Reclamación por denegación presunta de solicitud de actas de concejos a la Junta Vecinal La Vid de Gordón. La Comisión estima parcialmente, exigiendo a la Junta que declare expresamente la inexistencia de las actas solicitadas

Resolución 133/2025, de 16 de mayo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-490/2024 / Reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX, ante la Junta Vecinal La Vid de Gordón (León) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 24 de septiembre de 2024, D.ª XXX dirigió una solicitud de información pública a la Junta Vecinal de La Vid de Gordón (León). El objeto de esta petición se concretaba en los términos que se describen a continuación “Las actas completas de los concejos celebrados durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024” Hasta la fecha, no consta que la solicitud indicada haya sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha 31 de octubre de 2024, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos a la Junta Vecinal de La Vid de Gordón poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 21 de enero de 2025, se recibió la contestación de la indicada Entidad Local Menor a nuestra solicitud de informe. En esta respuesta se hace constar, entre otras consideraciones, lo siguiente: “Primero.- Como puede verse de la solicitud presentada por la interesada, y que acompaña a su requerimiento, esa solicitud no se presentó ante esta Junta Vecinal sino ante el Ayuntamiento de La Pola de Gordón. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento, a día de hoy, no ha remitido esa solicitud a esta Junta vecinal, que por tanto desconocía su existencia y no ha podido proceder a su contestación. Segundo.- Señalado lo anterior, aprovechando este trámite y sobre el fondo de la información que se solicita, hemos de manifestar que por esta Junta Vecinal no se elaboran actas de las reuniones en concejo, ni existe por tanto Libro de Actas de estas reuniones, ya que no existe obligación legal de realizarlas”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que su autora es la solicitante de acceso a la información pública. Cuarto.- Esta impugnación, recibida con fecha 31 de octubre de 2024, tiene como objeto la denegación presunta de la información solicitada en su día -con fecha 24 de septiembre de 2024- con las salvedades que constan en la información remitida por la Junta Vecinal de la Vid de Gordón en cuanto a su recepción. En este sentido, aun cuando la Entidad Local Menor afirma en su informe no haber recibido la solicitud de información realizada por la reclamante, lo cierto es que, al menos, conoce su existencia desde la petición de informe realizada por esta Comisión, a la cual se adjuntó una copia de aquella. En cualquier caso, en cuanto al plazo para interponer reclamaciones frente a resoluciones presuntas, este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. No obstante, con carácter general, respecto al plazo para reclamar frente a las estimaciones presuntas de solicitudes de acceso a la información pública, se debe poner de manifiesto el criterio manifestado por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC, relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición, se concluye lo siguiente: “(…) la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Esta conclusión la hacemos extensible a las reclamaciones que se presentan ante esta Comisión de Transparencia frente a las desestimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, conviene recordar que la LTAIBG, conforme se desprende de su preámbulo, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En similares términos, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, recoge en su exposición de motivos el siguiente razonamiento: “La transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas”. Como ya se ha señalado, el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la misma Ley. Este precepto define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A los efectos de resolver la reclamación interpuesta ante esta Comisión es necesario acudir a lo expuesto por la Junta Vecinal de La Vid de Gordón, cuando manifiesta que “no se elaboran actas de las reuniones en concejo, ni existe por tanto Libro de Actas de estas reuniones”. En definitiva se viene a poner de manifiesto que no existe la información pública pedida. Procede señalar aquí que, en aquellos supuestos donde la información solicitada no existe o no obra en poder del sujeto al que se dirige la petición, se satisface el derecho de acceso a la información pública del solicitante poniendo de manifiesto esta circunstancia al mismo a través de la correspondiente respuesta escrita. Esta Comisión ha venido señalando en numerosas resoluciones (entre otras, Resolución 188/2020, de 9 de octubre, expediente CT-15/2020; Resolución 119/2021, de 18 de junio, expediente CT-147/2020; Resolución 219/2021, de 2 de noviembre, expediente CT-239/2020; o, en fin, Resolución 22/2022, de 1 de marzo, expediente CT166/2021) que, en el caso de que la información pública solicitada no exista, la satisfacción del derecho de acceso a la información del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una resolución como la señalada, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada por este no existe, responde expresamente a la petición realizada, lo cual no quiere decir que de la inexistencia o, en su caso, imposibilidad de localización de la información de que se trate no se puedan derivar otro tipo de acciones ajenas a aquel derecho. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio. En el caso que aquí nos ocupa, la reclamante solicitó la notificación electrónica y, por tanto, esta ha de ser la vía utilizada para proporcionar la información. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX, ante la Junta Vecinal La Vid de Gordón (León). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Junta Vecinal de La Vid de Gordón deberá dictar un acto administrativo expreso en el que se haga constar la inexistencia de la información solicitada, procediendo a su notificación electrónica a la parte reclamante. Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y a la Junta Vecinal de La Vid de Gordón. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.