Reclamación de un concejal del Ayuntamiento de Brañosera por falta de acceso a información sobre la relación profesional de un arquitecto técnico con el consistorio

Resolución 32/2025, de 14 de febrero, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-457/2023 / Reclamación frente a la falta de acceso a la información solicitada por D. XXX al Ayuntamiento de Brañosera (Palencia), en su condición de miembro de la Corporación municipal I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 27 de junio de 2023, tuvo entrada en el Ayuntamiento de Brañosera (Palencia) una solicitud de información pública dirigida por D. XXX a esta Entidad Local, en su condición de miembro de la Corporación municipal. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “1.- Les sea INFORMADO POR ESE ALCALDE del tipo de relación profesional que se mantiene con el Arquitecto Técnico XXX, si se trata de un contrato de servicios, de asesoría, de técnico de obras o cualquier otro. 2.- Les sea remitida copia del contrato del tipo que sea, que mantiene el Ayuntamiento con él. 3.- Fecha del acuerdo en el pleno, copia del acta de la sesión. Y justificación del mismo. 4.- Se les informe de qué tipos de atribuciones tiene y cuáles ejerce de verdad, (licencias de obra, expedientes de ruina, informes urbanísticos o memorias valoradas, etc. Y cuántas de esas licencias o informes se realizan al año en el Municipio). 5.- Se les informe del Título Universitario que le acredite como técnico competente para la función para la que se le contrata. 6.- Se nos faciliten las Nóminas y transferencias o ingresos en cuenta con fondos públicos dirigidos a este «empleado», en los últimos 8 años. 7.- Se nos informe de si este Técnico referido está afiliado al PSOE. 8.- En el caso de que el citado técnico sea Autónomo, deseamos saber por qué ocupa un despacho del Ayuntamiento, hace uso de un ordenador del Ayuntamiento, y cuánto paga por su alquiler mensual. Y lo que es aún más grave, si tiene acceso a otros documentos «sensibles» del Ayuntamiento o a datos personales de empadronados en él, así como a sus bienes y propiedades y la razón por la cual se permite”. Segundo.- Con fecha 16 de noviembre de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León un escrito de reclamación presentado por D. XXX ante el Procurador del Común, Institución a la que se encuentra adscrita aquella Comisión pero respecto de la que funciona con separación de funciones, frente a la falta de acceso a la información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Brañosera poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 12 de marzo de 2024, se recibió la contestación del Ayuntamiento de Brañosera a nuestra solicitud de informe, señalando, entre otros extremos, lo siguiente: “Con respecto a la figura de Técnico de Obras a la que alude, le diré que en efecto D. XXX es amigo mío desde niño. Cabe recordarle que en las pequeñas comunidades rurales con escasa población todos nos conocemos, muchos de nuestros ciudadanos tienen lazos familiares entre sí y es habitual también que un Alcalde que se ha presentado ya a 5 elecciones municipales en las que su gestión ha sido aprobada de forma consecutiva por una amplísima mayoría de la población goce de las simpatías de esa amplísima mayoría de la población, si bien es menos cierto que tras 16 años ejerciendo la tarea de Alcalde también el odio y la inquina puede aflorar en algunos ciudadanos. En lo que respecta a las tareas que D. XXX viene realizando como profesional para el Ayuntamiento de Brañosera, me consta que comenzaron hace ya décadas, como es sabido por el común de la ciudadanía, siendo por lo tanto muy anterior a mi nombramiento como Alcalde de Brañosera, por lo que resulta insidiosa de nuevo la afirmación que a este respecto realiza el Sr. XXX en su escrito. (…) Sr. Secretario de la Comisión de Transparencia de Castilla y León: tal y como establece el ordenamiento jurídico de España, la información contenida en los archivos municipales y, en particular, las cuentas de un Ayuntamiento son públicas, y tal y como establece en lo relativo a la organización administrativa de las entidades locales, la gestión económica y el procedimiento contable es tarea asignada a la Intervención de la Entidad, función desempeñada por un funcionario público como es el Interventor, por lo que, tal y como se le ha contestado al Sr. XXX en repetidas ocasiones, es su derecho solicitar la información que precisen conocer al citado funcionario público, a quien debe dirigirse y con quién podrán revisar la documentación que interesen. El Municipio de Brañosera es un muy pequeño municipio de menos de trescientos habitantes repartidos en 5 núcleos de población. Nuestra estructura administrativa dispone de escasos recursos para, de forma continuada y permanente, atender a las necesidades de la ciudadanía y para, a la vez, realizar las tareas de gestión de las cada día más exigentes tramitaciones necesarias motivadas tanto por las necesidades de la ciudadanía, como por las exigencias de las administraciones mayores. Al igual que sucede en la mayor parte de los muy pequeños municipios rurales, el Secretario del Ayuntamiento debe repartir su actividad al frente de las tareas administrativas y de gestión económica con el vecino Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. (…) Con los recursos provenientes de un escaso padrón debe administrar terrenos y propiedades de un volumen importante de ciudadanos, ahora foráneos, que, sobre todo llegadas las épocas de vacaciones llegan a nuestras oficinas para la realización de distintas tramitaciones, lo que, como puede comprender, contribuye a saturar la capacidad de gestión del Ayuntamiento. Si a esto le unimos el hecho de que la informatización de archivos y documentos se encuentra aún en una fase incipiente (…), podrá usted comprender que a la administración del Ayuntamiento le resulte excesivamente complejo confeccionar en la premura exigida determinados informes solicitados por el Sr. XXX. Aparte de los escritos y solicitudes aludidos, el Sr. XXX lleva enviando desde hace meses de forma reiterada y persistente multitud de denuncias a diversos organismos públicos (Sanidad, estamentos diversos JCYL,…) escrito a los que es obligado que se dé respuesta, por lo que si en alguna ocasión mi contestación no se produjese con la premura obligada le ruego acepte mis oportunas disculpas”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia, a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Segundo.- Como cuestión previa al análisis de la actuación impugnada, es necesario analizar la competencia de esta Comisión de Transparencia para resolver la reclamación presentada, considerando que su autor es miembro de una Corporación local y que el objeto de su impugnación es la falta de acceso a una información solicitada por este en el ejercicio de tal condición. Con carácter general, el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), establece el derecho de los miembros de las corporaciones locales a obtener del Alcalde o Presidente de la Junta de Gobierno local, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Este precepto se desarrolla en los artículos 14, 15 y 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (en adelante, ROF). Nos encontramos, por tanto, ante un régimen específico de acceso a la información pública por razón del sujeto solicitante (cargo representativo local) anterior a la aprobación de la LTAIBG, reguladora de un derecho a la información reforzado debido a su vinculación directa con un derecho fundamental, como es el de participación y representación política postulado en el citado artículo 23 de la Constitución Española. La propia LTAIBG permite que también los cargos representativos locales, a pesar de contar con un régimen jurídico específico de acceso a la información, puedan utilizar este concreto mecanismo de garantía a través de la aplicación supletoria de aquella. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la disposición adicional primera de la LTAIBG, “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Puesto que ni la LRBRL ni el ROF prevén un mecanismo específico de garantía distinto del recurso judicial ante una autoridad independiente análogo a la reclamación regulada en el citado artículo 24 de la LTAIBG, esta aplicación supletoria permite cohonestar la aplicación del régimen específico del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los cargos representativos locales con su carácter privilegiado. Este criterio relativo a la legitimación de los cargos locales a presentar la reclamación prevista en la LTAIBG ante los correspondientes organismos de garantía de la transparencia que venía manteniendo esta Comisión de Transparencia ha sido confirmado expresamente por el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 312/2022, de 10 de marzo (rec. 3382/2020), donde se señala que “(…) el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que (…) contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (…)” (fundamento de derecho cuarto). Tercero.- La asunción de la competencia de esta Comisión de Transparencia para resolver las reclamaciones presentadas por los miembros de las corporaciones locales en materia de derecho de acceso a la información no impide que el régimen jurídico que deba ser aplicado sea, en primer lugar, el previsto de forma específica en los artículos 77 de la LRBRL y 14 a 16 del ROF, resultando también aplicables en Castilla y León las previsiones recogidas en la Sección 2.ª del Capítulo II de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la información en los Plenos. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 312/2022, de 10 de marzo, recoge expresamente, también en su fundamento de derecho cuarto, que “(…) la normativa de régimen local contiene una regulación que desarrolla el derecho de acceso a la información en dicho ámbito por parte de los miembros de la corporación local. Lo que, a efectos de lo establecido en la citada disposición adicional primera. 2 de la Ley 19/2013, significa que dicho régimen específico habrá de ser aplicado con carácter preferente a la regulación de la Ley de Transparencia, siendo esta de aplicación supletoria (…)”. Entre otras y sin perjuicio de lo que más adelante sea necesario pormenorizar, la normativa aplicable de régimen local establece al respecto las siguientes previsiones: 1.- Las peticiones de acceso a la información se entenderán concedidas por silencio administrativo cuando no sean resueltas expresamente en el término de cinco días, a contar desde la fecha de la solicitud (artículos 12.1 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, y 14 del ROF). 2.- Los servicios administrativos están obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, entre otros casos, cuando se trate del acceso a la información o documentación de la entidad local que sea de libre acceso para los ciudadanos (artículos 12.2 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, y 15 del ROF). 3.- La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación podrá realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los documentos o de una copia de estos. El libramiento de copias se limitará a los casos de acceso libre de los Concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Junta de Gobierno (artículos 13 y 14 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, así como 16.1 a) del ROF). Ahora bien, tal y como se ha expuesto con anterioridad, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que los representantes locales no pueden disfrutar, en ningún caso, de menos garantías que un ciudadano en el momento de ejercer su derecho de acceso a la información, razón por la cual las normas generales expuestas deben cohonestarse ahora con la legislación de transparencia de forma tal que nunca aquel ejercicio sea más restrictivo para un concejal que para un ciudadano. Este principio puede tener sus consecuencias en aspectos tales como la obtención de copias o la aplicación de los límites al acceso a la información. En todo caso, la regla general ha de ser favorable a permitir al cargo representativo local ejercitar su derecho. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha recordado en sus Sentencias de 17 de abril y 21 de junio de 2018 lo siguiente: “(…) en caso de duda, la decisión municipal debe ser siempre la de proporcionar un franco acceso a toda la documentación que obre en el consistorio, salvo supuestos excepcionales. Ni siquiera si la oposición realiza una «batería de solicitudes sucesivas» cabe denegar el acceso. El hecho de que no sea interesado en un procedimiento administrativo no impide tomar conocimiento del mismo a un miembro de la corporación municipal. Cabe preguntarse la situación pasiva; ¿en qué perjudica al alcalde y al equipo de gobierno que la oposición tenga acceso a determinados expedientes?; desde luego, no ha sido objeto de sugerencia ninguna circunstancia obstativa. Y finalmente, la afirmación de que tal acceso supone una carga adicional a los funcionarios no sólo debe ser acreditada, sino que perfectamente puede ser solventada permitiendo el acceso a los expedientes sin obtención de copias, por ejemplo”. Cuarto.- La reclamación ha sido presentada por quien se encontraba legitimado para ello, puesto su autor es la misma persona que dirigió la solicitud de información pública al Ayuntamiento de Brañosera. Quinto.- En el momento en el que fue presentada la reclamación que ahora se resuelve la pretensión de acceso a la información que había sido solicitada con fecha 27 de junio de 2023 debía entenderse estimada presuntamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.1 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, y 14.1 del ROF. Por tanto, en aquel momento el objeto de la reclamación era una resolución presunta cuyo contenido era el reconocimiento del derecho del miembro de la Entidad local a acceder a aquella información. Con carácter general, en aquellos supuestos en los que el interesado ha obtenido por silencio administrativo el reconocimiento de una prestación pública, algo que materialmente debe producir o entregar la Administración, el acto presunto, desde un punto de vista práctico, puede adolecer de falta de virtualidad o de efectividad, puesto que a pesar de que se haya producido el silencio positivo, la persona solicitante sigue sin ver satisfecho el objeto de su solicitud (en este caso, la obtención del acceso a la información pedida). En este sentido y siguiendo lo afirmado al respecto en el Criterio Interpretativo de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP), de 7 de enero de 2016, sobre reclamación en caso de silencio administrativo, la previsión del legislador de crear organismos de garantía en materia de acceso a la información pública que se ofrecen como alternativa a la vía jurisdiccional, es significativa de la voluntad de facilitar a todos los ciudadanos la tutela y garantía del derecho de acceso a la información, en todos aquellos casos en los que este no se vea satisfecho, bien por verse desestimado el mismo expresa o presuntamente al margen de lo dispuesto en la normativa aplicable; bien por no verse materializado efectivamente mediante el acceso solicitado como consecuencia de una mala praxis de la Administración al no cumplir con su obligación de resolver, cuando el silencio sea positivo. En consecuencia, puesto que los artículos 24 de la LTAIBG y 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, reconocen expresamente la posibilidad de interponer ante esta Comisión de Transparencia reclamaciones frente a resoluciones presuntas en materia de acceso a la información pública, resulta coherente con la letra y con el espíritu de estas leyes que, dentro de estas reclamaciones presuntas impugnables, se incluyan también las estimatorias. Lo contrario implicaría que en estos casos se “beneficiara” la actuación incorrecta de la Administración consistente en no resolver lo procedente en el plazo establecido para ello, con la frustración del legítimo derecho de los ciudadanos a solicitar la tutela de este órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública. En cuanto al plazo para interponer reclamaciones frente a resoluciones presuntas, este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. No obstante, con carácter general, respecto al plazo para reclamar frente a las estimaciones presuntas de solicitudes de acceso a la información pública, se debe poner de manifiesto el criterio manifestado por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC, relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición, se concluye lo siguiente: “(…) la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que tampoco se encuentra sujeta a plazo la presentación de reclamaciones formuladas frente a las estimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública que no se hayan materializado, como ocurría en este caso en el momento en el que fue presentado el escrito de reclamación inicial. Sexto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el caso que nos ocupa, el objeto de la información solicitada se refiere, por un lado, al expediente o expedientes de contratación-selección de un arquitecto técnico por parte del Ayuntamiento de Brañosera (incluyendo, entre otros, su contrato o contratos, informe de atribuciones, título universitario que le habilita para desempeñar el puesto, así como sus retribuciones); y, por otro, a la actividad desarrollada por aquel al servicio de la citada Entidad Local. En ambos casos y de conformidad con lo anteriormente expuesto, la información solicitada cumple los requisitos del artículo 13 de la LTAIBG, ya que es información que, en caso de existir, debería obrar en poder del Ayuntamiento de Brañosera. La lectura del escrito municipal recibido por esta Comisión confirma la existencia de un Técnico de Obras que viene prestando sus servicios en el Ayuntamiento de Brañosera. Sin embargo, no se explicita la mayor parte de la información solicitada por el reclamante, esto es, el tipo de relación que D. XXX mantiene con el Ayuntamiento (si es empleado de este como personal laboral fijo o funcionario, o si ha sido adjudicatario de contratos celebrados por el Ayuntamiento), su titulación académica, sus retribuciones en los últimos 8 años y el contenido de actividad desarrollada por aquel. Por ello, el Ayuntamiento de Brañosera debe dar acceso al reclamante del expediente de contratación-selección del Técnico de Obras del Ayuntamiento de Brañosera, así como a la mayor parte del resto de la información solicitada en relación con este. A tal efecto, aunque el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia a cualquier persona, los posibles límites o causas de inadmisión son los previstos en los artículos 14, 15 y 18 de la LTAIBG, sin que en este caso concurran, en principio, ninguno de ellos, salvo en lo relativo a la información sobre si el Técnico de Obras se encuentra o no afiliado al PSOE. En efecto, respecto a la petición sobre la información relativa a la afiliación del Técnico de Obras al PSOE, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 15.1 de la LTAIBG, donde se establece lo siguiente: “Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad al acceso”. Por tanto, no se podrá proporcionar esta información salvo que se cumpla alguna de las excepciones previstas en dicho precepto. En cuanto a las retribuciones percibidas por el Técnico de Obras en los últimos 8 años y a su titulación académica, se trata información que también contiene datos personales, aunque no especialmente protegidos y, por ello, se debe acudir a la regulación contenida en el artículo 15.3 de la LTAIBG: “3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio de los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; b ) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos científicos o estadísticos; c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquellos; d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad”. Para poder realizar dicha ponderación, resulta de necesaria aplicación lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, precepto que establece lo siguiente: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. En relación con la aplicación de este artículo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 315/2021, de 8 Marzo (rec. 3193/2019), fundamento de derecho cuarto, ha establecido la siguiente doctrina jurisprudencial: “Aunque el trámite de audiencia regulado en los artículos 19.3 y 24.3 de la Ley de Transparencia aparece referido a dos momentos distintos y ante órganos diferentes, la finalidad perseguida en ambos casos es la misma: que las personas o entidades cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la información pública solicitada, y consecuentemente con la decisión que se adopte, puedan formular alegaciones. Cuando en el procedimiento seguido ante el órgano administrativo no se ha dado trámite de audiencia a los interesados, si el Consejo de Transparencia tiene datos suficientes que permitían identificar a las personas o entidades cuyos derechos o intereses pudiesen verse afectados por la decisión que adopte, puede y debe concederles un trámite de audiencia, con el fin de poder ponderar si el acceso a la información lesiona o no sus derechos o intereses. El trámite de audiencia ante el Consejo de Transparencia no se condiciona, por tanto, a que los interesados hayan sido oídos previamente en el procedimiento tramitado ante el órgano administrativo destinatario de la solicitud de información. La intervención del Consejo de Transparencia en fase de reclamación cuando constate que el órgano administrativo omitió el trámite de audiencia a los afectados puede adoptar las siguientes decisiones: a) si los interesados están identificados o son fácilmente identificables, debe conceder un trámite de audiencia a los afectados y después adoptar la decisión de fondo que pondere los intereses en conflicto; b) cuando desconozca la identidad de los afectados y no disponga de datos suficientes que le permitan una fácil identificación, puede ordenar la retroacción de actuaciones para que sea el órgano administrativo el que cumpla con el trámite de audiencia exigido por el art. 19.3 de la Ley de Transparencia”. En este supuesto, esta Comisión de Transparencia no conoce los datos necesarios para poder realizar el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG con D. XXX por lo que, necesariamente, debe ser el Ayuntamiento de Brañosera el que lleve a cabo aquel para permitir que D. XXX pueda formular sus alegaciones si así lo estima oportuno, retrotrayendo el procedimiento al momento de la realización de aquel trámite. En el supuesto aquí planteado, de cara a realizar la ponderación entre el interés público en la divulgación de la información solicitada sobre sus retribuciones y titulación académica y los derechos del Técnico de Obras del Ayuntamiento de Brañosera, se puede afirmar que existe, en principio, un interés público en la divulgación de la información solicitada en cuanto esta se refiere a las retribuciones de un empleado público o de un adjudicatario de contratos públicos y a la titulación académica que le habilita para realizar sus funciones, sin que, por otro lado, se evidencie un claro perjuicio para D. XXX del conocimiento de esta información por el reclamante quien, en todo caso, deberá ser informado de lo dispuesto en el art. 15.5 de la LTAIBG, de conformidad con el cual “la normativa de protección de datos personales será en todo caso de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso”. Lo anterior cobra mayor relevancia considerando la condición de Concejal del solicitante de la información, a quien, por otra parte, el artículo 16.3 del ROF también le impone el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se le faciliten para hacer posible el desarrollo de su función. Séptimo.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. En el caso que aquí nos ocupa, dado que el reclamante no ha señalado otro medio, el acceso a la información pública se realizará de la forma ordinaria en la que reciba aquel la información de la Entidad Local, en su condición de miembro de la Corporación municipal. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la falta de acceso a una información pública solicitada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Brañosera (Palencia), en su condición de miembro de la Corporación Municipal. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución se debe: - Facilitar al reclamante el acceso al expediente de contratación-selección del Técnico de Obras, D. XXX con el Ayuntamiento de Brañosera, así como a la información relativa a las funciones desarrolladas por este. - En cuanto al acceso a la información correspondiente a las retribuciones percibidas por D. XXX y a su titulación académica, se debe retrotraer el procedimiento al momento de realizar las siguientes actuaciones: 1.- Dar traslado de la solicitud de información pública presentada a D. XXX, para que, en el plazo de quince días, pueda realizar las alegaciones que estime oportunas; informándose al reclamante de esta circunstancia, así como del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 2.- Una vez efectuado el trámite anterior, y salvo motivos de oposición alegada por el tercero afectado que lo impidieran, de acuerdo con los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho quinto de esta Resolución, se habría de poner a disposición del reclamante la información solicitada en relación con las retribuciones de D. XXX y con su titulación académica. La Resolución que se adopte, además de al solicitante de la información, deberá ser notificada a D. XXX, sobre el que se pide información. 3.- En el caso de que se resuelva finalmente conceder la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a aquella información debe tener lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución que se adopte sin que se haya formalizado este o, en su caso, cuando tal recurso haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Brañosera. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.