Consulta sobre la cría de animales domésticos en un piso no habitado, inadmitida por no ser información pública

Resolución 231/2025, de 14 de agosto, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-391/2025 / Reclamación frente a la ausencia de contestación a una petición presentada por D. XXX ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 30 de diciembre de 2024, D. XXX presentó un escrito dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el que expuso: “Asunto: Cría de animales domésticos en un piso no habitado de la comunidad de vecinos. Expone: Mis padres poseen un piso en el municipio de Trespaderne (Burgos), y en la misma planta, hay un piso no habitado en el cual están criando animales domésticos (gatos). Solicito conocer: -¿Es posible la cría de animales domésticos en un piso no habitado? En el piso no convive ninguna familia, los animales domésticos (gatos), están solos. -En el caso que la anterior pregunta sea afirmativa, ¿existe algún condicionado para la cría de dichos animales domésticos? ¿está limitado el número máximo de animales domésticos que se pueden criar?” No consta que esta petición fuera respondida de forma expresa. Segundo.- Con fecha 27 de julio de 2024, tuvo entrada en esta Comisión de Transparencia una reclamación frente a la falta de respuesta a la petición indicada en el antecedente primero. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Tercero.- El artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información pública en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque el mismo la ha elaborado, o bien porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. En el caso que nos ocupa, la petición que D. XXX traslada a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tiene el carácter de una consulta jurídica sobre la situación particular de una vivienda desocupada en la que se crían animales domésticos. Para responder a la petición realizada por el interesado, la Administración a la que se ha dirigido debería hacer un análisis de una situación legal específica en la que se identificaran supuestos derechos, obligaciones, incumplimientos, sanciones, etc., lo que no se corresponde con facilitar una información de la que dispondría en consideración a sus funciones y competencias. En este sentido, el CTBG ha señalado, en su Resolución 653/2021, de 3 de febrero de 2022, lo siguiente: “Sentado lo anterior, es preciso tener en cuenta uno de los requisitos necesarios para que el derecho de acceso prospere es que la información exista y se encuentre en el ámbito de disposición de os órganos o entidades sometidas a la LTAIBG. En este sentido, la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, razona que «El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que ya está disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medio propios, información que antes no tenía». En el mismo sentido, la Sentencia dictada en el recurso Apelación 63/2016 por la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional señala que «El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular.» Por tanto, las consultas de interpretación jurídica en las que se pretende conseguir respuesta a una duda originada por una determinada interpretación legal, como algunas de las que plantea la reclamante, deben ser resueltas elaborando expresamente un informe o respuesta aclaratoria de la cuestión que no existe en el momento en que se solicita, por lo que no alcanza la condición de información pública, en los términos citados anteriormente”. En definitiva, como ya se ha indicado, lo solicitado en este caso por el reclamante es una repuesta a una consulta jurídica relacionada con la cría de animales domésticos en una vivienda particular, cuya emisión exigiría la elaboración de un documento ad hoc por la Administración, resultando ajeno el objeto de la petición presentada al ejercicio del derecho de acceso a la información pública regulado en el capítulo III, del título I de la LTAIBG. En consecuencia, esta Comisión de Transparencia no resulta competente para tramitar y resolver el escrito de reclamación recibido. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la ausencia de respuesta expresa a una petición presentada por D. XXX ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Segundo.- Notificar esta Resolución a D. XXX como autor de la reclamación. Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.