Reclamación por denegación presunta de solicitud de expedientes completos de obras adjudicadas, facturas y criterios de adjudicación a una empresa por el Ayuntamiento de Santa María La Real de Nieva

Resolución 97/2025, de 4 de abril, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-296/2024 / Reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Santa María La Real de Nieva (Segovia) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 19 de mayo de 2023, tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa María La Real de Nieva (Segovia) una solicitud de información pública dirigida por D. XXX a la citada Entidad Local. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “Expedientes completos de las obras adjudicadas a la empresa XXX. Junto con sus facturas y criterios de adjudicación desde 2019 a 2023 ambos inclusive”. Hasta la fecha, la solicitud indicada no ha sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha 25 de junio de 2024, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación nos dirigimos al Ayuntamiento de Santa María La Real de Nieva poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 15 de octubre de 2024, se recibió la contestación del Ayuntamiento en la que se argumentaba que procedía la inadmisión de la reclamación formulada puesto que la solicitud versaba, a su entender, sobre información que habría de ser objeto de “publicación general”. Esta argumentación se complementaba con los siguientes razonamientos: “Dado que todos los contratos se comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público en los que figuran los datos básicos del contrato adjudicado, entre los que figurará la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación de estos, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido, se entiende que los datos solicitados por el Sr. XXX son de publicación general y puede disponer de ellos libremente, por lo que su petición de información pierde toda argumentación ya que este Ayuntamiento cumple con el derecho a la información pública pero por los canales legalmente establecidos para ello”. Asimismo se indica que habría de emitirse Resolución expresa de inadmisión. Pese a ello no consta a esta Comisión que haya sido dictada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que se trata del solicitante de acceso a la información pública. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por su parte, el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver”. En cuanto al sentido del silencio, el apartado cuarto del mismo precepto establece lo que se indica a continuación: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 25 de junio de 2025 por remisión del Procurador del Común, Institución a la que se encuentra adscrita la Comisión de Transparencia de Castilla y León pero respecto de la actúa con separación de funciones. A su vez la solicitud de información pública fue realizada a través de un escrito presentado el 19 de mayo de 2023. La presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos. Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que la presentación de la reclamación que ahora se resuelve no se encontraba sujeta a plazo. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el supuesto que nos ocupa la condición de información pública no ha sido negada de contrario por parte del Ayuntamiento. Antes bien, indica que cabe la inadmisión por tratarse de una información de la que el solicitante “puede disponer (…) libremente” estimando que la “petición de información pierde toda argumentación ya que esta Ayuntamiento cumple con el derecho a la información pública pero por los canales legamente establecidos para ello”. Sin embargo, la primera cuestión a la que nos enfrentamos es que no ha recaído resolución expresa por parte del Ayuntamiento. Esta circunstancia no solo supone el incumplimiento del deber legal previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sino la imposibilidad de esgrimir la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dado que es en la resolución donde debe incorporarse tal argumento. Por otra parte y en cuanto a qué información se considera que ha de ser objeto de publicación general, el CTBG considera que concurre esta causa de inadmisión de la solicitud de acceso cuando la información va a ser objeto de publicación oficial inminente en un medio de carácter general, como puede ser un Boletín Oficial, publicación que, además, es condición para su validez jurídica, y que, por tanto, la información solicitada va a ser accesible al ciudadano. Además del medio, señala el CTBG que es relevante el momento de la publicación puesto que “la aplicación de la causa de inadmisión no puede dilatarse en el tiempo sin límite alguno, sino que la publicación debe estar prevista y completada en un período de tiempo razonable de tal manera que se satisfaga el derecho del ciudadano en el marco temporal más próximo posible desde la fecha de la solicitud (R/0073/2016)”. La información relativa a los contratos, como argumenta el propio Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva, debería estar publicada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa de la información económica, presupuestaria y estadística prevista en el artículo 8 de la LTAIBG, precepto que dispone lo siguiente: “Teniendo en cuenta las competencias legislativas de las Comunidades Autónomas, los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. (…). La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”. Por todo lo anteriormente expuesto y tal y como venimos reiterando, si la información solicitada está sometida al principio de publicidad activa, con más motivo estará sometida al ámbito de aplicación del principio de acceso a la información pública o “publicidad pasiva”. Sin perjuicio de lo anterior, también procede señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la LTAIBG, “si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella”. Pese a ello, en este caso consultado el portal de transparencia del Ayuntamiento de Santa María La Real de Nieva alojado en su sede electrónica, no se observa que se encuentre publicada ninguna información relativa a los contratos que solicita el reclamante. Sexto.- Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, no cabe desconocer que el reclamante ha solicitado el acceso a los “expedientes completos” de contratación en relación con la mercantil identificada en la petición en los años 2019 a 2023 y no solo de la información objeto de publicidad activa. En este punto se debe tener presente que esta información pública solicitada por la reclamante puede afectar a los intereses de la adjudicataria del contrato. Esta circunstancia conduce, desde un punto de vista formal, a la necesaria aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, precepto que establece lo siguiente: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. En relación con la aplicación de este artículo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 315/2021, de 8 Marzo (rec. 3193/2019), fundamento de derecho cuarto, estableció la siguiente doctrina jurisprudencial: “Aunque el trámite de audiencia regulado en los artículos 19.3 y 24.3 de la Ley de Transparencia aparece referido a dos momentos distintos y ante órganos diferentes, la finalidad perseguida en ambos casos es la misma: que las personas o entidades cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por la información pública solicitada, y consecuentemente con la decisión que se adopte, puedan formular alegaciones. Cuando en el procedimiento seguido ante el órgano administrativo no se ha dado trámite de audiencia a los interesados, si el Consejo de Transparencia tiene datos suficientes que permitían identificar a las personas o entidades cuyos derechos o intereses pudiesen verse afectados por la decisión que adopte, puede y debe concederles un trámite de audiencia, con el fin de poder ponderar si el acceso a la información lesiona o no sus derechos o intereses. El trámite de audiencia ante el Consejo de Transparencia no se condiciona, por tanto, a que los interesados hayan sido oídos previamente en el procedimiento tramitado ante el órgano administrativo destinatario de la solicitud de información. La intervención del Consejo de Transparencia en fase de reclamación cuando constate que el órgano administrativo omitió el trámite de audiencia los afectados puede adoptar las siguientes decisiones: a) si los interesados están identificados o son fácilmente identificables, debe conceder un trámite de audiencia a los afectados y después adoptar la decisión de fondo que pondere los intereses en conflicto; b) cuando desconozca la identidad de los afectados y no disponga de datos suficientes que le permitan una fácil identificación, puede ordenar la retroacción de actuaciones para que sea el órgano administrativo el que cumpla con el trámite de audiencia exigido por el art. 19.3 de la Ley de Transparencia”. En este supuesto, esta Comisión de Transparencia no conoce los datos necesarios para poder realizar el trámite de audiencia previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG con la mercantil adjudicataria de los contratos y, por tanto, afectada por la información solicitada, por lo que, necesariamente, debe ser el Ayuntamiento el que lo lleve a cabo para permitir que aquella pueda formular sus alegaciones, si así lo estima oportuno, retrotrayendo el procedimiento al momento de la realización de aquel trámite. Así pues, la obligación de que se lleve a cabo este trámite responde al derecho del tercero afectado a realizar las alegaciones que estime oportunas, por ser el objeto de la solicitud de información los expedientes completos correspondientes a los contratos celebrados con la mercantil XXX, información que pueda afectar a sus intereses. Ahora bien, en principio y salvo motivos de oposición alegados por la mercantil afectada que lo impidieran, el acceso a los expedientes de contratación solicitado no vulnera ninguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni su petición incurre en las causas de inadmisión recogidas en el artículo 18 de la LTAIBG. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, tal acceso se efectuará, en su caso, previa disociación de los datos de carácter personal (de personas físicas) que aparezcan en la documentación que forma parte de aquellos expedientes. Por tanto, en principio ha de estimarse la pretensión del solicitante de acceso a la información pública. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio. En este caso el solicitante ha optado por el acceso por medios electrónicos al facilitar un correo electrónico, siendo esta, en consecuencia, la vía a través de la cual debe proporcionarse la información En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Santa María La Real de Nieva (Segovia). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Santa María La Real de Nieva deberá retrotraer el procedimiento al momento de realizar las siguientes actuaciones: 1.- Dar traslado de la solicitud de información pública presentada a la mercantil XXX relativa a los expedientes tramitados para la celebración con el Ayuntamiento citado de contratos de obras en los años 2019 a 2023, para que, en el plazo de quince días, aquella pueda realizar las alegaciones que estime oportunas, informando a la reclamante de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 2.- Una vez efectuado el trámite anterior y salvo motivos de oposición alegados por la tercera afectada que lo impidieran, se ha de poner a disposición del reclamante la información solicitada en relación con los contratos señalados por vía electrónica. La Resolución que se adopte, además de al solicitante de la información, deberá ser notificada a la adjudicataria de los contratos sobre los que se pide información. Esta información se facilitará, en su caso, previa disociación de los datos de carácter personal (de personas físicas) que puedan aparecer en ella y exigencia de las exacciones que procedan en los términos previstos en la normativa aplicable. En el caso de que se resuelva finalmente conceder la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a aquella información debe tener lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución que se adopte sin que se haya formalizado este o, en su caso, cuando tal recurso haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Santa María La Real de Nieva. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.