Reclamación de acceso a información sobre el expediente del Camping de Zuriza y estimación parcial para la entrega del aval

Resolución 30/2025, de 25 de febrero, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la actuación del Ayuntamiento de Ansó/Mancomunidad Ansó Fago con respecto a la información solicitada. VISTA la reclamación en materia de acceso a la información presentada por el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 1 de febrero de 2024, como concejal del Consistorio Ansotano y miembro del Pleno de la Mancomunidad Forestal Ansó Fago, presenta una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante, CTAR), en la que manifiesta que el 18 de septiembre de 2023 presentó un escrito ante dicho Ayuntamiento perteneciente a la Mancomunidad Forestal Ansó Fago para acceder a los documentos que integran el expediente relativo al Camping de Zuriza, habiendo obtenido diversa documentación, la última el 22 de enero de 2024, sin que entre los documentos facilitados se encontraran sentencia judicial, aval, o acta de finalización de la última concesión. SEGUNDO.- Con fecha 2 de febrero de 2024, el CTAR solicitó al Ayuntamiento de Ansó, informe acerca del objeto de la reclamación y que realizara las alegaciones oportunas en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación, sin que hasta la fecha se tenga constancia de que lo haya realizado. TERCERO.- Con fecha 14 de enero de 2025, presenta escrito dirigido a este órgano manifestando que “desde la Mancomunidad se me ha dado acceso efectivo ya a dos de los tres documentos señalados en concreto a la Sentencia Judicial y al Acta de finalización de la concesión.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante, Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones de las entidades de la Administración local aragonesa de conformidad con el artículo 4.1. c) de dicha norma, y por tanto de mancomunidades de municipios previstas en el artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. SEGUNDO.- El reclamante es un concejal en el Consistorio de la Villa de Ansó, con un régimen específico en materia de acceso a la información contemplado en la normativa local al que alude en sus escritos. Este Consejo ya ha admitido en varias ocasiones las reclamaciones presentadas por cargos electos (por todas, Resoluciones CTAR 6/2019, 1/2024 y 22/2024) al considerar que la existencia de un régimen específico de acceso a la información en el ámbito local no puede privar a los cargos representativos de una garantía, la reclamación ante un órgano independiente y especializado, que se encuentra al alcance de todos los ciudadanos. La Disposición adicional primera, punto 2, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, Ley 19/2013) conlleva que en los casos en que exista un régimen especial de acceso, sus previsiones «deben verse completadas por las previsiones de la Ley 19/2014», de transparencia (norma autonómica de transparencia en Cataluña), y que, en general, «todas las leyes sectoriales (las de régimen local serían un caso) deben interpretarse de acuerdo con lo que establece la ley de transparencia y, para el caso de establecer excepciones respecto al régimen general, estas deben ser explícitas y responder a una causa que las justifique». Procede, en consecuencia, la admisión a trámite de la reclamación, con aplicación del derecho material derivado de la legislación de régimen local (Ley estatal 7/1985; Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y ROF) en todo lo que se regule con carácter especial y, supletoriamente, el de transparencia. TERCERO.- El Ayuntamiento de Ansó no ha remitido el informe solicitado por este Consejo, lo que impide conocer sus posibles alegaciones al respecto. En el último año, han sido varias las reclamaciones tramitadas y resueltas por este órgano presentadas por grupos municipales frente a la actuación del Ayuntamiento de Ansó, con respecto a las cuales que tampoco la entidad local emitió los informes solicitados para su resolución. (Resoluciones CTAR nº2/24 y nº 3/2024. Ante esta situación, se reitera el deber de colaboración que rige las relaciones entre Administraciones Publicas previsto en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Por otra parte, la ausencia de informe determina que únicamente podrán valorarse las cuestiones planteadas en el escrito de solicitud de información por el reclamante. No obstante, procede seguir las actuaciones de conformidad con el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administración Común de las Administraciones Públicas, que establece «De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22». CUARTO.- Asimismo, el artículo 29 de Ley 8/2015, contempla una fase de comunicación previa a la persona interesada tras el recibo de la solicitud, como garantía para el solicitante que le permite conocer la efectiva recepción de la solicitud, los plazos para su resolución, la necesidad de aclarar su petición o el traslado a terceros que pudieran resultar afectados en sus derechos o intereses. En definitiva, garantizan el ejercicio de su derecho. De los antecedentes obrantes en el expediente se desprende que se han incumplido las normas procedimentales contenidas en la Ley 8/2015, pues no consta la realización de la comunicación previa al solicitante, impidiendo conocer la efectiva recepción de la solicitud y los plazos para su resolución. QUINTO.- El artículo 13 de la Ley 19/2013, así como en el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 definen la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información solicitada es información pública en los términos establecidos en las leyes de transparencia en cuanto generada por el Ayuntamiento de Ansó y Mancomunidad Forestad Ansó Fago en ejercicio de sus competencias. La información que se reclama consiste en: una sentencia judicial, aval y acta de finalización de la última concesión relativos al expediente de Camping de Zuriza, puesto que, cierta documentación, quizá menos sustancial, habría sido proporcionada con anterioridad según se desprende de las manifestaciones de Con respecto a la sentencia judicial, el artículo 14.1 de Ley 19/2013, establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando proporciona la información suponga un perjuicio para “e) la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”, así como para “f) la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.” Según el CI 2/2015, de 24 de junio, del CTBG y de la AEPD, relativo a la Aplicación de los límites al derecho de acceso a la información, los límites del art. 14 podrán ser aplicados (pero no necesariamente), puesto que “no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos”, y por ello “…deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. […] Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).” Esta interpretación sobre la aplicación de los límites es la avalada por la jurisprudencia, que exige “su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida”, justificación que no ha acreditado hasta la fecha la entidad local. Sobre la restante documentación, no se aprecia la concurrencia de causas de inadmisión o limitaciones legalmente previstas que impidan o dificulten el acceso a la información. Establecido lo anterior, durante la tramitación de esta reclamación, el reclamante comunica a este órgano el traslado por parte de la Mancomunidad Forestal Ansó Fago de la sentencia judicial y el acta de finalización de la concesión solicitadas, por lo que el derecho de acceso se habría garantizado con respecto a esta parte de la reclamación, debiendo proporcionar la documentación relativa al aval solicitado. SEXTO.- En todo caso, al proporcionar la información debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, sobre protección de datos de carácter personal. “3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.” SÉPTIMO.- El artículo 107.5 de la Ley 7/1999, establece: «5. Los miembros de la Corporación deberán respetar la confidencialidad de la información a que tengan acceso en virtud del cargo sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad local o de terceros». La GAIP y la Agencia Catalana de Protección de Datos han tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre el acceso por los electos locales a información en la que se contienen datos de carácter personal dando lugar a una fundada doctrina cuyas consideraciones y conclusiones comparte este Consejo de Transparencia, aun con los matices derivados de la normativa autonómica sectorial y de transparencia aplicable en cada caso. Así, se mantiene esta doctrina de la GAIP (por todos, Dictamen 2/2019, de 22 de marzo), cuando indica: «Los miembros de las corporaciones locales ostentan un derecho sin duda reforzado de acceso a la información de la respectiva entidad, que los legitima a acceder a información que no está al alcance del resto de la ciudadanía, si bien con la responsabilidad, también reforzada, de no poder difundirla si está afectada por algún límite de confidencialidad. Este derecho reforzado tiene plena justificación en el hecho que es instrumental respecto del derecho constitucional proclamado por el artículo 23 de la Constitución (representación política y participación en los asuntos públicos), que difícilmente podría ser ejercido plenamente por las personas elegidas si estas personas no tienen acceso a la información necesaria para este ejercicio. Una consideración adicional que también justifica en cierto modo el derecho reforzado de los y de las electas a la información de la respectiva entidad es precisamente su condición de miembros de la corporación, de forma que la información que cae en sus manos propiamente no sale de la entidad, sigue permaneciendo en sede municipal, no se ha difundido al exterior, y por lo tanto puede seguir disfrutando de la protección o de la confidencialidad que le otorga el ordenamiento jurídico». En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Estimar parcialmente la reclamación presentada por e instar al Ayuntamiento de Ansó a que, en el plazo máximo de quince días hábiles, proporcione a la persona reclamante la información solicitada no entregada (aval) previa disociación de los datos personales, y acredite ante este órgano la remisión al interesado. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón y del Ayuntamiento de Ansó, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.