Reclamación por denegación presunta de información catastral sobre fincas de D.ª XXX y del Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza. La Comisión estima parcialmente la reclamación y ordena remitir la solicitud a la Dirección General del Catastro para su resolución

Resolución 356/2025, de 17 de noviembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-266/2019 / Reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza (Segovia) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 24 de agosto de 2019, D.ª XXX dirigió una solicitud de información pública al Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza (Segovia). En el “solicito” de esta petición dirigida a la Entidad local referida se pedía lo siguiente: “- Relación catastral de fincas y otros bienes cuya titularidad sea XXX - Relación catastral de bienes cuya titularidad sea del Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza ubicados en el barrio de XXX” No existe constancia, hasta la fecha, de que la solicitud indicada haya sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha 14 de octubre de 2019, esta Comisión de Transparencia de Castilla y León recibió una reclamación -subsanada posteriormente el 13 de diciembre del mismo año- presentada por D.ª XXX frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Recibida la reclamación anterior, nos dirigimos al Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. En la contestación municipal remitida en atención a nuestra solicitud de informe se exponía lo siguiente: “Que en el escrito suscrito por los vecinos del núcleo de XXX se expresa literalmente «relación catastral de fincas». Que este Ayuntamiento tiene habilitado un acceso a la Sede Electrónica del Catastro para el ejercicio de competencias propias, pero no tiene autorizado el funcionamiento como Punto de Información Catastral. Que este Ayuntamiento ha considerado que una información como la referida sólo puede proporcionarse por el propio Catastro o, en su caso, por aquel Ayuntamiento que tuviera autorizado el funcionamiento como Punto de Información Catastral, y siempre que se trate de los propios titulares catastrales o de representantes que acrediten la autorización de aquellos. Que este Ayuntamiento realizó una consulta telefónica al Catastro sobre esta cuestión, habiendo respaldado la consideración expresada en el anterior párrafo. Estas mismas conclusiones se pueden obtener, por ejemplo, a la vista de la lectura del «Manual para la colaboración entre las Entidades Locales y el Catastro». Que este Ayuntamiento dio una contestación «informal» a una de las peticionarias a través del correo electrónico adjunto, no habiéndose considerado procedente dictar una resolución denegatoria al respecto, por entender que es manifiesto que no se trata de un asunto que quede dentro de las competencias municipales. Que este Ayuntamiento ha considerado que, a la vista de la situación existente (que pudiera derivarse incluso a instancias jurisdiccionales), había que atenerse estrictamente a la normativa catastral de aplicación, puesto que en caso contrario se pudiera estar soslayando determinadas normativas; en particular la de protección de datos de carácter personal. Que todos los miembros de la Corporación (unánimemente, con independencia de su signo político) son conscientes del problema existente en relación a la XXX y están dispuestos a ofrecer la máxima colaboración que sea posible para solucionarlo, para que dicha entidad quede constituida legalmente y se permita la participación en la gestión de su patrimonio de los todos los vecinos de ese núcleo (así se puede deducir claramente de lo expresado en el referido correo electrónico), pero respetando siempre los límites que impone la ley, como no podía ser de otra manera”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación fue presentada por quien se encontraba legitimada para ello puesto que la reclamante era la misma persona que se había dirigido en solicitud de información al Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 14 de octubre de 2019, después de que la solicitud de información pública fuera realizada mediante un escrito presentado el 24 de agosto de 2019. Por lo tanto, fue presentada dentro del plazo establecido. Quinto.- Sobre la cuestión de fondo de la reclamación que ahora nos ocupa, debemos partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este caso, no cabe duda de que la información solicitada (“Relación catastral de fincas y otros bienes cuya titularidad sea XXX, y relación catastral de bienes cuya titularidad sea del Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza ubicados en el barrio de XXX”), puede ser calificada como “información pública” en los términos previstos en el precitado artículo 13 de la LTAIBG. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.4 de la LTAIBG, “cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a este para que decida sobre el acceso”. Según establece el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, la Dirección General del Catastro remitirá a las Administraciones tributarias la información catastral necesaria para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuya aplicación les corresponde, en los términos que reglamentariamente se determinen. Esta previsión legal ha sido desarrollada por el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, cuyo artículo 70.2 establece la información que las Gerencias y Subgerencias del Catastro deben remitir a los Ayuntamientos o entidades gestoras de los correspondientes impuestos municipales. En consecuencia, la información que fue solicitada por el reclamante debe ser elaborada anualmente por la Dirección General del Catastro (Gerencia Territorial del Catastro de Segovia), y correspondía a este órgano administrativo decidir lo que procediera en cuanto a la petición de acceso a aquella. En concreto, es este órgano quién debía determinar si la información solicitada en este caso es información “con trascendencia tributaria” y, por tanto, de carácter reservado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Sobre la aplicación de esta última disposición en el ámbito del derecho de acceso a la información pública se ha pronunciado en diversas ocasiones esta Comisión de Transparencia [entre otras, Resolución 47/2018, de 23 de marzo, expte. CT-0200/2017; Resolución 137/2020, de 19 de junio, expte. CT-0247/2018; y Resolución 213/2020, de 20 de noviembre (CT-146/2019)]. Es cierto que en este caso el Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza no procedió a resolver expresamente la solicitud presentada en el sentido indicado en el artículo 19.4 de la LTAIBG. No obstante, sí se comunicó a la reclamante de manera informal -a través de un correo electrónico- que no correspondía al Ayuntamiento decidir acerca del acceso a la información solicitada, añadiendo que, desde la Dirección General del Catastro (Gerencia Territorial del Catastro de Segovia) sí se permitiría una consulta personal de la información pedida (no constando en esta Comisión si esta consulta tuvo o no lugar en su día). En cualquier caso, en el supuesto de que no se hubiera remitido en su día la petición de información a la Dirección General del Catastro (Gerencia Territorial del Catastro de Segovia) y de que el acceso a tal información no haya tenido aún lugar, procedería remitir la solicitud a la Administración catastral, a los efectos de que se adopte la Resolución que corresponda. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante el Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza (Segovia). Segundo.- En el supuesto de que no se hubiera remitido en su día la petición de información a la Dirección General del Catastro (Gerencia Territorial del Catastro de Segovia) y de que el acceso a esta no haya tenido aún lugar, procedería remitir la solicitud a la Administración catastral, a los efectos de que se adopte la Resolución que corresponda. Tercero.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y al Ayuntamiento de Aldealengua de Pedraza. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.