D. XXX, concejal de Ferreras de Abajo, reclamó ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León la falta de acceso al Inventario de Bienes municipal. El Ayuntamiento alegó haber puesto el inventario a su disposición. La Comisión desestima la reclamación al constatar que el concejal sí tuvo acceso al inventario existente, aclarando que no es competente para pronunciarse sobre su actualización.

Puntos clave de la argumentación

1 La Comisión de Transparencia es competente para resolver reclamaciones de miembros de corporaciones locales sobre acceso a información, aplicando supletoriamente la LTAIBG al régimen específico local.

2 El Tribunal Supremo ha confirmado que los cargos locales pueden usar el mecanismo de reclamación de la LTAIBG, sin que el régimen local específico excluya esta vía.

3 El régimen local específico establece que las peticiones de acceso a información se entienden concedidas por silencio administrativo si no se resuelven en cinco días.

4 Las reclamaciones frente a resoluciones presuntas estimatorias son admisibles para garantizar la efectividad del derecho de acceso, no estando sujetas a plazo.

5 El derecho de acceso a la información de los concejales es fundamental, vinculado a la participación política y la labor de control, y debe ser amplio.

6 En caso de duda, la decisión municipal debe ser siempre proporcionar acceso a la documentación, salvo excepciones, sin que la carga administrativa sea un impedimento.

7 La Comisión de Transparencia solo puede conceder o denegar el acceso a la información solicitada, no pronunciarse sobre la falta de actualización o calidad de la misma.

Texto completo

Resoluci uevoacute;n 11/2026, de 21 de enero, de la Comisi uevoacute;n de Transparencia de Castilla y Le uevoacute;n

Asunto: Expediente CT-131/2024 / Reclamaci uevoacute;n frente a la falta de acceso a una informaci uevoacute;n p uevoacute;blica solicitada por D. XXX al Ayuntamiento de Ferreras de Abajo (Zamora), en su condici uevoacute;n de miembro de la Corporaci uevoacute;n municipal

I. ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 28 de junio de 2023, D. XXX, en su condici uevoacute;n de concejal, dirigi uevoacute; una solicitud de informaci uevoacute;n p uevoacute;blica al Ayuntamiento de Ferreras de Abajo (Zamora). El objeto de esta petici uevoacute;n era el siguiente:

“Solicito: 1 uevoacute;.- Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo, para su comprobaci uevoacute;n, actualizado y consignado documentalmente a fecha 17 de junio de 2023, reflejando todo ello en Acta y dando cuenta al Pleno para que acuerde lo que estime conveniente (art uevoacute;culos 36.2 del ROF y 34 RBEL)”.

Segundo.- Con fecha 14 de marzo de 2024, tuvo entrada en la Comisi uevoacute;n de Transparencia de Castilla y Le uevoacute;n un escrito presentado por D. XXX ante el Procurador del Com uevoacute;n, Instituci uevoacute;n a la que se encuentra adscrita esta Comisi uevoacute;n pero respecto de la que funciona con separaci uevoacute;n de funciones, que fue calificado como una reclamaci uevoacute;n frente a la falta de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica indicada en el expositivo anterior. En este escrito se indica, en su apartado cuarto, lo siguiente:

“Que en fecha 17 de junio de 2023, mi persona solicit uevoacute; la sesi uevoacute;n de la corporaci uevoacute;n del d uevoacute;a 17 de junio de 2023, Inventario de Bienes e Inmuebles del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo, nuevamente el 28 de junio de 2023 mi persona solicita Inventario de Bienes Inmuebles para su comprobaci uevoacute;n, actualizado y consignado documentalmente a fecha 17 de junio de 2023, reflejando todo ello en Acta y dando cuenta al pleno para que acuerde lo que estime conveniente (art uevoacute;culos 36.2 del ROF y 34 RBEL). Inventario que me muestran unos tomos del mismo, los cuales llevan m uevoacute;s de una d uevoacute;cada sin actualizar)”. (el subrayado es nuestro)

Tercero.- Una vez recibida esta reclamaci uevoacute;n, nos dirigimos al Ayuntamiento de Ferreras de Abajo poniendo de manifiesto su recepci uevoacute;n y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que hab uevoacute;a dado lugar a esta impugnaci uevoacute;n.

Con fecha 20 de junio de 2024, se recibi uevoacute; la contestaci uevoacute;n del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo a nuestra solicitud de informe, indic uevoacute;ndose en ella lo siguiente:

“Por el Sr. D. XXX, se solicit uevoacute; 17 de junio de 2023, en la sesi uevoacute;n constitutiva el Inventario de Bienes e Inmuebles del Ayuntamiento. En el acto de toma de posesi uevoacute;n, constituci uevoacute;n de la Corporaci uevoacute;n y elecci uevoacute;n de Alcalde, se puso a disposici uevoacute;n del Sr. XXX el Inventario de Bienes y Derechos Municipales, el cual indic uevoacute; en dicho acto, que quer uevoacute;a que se diligenciase su actualizaci uevoacute;n, traslad uevoacute;ndole tanto por esta Alcald uevoacute;a como por el Secretario de la Corporaci uevoacute;n, que el Inventario existente en el Ayuntamiento es el que se pon uevoacute;a a su disposici uevoacute;n en dicho acto. (Adjunto documento) El interesado, desde dicha fecha no ha hecho uso de su derecho a examinar el citado inventario y el resto de documentaci uevoacute;n sobre el mismo, siguiendo a su disposici uevoacute;n. Por esta Alcald uevoacute;a, se niega categ uevoacute;ricamente que no se haya puesto a su disposici uevoacute;n del interesado el Inventario de Bienes como queda sobradamente acreditado, y que se ha cumplido lo solicitado”.

Quinto.- Con fecha 1 de diciembre de 2025, se solicit uevoacute; a D. XXX, por parte de esta Comisi uevoacute;n de Transparencia, que a la vista de la anterior comunicaci uevoacute;n del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo nos manifestara, en el plazo de quince d uevoacute;as, si hab uevoacute;a tenido lugar o no el acceso a la informaci uevoacute;n solicitada.

Ha transcurrido el plazo otorgado sin recibir ninguna comunicaci uevoacute;n por parte del reclamante.

II. FUNDAMENTOS JUR uevoacute;DICOS

Primero.- El art uevoacute;culo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), dispone que frente a toda resoluci uevoacute;n expresa o presunta en materia de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica podr uevoacute; interponerse una reclamaci uevoacute;n ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con car uevoacute;cter potestativo y previo a su impugnaci uevoacute;n en v uevoacute;a contencioso-administrativa.

La disposici uevoacute;n adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resoluci uevoacute;n de la reclamaci uevoacute;n prevista en el art uevoacute;culo 24 citado corresponder uevoacute;, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Aut uevoacute;nomas y su sector p uevoacute;blico, y por las Entidades Locales comprendidas en su uevoacute;mbito territorial, al uevoacute;rgano independiente que determinen las Comunidades Aut uevoacute;nomas. En Castilla y Le uevoacute;n ese uevoacute;rgano es esta Comisi uevoacute;n de Transparencia, a quien corresponde la tramitaci uevoacute;n y resoluci uevoacute;n de aquella reclamaci uevoacute;n, ajust uevoacute;ndose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com uevoacute;n de las Administraciones P uevoacute;blicas (en adelante, LPAC).

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los art uevoacute;culos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participaci uevoacute;n Ciudadana de Castilla y Le uevoacute;n, se crea la Comisi uevoacute;n de Transparencia para el conocimiento y resoluci uevoacute;n de las reclamaciones que, con car uevoacute;cter potestativo y previo a su impugnaci uevoacute;n contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica dictadas por los organismos y entidades del sector p uevoacute;blico auton uevoacute;mico relacionadas en el art uevoacute;culo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector P uevoacute;blico de la Comunidad de Castilla y Le uevoacute;n; por las corporaciones de derecho p uevoacute;blico cuyo uevoacute;mbito de actuaci uevoacute;n se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Aut uevoacute;noma; por las Entidades Locales de Castilla y Le uevoacute;n y su sector p uevoacute;blico; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos.

Segundo.- Como cuesti uevoacute;n previa al an uevoacute;lisis de la actuaci uevoacute;n impugnada, es necesario analizar la competencia de esta Comisi uevoacute;n de Transparencia para resolver la reclamaci uevoacute;n presentada, considerando que su autor es miembro de una Corporaci uevoacute;n local y que el objeto de su impugnaci uevoacute;n es la falta de acceso a una informaci uevoacute;n solicitada por este en el ejercicio de tal condici uevoacute;n.

Con car uevoacute;cter general, el art uevoacute;culo 77 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de R uevoacute;gimen Local (en adelante, LRBRL), establece el derecho de los miembros de las corporaciones locales a obtener del Alcalde o Presidente de la Junta de Gobierno local, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporaci uevoacute;n y resulten precisos para el desarrollo de su funci uevoacute;n. Este precepto se desarrolla en los art uevoacute;culos 14, 15 y 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci uevoacute;n, Funcionamiento y R uevoacute;gimen Jur uevoacute;dico de las Entidades Locales (en adelante, ROF). Nos encontramos, por tanto, ante un r uevoacute;gimen espec uevoacute;fico de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica por raz uevoacute;n del sujeto solicitante (cargo representativo local) anterior a la aprobaci uevoacute;n de la LTAIBG, reguladora de un derecho a la informaci uevoacute;n reforzado debido a su vinculaci uevoacute;n directa con un derecho fundamental, como es el de participaci uevoacute;n y representaci uevoacute;n pol uevoacute;tica postulado en el citado art uevoacute;culo 23 de la Constituci uevoacute;n Espa uevoacute;ola.

La propia LTAIBG permite que tambi uevoacute;n los cargos representativos locales, a pesar de contar con un r uevoacute;gimen jur uevoacute;dico espec uevoacute;fico de acceso a la informaci uevoacute;n, puedan utilizar este concreto mecanismo de garant uevoacute;a a trav uevoacute;s de la aplicaci uevoacute;n supletoria de aquella. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 de la disposici uevoacute;n adicional primera de la LTAIBG, ewm>“se regir uevoacute;n por su normativa espec uevoacute;fica, y por esta Ley con car uevoacute;cter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un r uevoacute;gimen jur uevoacute;dico espec uevoacute;fico de acceso a la informaci uevoacute;n”. Puesto que ni la LRBRL ni el ROF prev uevoacute;n un mecanismo espec uevoacute;fico de garant uevoacute;a distinto del recurso judicial ante una autoridad independiente an uevoacute;logo a la reclamaci uevoacute;n regulada en el citado art uevoacute;culo 24 de la LTAIBG, esta aplicaci uevoacute;n supletoria permite cohonestar la aplicaci uevoacute;n del r uevoacute;gimen espec uevoacute;fico del ejercicio del derecho de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica de los cargos representativos locales con su car uevoacute;cter privilegiado.

Este criterio relativo a la legitimaci uevoacute;n de los cargos locales a presentar la reclamaci uevoacute;n prevista en la LTAIBG ante los correspondientes organismos de garant uevoacute;a de la transparencia que ven uevoacute;a manteniendo esta Comisi uevoacute;n de Transparencia ha sido confirmado expresamente por el Tribunal Supremo en su Sentencia n uevoacute;m. 312/2022, de 10 de marzo (rec. 3382/2020), donde se se uevoacute;ala que “(…) el hecho de que en la normativa de r uevoacute;gimen local exista una regulaci uevoacute;n espec uevoacute;fica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la informaci uevoacute;n por parte de los miembros de la Corporaci uevoacute;n en modo alguno excluye que (…) contra la resoluci uevoacute;n que deniegue en todo o en parte el acceso a la informaci uevoacute;n el interesado pueda formular la reclamaci uevoacute;n que se regula en el art uevoacute;culo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica y buen gobierno (…)” (fundamento de derecho cuarto).La disposici uevoacute;n adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resoluci uevoacute;n de la reclamaci uevoacute;n prevista en el art uevoacute;culo 24 citado corresponder uevoacute;, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Aut uevoacute;nomas y su sector p uevoacute;blico, y por las Entidades Locales comprendidas en su uevoacute;mbito territorial, al uevoacute;rgano independiente que determinen las Comunidades Aut uevoacute;nomas. En Castilla y Le uevoacute;n ese uevoacute;rgano es esta Comisi uevoacute;n de Transparencia a quien corresponde la tramitaci uevoacute;n y resoluci uevoacute;n de aquella reclamaci uevoacute;n, ajust uevoacute;ndose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Com uevoacute;n de las Administraciones P uevoacute;blicas.

En consecuencia, esta Comisi uevoacute;n es competente para tramitar y resolver la reclamaci uevoacute;n antes identificada.

Tercero.- La asunci uevoacute;n de la competencia de esta Comisi uevoacute;n de Transparencia para resolver las reclamaciones presentadas por los miembros de las corporaciones locales en materia de derecho de acceso a la informaci uevoacute;n no impide que el r uevoacute;gimen jur uevoacute;dico que deba ser aplicado sea, en primer lugar, el previsto de forma espec uevoacute;fica en los art uevoacute;culos 77 de la LRBRL y 14 a 16 del ROF, resultando tambi uevoacute;n aplicables en Castilla y Le uevoacute;n las previsiones recogidas en la Secci uevoacute;n 2.ª del Cap uevoacute;tulo II de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, por la que se regula la Conferencia de Titulares de Alcald uevoacute;as y Presidencias de Diputaci uevoacute;n, el estatuto de los miembros de las entidades locales y la informaci uevoacute;n en los Plenos. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 312/2022, de 10 de marzo, recoge expresamente, tambi uevoacute;n en su fundamento de derecho cuarto, que “(…) la normativa de r uevoacute;gimen local contiene una regulaci uevoacute;n que desarrolla el derecho de acceso a la informaci uevoacute;n en dicho uevoacute;mbito por parte de los miembros de la corporaci uevoacute;n local. Lo que, a efectos de lo establecido en la citada disposici uevoacute;n adicional primera.2 de la Ley 19/2013, significa que dicho r uevoacute;gimen espec uevoacute;fico habr uevoacute;a de ser aplicado con car uevoacute;cter preferente a la regulaci uevoacute;n de la Ley de Transparencia, siendo esta de aplicaci uevoacute;n supletoria (…)”.

Entre otras y sin perjuicio de lo que m uevoacute;s adelante sea necesario pormenorizar, la normativa aplicable de r uevoacute;gimen local establece al respecto las siguientes previsiones:

Las peticiones de acceso a la informaci uevoacute;n se entender uevoacute;n concedidas por silencio administrativo cuando no sean resueltas expresamente en el t uevoacute;rmino de cinco d uevoacute;as, a contar desde la fecha de la solicitud (art uevoacute;culos 12.1 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, y 14 del ROF).
Los servicios administrativos est uevoacute;n obligados a facilitar la informaci uevoacute;n, sin necesidad de que el miembro de la Corporaci uevoacute;n acredite estar autorizado, entre otros casos, cuando se trate del acceso a la informaci uevoacute;n o documentaci uevoacute;n de la entidad local que sea de libre acceso para los ciudadanos (art uevoacute;culos 12.2 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, y 15 del ROF).
La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentaci uevoacute;n podr uevoacute; realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los documentos o de una copia de estos. El libramiento de copias se limitar uevoacute; a los casos de acceso libre de los Concejales a la informaci uevoacute;n y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Junta de Gobierno (art uevoacute;culos 13 y 14 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, as uevoacute; como 16.1 a) del ROF).

Ahora bien, tal y como se ha expuesto con anterioridad, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que los representantes locales no pueden disfrutar, en ning uevoacute;n caso, de menos garant uevoacute;as que un ciudadano en el momento de ejercer su derecho de acceso a la informaci uevoacute;n, raz uevoacute;n por la cual las normas generales expuestas deben cohonestarse ahora con la legislaci uevoacute;n de transparencia de forma tal que nunca aquel ejercicio sea m uevoacute;s restrictivo para un concejal que para un ciudadano. Este principio puede tener sus consecuencias en aspectos tales como la obtenci uevoacute;n de copias o la aplicaci uevoacute;n de los l uevoacute;mites al acceso a la informaci uevoacute;n.

En todo caso, la regla general ha de ser favorable a permitir al cargo representativo local ejercitar su derecho. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le uevoacute;n ha recordado en sus Sentencias de 17 de abril y 21 de junio de 2018 lo siguiente:

“(…) en caso de duda, la decisi uevoacute;n municipal debe ser siempre la de proporcionar un franco acceso a toda la documentaci uevoacute;n que obre en el consistorio, salvo supuestos excepcionales. Ni siquiera si la oposici uevoacute;n realiza una ewm>«bater uevoacute;a de solicitudes sucesivas» cabe denegar el acceso. El hecho de que no sea interesado en un procedimiento administrativo no impide tomar conocimiento del mismo a un miembro de la corporaci uevoacute;n municipal. Cabe preguntarse la situaci uevoacute;n pasiva; ewm>¿en qu uevoacute; perjudica al alcalde y al equipo de gobierno que la oposici uevoacute;n tenga acceso a determinados expedientes?; desde luego, no ha sido objeto de sugerencia ninguna circunstancia obstativa. Y finalmente, la afirmaci uevoacute;n de que tal acceso supone una carga adicional a los funcionarios no s uevoacute;lo debe ser acreditada, sino que perfectamente puede ser solventada permitiendo el acceso a los expedientes sin obtenci uevoacute;n de copias, por ejemplo”.

Cuarto.- La reclamaci uevoacute;n ha sido presentada por quien se encontraba legitimado para ello, puesto que su autor es la misma persona que dirigi uevoacute; la solicitud de informaci uevoacute;n p uevoacute;blica al Ayuntamiento de Ferreras de Abajo.

Quinto.- En el momento en el que fue presentada la reclamaci uevoacute;n que ahora se resuelve, la pretensi uevoacute;n de acceso a la informaci uevoacute;n que hab uevoacute;a sido solicitada con fecha 28 de junio de 2023 deb uevoacute;a entenderse estimada presuntamente de conformidad con lo dispuesto en los art uevoacute;culos 12.1 de la Ley 7/2018, de 14 de diciembre, y 14.1 del ROF. Por tanto, el objeto de la reclamaci uevoacute;n era una resoluci uevoacute;n presunta cuyo contenido era el reconocimiento del derecho del miembro de la Entidad local a acceder a aquella informaci uevoacute;n.

Con car uevoacute;cter general, en aquellos supuestos en los que el interesado ha obtenido por silencio administrativo el reconocimiento de una prestaci uevoacute;n p uevoacute;blica, algo que materialmente debe producir o entregar la Administraci uevoacute;n, el acto presunto, desde un punto de vista pr uevoacute;ctico, puede adolecer de falta de virtualidad o de efectividad, puesto que a pesar de que se haya producido el silencio positivo, la persona solicitante sigue sin ver satisfecho el objeto de su solicitud (en este caso, la obtenci uevoacute;n del acceso a la informaci uevoacute;n pedida).

En este sentido y siguiendo lo afirmado al respecto en el Criterio Interpretativo de la Comisi uevoacute;n de Garant uevoacute;a del Derecho de Acceso a la Informaci uevoacute;n p uevoacute;blica de Catalu uevoacute;a (GAIP), de 7 de enero de 2016, sobre reclamaci uevoacute;n en caso de silencio administrativo, la previsiones del legislador de crear organismos de garant uevoacute;a en materia de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica que se ofrecen como alternativa a la v uevoacute;a jurisdiccional, es significativa de la voluntad de facilitar a todos los ciudadanos la tutela y garant uevoacute;a del derecho de acceso a la informaci uevoacute;n, en todos aquellos casos en los que este no se vea satisfecho, bien por verse desestimado el mismo expresa o presuntamente al margen de lo dispuesto en la normativa aplicable; bien por no verse materializado efectivamente mediante el acceso solicitado como consecuencia de una mala praxis de la Administraci uevoacute;n al no cumplir con su obligaci uevoacute;n de resolver, cuando el silencio sea positivo.

En consecuencia, puesto que los art uevoacute;culos 24 de la LTAIBG y 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, reconocen expresamente la posibilidad de interponer ante esta Comisi uevoacute;n de Transparencia reclamaciones frente a resoluciones presuntas en materia de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica, resulta coherente con la letra y con el esp uevoacute;ritu de estas leyes que, dentro de estas reclamaciones presuntas impugnables, se incluyan tambi uevoacute;n las estimatorias. Lo contrario implicar uevoacute;a que en estos casos se ewm>“beneficiara” la actuaci uevoacute;n incorrecta de la Administraci uevoacute;n consistente en no resolver lo procedente en el plazo establecido para ello, con la frustraci uevoacute;n del leg uevoacute;timo derecho de los ciudadanos a solicitar la tutela de este uevoacute;rgano de garant uevoacute;a del derecho de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica.

En cuanto al plazo para interponer reclamaciones frente a resoluciones presuntas, este, de conformidad con lo dispuesto en el art uevoacute;culo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el d uevoacute;a siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

En este supuesto concreto, la reclamaci uevoacute;n fue registrada ante esta Comisi uevoacute;n de Transparencia el 14 de marzo de 2024, despu uevoacute;s de que la solicitud de informaci uevoacute;n p uevoacute;blica fuera realizada el 28 de junio de 2023.

En todo caso, la presentaci uevoacute;n de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a informaci uevoacute;n p uevoacute;blica no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los art uevoacute;culos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, as uevoacute; como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposici uevoacute;n de los recursos administrativos.

Por tanto, por los mismos motivos, consideramos que la presentaci uevoacute;n de la reclamaci uevoacute;n que ahora se resuelve no se encontraba sujeta a plazo.

Sexto.- Comenzando con el an uevoacute;lisis material de la actuaci uevoacute;n administrativa impugnada, el art uevoacute;culo 13 de la LTAIBG define la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica como ewm>“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el uevoacute;mbito de aplicaci uevoacute;n de este t uevoacute;tulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

En este caso, los contenidos incluidos en la petici uevoacute;n constituyen informaci uevoacute;n p uevoacute;blica en el sentido regulado en el art uevoacute;culo 13 de la LTAIBG transcrito.

Ahora bien, sin perjuicio de partir del concepto anterior, en este supuesto se ha de tener en cuenta que el derecho de acceso a la informaci uevoacute;n de los concejales es una clara manifestaci uevoacute;n de la labor de control que deben ejercer los miembros corporativos respecto a la actuaci uevoacute;n del equipo de gobierno, que es, a su vez, una expresi uevoacute;n del derecho constitucional consagrado por el art uevoacute;culo 23 de la Constituci uevoacute;n relativo al derecho a la participaci uevoacute;n pol uevoacute;tica, si bien exige que el concejal concrete la petici uevoacute;n de la informaci uevoacute;n solicitada (con posterioridad volveremos sobre esta cuesti uevoacute;n). Por tanto, el derecho a la obtenci uevoacute;n de informaci uevoacute;n, en esta concreta reclamaci uevoacute;n, va uevoacute;nsito en la condici uevoacute;n de miembros de la Corporaci uevoacute;n de los reclamantes, ya que se corresponde con el ejercicio de la funci uevoacute;n p uevoacute;blica que tienen atribuida.

Entre las funciones que pertenecen al n uevoacute;cleo inherente a la funci uevoacute;n representativa, que constitucionalmente corresponde a los miembros de una corporaci uevoacute;n municipal, se encuentran la de participar en la actividad de control del gobierno municipal, en las deliberaciones del Pleno de la corporaci uevoacute;n y la de votar en los asuntos sometidos a votaci uevoacute;n en este uevoacute;rgano, as uevoacute; como tambi uevoacute;n el derecho a obtener la informaci uevoacute;n necesaria para poder ejercer las funciones anteriores (Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 14 de marzo de 2011).

En consecuencia, el derecho de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica que consta en las dependencias municipales es un derecho fundamental que tienen ewm>“todos” los concejales, tanto quienes forman parte del equipo de gobierno, como quienes se encuentran en la oposici uevoacute;n. Todos los concejales, en ese sentido, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Desde la perspectiva del derecho a la igualdad en el ejercicio del cargo p uevoacute;blico, para el cual han sido elegidos por los ciudadanos, los concejales no son terceras personas ajenas a la Administraci uevoacute;n municipal puesto que son miembros de la Corporaci uevoacute;n local, es decir, forman parte de los uevoacute;rganos de la propia Entidad local.

En t uevoacute;rminos generales, lo aqu uevoacute; solicitado es documentaci uevoacute;n que no puede considerase ajena a la actuaci uevoacute;n ordinaria llevada a cabo por el Ayuntamiento de Ferreras de Abajo y sobre ella se pretende llevar a cabo un control por quien tiene un especial inter uevoacute;s, en consideraci uevoacute;n al cargo p uevoacute;blico representativo que ostenta. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2022 (rec. 691/2021), en su fundamento de derecho cuarto, viene a se uevoacute;alar lo siguiente:

“Recordaremos que el sistema normativo aplicable para el ejercicio de este derecho fundamental de configuraci uevoacute;n legal es el establecido en la normativa de r uevoacute;gimen local, que regula expresamente el tratamiento del acceso de los miembros de las Corporaciones Locales a los registros y archivos en el art uevoacute;culo 77 de la LBRL, y en los art uevoacute;culos 14, 15 y 16 del ROF. En torno al significado, alcance y relevancia constitucional del derecho de los concejales a acceder a la documentaci uevoacute;n necesaria para el desempe uevoacute;o de sus funciones, existe una copiosa jurisprudencia de la que son exponente las sentencias de esta Sala de 28 de noviembre de 2008 (casaci uevoacute;n 1133/2005), la sentencia 4 de junio de 2007 (casaci uevoacute;n 3505/02) y las que en ella se citan de 14 de abril de 2000 (casaci uevoacute;n 512/1996), 17 de noviembre de 2000 (casaci uevoacute;n 3973/1996), 27 de noviembre de 2000 (casaci uevoacute;n 4666/1996) y 30 de noviembre de 2001 (casaci uevoacute;n 8032/1997). La finalidad del derecho de acceso a la informaci uevoacute;n del concejal es el normal ejercicio de sus funciones con el debido conocimiento de causa, pero sin a uevoacute;nadir ning uevoacute;n otro complemento que exceda del fin de estar plenamente informados de todo lo que conste en los diversos servicios municipales, tal y como se uevoacute;ala la ya citada STS de 19 de julio de 1989 (recurso de apelaci uevoacute;n 303/1989) al afirmar que ewm>«Indicado el n uevoacute;cleo sustancial del derecho que corresponde a los concejales, en relaci uevoacute;n con el tema que nos ocupa observamos que el mismo supone una facultad de acceder a la documentaci uevoacute;n e informaci uevoacute;n existente, de forma que su actividad en el Ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa, pero sin a uevoacute;nadir ning uevoacute;n otro complemento que exceda del fin de poder estar plenamente informado de todo lo que conste en los diversos servicio municipales». Se ha dicho en STS de 8 de noviembre de 1998, y ahora reiteramos, que esa participaci uevoacute;n efectiva en la actuaci uevoacute;n p uevoacute;blica se manifiesta en una amplia gama de asuntos concretos entre los que cabe destacar el derecho de fiscalizaci uevoacute;n de las actuaciones municipales y al control, an uevoacute;lisis, estudio e informaci uevoacute;n de los antecedentes necesarios, obrantes en los servicios municipales, tanto para esa labor de control como para documentarse con vista a decisiones a adoptar en el futuro. Lo que es cierto es que ninguna de las sentencias dictadas, de las que las anteriores son meramente ejemplificativas, ha considerado v uevoacute;lido que el derecho de obtener informaci uevoacute;n puede quedar condicionado a que los datos que se quieren obtener tengan que estar relacionados con los que van a ser tratados en los Plenos municipales y, por tanto, menos a uevoacute;n con los que vayan a celebrarse en un determinado mes, que es lo que la sentencia impugnada admite para denegar la vulneraci uevoacute;n del derecho fundamental denunciada y que se imputaba al Ayuntamiento de Casta uevoacute;eda (Cantabria). Antes al contrario, la STS de 28 de mayo de 1997, dictada en recurso de casaci uevoacute;n 4383/1994, afirmaba que ewm>«si bien es cierto que la Ley vincula el derecho a la informaci uevoacute;n de los Concejales a que su utilizaci uevoacute;n tenga por finalidad el desarrollo de su funci uevoacute;n, sin embargo ni ewm>ésta queda limitada al estudio de los asuntos que figuren en el orden del d uevoacute;a de los uevoacute;rganos de gobierno ni desde luego es ajena a la misma el examen de la documentaci uevoacute;n que considere precisa para preparar sus intervenciones o procurar que se introduzcan nueva cuestiones a debate». (…)”.

No obstante, cabe indicar que el reconocimiento del derecho de acceso a la informaci uevoacute;n de los cargos locales siempre ha de entenderse sin perjuicio del deber de guardar reserva en relaci uevoacute;n con la informaci uevoacute;n a la que se accede, de conformidad con lo dispuesto en el art uevoacute;culo 16.3 del ROF. Del mismo modo, la normativa de protecci uevoacute;n de datos personales ser uevoacute; de aplicaci uevoacute;n al tratamiento de los datos obtenidos (art uevoacute;culo 15.5 de la LTAIBG), raz uevoacute;n por la que siempre deben ser disociados u ocultados aquellos datos personales que resulten irrelevantes para el ejercicio de la funci uevoacute;n del miembro de la Corporaci uevoacute;n que, en su caso, pudieran aparecer en la documentaci uevoacute;n solicitada. Este l uevoacute;mite, en realidad, opera en relaci uevoacute;n con todo acceso a datos personales por parte de un cargo representativo, puesto que si bien la protecci uevoacute;n de tales datos debe ceder ante el inter uevoacute;s p uevoacute;blico que representa el adecuado ejercicio por este de su funci uevoacute;n de participaci uevoacute;n y representaci uevoacute;n pol uevoacute;tica, siempre que el conocimiento de aquellos datos sea irrelevante para el ejercicio de aquella funci uevoacute;n no primar uevoacute; el inter uevoacute;s p uevoacute;blico sobre la protecci uevoacute;n de los datos y no se encontrar uevoacute; justificado el acceso a estos por parte del cargo electo.

S uevoacute;ptimo.- Delimitado el concepto de ewm>“informaci uevoacute;n p uevoacute;blica” y hechas las precisiones anteriores acerca del derecho de acceso a la informaci uevoacute;n de los cargos electos, procede analizar el contenido solicitado en este supuesto, esto es, el acceso a Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo.

El inventario solicitado es informaci uevoacute;n que ha de estar necesariamente en poder del Ayuntamiento de Ferreras de Abajo de acuerdo con su uevoacute;mbito competencial y que deber uevoacute;a haber sido elaborada en el ejercicio de sus funciones, lo cual no es discutido por el citado Ayuntamiento, el cual incluso confirma que en la sesi uevoacute;n constitutiva celebrada el 17 de junio de 2023, D. XXX tuvo a su disposici uevoacute;n el Inventario municipal (conforme se indica en el antecedente tercero de esta Resoluci uevoacute;n). Este uevoacute;ltimo extremo tambi uevoacute;n fue ratificado por el reclamante en su escrito de 14 de marzo de 2024 (conforme se se uevoacute;ala en el antecedente segundo de esta Resoluci uevoacute;n), se uevoacute;alando que le fueron mostrados unos tomos del citado Inventario.

A la vista de lo anterior, parece que el objeto de la reclamaci uevoacute;n no es el acceso al Inventario sino su falta de actualizaci uevoacute;n, si bien esta Comisi uevoacute;n de Transparencia no ha podido confirmar tal extremo de forma concluyente al no haber remitido el reclamante alegaciones al respecto a esta Comisi uevoacute;n, a pesar de haber sido requerido pare ello con fecha 1 de diciembre de 2025.

En todo caso, no es competencia de esta Comisi uevoacute;n de Transparencia pronunciarse sobre la falta o no de actualizaci uevoacute;n del Inventario Municipal, ya que, como establece el art uevoacute;culo 20.1 de la LTAIBG, la Resoluci uevoacute;n de la Comisi uevoacute;n de Transparencia debe limitarse a conceder o denegar el acceso a la informaci uevoacute;n solicitada en cada caso. En este sentido, puesto que se ha acreditado el acceso al Inventario Municipal por parte del reclamante, esta Comisi uevoacute;n de Transparencia estima que el Ayuntamiento de Ferreras de Abajo ha actuado correctamente y ha reconocido el derecho de D. XXX a acceder a la informaci uevoacute;n requerida por este, en su condici uevoacute;n de miembro de la Corporaci uevoacute;n municipal.

En atenci uevoacute;n a los antecedentes y fundamentos jur uevoacute;dicos expuestos, la Comisi uevoacute;n de Transparencia de Castilla y Le uevoacute;n, por unanimidad de sus miembros,

RESUELVE

Primero.- Desestimar la reclamaci uevoacute;n presentada frente a la falta de acceso a la informaci uevoacute;n p uevoacute;blica solicitada por D. XXX al Ayuntamiento de Ferreras de Abajo (Zamora), debido a que este ha accedido al Inventario existente en este Ayuntamiento.

Segundo.- Notificar esta Resoluci uevoacute;n a D. XXX, como autor de la reclamaci uevoacute;n, y al Ayuntamiento de Ferreras de Abajo.

Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones se uevoacute;aladas, publicar la presente Resoluci uevoacute;n en la p uevoacute;gina web de esta Comisi uevoacute;n, previa disociaci uevoacute;n de los datos de car uevoacute;cter personal que contuviera.