Solicitud de acceso a contrato y retribuciones de la secretaria-interventora de la Mancomunidad Valle Amblés, resuelta con estimación parcial

Resolución 120/2025, de 6 de mayo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-768/2022 / Reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Mancomunidad de Municipios Valle Amblés (Ávila) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 14 de octubre de 2022, tuvo entrada en el registro electrónico de la Mancomunidad de Municipios Valle Amblés una solicitud de información pública dirigida por D. XXX a la citada Entidad Local. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “Se me dé acceso telemático o digitalizado al contrato formalizado con la actual secretaria-interventora, así como a la documentación donde figure (sic) sus condiciones contractuales de suelto, horario de trabajo, etc.”. La solicitud indicada fue objeto de respuesta mediante una Resolución de fecha 28 de octubre de 2022 en la que se indicaba, entre otros extremos, lo que a continuación se señala: “(…) las funciones propios de dicho puesto se prestan por Funcionario de Administración Local con habilitación nacional, sujeto a nombramiento de la Junta de Castilla y León. Por lo anteriormente expuesto, se remite copia de Resolución de fecha 25 de Septiembre de 2019 de la Dirección de Administración Local de la Consejería de la Presidencia por la que se autoriza la ACUMULACIÓN DE FUNCIONES del puesto de Secretaria eximida de la Mancomunidad de Municipios Valle Ambles (Ávila) en favor de la Funcionaria de Administración Local con habilitación Nacional que actualmente ostenta dichas funciones en el puesto indicado”. Segundo.- Con fecha 3 de noviembre de 2022, se interpuso por el solicitante un recurso de reposición contra la citada Resolución. Se dio traslado a la Secretaria- interventora de la solicitud formulada por el Sr. XXX, con fecha 2 de diciembre de 2022, para que formulara alegaciones. Con fecha 5 de diciembre de 2022, fue presentado escrito de alegaciones por parte de la Secretaria-interventora, oponiéndose a la remisión de los datos referidos a sus retribuciones “al considerar que la remisión de los mismos supondría una clara vulneración del derecho fundamental a la intimidad y, regulado en el artículo 18.1 de la Constitución Española, así como al derecho fundamental a la protección de datos personales del artículo 18.4 del texto constitucional”. A la vista de estas alegaciones, con fecha 5 de diciembre de 2022 se emitió una nueva Resolución por parte de la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios Valle Amblés, informando al solicitante de acceso a la información pública de las cuestiones referentes a las funciones desempeñadas por la Secretaria-interventora municipal, así como a la forma y circunstancias en que lleva a cabo la atención a la ciudadanía pese a que esta no se halla dentro de sus funciones. Por otra parte, se denegó el acceso a la información relativa a las retribuciones “por cuanto el otorgamiento de dicha información supondría una vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad (artículo 18.1 Constitución Española) y a la protección de datos de carácter personal (18.4 Constitución Española) de la mencionada Funcionaria”. Tercero.- Con fecha 5 de diciembre de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la denegación expresa de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Cuarto.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos a la Mancomunidad de Municipios Valle de Amblés poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 23 de febrero de 2023, se recibió la contestación de la Mancomunidad a nuestra solicitud de informe, en la cual se expone lo siguiente: “(…) el otorgamiento de la información sobre retribuciones supondría una vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad (artículo 18.1 Constitución Española) y a la protección de datos de carácter personal (18.4 Constitución Española) de la mencionada Funcionaria, debiendo primar la protección de dichos derechos fundamentales sobre el interés público que supondría el acceso a la información solicitada por Don XXX, máxime cuando a tenor de lo expuesto en los Criterios interpretativos adoptados por la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de fecha 24 de Junio de 2015, en su apartado 2º, no se incluiría la funcionaria indicada. Siguiendo el hilo argumental indicado en los mencionados Criterios interpretativos de la AEPD y el CTBG, en la ponderación entre la defensa y protección de los derechos fundamentales indicados y acceso a la información del solicitante, esta Mancomunidad ha de velar por la protección de dichos derechos fundamentales de la funcionaria indicada, en el caso que nos ocupa mediante la denegación del acceso a la información solicitada, concretamente.” Quinto.- Con fecha 20 de marzo de 2025, esta Comisión de Transparencia concedió un plazo de diez días a la Funcionaria de Administración local con habilitación nacional que prestaba sus servicios como Secretaria municipal en la Mancomunidad Valle de Amblés, con el fin de que alegase lo que a su derecho conviniera sobre la solicitud de acceso a la información. La interesada informó, con fecha 4 de abril de 2025, a esta Comisión de su cese como Secretaria en régimen de acumulación de funciones con fecha 21 de agosto de 2023 y formuló oposición expresa al acceso pedido, argumentando “(…) que la remisión de los mismos supondría una clara vulneración del derecho fundamental a la intimidad, regulado en el artículo 18.1 de la Constitución Española, así como al derecho fundamental a la protección de datos personales del artículo 18.4 del texto constitucional”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autor es el solicitante de acceso a la información pública. Cuarto.- La reclamación ha sido presentada dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado establecido para ello en el artículo 24.2 de la LTAIBG. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, procede señalar que el objeto de la solicitud presentada y parcialmente denegada, puede ser calificado como “información pública” de acuerdo con la definición de este concepto prevista en el artículo 13 de la LTAIBG, donde se define esta como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En todo caso, parte de la información solicitada ha sido remitida, esto es la referida a las condiciones de trabajo de la Secretaria-Interventora de la Mancomunidad de Municipios indicada. Asimismo, debe ponerse de manifiesto que en el procedimiento de acceso a la información pública se ha cubierto el trámite previsto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, precepto donde se dispone que “si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas”. Evacuado el trámite, la interesada se ha manifestado contraria a la remisión de la información solicitada por cuanto estima que tal circunstancia vulnera sus derechos fundamentales en los términos indicados en el antecedente quinto de esta Resolución. Al respecto, procede señalar que en relación con el acceso a información relativa a las retribuciones percibidas por los empleados públicos se ha emitido conjuntamente, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la LTAIBG, por el CTBG y por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el Criterio Interpretativo CI/001/2015, de 24 de junio. En su punto II.2 este Criterio se refiere a la información relativa al puesto de trabajo desempeñado por uno o varios empleados o funcionarios públicos o a las retribuciones asignadas a uno o varios puestos de trabajo determinados, en los siguientes términos: “A. Dado que en uno y otro caso la información incluye datos de carácter personal, el órgano, organismo o entidad responsable de la misma, a la hora de autorizar el acceso, habrá de realizar la ponderación de intereses y derechos prevista en el artículo 15.3 de la LTAIBG, tal y como ya ha visto que sucedía en el supuesto de la letra b) del precedente apartado A. B. Para efectuar la ponderación, habrán de tenerse en cuenta las siguientes reglas: a) Con carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal (…). b) En este sentido –y sin perjuicio de lo que se ha dicho en los antecedentes de este escrito sobre el carácter flexible y genérico de los criterios interpretativos contenidos en el mismo y sobre la competencia exclusiva de las Unidades de Información para resolver y evaluar en cada caso concreto-, con el fin de contribuir a la más clara comprensión de las reglas establecidas en el precedente apartado a) y a título meramente ejemplificativo, puede decirse que el órgano, organismo o entidad responsable de la información concedería el acceso a la información sobre las retribuciones correspondientes a: - Personal eventual de asesoramiento y especial confianza –asesores en los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado-, aunque sean funcionarios de carrera en situación especial. - Personal directivo, esto es: a) El personal expresamente identificado como tal en los Estatutos de las Agencias Estatales, los organismos y los entes públicos; b) Los Subdirectores Generales; c) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y c) Los cargos equivalentes en las fundaciones públicas y las sociedades mercantiles. - Personal no directivo de libre designación. En este caso, la prevalencia del interés público sobre los derechos individuales es decreciente en función del nivel jerárquico del empleado o funcionario público, considerándose que en los puestos de nivel 30 no Subdirectores Generales o asimilados, 29 y 28 –éstos últimos siempre que sean de libre designación- o equivalente, podría prevalecer, con carácter general, el interés público en la divulgación de la información relativa a las retribuciones de los puestos previstos con un grado de discrecionalidad sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal y que en los puestos de niveles inferiores prevalecería, con carácter general, el interés individual en la protección de los derechos fundamentales citados. C. En todo caso, la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. La razón es que el conocimiento de estos datos puede permitir el acceso a datos de carácter personal especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), esto es, datos reveladores de la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias y datos referentes al origen racial, a la salud y a la vida sexual. Si la solicitud de información requiere expresamente el desglose de las retribuciones o su importe líquido habrán de aplicarse las normas del mencionado precepto de la LOPD”. (…)”. (las referencias realizadas a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal deben entenderse hechas ahora al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales). En el caso aquí planteado ante esta Comisión, la funcionaria pública sobre cuyas retribuciones se pide información se encuentra dentro de las categorías referidas en el Criterio Interpretativo expuesto, considerando su nivel de jerarquía en la Entidad Local en la que realizaba su función. En consecuencia, a juicio de esta Comisión de Transparencia y de acuerdo con la propia argumentación expuesta en el Criterio Interpretativo antes citado, el interés público justificaría aquí proporcionar la información relativa a las concretas retribuciones percibidas por aquella, pese a su negativa a que el solicitante tenga acceso a tal información. En este supuesto, la ponderación exigida por el artículo 15.3 de la LTAIBG conduce a una conclusión favorable al acceso a la información pedida. La única precisión que debemos hacer es la necesidad de ofrecer la información relativa a sus retribuciones en cómputo anual sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos por mensualidad, en la forma señalada, por ejemplo, en la Resolución del CTBG de 21 de junio de 2018. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio. En el caso que aquí nos ocupa, en la solicitud de acceso a la información pública se opta por la vía electrónica como medio de recibir las notificaciones, por lo que por dicha vía habrá de remitirse la información solicitada En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación presentada por D. XXX frente a la Mancomunidad de Municipios Valle de Amblés (Ávila). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe proporcionarse al reclamante la información relativa a las retribuciones de quien desempeñaba el puesto de Secretaria-Interventora en la Mancomunidad de Municipios Valle de Amblés en la fecha de presentación de la solicitud. Dicha información ha de ofrecerse en cómputo anual sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos por mensualidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el acceso a la información en la forma señalada debe tener lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo frente a esta Resolución sin que se haya formalizado o, en su caso, cuando este haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, a D.ª XXX, como tercera afectada, y a la Mancomunidad Valle de Amblés. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.