Reclamación por denegación de solicitud de información sobre nombramiento de arquitectos del Servicio de Asistencia al Municipio de la Diputación de Zamora, desestimada por considerarse abusiva debido a la indefinición temporal

Resolución 69/2025, de 10 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-511/2023 / Reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Diputación de Zamora I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 8 de noviembre de 2023, tuvo entrada en el Registro de la Diputación de Zamora una solicitud de información pública dirigida por D. XXX a esta Entidad Local. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “Copia de cada resolución y en su caso enlace al Boletín Oficial en que conste el nombramiento de los técnicos arquitectos, superiores o no, del Servicio de Asistencia al Municipio”. Segundo.- Con fecha 19 de diciembre de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Con fecha 23 de febrero de 2024, el Secretario de esta Comisión se dirigió al reclamante requiriéndole la subsanación de su escrito de reclamación inicial frente a la denegación presunta de la citada petición de información pública. Tercero.- Una vez recibida la subsanación requerida, nos dirigimos a la Diputación de Zamora poniendo de manifiesto la recepción de esta reclamación y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fechas 27 de marzo y 1 de abril de 2024, se recibió la contestación de la Diputación de Zamora a nuestra solicitud de informe, en la cual se pone de manifiesto lo siguiente: “Que mediante el decreto del Presidente de esta entidad local 2024-1459, de 25 de marzo de 2024, cuya notificación se ha puesto a disposición del interesado por vía electrónica el 25 de marzo de 2024, se ha inadmitido a trámite la citada solicitud por los motivos que se hacen constar en la citada resolución que se adjunta”. Se adjunta el Decreto número 2424-1459, de 25 de marzo de 2024, así como su notificación al reclamante. En el Decreto número 2424-1459 se dispone lo siguiente: “(…) se considerará que una solicitud de acceso a información pública está justificada con la finalidad de la Ley 19/2013 cuando se fundamenta en el interés legítimo de: Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos. Conocer cómo se toman las decisiones públicas. Conocer cómo se manejan los fondos públicos. Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Y nada de lo anterior se puede predicar de la solicitud realizada a la vista de su contenido y considerando que se refiere a un período temporal absolutamente indeterminado y a la vez caracterizada por una gran ambigüedad por cuanto ni siquiera concreta con una mínima precisión la categoría profesional o plaza a la que se refiere aun cuando esta es una información que tiene o bien publicidad oficial o bien se incluye en el portal de transparencia de esta entidad local, ni tampoco concreta el Boletín Oficial al que se refiere. Adicionalmente, el carácter abusivo de la presente solicitud se justifica en que su atención supondría examinar el archivo de esta entidad local correspondiente a un término superior a un importante número de decenas de años, años en los que en su mayoría el archivo se encuentra en soporte papel. Tal actividad, por la disponibilidad de medios existente en esta entidad local, conllevaría la paralización de los servicios involucrados en la búsqueda de tal información en cuanto al desempeño del grueso de sus funciones habituales. Consecuentemente, la presente solicitud incurre en abuso y además no está justificada con la finalidad de la ley y por ello procede su inadmisión, una vez que no puede ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas al principio de este apartado y con su atención se colapsarían las unidades administrativas afectadas, lo que resulta de acuerdo los motivos citados anteriormente (…) Por todo lo expuesto, en ejercicio de las competencias que atribuye la vigente legislación sobre Régimen Local, se adopta la siguiente RESOLUCIÓN Única.- Inadmitir a trámite la solicitud de información de don XXX, DNI XXXX, de 8/11/2023, registrada de entrada en esa entidad local al número XXX”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autor es la misma persona que se dirigió en solicitud de información, en su día, a la Diputación de Zamora. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LTAIBG, donde se dispone lo siguiente: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver”. Por su parte, el artículo 24.2 de la LTAIBG establece: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 19 de diciembre de 2023, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 8 de noviembre de 2023. En consecuencia, la reclamación fue presentada inicialmente dentro del plazo previsto para ello. Por otro parte, con posterioridad, el 25 de marzo de 2024 se puso a disposición del reclamante la notificación por vía electrónica del Decreto del Presidente de la Diputación de Zamora número 2024-1459, de 25 de marzo de 2024, en el que se inadmitía a trámite la solicitud de D. XXX. Pues bien, de conformidad con la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo (entre otras, en su Sentencia núm. 2643/2015, de 15 de junio, rec. 1762/2014) referida al recurso contencioso-administrativo pero que es trasladable a la presentación de recursos administrativos y, por tanto, de esta reclamación, la adopción por la Diputación de Zamora de la Resolución señalada en los antecedentes, una vez que había tenido lugar la desestimación presunta de la solicitud pero manteniendo la denegación de esta, no hacía necesario que el interesado procediera a ampliar el escrito de reclamación inicial presentado ante esta Comisión. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este supuesto, el reclamante solicita una copia de cada resolución y, en su caso, del enlace al Boletín Oficial, correspondiente al nombramiento de los técnicos arquitectos, superiores o no, del Servicio de Asistencia al Municipio. El Servicio de Asistencia al Municipio tiene su origen en lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuyo artículo 36.1.b) se atribuye a las Diputaciones, como competencia propia, la “asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios”, así como en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en cuyo artículo 30.5 se concreta el alcance de la cooperación a los municipios. En consecuencia, en términos generales, se puede afirmar que el derecho del solicitante a acceder a la información por él pedida a la Diputación de Zamora puede tener amparo en lo dispuesto en la LTAIBG, ya que es información pública que obrará en poder de la Diputación de Zamora como consecuencia del ejercicio de las funciones propias de esta. Sexto.- Ahora bien, uno de los argumentos utilizados por la Diputación de Zamora para desestimar la solicitud es calificar esta como de “carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”, argumentando al respecto que la petición de información de D. XXX, por un lado, se refiere a un período temporal absolutamente indeterminado y, por otro, se caracteriza por una gran ambigüedad por cuanto no se realiza una mínima precisión de la categoría profesional o plaza a la que se refiere; añade la Diputación de Zamora que atender la solicitud realizada supondría examinar el archivo de esta Entidad local correspondiente a un término superior a un importante número de decenas de años, por lo que ello afectaría al normal funcionamiento de los servicios de la Diputación. Debemos analizar, por tanto, la concurrencia en el supuesto planteado de la causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública antes señalada, prevista en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. Como se señala en la Sentencia 176/2019, de 28 de junio, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de León (dictada en un recurso interpuesto frente a una Resolución de esta Comisión de Transparencia), en relación con esta causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública el CTBG ha indicado, en Resoluciones como la de 7 de agosto de 2018 (R/0292/2018), lo siguiente: “El ejercicio abusivo de un derecho ha sido analizado por reiterada jurisprudencia (por todas, se destaca la Sentencia de 1 de febrero de 2006 (Rec. núm. 1820/2000). Esta doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. Se trata de una institución de equidad que, para poder ser apreciada, exige la verificación de que la conducta valorada cumple los siguientes requisitos: (1) Aparentemente es correcta, pero representa, en realidad, una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna; y (2) Genera unos efectos negativos, normalmente daños y perjuicios. Además, de la base fáctica debe resultar patente (a) una circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo); y (b) una circunstancia objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (anormalidad en el ejercicio del derecho)”. Por otro lado, en el Criterio Interpretativo CI/003/2016, de 14 de julio, emitido por el CTBG, se señaló lo siguiente a los efectos que aquí nos interesan: “(…) hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho y, B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley: 1. Así, una solicitud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: - Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es «Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho.» - Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. - Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. - Cuando sea contraria a las normas, las costumbre o la buena fe (...)”. Esta Comisión de Transparencia ha señalado en numerosas ocasiones (por todas, Resolución 236/2021, de 26 de noviembre, adoptada en el expediente de reclamación CT- 330/2019), que el CTBG (resoluciones R/0279/2015, de 30 de octubre de 2015, y R/0431/2015, de 16 de febrero de 2016) ha interpretado esta causa concreta de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública en el siguiente sentido: “(…) También podría entenderse como abusiva aquella petición realizada de mala fe, cuya única intención es colapsar los servicios administrativos o dificultar su normal funcionamiento. Igualmente, podría ser abusiva una petición de información cuyo contenido ya se encuentre previamente en poder del reclamante. Se entiende también que una solicitud es abusiva cuando, atendiendo al caso concreto, puede considerarse que supone un uso manifiestamente injustificado, inapropiado o incorrecto del derecho de acceso a la información pública. A tal efecto, se tomará en consideración la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1.º La solicitud se puede calificar como manifiestamente repetitiva. 2.º La solicitud persigue claramente causar un perjuicio o alteración al órgano o entidad al que se dirige. 3.º Existe desproporción entre la relevancia de la información solicitada a los efectos de proporcionar transparencia a la actividad pública y el tiempo y los recursos necesarios para obtenerla”. Los tribunales de justicia también han aplicado esta causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública. Valgan como ejemplo de esta aplicación la Sentencia 321/2019, de 10 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (fundamento de derecho segundo), donde se fundamentaba la concurrencia de aquella causa de inadmisión en los siguientes términos: “(…) La solicitud del interesado, que tiene un carácter esencialmente general (…), implicaría la utilización de importantes recursos humanos y materiales de la Administración Pública, en detrimento del normal desenvolvimiento del organismo concernido (…). Como ya señaló la Sala en sentencia de 30 de mayo de 2019, dictada en el recurso de apelación 1/2019 (…), una solicitud de información de estas características, por su volumen, extensión, período de tiempo, identificación y medios para instrumentar la petición, además de ocasionar una disfunción manifiesta, no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta- que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares”. Considerando lo hasta aquí expuesto, a los efectos de la posible calificación como abusiva de la petición que nos ocupa en los términos dispuestos en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG, se deben tener en cuenta, a juicio de esta Comisión de Transparencia, factores objetivos relativos al contenido de la petición de información formulada. Así pues, desde el punto de vista del contenido de la petición, la Diputación de Zamora considera que se produce una gran ambigüedad por cuanto no se realiza una mínima precisión de la categoría profesional o plaza a la que se refiere, pero lo cierto es que sí se ha realizado dicha concreción en la petición al solicitar el nombramiento de los técnicos arquitectos, ya sean superiores o no, del Servicio de Asistencia al Municipio. Cuestión distinta se plantea respecto al otro argumento de la Diputación de Zamora relativo al período temporal absolutamente indeterminado de la petición ya que, ciertamente, en la solicitud se produce una indefinición completa respecto al período temporal de referencia, ya que aquella se realiza sin límite temporal alguno. Dicha indefinición temporal conduce a la Diputación de Zamora a considerar que si la misma se refiere a todo el período de existencia del Servicio de Asistencia al Municipio, esto es, decenas de años, su atención conduciría a afectar seriamente el funcionamiento de los servicios involucrados y más teniendo en cuenta que parte de la información se encuentra en soporte papel. A la vista de los aspectos descritos, esta Comisión de Transparencia concluye que la solicitud denegada puede ser calificada como una petición “de carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”, en los términos del artículo 18.1 e) de la LTAIBG, considerando especialmente que atender la solicitud presentada por el reclamante, sin concretar el período de temporal del mismo, puede perjudicar el funcionamiento normal de los servicios de la Diputación de Zamora. Por todo ello, esta Comisión de Transparencia considera correcta la inadmisión a trámite por abusiva de la solicitud de información de D. XXX. Séptimo.- Avalar, desde un punto de vista jurídico, la inadmisión de la solicitud de información pública presentada por el reclamante con fecha 8 de noviembre de 2023, por entender que concurre en ella la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG, en modo alguno supone negar el derecho de aquel al acceso a la información pública, incluso a la solicitada en aquella petición. Por el contrario, que la petición cuya desestimación presunta se impugna sea considerada “de carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley” no impide que el solicitante se dirija a la Diputación de Zamora para solicitar la misma información, si bien refiriendo su petición a un período temporal preciso y razonable En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Diputación de Zamora. Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y a la Diputación de Zamora. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.