Reclamación por denegación de listado de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la eutanasia en Salamanca

Resolución 194/2025, de 7 de julio, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-99/2024 / Reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 24 de febrero de 2024, tuvo registro de entrada en el Procurador del Común una instancia de queja presentada por D. XXX contra la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. En el “solicito” de este escrito se ponía de manifiesto la existencia de una solicitud, de fecha 3 de febrero de 2024, dirigida a la Consejería de Sanidad por la que se requería a esta el listado de profesionales sanitarios declarados objetores de conciencia para realizar la prestación de eutanasia en Salamanca. La solicitud indicada fue denegada a través de una comunicación de la Directora General de Salud Pública de fecha 19 de febrero de 2024, fundamentada en lo dispuesto en el Decreto 5/2022, de 11 de marzo, por el que se crea el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir. La citada comunicación carecía de los requisitos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por lo demás, argumentaba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del citado Decreto, la imposibilidad de ofrecer “dato alguno del registro de profesionales sanitarios que han manifestado su objeción de conciencia, puesto que los datos ahí contenidos están sometidos a la más estricta confidencialidad, y además, y fundamentalmente, porque el registro es una herramienta administrativa cuyos potenciales destinatarios no son los solicitantes de la prestación, sino la propia administración sanitaria y responsables de centros privados, con el fin de garantizar la adecuada gestión de esta prestación”. Segundo.- Con fecha 27 de febrero de 2024, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León, remitido por el Procurador del Común, el escrito señalado en el expositivo anterior al ser este calificado como una reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por D. XXX frente a la denegación expresa de la solicitud de información de fecha 3 de febrero de 2024. Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos a la Consejería de Sanidad poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 26 de julio de 2024, se recibió la contestación de la Consejería de Sanidad a nuestra solicitud de informe con descripción de los trámites seguidos en un expediente tramitado con anterioridad a febrero de 2024 y que había devenido firme por no haber accedido el interesado a la notificación de la Resolución adoptada. Asimismo se argumentaba la falta de competencia de esta Comisión para tramitar y resolver esta reclamación por entender que no se trataba de un ejercicio del derecho de acceso a la información pública, estimando que resultaba de aplicación el Decreto 5/2022, de 11 de marzo, por el que se crea el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir, y no la normativa de transparencia. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Así las cosas y pese a lo argumentado por parte de la Consejería de Sanidad, el examen de la solicitud formulada por parte del Sr. XXX permite concluir que esta contiene, sin lugar a dudas, una solicitud de acceso a la información pública, tal y como se fundamentará más adelante. Por otra parte, no puede obviarse que, sin perjuicio de que por parte de la Administración sanitaria se haya aplicado la normativa prevista para la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir, esta circunstancia no impide la aplicación supletoria de la normativa de transparencia, máxime si se tiene en cuenta que este tipo de solicitudes (acceso al listado de facultativos objetores de conciencia a la eutanasia) no es excepcional y ha dado lugar al pronunciamiento de diversos órganos de control. Así, la Resolución del CTBG, de 24 de enero de 2024, en una solicitud similar pero respecto de los objetores de conciencia en las Islas Baleares, ha considerado la plena competencia del Consejo aplicando supletoriamente la normativa de transparencia, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LTAIBG. En consecuencia y por las mismas razones, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autor es el solicitante de acceso a la información pública. Cuarto.- La reclamación ha sido presentada dentro del plazo de un mes desde la notificación de la denegación de la información, por lo tanto dentro del plazo establecido en el artículo 24.2 de la LTAIBG. Quinto.- - En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este caso, el objeto de la reclamación es la denegación del listado de facultativos objetores a la eutanasia en la provincia de Salamanca, mediante una comunicación que no reviste los requisitos para ser considerada como resolución en los términos del artículo 88 de la LPAC. Asimismo, tal denegación fue adoptada por un órgano que no es el competente en materia de acceso a la información pública y en aplicación de la normativa reguladora del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir. Pues bien, hemos de reiterar aquí el carácter supletorio de la normativa de transparencia, en los términos antes señalados. En consecuencia, a diferencia de la actuación llevada a cabo en este caso por la Administración autonómica, la presentación de la solicitud del Sr. XXX debió dar comienzo al procedimiento regulado en la sección 2.ª del capítulo III del título I de la LTAIBG, y al que también se hace referencia para el ámbito de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos en el Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 a 20 de la LTAIBG, una vez presentada una solicitud de información, la misma podrá ser inadmitida por alguna de las causas previstas en el artículo 18; si no concurriera ninguna de estas causas, la tramitación de la citada solicitud debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 (con especial referencia, a los efectos que aquí nos ocupan, a lo dispuesto en su apartado 3); y el procedimiento debe finalizar con una resolución del titular de la consejería correspondiente (artículo 7.1 a de la Ley 3/2015, de 4 de marzo) recurrible directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa y potestativamente a través de una reclamación ante el organismo de transparencia, reclamación sustitutiva del recurso administrativo. En relación con el asunto que nos ocupa, debemos reconocer el derecho a acceder a la información solicitada, salvo que el mismo se encuentre afectado por los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, en cuyo caso debe denegarse el acceso, total o parcialmente, en todo caso de forma motivada. Sin embargo, en el supuesto aquí planteado no se procedió de la forma señalada, como evidencia el propio informe de la Consejería de Sanidad remitido a esta Comisión. Sexto.- Considerando el objeto concreto de la solicitud de información antes delimitado, no cabe duda de que la identificación de los facultativos objetores de conciencia está afectada por alguno de los límites al derecho de acceso a la información pública recogidos en la LTAIBG. Concretamente en el presente caso concurre, a juicio de esta Comisión, el límite previsto en el artículo 15 por contener la información solicitada datos de carácter personal que, además, no solo son identificativos sino que pueden ser considerados datos referidos a las convicciones filosóficas, religiosas o creencias de otra naturaleza, las cuales se encuentran entre las categorías especiales de datos personales, cuyo tratamiento con carácter general queda prohibido en los términos dispuestos en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Por otra parte, en cuanto a la protección de datos personales, el CTBG y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la LTAIBG, adoptaron con fecha 24 de junio de 2015 un criterio interpretativo de aplicación este límite (CI/002/2015), donde se afirma lo siguiente: “El proceso de aplicación de estas normas (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) comprende las siguientes etapas o fases sucesivas: I. Valorar si la información solicitada o sometida a publicidad activa contiene o no datos de carácter personal, entendiéndose por estos los definidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). II. En caso afirmativo, valorar si los datos son o no datos especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la LOPD, esto es: a) Datos reveladores de la ideología, afiliación sindical, religión y creencias; b) Datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, y c) Datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas. Si contuviera datos de carácter personal especialmente protegidos, la información solo se podrá publicar o facilitar: (...) c) En el supuesto de los datos de la letra c) anterior, y siempre que las correspondientes infracciones penales o administrativas no conlleven la amonestación pública al infractor, cuando se cuente con el consentimiento expreso del afectado o estuviera amparado por una norma con rango de Ley. (...) Finalmente, una vez realizados los pasos anteriores, valorar si resultan de aplicación los límites previstos en el artículo 14. (...)". En atención a los argumentos parcialmente transcritos, el CTBG y la AEPD concluyeron lo siguiente: “a) Los artículos 14 y 15 de la LTAIBG regulan los límites del derecho de acceso a la información que no operan de forma automática, sino que habrán de ser aplicados de acuerdo con las reglas de aplicación y los elementos de ponderación que establecen la citada Ley y la LOPD. b) El orden de ponderación opera desde el artículo 15 al 14 con los elementos que modulan la toma de decisiones. (...)”. Por tanto, estos límites son los que han de tomarse en consideración a la hora de resolver la solicitud de acceso a la información pública, todo ello además teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa específica en materia de objeción de conciencia de profesionales sanitarios (Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia) y la específicamente aplicable en Castilla y León, esto es el Decreto 5/2022, de 11 de marzo, por el que se crea el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir. Así pues, procede desestimar la pretensión del reclamante en orden a la identificación de los profesionales que se han declarado objetores para la prestación de la ayuda a morir. Sin embargo, ello no es óbice para que deba emitirse una Resolución a tal efecto, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 88 de la LPAC y donde se aplique de forma supletoria la normativa de transparencia y, más concretamente, los límites en ella establecidos, en los términos que se han señalado. Séptimo.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”, norma que resulta aplicable para determinar la forma de comunicación aunque esta no incluya, por las razones apuntadas, la información solicitada. En el presente caso el reclamante detalla una dirección electrónica y por tanto será a esta a la que haya de remitirse la Resolución que ha de adoptarse. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe resolverse expresamente la solicitud de información presentada por el reclamante poniendo de manifiesto la concurrencia de los límites previstos en la normativa de transparencia que impiden la identificación de los profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de la ayuda para morir. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y a la Consejería de Sanidad. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.