Reclamación por denegación presunta de información sobre expedientes de pago, informes y certificaciones de servicios de SOMACYL para el mantenimiento de la red de fauna ictícola y piscifactorías. La Comisión desestima la reclamación al haberse facilitado la información

Resolución 175/2025, de 17 de junio, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-325/2023 / Reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 31 de mayo de 2023, el representante de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León dirigió una solicitud de información pública a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación a la Orden de 14 de julio de 2022 de este centro directivo, por la que se declaró la emergencia de la contratación del mantenimiento y funcionamiento de la red de seguimiento de la fauna ictícola y de las piscifactorías de producción de trucha común autóctona de titularidad pública. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “PRIMERO.- Que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se ajuste a la legalidad, asuma sus competencias, y que el mantenimiento y funcionamiento de la red de seguimiento de la fauna ictícola y de las piscifactorías de producción de trucha común autóctona de titularidad pública, sean gestionadas por funcionarios, tal y como establece la legalidad vigente. SEGUNDO.- Que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, deje de externalizar los servicios públicos y deje de eludir los controles, fiscalizaciones y vigilancias administrativas. TERCERO.- Desde julio de 2022 hasta mayo de 2023, copia de todos los expedientes de pago mensuales del encargo para la gestión de la red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León y el funcionamiento de las piscifactorías oficiales realizado a favor de SOMACYL. CUARTO.- Desde julio de 2022 hasta mayo de 2023, copia de todos los informes realizados y certificaciones emitidas por los trabajos realizados, del Jefe de Servicio de Caza y Pesca y del Jefe de Sección de Gestión Piscícola, en relación a la gestión de la red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León y el funcionamiento de las piscifactorías oficiales realizado a favor de SOMACYL”. Segundo.- Con fecha 1 de septiembre de 2023, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por el representante de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una copia de la solicitud de información pública no contestada y de la reclamación presentada. Cuarto.- A la respuesta a nuestra solicitud de informe se adjuntó la Orden de 20 de diciembre de 2023 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se resolvió la solicitud de acceso a la información pública formulada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León (AIP/2269/2023). Asimismo, en el correo electrónico a través del cual se remitió a esta Comisión la respuesta a nuestra petición de informe se señaló que la Orden citada había sido notificada a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales el 21 de diciembre de 2023. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello puesto que su autora fue la misma entidad que presentó la solicitud de información pública que dio lugar a la impugnación. Cuarto.- La reclamación inicialmente fue interpuesta frente a la denegación presunta de la solicitud de información presentada. Sin embargo, en el curso de su tramitación se ha producido la resolución expresa de aquella a través de la remisión a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Orden, de 20 de diciembre de 2023, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. La Orden se inicia haciendo referencia a un escrito de la Junta de Personal de Funcionarios de fecha 21 de julio de 2023, en el cual se reitera todo lo solicitado por la Junta de Personal en su escrito de 31 de mayo 2023 (objeto de esta reclamación), y se añaden más peticiones de información, si bien estas últimas no son objeto de estudio en esta Resolución. Así pues, centrando el estudio en las peticiones de información realizadas por la Junta de Personal en su escrito de 31 de mayo de 2023, deben destacarse al respecto los siguientes fundamentos jurídicos de la Orden de 20 de diciembre de 2021: “CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la LTAIBG, la información solicitada puede ser calificada como información pública en cuanto se trata de contenidos o documentos elaborados o adquiridos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el ejercicio de sus funciones. (…) SEXTO.- El elevado volumen de la información solicitada dificulta el acceso a la información por vía electrónica, debido a las limitaciones técnicas del sistema de notificación electrónica que impiden incorporar archivos tan voluminosos, por lo que se ha considerado más adecuado conceder el acceso a la documentación solicitada a través de su remisión en soporte informático por JCyL Transfer”. Por todo ello, en esta Orden se dispuso lo siguiente: “ESTIMAR la solicitud formulada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, informando conforme a los señalado en el Fundamento de Derecho Quinto y concediendo el acceso a la información solicitada, que se hará efectivo mediante la puesta a disposición de la solicitante, en el momento de notificación de la presente Resolución, de copia de la siguiente documentación relativa al servicio prestado por SOMACYL para el mantenimiento y funcionamiento de la Red de Seguimiento de la Fauna Ictícola y de las piscifactorías de producción de trucha común autóctona de titularidad pública correspondiente a los meses de enero de 2022 a junio de 2023, que está accesible en el siguiente enlace - Facturas correspondientes a los servicios prestados por SOMACYL. - Facturas de proveedores presentadas por SOMACYL. - Certificaciones correspondientes al servicio prestado por SOMACYL. - Memorias presentadas por SOMACYL”. Así pues, tras la lectura de la Orden, de 20 de diciembre de 2023, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se comprueba que se facilitó la información pública solicitada por la Junta de Personal en relación a los gastos y certificaciones por servicios prestados por SOMACYL, correspondiente a los meses de enero de 2022 hasta junio de 2023, respecto al “mantenimiento y funcionamiento de la Red de Seguimiento de la Fauna Ictícola y de las piscifactorías de producción de trucha común autóctona de titularidad pública”, objeto de la declaración de emergencia de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de 14 de julio de 2022. Se puede concluir, por tanto, que la información pública realmente solicitada en la petición identificada en los antecedentes de esta Resolución fue facilitada. Quinto.- Es cierto que en este caso se superó el plazo establecido para la resolución expresa de la solicitud presentada. Sin embargo, aunque el sentido del silencio administrativo es negativo (artículo 20.4 de la LTAIBG), que se hubiera producido el mismo no eximía del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa. Así mismo, las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo determinaban que la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptara por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En consecuencia, nada cabe objetar al contenido de la decisión adoptada de forma extemporánea. Sexto.- En definitiva, considerando que se ha resuelto expresamente la solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho de la solicitante a acceder a la información pedida, se puede concluir que el objeto de la reclamación inicial desapareció en su día y, por este motivo, procede su desestimación. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, como autora de la reclamación y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.