Reclamación por acceso a información sobre el seguro de responsabilidad civil de altos cargos y empleados públicos de la Junta de Castilla y León

Resolución 67/2026, de 11 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-303/2024 / Reclamación frente a la Resolución de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 14 de mayo de 2024, D.ª XXX presentó un formulario para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León. El objeto de su petición se concretó en los siguientes términos: “Datos relacionados con el seguro que cubre, a título personal, las responsabilidades legales civiles de cualquier alto cargo y empleado público al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos: 1. Copia de las condiciones en el seguro vigente en la actualidad (mayo de 2024), incluyendo adicionalmente las posteriores coberturas en caso de que éstas cambien cuando se haga efectiva la concesión de la información. 2. Siniestralidad en los últimos diez años, indicando: 2.a. Fecha del siniestro 2.b. Fecha de apertura del caso 2.c. Si está abierto o cerrado (en ese caso, fecha del cierre) 2.d. Descripción del motivo de la reclamación, lugar geográfico y ámbito administrativo 2.e. Situación actual del siniestro 2.f. Cuantía de la indemnización solicitada 2.g. Cuantía de la indemnización liquidada si es el caso y en qué concepto 2.h. Descripción y cuantía de los gastos en cada caso: de restitución de imagen, de emergencia, de defensa (gastos, costas y honorarios), investigación, fianzas, pérdida de documentos, asistencia psicológica, responsabilidad por prácticas indebidas… 2.i. Reclamante en cada siniestro 2.j. Alto cargo o empleado público reclamando y ámbito de actuación”. La solicitud indicada fue resuelta expresamente mediante la Orden, de 12 de junio de 2024, de la Consejería de la Presidencia, a través de la cual se estimó la solicitud formulada por D.ª XXX, de conformidad con lo indicado en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto. En el fundamento tercero se indica, entre otros extremos, lo siguiente: “(…) Las condiciones del seguro vigente, cuyo plazo de ejecución finaliza 15 de septiembre de 2024, aparecen reflejadas en el expediente de contratación (A2023/007102) que es accesible en la Plataforma de Contratación del Sector Público a través del siguiente enlace (…). Respecto del resto de la información solicitada aparece recogida en el documento adjunto, si bien no se incluyen datos personales, conforme lo establecido en el Art. 15 de la Ley 19/2023, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. En el fundamento de derecho cuarto se señala lo siguiente: “No se aprecian causas de inadmisión ni límites aplicables a la presente solicitud de los contemplados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Por otra parte, a la vista de lo informado por el centro directivo, resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, según el cual, si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella. (…). Asimismo, de conformidad con lo informado, y en relación con la previsión establecida en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se ha ponderado que el interés de los titulares de los datos personales afectados no perjudica al interés del acceso a la información pública el cual está plenamente satisfecho aun cuando los datos que se conceden están anonimizados”. Segundo.- Con fecha 27 de junio de 2024, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX frente a la Orden de la Consejería de la Presidencia, de 12 de junio de 2024, por la que se resolvió la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior, al considerar que no se proporcionaba la información solicitada en los puntos 2d, 2f, 2h, 2i y 2j de su solicitud y considerar que no se habían facilitado los datos de un siniestro de fecha 4 de enero de 2021. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos a la Consejería de Presidencia poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a esta impugnación. Cuarto.- Con fecha 10 de octubre de 2024, se recibió, a través de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, la respuesta a nuestra solicitud de informe, a la cual se adjuntó el informe de la Dirección General de la Función Pública y un Excel complementario sobre la información solicitada. En el informe de la Dirección General de la Función Pública, de 9 de octubre de 2024, se indica lo siguiente: “En relación con a la reclamación, Expte. CT-303/2024/ Reclamación sobre acceso a la información pública, se remite nuevo documento adjunto que incorpora un nuevo apartado respecto del remitido a la persona interesada en contestación con la solicitud XXX. En este nuevo apartado denominado «Motivo de cierre» se señalan las circunstancias por las que fueron cerrados sin consecuencias y en su caso liquidado los siniestros relacionados. Asimismo, se recoge el siniestro de fecha 4-01-2021”. Quinto.- Teniendo en cuenta la información recibida de la Consejería de la Presidencia a la que se ha hecho referencia en el antecedente anterior, con fecha 30 de enero de 2026 esta Comisión de Transparencia se dirigió a la reclamante para que en el plazo de quince días, pudiera realizar las alegaciones que estimara oportunas. Asimismo, se hizo saber a la interesada que, en el caso de que no se recibiera respuesta en el plazo indicado, se entendería que se había dado satisfacción a su derecho a acceder a la información solicitada. La notificación de esta comunicación fue recibida el mismo 30 de enero de 2026. Sin embargo, no se ha recibido ninguna alegación en el trámite de alegaciones abierto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación fue presentada por quien se encuentra legitimada para ello puesto que su autora es la misma persona que dirigió la solicitud de información pública a la Consejería de la Presidencia. Cuarto.- La reclamación fue interpuesta frente a la resolución inicial de la solicitud de información presentada. Sin embargo, en el curso de su tramitación se ha producido una resolución posterior de aquella solicitud a través del informe de la Dirección General de la Función Pública de 9 de octubre de 2024 y el Excel complementario que se adjuntaba al mismo. A la vista de esta Resolución complementaria, la reclamante no ha procedido a su impugnación ni a la presentación de ninguna alegación. Se puede concluir, por tanto, que se ha concedido la información pública solicitada. Quinto.- En definitiva, considerando que se ha resuelto expresamente la solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho de la solicitante a acceder a la información pedida, se puede concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial y, por este motivo, procede su desestimación. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y a la Consejería de la Presidencia. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.