Reclamación sobre acceso a información de subvenciones de alquiler y denegación por protección de datos personales

Resolución 8/2026, de 27 de enero, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a una resolución, del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial relativa a una solicitud de acceso a la información pública VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante, CTAR) ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 15 de julio de 2024, a través del formulario habilitado presenta una solicitud de acceso a la información pública, inscrita en el Registro de Solicitudes de Acceso a la Información con el número 321/2024, manifestando lo siguiente: “Solicito información de percepción de subvención de ayuda al alquiler de . El motivo es estar en conocimiento de que en el caso de que esta fuera concedida, la beneficiaria falseó los datos aportados para obtenerla. La solicitud tuvo lugar hace dos años aproximadamente y la solicitante disfrutaba de un piso de alquiler VPO gestionados por EZETRA en Vía Hispanidad. En esos momentos la citada inquilina convivía con su pareja en este espacio sin que la empresa arrendataria tuviera conocimiento y tampoco se añadió esta información en la solicitud de las ayudas. * Formato en que se solicita la información: pdf” SEGUNDO.- La Orden de 29 de agosto de 2024, del Consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, resuelve denegar el acceso a la información solicitada al considerar que debe otorgarse una mayor garantía al derecho a la protección de la persona cuyos datos han sido solicitados, tal y como reconoce el artículo 15.3.d) de la Ley 19/2013, al haber quedado acreditado que tales datos gozan del máximo nivel de protección previsto en el Ordenamiento Jurídico, esto es, el reservado a los derechos fundamentales. Consta en el expediente la notificación al interesado de dicha orden el 2 de septiembre de 2024. TERCERO.- Con fecha 2 de octubre de 2024, el solicitante presenta, una reclamación dirigida al CTAR, que fundamenta en los siguientes consideraciones: “ (…) No se solicita ningún dato de carácter personal. La prevalencia del principio de transparencia, es fundamental al caso. Hace referencia a la información relativa a la obtención de una ayuda de forma irregular. En el tercero, queda claro el interés público, es fundamental que las percepciones de ayudas vayan destinados a aquellos sujetos que cumplen los requisitos sin falsear la información. Estos procederes pervierten en su fin a las ayudas que presta la administración, solo por ello ya pertenecen a la esfera del interés de todos, común o general. En este caso, solo si la solicitante obtuvo la ayuda procede se informe e investigue por la administración. La comunicación a mi persona no es necesaria. Por lo tanto, tampoco existirían datos que afectaran a su intimidad. El ejercicio de ponderación que se propone ya se ha realizado. No se solicita dato personal alguno, sólo que se revise si la obtención de la ayuda se ha producido y si esta ha sido concedida. En este argumentario se escapa a mi comprensión como las ayudas a los agricultores de la PAC son públicas y estas no. Desconozco que prevalece aquí para que esto tenga lugar de este modo. ¿Esto es aplicable también a las sentencias del Supremo que lo expresa e interpreta dando sentido, supuestamente, a la ley afectada. Por último, cuando se refieren a que deben quedar suficientemente acreditadas, me confirmaran ustedes si esta persona es susceptible de obtener la ayuda si comunica la convivencia que estaba llevando acabo. Son datos de fácil falseamiento y difícil comprobación. No quieran ustedes hacer creer a los ciudadanos que siempre se cumplen los requisitos en este tipo de convocatorias de ayudas. Precisamente lo que quiero hacer evidente es esto mismo. El interés legítimo que se me solicita es el de un ciudadano conocedor de una situación de posible fraude en la obtención de una ayuda y que acoge el interés público y general, que nos afecta a todos los ciudadanos, ya me legitima para personarme e informar, además de obtener los datos sobre si esta persona obtuvo finalmente esta ayuda.” CUARTO.- Al objeto de resolver la reclamación presentada, el 28 de octubre de 2024 el CTAR remite la solicitud de informe al Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial concediéndole un plazo de quince días para expresar los fundamentos de la resolución adoptada y formular las alegaciones que considere oportunas. QUINTO.- El 29 de noviembre de 2024 se recibe en el CTAR el informe solicitado ratificando el sentido de la resolución impugnada por el reclamante. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante, Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, como órgano de la Administración de autonómica, de acuerdo con el artículo 4.1.a) de dicha norma. SEGUNDO.- No consta realizada la comunicación previa al interesado dentro de los diez días siguientes a la entrada de la solicitud en su registro, de la fecha de recepción de la solicitud, plazo para su resolución y efectos del silencio administrativo prevista en el artículo 29 de la Ley 8/2015. TERCERO.- La Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante Ley 19/2013) —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». En este sentido es evidente que la Dirección General de Vivienda, órgano del Departamento Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial dispone de la información en cuanto competente por razón de la materia para gestionar las ayudas al alquiler de vivienda objeto esta reclamación y puede ofrecerse salvo que concurran las limitaciones establecidas en la normativa de transparencia estatal y autonómica. La solicitud de acceso adolece de cierta ambigüedad puesto que solicita textualmente información de percepción de subvención de ayuda al alquiler de sin concretar el tipo de información ni su alcance. También procede recordar que este Consejo se ha pronunciado en numerosas ocasiones acerca del alcance de sus competencias (por todas Resolución 68/2018, de 3 de diciembre) para concluir que «La actividad del CTAR, tal como dispone el artículo 36 de la Ley 8/2015 se dirige a velar únicamente por la normativa en materia de transparencia, es decir, no se configura como un órgano de control general del conjunto de actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados a la Ley. Las reclamaciones ante este Consejo constituyen una garantía del derecho de acceso a la información pública, pero se trata de un medio de impugnación justificado por su especificidad material, en los términos previstos en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, circunscrito al ámbito de la Transparencia». Es decir, no corresponde a este órgano conocer las reclamaciones frente a denuncias de irregularidades, quejas, peticiones de realización de una actividad las cuales deben tramitarse por el procedimiento previsto para ello. CUARTO.- Por otro lado, no debemos olvidar que el hecho de proporcionar información acerca de si una persona ha solicitado o recibido una subvención en un ámbito material específico como es el alquiler de vivienda proporciona, indirecta pero ineludiblemente, a terceras personas información extraordinariamente sensible respecto a una serie de datos personales (en cuanto que afectan a un individuo en concreto) que han de ser igualmente salvaguardados del conocimiento ajeno por la Administración Pública que los ha obtenido. Y esto es así, porque para ser beneficiario de ayudas de vivienda, la correspondiente convocatoria (o sus bases reguladoras) la que determina los requisitos o situaciones fácticas que han de quedar suficientemente acreditados para obtener la condición de beneficiario, entre los cuales pueden constar datos referidos a los ingresos económicos del solicitante de una subvención, la composición de su unidad de convivencia, modelo de convivencia conyugal (en la cual pudieran estar incluidos menores de edad), su vida laboral, su situación personal y familiar, la titularidad de un determinado alquiler. El artículo 10 de la Ley 8/2015 contempla la intimidad de las personas y la protección de datos de carácter personal entre otros límites a las obligaciones de transparencia. En todo caso, el principio de transparencia tiene carácter prevalente, y cualquier limitación debe tener fundamento en un límite o excepción establecido por norma con rango de ley e interpretarse en su aplicación de forma restrictiva. El Criterio de Interpretación 002/2015, de 24 de junio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sobre aplicación de los límites al derecho de acceso a la información, determina que los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter personal no se aplican directamente, sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, “podrán” ser aplicados. Además, establece el proceso de aplicación los mismos. Así, si los datos de carácter personal no fueran meramente identificativos y relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano, como sucede en este caso, procede efectuar la ponderación prevista en el artículo 15 número 3 de la LTAIBG, suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de la afectada cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará en consideración de los diferentes criterios legalmente previstos, y particularmente en este caso, d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. En aplicación de este criterio consolidado, el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial realiza una ponderación muy razonada de los intereses afectados. El informe a esta reclamación, citando numerosa jurisprudencia, añade que «(…) en materia de cesión de datos a terceros en el ámbito de subvenciones “conviene acudir, entre otros preceptos, al artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicho precepto, en su apartado 8, si bien no contempla a la legislación de protección de datos como un límite a la publicación y publicidad de la identificación del beneficiario, sí lo hace en referencia “al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y este derecho a la intimidad da cobertura también al propio derecho a la protección de datos. Tal límite (la protección de datos) opera, si cabe, con mayor intensidad que el límite derivado de la protección a la intimidad, el honor y la imagen, como así lo expresa la STS de 29 de noviembre de 2013, a cuyo tenor: “El derecho a la protección de datos tiene, por tanto, un objeto más amplio que el derecho a la intimidad, ya que el derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el artículo 18.1 CE, sino a la esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inseparablemente unidos al respeto de la dignidad personal, como el derecho al honor, y al pleno ejercicio de los derechos de las personas. El derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sea o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado. De este modo, el objeto del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sea o no fundamentales-como aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo-, porque su objeto no es sólo individual, protegida ya por el artículo 18.1 CE, sino los datos de carácter personal”. Por su parte, el Tribunal Constitucional tiene reconocido que el derecho a la intimidad salvaguardado en el art. 18.1 CE tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y al conocimiento de terceros, sea éstos poderes públicos o simples particulares, y está ligado al respeto de su dignidad. Y ello es así porque “el citado precepto constitucional (art. 18.1) no garantiza sin más la intimidad, sino el derecho a poseerla, a tener vida privada disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la información relativa a nuestra persona y familia, sea cual sea el contenido de que se desea mantener al abrigo del conocimiento público. Esta garantía impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías, y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información. Del precepto constitucional se deduce, de un lado, que el derecho a la intimidad garantiza el individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida.» QUINTO.- Examinado lo anterior, se colige que la actuación del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial es adecuada y conforme a la normativa de transparencia, lo que no obsta para la Secretaría General Técnica de dicho Departamento de traslado a la Dirección General de Vivienda de las actuaciones a los efectos de que se realicen las correspondientes actuaciones de comprobación y control de esta actividad pública en aras de proteger el interés público. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Desestimar la reclamación presentada por frente a la Orden del Consejero del Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial por la que se deniega la solicitud de acceso a la información pública nº 321/2024. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.