Reclamación por falta de acceso a actas de tribunales calificadores de procesos selectivos de ingenieros en Aragón

Resolución 42/2024, de 1 octubre de 2024, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la actuación del Departamento de Hacienda y Administración Pública respecto al acceso a la información pública solicitada. VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I.- ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Con fecha 2 de octubre de 2021, presentó una solicitud inscrita en el Registro de solicitudes de acceso a la información pública con el número 415/2021 para obtener copia Actas de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas de las siguientes convocatorias: “Resolución de 22 de diciembre de 2014, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.” “Resolución de 31 de agosto de 2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas.” “Resolución de 4 de agosto de 2014, del Director General de la Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Ingenieros Agrónomos.” “Resolución de 30 de octubre de 2015, del Director General de la Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Ingenieros Agrónomos.” solicita la información en formato pdf. SEGUNDO.- Ante la inactividad del Departamento de Hacienda y Administración Pública, con fecha 4 de diciembre de 2021 presenta una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón solicitando la misma información. TERCERO.- Con fecha 10 de diciembre de 2021 el CTAR solicita informe al Departamento de Hacienda y Administración Pública, concediéndole un plazo de quince días para formular las alegaciones que considere oportunas sin que hasta este momento haya remitido a este órgano dicha documentación. II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante, Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. SEGUNDO.- Deben realizarse, con carácter previo, varias consideraciones de carácter procedimental. Tal como ha reiterado este Consejo en numerosas ocasiones (por todas, Resolución 23/2019, de 27 de mayo), la Ley 8/2015 contiene en sus artículos 29 y 31 las reglas procedimentales que deben seguirse una vez recibida una solicitud de información. En concreto, el artículo 29 establece —como garantía del derecho de acceso— una comunicación previa tras el recibo de la solicitud, con el siguiente tenor literal: «Recibida la solicitud, el órgano competente para su tramitación informará a los y las solicitantes, en comunicación que les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la entrada de la solicitud en su registro, de: a) La fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. b) El plazo máximo para la resolución y notificación. c) Los efectos que pueda producir el silencio administrativo. d) Si la solicitud se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se ha dirigido y este conoce al competente, deberá remitirle la solicitud e indicar en la comunicación al solicitante la fecha de la remisión e identificación del órgano al que se ha dirigido. e) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. f) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se le comunicará del traslado a estos para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas». Por su parte, el artículo 31 establece los plazos para resolver la solicitud, cuando señala: «1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». La importancia de estas normas reside en la garantía que suponen para el solicitante, ya que le permiten conocer la efectiva recepción de la solicitud, los plazos para su resolución o la necesidad de aclarar su petición. En definitiva, garantizan el ejercicio de su derecho. Del mismo modo, permiten a la Administración acordar la prórroga del plazo cuando lo exija el volumen o complejidad de la información solicitada circunstancia que no concurre en este caso. En el expediente no consta la realización de esta comunicación previa, ni en el momento, ni tras haber sido requerido el órgano competente por el Registro de Solicitudes de Acceso a la Información Pública el día 23 de diciembre de 2021, por ello, el Departamento de Hacienda y Administración Pública no ha cumplido las normas procedimentales contenidas en la Ley 8/2015. TERCERO.- Sentado lo anterior, esta ley reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante, Ley 19/2013)—y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información objeto de solicitud son actas de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Funcionario Técnico, Escala Técnica Facultativa, Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas y de Funcionario Superior, Escala Facultativa Superior, Ingenieros Agrónomos de la Administración de la Comunidad Autonóma de Aragón correspondientes a las convocatorias efectuadas en 2014 y 2016 para cada una de ellas. Se trata, en definitiva, de la actuación de un tribunal calificador de un proceso de selección de funcionarios públicos, el cual, es un órgano administrativo y por ello, la documentación que elabora debe considerarse elaborada por la Administración de la que forma parte tal como establecía la Resolución 63/2018, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña. Con relación al acceso a las actas de los tribunales calificadores, debemos remitirnos al contenido del Informe 2/2020, de 15 de junio, del Consejo de Transparencia de Aragón, relativo a la transparencia de las actas de los Tribunales calificadores y de los exámenes en los procesos selectivos, emitido a solicitud del Instituto Aragonés de Administración Pública en el que se indica “como establece este Consejo desde su Resolución 2/2017, de 27 de febrero, la información que obra en poder de un tribunal calificador formado por funcionarios de la Administración Pública es información pública a los efectos de la norma y, por tanto, puede ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de Transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en éstas.” En este supuesto, la documentación solicitada es de fecha anterior al informe pero tal circunstancia no impide el acceso a las actas puesto que es una documentación que existe o debiera existir en poder de la administración autonómica. Con respecto a la obligación de entregar copia de las actas de un Tribunal de selección a los participantes en este procedimiento el mencionado informe en su Fundamento de Derecho Tercero, recuerda que “los procesos de selección de personal al servicio del sector público, en la medida en que deben servir para seleccionar a los mejores candidatos, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, -candidatos que serán retribuídos con dinero público y que desarrollan funciones públicas- están presididos durante su tramitación por los principios de publicidad y transparencia. En concreto, las actas de los tribunales u órganos de selección deben ser elaboradas, precisamente, por una finalidad básica de transparencia, para que quede constancia y puedan ser conocidos por terceros (interesados o ciudadanos en general) los aspectos básicos de la reunión correspondiente, los puntos principales de las deliberaciones y acuerdos adaptados”. En el supuesto objeto de la reclamación, lo cierto es que se desconoce si el reclamante ostentaba o no la condición de interesado como participante en los procesos selectivos referidos en la solicitud, los cuales, dado el tiempo transcurrido estarían finalizados. La condición de interesado no es relevante para poder ejercer el derecho de acceso a la información pública al amparo de la normativa de transparencia, pero ésto no significa que no lo sea para la adecuada aplicación de lo dipuesto en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013 respecto a la ponderación entre el interés publico y la protección de los datos de carácter personal. En caso de que el derecho de acceso sea ejercicio por quien participa en el proceso selectivo, debe apreciarse un evidente interés en la divulgación de aquellas informaciones que permiten la comparación con el resto de aspirantes con el fin de verificar la objetividad e imparcialidad del proceso. Este interés no se aprecia, en principio, en quien no es candidato en el proceso, en cuyo caso debe prevalecer el derecho a la protección de los datos de carácter personal de las personas aspirantes en el proceso selectivo. Por tanto si las actas contienen datos de caracter personal, como identificación de aspirantes admitidos y excluidos que no se han hecho públicos durante el procedimiento estos datos deberán anominizarse. Además, el Informe 2/2020, de 15 de junio, Consejo de Transparencia de Aragón, añade que: “En el caso de que en las actas aparezcan datos de personas que se encuentren en situaciones de especial protección o categorías especiales de datos en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679; del Parlamento y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), por ejemplo, datos de salud o el resultado de pruebas de tipo psicológico u otras donde puedan tratarse categorías especiales de datos deberán suprimirse o anonimizarse llevando a cabo su disociación de forma que la información contenida en el acta no se pueda asociar a una persona identificada o indentificable”. Por tanto, no se aprecian causas de inadmisión o límites que impidan o dificulten el acceso a las actas solicitadas teniendo en cuenta lo anteriormente dispuesto en relación con el artículo 15 de la Ley 8/2013 sobre la protección de los datos personales. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III.- RESUELVE PRIMERO.- Estimar la reclamación presentada e instar al Departamento de Hacienda y Administración Pública para que en el plazo de quince días proporcione al reclamante la información solicitada y acredite ante este órgano su realización. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todas las personas interesadas en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.