Reclamación por denegación de acceso a informe de inspección de consumo e identificación de funcionarios

Resolución 44/2024, de 1 de octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a las actuaciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales respecto al acceso a la información pública solicitada. VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Con fecha 9 de diciembre de 2021, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante, CTAR), solicitando copia del Informe sobre una actuación de la Sección de Consumo del Servicio Provincial del Departamento de Ciudadania y Derechos Sociales de Huesca realizado a raíz de la denuncia de 8 de julio de 2021 formulada por el reclamante contra la empresa S.L.U. (SUPERMERCADO DIA) así como los nombres de las personas actuantes y responsables de la actuación. SEGUNDO.- Al objeto de resolver la reclamación, con fecha 22 de diciembre de 2021, el CTAR solicita informe al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, concediéndole un plazo de quince días para formular las alegaciones que considere oportunas. TERCERO.- Con fecha 13 de enero de 2022, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales emitió informe con el siguiente contenido “Cabe reiterar la ausencia de solicitud alguna de acceso a la información pública presentada por parte de , que ha obviado el procedimiento normal de acceso a la información pública, reclamando directamente ante el Consejo de Transparencia de Aragón salvo que presentara efectivamente la solicitud ante el Ayuntamiento de Huesca por lo que, no existiendo expediente que tramitar, no existe Orden de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales al respecto”. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante, Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en materia de consumo del Departamento de Ciudadania y Derechos Sociales. SEGUNDO.- Previamente deben realizarse varias consideraciones. En el escrito en el que muestra su disconformidad con el archivo de las actuaciones 21/22/361 relativas a la denuncia de fecha 8 de julio de 2021, que formuló ante el Servicio Provincial de Ciudadana y Derechos Sociales de Huesca también solicita el acceso a la información objeto de esta reclamación, añadiendo que de no recibir la información se dirigiría al Consejo de Transparencia de Aragon indicando la url de este órgano https://transparencia.aragon.es/CTAR. Por ello, debemos considerar que dicho escrito contiene la solicitud de derecho de acceso a la información publica, y en consecuencia, procede su tramitación. Mediante Orden de 26 de octubre de 2015, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Scoiales, se establecieron instrucciones sobre la tramitación, seguimiento, control y registro de las solicitudes de acceso a la información pública. La Instrucción Tercera, indica que la solicitud de información puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia, entre otros datos, de la identidad del solicitante, de la información que se solicita, dirección de contacto, datos que sí aparecen en el mencionado escrito. Tal como ha reiterado este Consejo en numerosas ocasiones (por todas, Resolución 23/2019, de 27 de mayo), la Ley 8/2015 contiene en sus artículos 29 y 31 las reglas procedimentales que deben seguirse una vez recibida una solicitud de información. En concreto, el artículo 29 establece —como garantía del derecho de acceso— una comunicación previa tras el recibo de la solicitud, con el siguiente tenor literal: «Recibida la solicitud, el órgano competente para su tramitación informará a los y las solicitantes, en comunicación que les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la entrada de la solicitud en su registro, de: a) La fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. b) El plazo máximo para la resolución y notificación. c) Los efectos que pueda producir el silencio administrativo. d) Si la solicitud se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se ha dirigido y este conoce al competente, deberá remitirle la solicitud e indicar en la comunicación al solicitante la fecha de la remisión e identificación del órgano al que se ha dirigido. e) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. f) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se le comunicará del traslado a estos para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas». Por su parte, el artículo 31 establece los plazos para resolver la solicitud, cuando señala: «1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». La importancia de estas normas reside en la garantía que suponen para el solicitante, ya que le permiten conocer la efectiva recepción de la solicitud, los plazos para su resolución o la necesidad de aclarar su petición. En definitiva, garantizan el ejercicio de su derecho. Del mismo modo, permiten a la Administración acordar la prórroga del plazo cuando lo exija el volumen o complejidad de la información solicitada circunstancia que no concurre en este caso. Por otro lado, es cierto -como se indica en el Informe a esta reclamación- que no consta solicitud de información ante el Ayuntamiento de Huesca (a la que se refiere el reclamante) pero también debemos considerar a tenor de la documentación existente que esta referencia puede tratarse de un error del solicitante por cuanto éste presenta la documentación en el Servicio Provincial del Departamento de Ciudadania y Derechos Sociales de Huesca y la dirige a este órgano. Así figura en el escrito remitido a través del Servicio de Correos de Huesca, en el que indicaba claramente la dirección de este órgano administrativo, calle San Jorge 65. 22003 Huesca, y cuya fotografía, casi ilegible, aporta junto a su reclamación. Todo ello refleja la inequívoca voluntad de solicitar la información en esta administración. TERCERO.- Sentado lo anterior, el artículo 25 de la Ley 8/2015, reconoce el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ( en adelante Ley 19/2013) —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La documentación solicitada es el informe o acta de la visita de inspección realizada por la Sección de Consumo del Servicio Provincial de Ciudadanía y Derechos Sociales de Huesca a Supermercado Dia a raíz de la denuncia que formuló contra la empresa (SUPERMERCADO DIA) para la investigacion de los hechos denunciados en la que se comprueba “que la citada partida de manzanas había sido vendida en su totalidad, no existiendo en el momento de la inspección mazanas Fuji a granel y que todas cumplían con el calibre indicado en la etiqueta.” Igualmente requiere el nombre de la persona que actúa en dicha inspección así como el nombre del cargo público que avala esa actuación. Esta documentación no le fue facilitada en su momento por cuanto es cierto que la mera presentación de una denuncia no confiere, por si sola la condición de interesado en el procedimiento ni los derechos que estos ostentan en un procedimiento administrativo según lo dispuesto en los artículos 55 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimeinto Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como el derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento o a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. CUARTO.- La información solicitada, en cuanto derivada de una actuación administrativa, debería existir en poder de la administración y no apreciándose la concurrencia de causas de inadmisión o limitaciones que impidan o dificulten el acceso a la misma al amparo de la normativa de transparencia debe ofrecerse teniendo en cuenta lo dispuesto sobre protección de datos personales, siempre que dicha información exista. En caso de inexistencia, debería trasladarse esta información el reclamante para que éste puede conformar una opinión de la actividad desarrollada. Con respecto a la solicitud de identificación de las personas actuantes y responsables, nombre y cargo que desempeñan, éstos se consideran datos meramente identificativos de empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas que pueden ofrecerse a los ciudadanos de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 19/2013 el cual indica que: “Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano.” En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Estimar la reclamación del solicitante e instar al Departamento de Presidencia, Economia y Justicia, ahora competente en materia de consumo, para que en el plazo de quince días, proporcione la información solicitada a acreditando ante este Consejo su notificación al interesado. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.