Reclamación por desestimación presunta de solicitud de información sobre la no ejecución de un proyecto de obra en la Plaza la Iglesia de El Piñero

Resolución 367/2025, de 17 de noviembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-4/2024 / Reclamación frente a la desestimación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de El Piñero (Zamora) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 18 de noviembre de 2023, D. XXX dirigió una solicitud de información pública al Ayuntamiento de El Piñero (Zamora). La pretensión deducida se planteó en los términos siguientes: “(…) En los planes provinciales 2021/2022 había cuatro proyectos de obras con un presupuesto de 29.662,55 para el pueblo de El Piñero, tres de ellos ya ejecutados que son calle Nueva, calle La Flor, calle Millán Astray, y por último Plaza la Iglesia; este proyecto contemplaba (barandilla metálica con pasamanos, en todo el perímetro del muro de nominado (pretil), con presupuesto de 6.600,00 euros, este último NO ha sido ejecutado. Solicito, pregunto por qué este proyecto teniendo consignación presupuestaria para ello NO se ha ejecutado, (pues estos días atrás se ha empezado y se ha paralizada esa obra)”. Hasta la fecha, no existe constancia de que la solicitud indicada haya sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha siete de marzo de dos mil veinticuatro, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida la reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de El Piñero poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Consta la recepción de esta petición por el citado Ayuntamiento con fecha 22 de marzo de 2024, conforme se desprende del aviso de recibo certificado suscrito en dicha fecha. Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución. Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de El Piñero, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que el reclamante es la misma persona que se dirigió en solicitud de información al Ayuntamiento de El Piñero. Cuarto.-Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 7 de marzo de 2024, después de que la solicitud inicial de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 18 de noviembre de 2023. En todo caso, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, procede comenzar señalando que en la solicitud referida en el expositivo primero de los antecedentes está perfectamente clara y delimitada la información solicitada. A saber, la motivación de que la parte del proyecto de las obras aludido en la petición no haya sido ejecutada. Con independencia de las consideraciones previas, la información requerida en la petición constituye “información pública” en el sentido dispuesto en el artículo 13 de la LTAIBG, donde se define este concepto como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En efecto, se trata de información que obra en poder del Ayuntamiento al referirse a la ejecución presupuestaria de fondos públicos (Planes Provinciales) y afecta a obras públicas municipales. Obviamente, esta consideración de información pública de lo pedido en este supuesto se encuentra condicionada a que la motivación por la que se pregunta se halle reflejada en documentos ya existentes. En este sentido, el artículo 8.1.a) de la LTAIBG establece la obligación de publicidad activa sobre “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos”. (el subrayado es nuestro) Además, la transparencia en la gestión presupuestaria, que se contempla en el aparado d) del mismo artículo de la citada Ley, obliga a publicar información sobre la ejecución presupuestaria. En virtud de lo expuesto, si la información solicitada está sometida al principio de publicidad activa, con más motivo estará sometida al ámbito de aplicación del derecho de acceso a la información pública o “publicidad pasiva”. Bajo las mismas condiciones, se aprecia la existencia de un interés público prevalente en facilitar la información por los siguientes motivos: • Se trata de fondos públicos (Planes Provinciales). • Afecta a infraestructuras municipales de uso público. • Los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de las inversiones públicas en su municipio. • La rendición de cuentas es esencial en el Estado democrático de Derecho. En definitiva el ciudadano tiene derecho a conocer las causas de la no ejecución del proyecto presupuestado, la documentación técnica y administrativa del expediente, los motivos de la paralización de las obras iniciadas y el estado actual del mismo, no concurriendo límites aplicables (artículos 14 y 15 de la LTAIBG) ni causas de inadmisión (artículo 18 LTAIBG) que impidan el acceso a la información. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio. En el caso que aquí nos ocupa, dado que el reclamante lo ha señalado expresamente, el acceso a la información pública se ha de realizar de forma electrónica. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de El Piñero (Zamora). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta resolución, el Ayuntamiento de El Piñero debe facilitar al reclamante el acceso a la documentación donde se contengan los motivos por los cuales una parte del proyecto de obras aludido en la solicitud no ha sido ejecutada. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de El Piñero. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.