalidad de la Ley. d) Las Administraciones y Entidades Públicas obligadas por la LTAIBG que apliquen las causas de inadmisión a que se refiere este criterio deben hacerlo de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos, y así deben justificarlo convenientemente”. Como ya se ha indicado por esta Comisión de Transparencia en anteriores ocasiones (entre muchas otras, Resolución 160/2018, de 30 de agosto, adoptada en el expediente CT-0140/2018), el CTBG (resoluciones R/0279/2015, de 30 de octubre de 2015, y R/0431/2015, de 16 de febrero de 2016) ha interpretado esta causa concreta de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública en el siguiente sentido: “Este Consejo de Transparencia entiende que una solicitud podría entenderse como abusiva si el reclamante la repite en el tiempo sin verdaderas posibilidades de prosperar, debido a que conoce de antemano el sentido de la Resolución que la Administración va a tomar. También podría entenderse como abusiva aquella petición realizada de mala fe, cuya única intención es colapsar los servicios administrativos o dificultar su normal funcionamiento. Igualmente, podría ser abusiva una petición de información cuyo contenido ya se encuentre previamente en poder del reclamante. Se entiende también que una solicitud es abusiva cuando, atendiendo al caso concreto, puede considerarse que supone un uso manifiestamente injustificado, inapropiado o incorrecto del derecho de acceso a la información pública. A tal efecto, se tomará en consideración la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1.º La solicitud se puede calificar como manifiestamente repetitiva. 2.º La solicitud persigue claramente causar un perjuicio o alteración al órgano o entidad al que se dirige. 3.º Existe desproporción entre la relevancia de la información solicitada a los efectos de proporcionar transparencia a la actividad pública y el tiempo y los recursos necesarios para obtenerla”. En el supuesto que nos ocupa, el Ayuntamiento de Viana de Cega ha señalado que el volumen de la información solicitada impide atender esta petición, pero no ha aportado ningún dato que avale esta circunstancia, en base a una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos, más allá de la referencia al amplio período de tiempo al que se refiere la petición de información. Sin embargo, no se realiza mención alguna, aun cuando fuera aproximada, al número de expedientes y volumen de ellos cuyo acceso se solicita, motivo por el cual no se puede considerar que el Ayuntamiento haya justificado suficientemente la concurrencia de esta causa de inadmisión. A lo anterior cabe añadir lo que con posterioridad se afirmará en cuanto a la materialización del acceso a la información, materialización que puede llevarse a cabo con el fin de conjugar tal acceso con los limitados medios personales y materiales de los que dispone el Ayuntamiento de Viana de Cega. Por otra parte, el Ayuntamiento de Viana de Cega advierte también, en relación con la información pedida, que “afecta a datos protegidos de carácter personal que no se puede facilitar”. Siendo cierto lo señalado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, el acceso debe realizarse previa disociación de los datos de carácter personal que aparezcan en la información de modo que se impida la identificación de las personas físicas afectadas. Por otra parte, la necesidad de presentar los expedientes disociados no implica una reelaboración de la información, motivo por el cual no nos encontramos ante la concurrencia de la causa de inadmisión recogida en artículo 18.1.c) de la LTAIBG. Por todo lo anteriormente expuesto, dado que la información pública solicitada cumple los requisitos del artículo 13 de la LTAIBG y que no concurre ninguno de los límites o causas de inadmisión recogidas en los artículos 14, 15 y 18 de esta Ley, procede la estimación de la reclamación presentada por la comunidad de propietarios “XXX”. Sexto.- El Ayuntamiento indica también en su informe que la comunidad de propietarios “XXX” ha interpuesto un recurso contencioso administrativo por el expediente 92/2023 relativo al “Convenio urbanístico con Urbanización XXX”. Pues bien, tras la lectura del oficio del Juzgado que adjuntó el propio Ayuntamiento se ha podido comprobar que el objeto del mismo es “el establecimiento y prestación del servicio público municipal obligatorio de agua potable a que tienen derecho los propietarios de las parcelas de la Comunidad de Propietarios XXX de Viana de Cega”, es decir, su objeto no es la solicitud de información sobre las Licencias de obra y las Licencias de primera ocupación que el Ayuntamiento de Viana de Cega ha concedido en relación con la citada urbanización, por lo que la existencia de este procedimiento no impide que por parte de esta Comisión de Transparencia se resuelva la reclamación interpuesta por la comunidad de propietarios “XXX” en materia de acceso a la información. Por todo ello, se mantiene la conclusión del anterior fundamento jurídico relativo a la necesidad de estimar la solicitud presentada por la reclamante y a que el Ayuntamiento de Viana de Cega permita el acceso a la información solicitado. Séptimo.- En relación con la materialización del acceso a la información pública, el artículo 22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En el supuesto aquí planteado, la comunidad de propietarios “XXX” señaló tanto una dirección postal como un correo electrónico, por lo que cualquiera de los dos medios serían el cauce adecuado para proporcionar el acceso a la información sobre la licencias de obras y de primera ocupación concedidas en el ámbito de la urbanización “XXX”. Ahora bien, como se recoge expresamente en el artículo 22.1 de la LTAIBG, antes transcrito, cabe plantearse que el acceso por vía electrónica a la información no sea posible, en cuyo caso deberá buscarse una alternativa para que la obtención de la información tenga lugar igualmente. Una de estas alternativas puede ser su consulta personal. En relación con esta última, en reiteradas Resoluciones de esta Comisión se ha señalado que la consulta personal, como medio de acceso a la información, es una forma posible de conjugar el derecho del solicitante a acceder a la información, cuando esta es amplia o -como puede ocurrir aquí- cuando la forma de acceso deseada no es posible, con el normal funcionamiento de las Entidades Locales. En este sentido, tal y como manifestó el CTBG en su Resolución 397/2016, de 25 de noviembre, y esta Comisión de Transparencia, entre otras, en sus Resoluciones 222/2022, de 25 de noviembre (expte. CT-376/2021), 18/2022, de 14 de febrero (expte. CT-32/2021), 213/2021, de 22 de octubre (expte. CT-32/2021), y 141/2020, de 26 de junio (expte. CT-282/2019), la consulta personal se puede considerar una opción válida como medio de formalización del acceso a la información cuando sea solicitada o aceptada por el interesado. Por tanto, en el caso de que el Ayuntamiento de Viana de Cega no tenga habilitados los medios para facilitar por vía electrónica o postal una copia de la información solicitada por la reclamante relativa a las licencias de obra y licencias de primera ocupación en el ámbito de la urbanización “XXX”, puede convocar a la solicitante para que el acceso a la información tenga lugar a través de su consulta personal. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por la comunidad de propietarios “XXX” ante el Ayuntamiento de Viana de Cega (Valladolid). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe permitir el acceso a la comunidad de propietarios “XXX”, en los términos señalados en el fundamento jurídico séptimo, a los expedientes de licencias de obra y licencias de primera ocupación tramitados para el ámbito de la urbanización “XXX”. La información solicitada se facilitará previa disociación de los datos de carácter personal de personas físicas que puedan aparecer en ella y exigencia de las exacciones que procedan en los términos previstos en la normativa aplicable. Tercero.- Notificar esta Resolución a la comunidad de propietarios “XXX”, como autora de la reclamación, y al Ayuntamiento de Viana de Cega (Valladolid). Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.