Reclamación de FACUA CyL por denegación presunta de información sobre el resultado de un expediente sancionador a una empresa, resuelta con la concesión de la información por la administración

Resolución 289/2025, de 3 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-473/2024 / Reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios FACUA Castilla y León - Consumidores en Acción ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid (Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 14 de octubre de 2024, la Asociación de Consumidores y Usuarios FACUA Castilla y León – Consumidores en Acción recibió una comunicación del Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid (Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León), en los siguientes términos: “En relación con la denuncia formulada por Vd. contra XXX, le informamos que cono consecuencia de la misma se ha incoado el expediente sancionador de Consumo nº XXX a la empresa denunciada. Finalizada la correspondiente tramitación, se ha dictado resolución de conformidad con la normativa vigente aplicable en materia de Consumo”. Con fecha 31 de octubre de 2024, la Asociación de Consumidores y Usuarios FACUA Castilla y León – Consumidores en Acción presentó en el registro electrónico de la Junta de Castilla y León una solicitud de información pública dirigida al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, Sección Consumo (Consejería de Industria, Comercio y Empleo) en relación con el expediente sancionador XXX abierto a la empresa XXX., refiriendo lo siguiente: “(…) venimos a solicitar se nos informe del resultado de dicho expediente sancionador”. Segundo.- Con fecha 18 de octubre de 2024, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León un escrito de reclamación inicial presentado por la Asociación de Consumidores y Usuarios FACUA Castilla y León – Consumidores en Acción frente a la falta de acceso a la información pública indicada en el expositivo anterior. Una vez subsanada por la reclamante su reclamación inicial con fecha 4 de febrero de 2025, previo requerimiento realizado a tal efecto por el Secretario de esta Comisión, nos dirigimos a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo poniendo de manifiesto la recepción de la subsanación de aquella y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una copia de la solicitud de información pública no contestada y de la reclamación presentada. Tercero.- Con fecha 5 de mayo de 2025, se recibió la respuesta a nuestra solicitud de informe de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, en la cual se indica lo siguiente: “Se procede a informar que en el día de hoy se ha notificado la Resolución al reclamante FACUA, indicando que ya se remitió la documentación solicitada”. Asimismo, se adjunta la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de 30 de abril de 2025, por la que se resolvió la solicitud de acceso a la información pública formulada por FACUA Castilla y León Consumidores y Usuarios en Acción. Expte: CT-473/2024, así como la acreditación de la notificación electrónica practicada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autora es la misma asociación que se dirigió en solicitud de información pública a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Cuarto.- A la vista de la subsanación del escrito inicial, se constató que la reclamación se interponía frente a la denegación presunta de la solicitud de información presentada. Sin embargo, en el curso de su tramitación se ha producido la resolución expresa de aquella solicitud a través de la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de 30 de abril de 2025, por la que se resuelve la solicitud de acceso a la información pública formulada por FACUA Castilla y León Consumidores y Usuarios en Acción. En los fundamentos tercero y cuarto de esta Resolución se señala lo siguiente: “TERCERO.- La solicitud de acceso a la información pública efectuada por FACUA CASTILLA y LEÓN – CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN, se refiere a los documentos que obran en el expediente de carácter sancionador que se inició como consecuencia de la reclamación formulada por el solicitante. Sobre el acceso a este tipo de expedientes y a su condición de «información pública» a efectos de lo dispuesto en la normativa aplicable, y los límites que establecen los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es importante señalar, por su relación con los expedientes de carácter sancionador, los límites establecidos en el apartado 1 e) del artículo 14, cuando la divulgación de la información requerida puede suponer un perjuicio para la prevención, investigación o sanción de los ilícitos administrativos y en el apartado segundo, del número 1 del artículo 15, según el cual «Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 7 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuvieses amparado por una norma con rango de Ley». En Acuerdo AR 14/2019, de 9 de octubre de 2017, del Consejo de Transparencia de Navarra (Reclamación 14/2017), precisa en su Fundamento de Derecho Séptimo que el límite de acceso a la información pública –en los casos de perjuicio para la prevención, investigación o sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias- debe ser aplicado durante las concretas fases del procedimiento que describen los preceptos, esto es, en las fases de «prevención», «investigación» o «sanción» y cuando el acceso a la información suponga un peligro para alguna de estas fases. Respecto a la aplicación del segundo límite (artículo 15.2.1), tal y como expone la Comisión de la Transparencia en la citada Resolución, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional quinta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, adoptaron con fecha 24 de junio de 2015 un criterio interpretativo de aplicación de los límites establecidos por los artículos 14 y 15 del citado texto legal (CI/002/2015), que concluye lo siguiente: «En consecuencia, los documentos integrantes de un procedimiento sancionador, en trámite o finalizado, contienen datos relativos a la posible comisión de infracciones administrativas y, por tanto, el acceso a aquellos está sujeto, en principio, al límite de la previa obtención del consentimiento expreso del afectado (…). Sin embargo, este límite no opera en dos supuestos: cuando el expediente sancionador de que se trate se contengan datos referidos exclusivamente a personas jurídicas; y en el caso de datos relativos a infracciones administrativas que conllevan la amonestación pública al infractor». En virtud de todo lo anterior, en lo que respecta a la solicitud presentada, se ha de tener en cuenta las siguientes cuestiones: 1ª.- Que se trata de un procedimiento sancionador finalizado a la fecha de la solicitud por lo que no cabe entender que el acceso a la información contenida en él pueda perjudicar de ninguna manera a la prevención, investigación o sanción de los hechos que dieron lugar a su inicio. 2ª.- Que el expediente sancionador se tramitó a una persona jurídica, por lo que no contiene datos de carácter personal especialmente protegidos o relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas (todo ello sin perjuicio de la posibilidad de disociar o anonimizar otros datos de carácter personal que puedan obrar en la documentación). 3ª.- Que la resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por la que se resuelve el Expediente Sancionador Número XXX, incoado a XXX., determina que «tras el estudio detallado de los hechos declarados probados, y de la normativa vigente que le es de aplicación, se estima que los mismos no son constitutivos de infracción administrativa de consumo». CUARTO.- En virtud de cuanto antecede, procede estimar la solicitud realizada, y otorgar el acceso a la información de los documentos que forman parte del expediente sancionador Expte. nº XXX”. En la parte dispositiva de la Resolución se indica lo siguiente: “PRIMERO.- Conceder el acceso a la información, a que se refiere la solicitud formulada por FACUA CASTILLA Y LEÓN – CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ACCIÓN, informando que con fecha 9 de abril de 2025 el Jefe de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid notificó al solicitante el contenido de la Resolución del expediente nº: XXX”. Por lo expuesto, ha quedado sin objeto esta reclamación al haberse concedido la información pública solicitada y, por este motivo, procede su desestimación. Quinto.- Es cierto que en este caso se ha superado el plazo establecido para la resolución expresa de la solicitud presentada. Sin embargo, aunque el sentido del silencio administrativo es negativo (artículo 20.4 de la LTAIBG), que se hubiera producido el mismo no eximía del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa. Así mismo, las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo determinaban que la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptara por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En consecuencia, nada cabe objetar al contenido de la decisión adoptada. Sexto.- En definitiva, considerando que se ha resuelto expresamente la solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho de la solicitante a acceder a la información pedida, se puede concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial y, por este motivo, procede su desestimación En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios FACUA Castilla y León – Consumidores en Acción, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a la Asociación de Consumidores y Usuarios FACUA Castilla y León – Consumidores en Acción, como autora de la reclamación, y a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.