Reclamaciones de acceso a información ambiental y forestal de la Comunidad de Albarracín estimadas parcialmente

Reclamaciones 4/2023 y 5/2023 Resolución 2/2026, de 27 de enero, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelven dos reclamaciones presentadas al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la falta de resolución de la Comunidad de Albarracín respecto al acceso a la información pública solicitada VISTAS las reclamaciones en materia de acceso a la información pública presentadas por el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante, CTAR) ha adoptado la siguiente resolución: I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 1 de diciembre de 2022, la Asociación plataforma ciudadana «SOS Montes Universales», — integrada por vecinos de los municipios pertenecientes a la Comunidad de Albarracín— dirige una solicitud a la Comunidad de Albarracín, que tiene por objeto obtener la siguiente información y documentación: «Primero. Copia de la Resolución de aprobación de la Revisión del Proyecto de Ordenación del monte de utilidad pública núm. 12 (Vega del Tajo) propiedad de Ciudad y Comunidad de Albarracín, así como de cualquier otro proyecto de futuro sobre aprovechamientos forestales en esta delimitación Natura 2000 (Vega del Tajo-Muela de San Juan). Segundo.- Copia del Informe de Evaluación de Impacto ambiental tenido en consideración para la aprobación del citado Proyecto de Ordenación. Tercero.- Copia de la aprobación del Plan Anual de Aprovechamientos para 2022. Cuarto.- Información completa sobre las condiciones de adjudicación de los contratos para la ejecución de los trabajos silvícolas llevados a cabo en la Vega del Tajo y en el Puerto de Bronchales: técnicos responsables de su redacción y dirección, empresas adjudicatarias, volumen de madera a extraer, áreas afectadas y precios de adjudicación, así como los precios de venta, cantidad y destino de la madera que ya se ha extraído y, en particular la información de cómo controlan las entidades copropietarias el volumen de madera extraída. Quinto.- Copia de las autorizaciones necesarias para talar en las zonas amparadas por Natura 2000-Cuenca, así como las que se pudieran haber solicitado para cruzar el rio Tajo con un obstáculo transversal de hormigón; las relativas al tránsito por el mismo cauce del río para extraer madera, las necesarias para la apertura de la pista que sube desde el Barranco del Escalerón hasta las Moratillas, las necesarias para apertura del carril que cruza el río Tajo desde el Tesorillo y asciende hacia Valdominguete, así como las otorgadas por cualquier autoridad, como puede ser el MITECO, la Confederación Hidrográfica del Tajo o el mismo INAGA para talar pinos dentro del dominio público hidráulico y hasta el mismo cauce. Sexto.- Información sobre las medidas adoptadas para minimizar los graves daños causados por una intervención tan brutal y de las que se adoptaran a posteriori para restaurar la zona destrozada, tal y como exige la normativa europea. Séptimo.- Habida cuenta de que los montes afectados se encuentran incluidos en la Red Natura 2000 (ZEC Y ZEPA Alto Tajo y Montes Universales-Sierra del Tremedal) y, en el caso de la Vega del Tajo además en la Reserva Natural Fluvial Río Tajo, y de los graves perjuicios provocados, que se proceda a la paralización inmediata de los referidos trabajos silvícolas en aplicación del principio de acción precautoria (…) » SEGUNDO.- En la misma fecha, Asociación plataforma ciudadana «SOS Montes Universales» dirige otra solicitud al Presidente de la Comunidad de Albarracín, para obtener la siguiente información: “Primero.- Habida cuenta de que los montes afectados se encuentran incluidos en la Red Natura 2000 (ZEC Y ZEPA Alto Tajo y Montes Universales-Sierra del Tremedal) y, en el caso de la Vega del Tajo además en la Reserva Natural Fluvial Río Tajo, y de los graves perjuicios provocados, que se proceda a la paralización inmediata de los referidos trabajos silvícolas en aplicación del principio de acción precautoria (…) “ Segundo.- El cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 de los vigentes estatutos que imponen a nuestra Comunidad la organización, administración, uso y explotación de su patrimonio forestal de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración para atender ahora y en el futuro las funciones ecológicas, económicas y sociales sin producir daños a otros ecosistemas y preservará en todo caso los demás valores y utilidades de que son susceptibles. Tercero.- Información completa sobre las condiciones de adjudicación de los contratos para la ejecución de los trabajos silvícolas llevados a cabo en la Vega del Tajo y en el Puerto de Bronchales: técnicos responsables de su redacción y dirección, empresas adjudicatarias, volumen de madera a extraer, áreas afectadas y precios de adjudicación, así como los precios de venta, cantidad y destino de la madera que ya se ha extraído y, en particular la información de cómo controlan las entidades copropietarias el volumen de madera extraída e importe de la derrama que la Comunidad va a realizar en favor de cada uno de los municipios comuneros fruto de éstos aprovechamientos (…). Cuarto.- Información sobre las medidas adoptadas para minimizar los graves daños causados por una intervención tan brutal y de las que se adoptaran a posterior para restaurar la zona destrozada, tal y como exige la normativa europea.” TERCERO.- Ante el silencio de la Comunidad de Albarracín, el 15 de enero de 2023 el solicitante presenta sendas reclamaciones al Consejo de Transparencia de Aragón identificadas con los números 4/2023 y 5/2023 con base en los siguientes motivos: Con respecto a la reclamación identificada como 4/2023, reclama la información solicitada excepto la paralización inmediata de los trabajos silvícolas, que no la menciona (incluído en el apartado séptimo de su solicitud) En la reclamación identificada como 5/2023, el objeto consiste en lo dispuesto en el Antecedente de Hecho Segundo, puntos Tercero y Cuarto. CUARTO.- Al objeto de resolver la reclamación presentada, con fecha 16 de enero de 2023 y 9 de febrero de 2023 el CTAR solicita los informes correspondientes a la Comunidad de Albarracín, concediéndole un plazo de quince días para expresar los fundamentos de la resolución adoptada y formular las alegaciones que considere oportunas. Transcurrido el plazo señalado, no se tiene constancia de la recepción de dicho informe. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante, Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia de la Comunidad de Albarracín, en aplicación del artículo 4.1.c) de la misma Ley. Debe aclararse en primer lugar, que en alguna de las pretensiones nos encontramos ante una materia (el acceso a la información ambiental) que tiene previsto un régimen específico de acceso a la información, al que alude la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante Ley 19/2013), cuando establece: «2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. 3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización». Pues bien, como ya señaló este Consejo de Transparencia en su Resolución 55/2021, de 25 de noviembre: «Que el acceso a la información ambiental tenga un régimen específico —establecido en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en adelante, Ley 27/2006)—, no determina la incompetencia del Consejo de Transparencia de Aragón para resolver la reclamación planteada, como se argumentará a continuación. En este sentido, son numerosos los pronunciamientos de los Comisionados de transparencia, con planteamientos y posiciones no siempre coincidentes. Así, por un lado, el CTBG, en todos los casos en que se han dirigido solicitudes al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o sus entidades dependientes, ha entendido que es la Ley 27/2006 la aplicable, y no la Ley 19/2013, y que dicha Ley tiene previsto su propio sistema de recursos, por lo que se ha considerado incompetente, inadmitiendo las reclamaciones (entre otras Resolución 33/2017 de 6 de febrero, en un supuesto de solicitud de informe relacionado con un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y Resolución 557/2019, de 30 de octubre, solicitud de informes científicos tomados en cuenta para elaborar el borrador de una nueva normativa sobre biodiversidad de las zonas especiales de Canarias). La posición contraria, adoptada por la Comisión de Garantía del Derecho de acceso a la información pública de Cataluña (en adelante, la GAIP), y a la que este Consejo se adhiere, es mayoritaria. Admite las reclamaciones sobre información ambiental, se haya invocado la normativa general autonómica sobre transparencia o la Ley 27/2006. Estima que si la información es ambiental, queda sometida en primer lugar a la Ley 27/2006 y solo supletoriamente a la Ley autonómica de transparencia, argumentando que la falta de previsión expresa en la Ley 27/2006 sobre la posibilidad de reclamar ante órganos independientes y especializados —que no existían cuando ésta se aprobó— no implica su exclusión. Es más, el propio artículo 20 remite a los recursos generales administrativos “y demás normativa aplicable”, entre la que debe incluirse la normativa sobre transparencia, que se prevé expresamente de aplicación supletoria en materia de información ambiental, como ya se ha señalado, y que contempla una reclamación sustitutiva de los recursos administrativos. De este modo —señala la Resolución 211/2017, de 27 de junio, de la GAIP— “la posibilidad de contar con una vía adicional, voluntaria, rápida y gratuita de reclamación, ante un órgano especializado e independiente como la GAIP, que no excluye el recurso contencioso-administrativo posterior, parece además plenamente coherente con la finalidad última de la LAIA y de las directivas de la Unión Europea que esta traspone: proporcionar las máximas garantías al derecho de acceso a la información ambiental como instrumento de protección del medio ambiente. No tendría sentido que el acceso a una información como la ambiental, que ha contado tradicionalmente con un régimen de acceso especialmente reforzado, no disfrutara del mecanismo básico de garantía ante la GAIP que la LTAIPBG y la LTAIPBGE reconocen en caso de que se quiera acceder a cualquier otro tipo de información pública». Procede, en consecuencia, la admisión a trámite de todas las reclamaciones. SEGUNDO.- A estos efectos, el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), prevé que el órgano que tramita un procedimiento pueda acumular a otros con los que guarde identidad sustancial o una conexión íntima. Esta identidad sustancial se produce en el caso de las reclamaciones objeto de Resolución, ya que existe una identidad de partes. De acuerdo con ello, en aplicación de los principios de economía y simplicidad que deben presidir la actividad administrativa, y visto que de la acumulación no se deriva perjuicio para las partes ni para el interés general, resulta oportuno y ajustado a Derecho la acumulación de las dos reclamaciones. TERCERO.- Con carácter previo al análisis sobre el fondo de las reclamaciones presentadas, hay que destacar que, solicitados por el CTAR a la Comunidad de Albarracín, mediante correo electrónico enviado el 16 de enero y 9 de febrero de 2023, sendos informes relativos al objeto de las reclamaciones 4 y 5/2023, éstos no ha sido remitidos, lo que impide conocer sus posibles alegaciones al respecto. Es necesario recordar en este punto el deber de colaboración que debe regir las relaciones entre Administraciones Publicas, tal como dispone el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En concreto, el artículo 142 establece la obligación de suministrar información que se halle a disposición de la entidad a la que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. El cumplimiento de este principio garantiza el adecuado conocimiento por parte de este Consejo de todas aquellas cuestiones que han podido afectar a la tramitación y motivación de las actuaciones objeto de la reclamación, y la ausencia de informe determina que únicamente podrán valorarse las cuestiones planteadas en el escrito de solicitud de información por el reclamante. Los referidos informes no tienen carácter preceptivo. Según desprende del régimen en materia de recursos administrativos contenido en la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015). Dado que los informes solicitados no tienen carácter preceptivo, resulta de aplicación el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, en cuya virtud «De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22». En consecuencia, este Consejo debe proceder sin más dilación al análisis de las reclamaciones, valorando únicamente las cuestiones planteadas en las mismas. CUARTO.- La Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante Ley 19/2013) —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información objeto de solicitud, —y por cuyo acceso se ha sustanciado este procedimiento de reclamación ante el CTAR― consiste en diversos documentos y datos relacionados con el monte de utilidad pública núm. 12, (Vega del Tajo) integrante del patrimonio de la Comunidad de Albarracín, por lo que constituyen, información pública a la vista de la definición del artículo 13 de la Ley 19/2013 que acaba de reproducirse, y por tanto, pueden ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas éstas. QUINTO.- Sentado lo anterior, procede analizar la información reclamada a) En primer lugar, respecto a la pretensión de obtener una «Copia de la resolución de aprobación de la Revisión del monte de utilidad pública número 12 (Vega del Tajo), no parece que ofrezca ninguna duda que pueda ofrecerse esta información de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2015 que establece, en su apartado 2: «El órgano competente deberá poner a disposición la información en la forma o formato solicitado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación: (…) b) Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente. En concreto, si el acceso “in situ” pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, o cuando otra forma o formato resulte más sencilla o económica para el erario público». A tenor de lo expuesto, se entiende adecuadamente motivada en este caso la concurrencia de una de las circunstancias que la Ley 8/2015 reconoce para el acceso “in situ” a una parte de la documentación. b) Cuestión distinta es proyecto de futuro de aprovechamientos forestales en la delimitación Natura 2000 (vega del Tajo-Muela de San Juan) puesto que solo puede ofrecerse la información que exista no información futura. c) Con respecto al Informe de evaluación de Impacto Ambiental tenido en cuenta en consideración para la aprobación del citado proyecto de ordenación debemos remitirnos a la Resolución CTAR Nº 9/2023, de 22 de mayo, que resolvía conjuntamente varias las reclamaciones nº 21, 30, 31 y 35/2023 relativas a la Comunidad de Albarracín y abordaba esta cuestión. En el Fundamento de Derecho Quinto se analizó esta cuestión, reclamada en distintos escritos, por lo que debemos remitirnos a su contenido. Tratándose de las mismas partes debe apreciarse, por tanto, la existencia de cosa juzgada administrativa que impide un nuevo pronunciamiento sobre ello puesto que como indicaba en la misma «La cosa juzgada tiene como efectos la inimpugnabilidad e inmodificabilidad de la resolución o acuerdo e impedir así que pueda volver a discutirse algo que ya fue objeto de resolución. Su objetivo es que las controversias tengan fin, que deriva de la necesidad de que las cosas no se encuentren en una constante incertidumbre, pues quedaría, de otro modo, en entredicho el principio de seguridad jurídica. Y, además, evitar las resoluciones contradictorias». d) Con respecto a la información sobre las condiciones de adjudicación del contrato para la realización de los trabajos silvícolas llevados a cabo en el monte de utilidad pública «Vega del Tajo y en el Puerto de Bronchales», solicita Técnicos responsables de su redacción y dirección, empresas adjudicatarias, volumen de madera a extraer, áreas afectadas y precios de adjudicación, así como los precios de venta, cantidad y destino de la madera que ya se ha extraído y, en particular la información de cómo controlan las entidades copropietarias el volumen de manera extraída. En la reclamación 5/2023, incorpora la solicitud de la siguiente información “el importe de la derrama que la Comunidad va a realizar en favor de cada uno de los municipios comuneros fruto de éstos aprovechamientos …” Debemos remitirnos de nuevo a la Resolución CTAR Nº 9/2023, de 22 de mayo, la cual en su Fundamento de Derecho Sexto, al referirse a los trabajos silvícolas llevados a cabo en el monte de utilidad pública Vega del Tajo estimó que la Comunidad debía proporcionar esta información ya que en caso de existir debe disponer de la información demandada o al menos, —en el supuesto improbable de que no obrara en su poder—, que podría obtenerla sin mayores dificultades, al amparo de las amplias facultades que ostenta sobre su patrimonio forestal de acuerdo con los artículos 4 a 6 y 35.1 de los Estatutos de la Comunidad de Albarracín, publicados en el Boletín Oficial de Aragón núm. 31, de 14 de marzo de 2007, mediante Orden de 22 de febrero de 2007, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Por tanto, en igual sentido debemos pronunciarnos ahora sobre la información incluida en este apartado que es más amplia y concreta que la reclamada en su momento puesto que incluye Puerto de Bronchales y control de volumen de manera extraída e importe de la derrama, siempre teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, sobre protección de datos de carácter personal. e) Con respecto a la Resolución de aprobación del Plan Anual de Aprovechamientos para 2022 y las autorizaciones necesarias, constituyen información pública que, en caso de existir, obra en poder de la Comunidad de Albarracín, las cuales deben ofrecerse al no haber acreditado la comunidad la concurrencia de alguno de los limites legalmente previstos al derecho de acceso y en qué medida puede afectar siempre teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013 sobre protección de datos de carácter personal. f) Con respecto a la información sobre medidas adoptadas para minimizar los daños, constituye información pública la información existente. A sensu contrario, este Consejo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la imposibilidad de proporcionar aquella información que no existe (por todas, Resolución CTAR Nº31/2018, de 25 de junio). Es decir, las leyes de transparencia excluyen elaborar nueva información, salvo que esta pueda obtenerse de forma sencilla sin una actividad previa de elaboración que debidamente motivada constituya causa de inadmisión al amparo del artículo 30.1 c) de la Ley 8/2015. Por tanto, solo en la medida en que esta información exista en el expediente, o pueda extraerse fácilmente puede ofrecerse la información al interesado. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Estimar parcialmente las reclamaciones nº 4 y 5/2023 presentadas por Asociación Plataforma Ciudadana «SOS Montes Universales». SEGUNDO.- Instar a la Comunidad de Albarracín para que, en el plazo máximo de un mes proporcione al reclamante la información objeto de las reclamaciones de acuerdo con lo establecido en el Fundamento Quinto de esta resolución y acredite ante órgano su notificación al interesado. TERCERO.- Recordar nuevamente a la Comunidad de Albarracín la obligación de atender las solicitudes de informe del Consejo de Transparencia, en relación con las reclamaciones que tramita. CUARTO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón y de la Comunidad de Albarracín, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.