Reclamación por falta de respuesta del Ayuntamiento de Miedes al acceso a información pública sobre ordenanzas y expedientes de tierras

Resolución 22/2024, de 28 de mayo de 2024, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la falta de resolución por el Ayuntamiento de Miedes del acceso a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 22 de julio de 2021, , presentaron una solicitud en el Ayuntamiento de Miedes, que tenía por objeto obtener la siguiente información: 1. “Copia de la Ordenanza de tierras patrimoniales aprobada en el año 2019. Acta de aprobación por el órgano correspondiente. 2. Copia del Informe emitido por la Dirección General de Administración Local, del Departamento de Presidencia, del Gobierno de Aragón por el que se requiere al Ayuntamiento de Miedes para que proceda a la anulación de la Ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de tierras patrimoniales. 3. Copia del acuerdo de anulación adoptado por el órgano municipal competente, respecto a la ordenanza referida a que hace mención la Dirección General de Administración Local, en el que se recoja órgano y fecha de dicho acuerdo. 4. Copia de la Ordenanza aprobada y publicada tras la emisión del informe emitido por la Dirección General de Administración Local, y que ha servido de base para las adjudicaciones realizadas desde junio de 2019 hasta junio de 2021. 5. Copia del expediente tramitado para ampliar la zona de “leñosos” (providencia de inicio del expediente, informe técnico, acuerdo de ampliación, adjudicaciones que se hayan realizado…) 6. Copia del expediente correspondiente al inicio del regadío de la finca del Campillo (Proyecto, acuerdo de aprobación, licitación, adjudicación, acta de recepción, liquidación). 7. Copia de la licencia concedida para el acopio de tierras en el Campo de Fútbol Municipal, con determinación de la solicitud, acuerdo de concesión, abono de las tasas que correspondan, y caso de no estar autorizadas, copia del inicio o expediente sancionador. 8. Relación de fincas o parcelas de titularidad pública situadas en el . Estatutos o documento que regule su regadío. Estatutos de las Comunidades de regantes en las que participe el Ayuntamiento y este designado para alguno de los cargos el Alcalde del Ayuntamiento de Miedes de Aragón. 9. Acuerdo que modifique la Ordenanza, por la que se rige el aprovechamiento de tierras de Miedes de Aragón, en lo que se refiere al apartado 2 c) de la convocatoria de subasta de lotes sobrantes y permita la adjudicación a mayores de 60 años. 10. Copia de los escritos recibidos en este Ayuntamiento, remitidos por el Justicia de Aragón, en Expediente de Referencia del Justicia Q20/1040/01 y Q20/1039/03, correspondientes a los años 2020 y 2021 así como copia de los escritos enviados por el Ayuntamiento al Justicia, relativos a los expedientes referidos.” SEGUNDO.- Ante la falta de contestación a la solicitud de acceso a la información pública, el 14 de septiembre de 2021 presentan una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante, CTAR). TERCERO.- Al objeto de resolver la reclamación presentada, el 16 de septiembre de 2021 el CTAR solicita informe al Ayuntamiento de Miedes concediéndole un plazo de quince días para formular las alegaciones que considere oportunas. CUARTO.- El 20 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Miedes informa al CTAR que ha emplazado a los concejales solicitantes para consulta y examen de la documentación solicitada y disponible en horario de 8 a 14 horas en la Secretaría, indicando la inexistencia de los siguientes documentos y sus motivos: “4. A día de la fecha, no existe Ordenanza aprobada y publicada tras la emisión del informe emitido por la Dirección General de la Administración Local, si bien es voluntad del equipo de gobierno su aprobación, la cual no se ha producido al no disponer de una Secretaria estable que asesore e impulse tal aprobación. 5. No existe un expediente de ampliación de zona de leñosos siendo individualizadas las peticiones realizadas por cada uno de los adjudicatarios. 6.No existe expediente del inicio del regadío de la finca del Campillo al no haber sido este Ayuntamiento el promotor. 7.No consta licencia alguna para el copio de tierras en el Campo de Fútbol de Miedes. De igual manera, no consta que la propiedad de la finca corresponda al Ayuntamiento (finca 224 del polígono 26) ya que del Inventario Municipal solo se desprende que sea propietario de una construcción de depósito, lo que podría calificarse como un derecho de superficie o similar. Por ello, no puede constar expediente alguno ni exigencia de tasa. 8. Se aporta la relación de fincas de titularidad pública . Los Estatutos de la Comunidad de Regantes no constan en las dependencias municipales. 9.No se ha podido encontrar la modificación de la Ordenanza a la que se hace alusión.” II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante, Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones de las entidades locales. SEGUNDO.- Previamente conviene realizar algunas consideraciones: Con respecto a las personas reclamantes, cabe recordar que la Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esta Ley. El informe del Ayuntamiento de Miedes menciona la condición de concejales dicha entidad de los solicitantes. Resulta adecuado recordar que la existencia de un régimen específico relativo al derecho de información de los cargos electos —contenido en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y en la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón—, ha generado posturas diferentes por parte de los Comisionados de transparencia en cuanto a la posibilidad de que puedan acogerse al régimen jurídico de acceso a la información pública previsto en materia de transparencia. El Consejo en su Resolución 6/2017, de 27 de marzo de 2017, cuyo contenido se da por reproducido, refiere que pueden diferenciarse dos posicionamientos respecto a la admisión de reclamaciones presentadas por cargos públicos representativos. El primero, mantenido por el CTBG y también por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, cuya postura se basa en que el derecho de acceso de los cargos públicos representativos quedaría amparado por su regulación específica, por lo que únicamente se admiten aquellas reclamaciones cuya solicitud se presentó al amparo de la normativa de transparencia. El segundo, de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) quien considera que la normativa en materia de transparencia tendría carácter supletorio en aquellos casos en que exista un régimen específico de acceso a la información, cuya virtualidad residiría precisamente en ofrecer un marco normativo de mayor garantía. La posición del CTAR en relación con las reclamaciones presentadas por cargos públicos representativos es su admisión, sin que ésta pueda quedar condicionada por una cuestión formal relativa a la normativa en la que se basó la solicitud inicial, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica. Procede, en consecuencia, la admisión a trámite de la reclamación. Por otra parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 — y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma, entre los que están las entidades locales, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, puede ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en éstas. En cuanto al procedimiento de tramitación de las solicitudes de acceso a la información, tal como ha reiterado este Consejo en numerosas ocasiones (por todas, Resolución 23/2019, de 27 de mayo), la Ley 8/2015 contiene en sus artículos 29 y 31 las reglas procedimentales que deben seguirse una vez recibida una solicitud de información. En concreto, el artículo 29 establece —como garantía del derecho de acceso— una comunicación previa tras el recibo de la solicitud, con el siguiente tenor literal: «Recibida la solicitud, el órgano competente para su tramitación informará a los y las solicitantes, en comunicación que les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la entrada de la solicitud en su registro, de: a) La fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. b) El plazo máximo para la resolución y notificación. c) Los efectos que pueda producir el silencio administrativo. d) Si la solicitud se refiere a información que no obra en poder del órgano al que se ha dirigido y este conoce al competente, deberá remitirle la solicitud e indicar en la comunicación al solicitante la fecha de la remisión e identificación del órgano al que se ha dirigido. e) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. f) Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se le comunicará del traslado a estos para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas». Por su parte, el artículo 31 establece los plazos para resolver la solicitud, cuando señala: «1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». La importancia de estas normas reside en la garantía que suponen para el solicitante, ya que le permiten conocer la efectiva recepción de la solicitud, los plazos para su resolución o la necesidad de aclarar su petición. En definitiva, garantizan el ejercicio de su derecho. Del mismo modo, permiten a la Administración acordar la prórroga del plazo cuando lo exija el volumen o complejidad de la información solicitada. De los antecedentes obrantes en el expediente se desprende que el Ayuntamiento de Miedes no cumplió estas normas procedimentales contenidas en la Ley 8/2015, pues no ha acreditado la notificación de la comunicación previa a la persona interesada, ni ha resuelto dentro del plazo legalmente establecido la solicitud de información pública que ha dado origen a esta reclamación. TERCERO.- Con las anteriores precisiones, procede ahora analizar si la remisión al CTAR del informe por parte del Ayuntamiento de Miedes satisface, conforme a las exigencias derivadas de la legislación en materia de transparencia, el derecho de acceso a la información pública de los reclamantes. Es doctrina consolidada de este Consejo de Transparencia que no es posible proporcionar aquella información que no existe. Procede destacar las Resoluciones de este Consejo 2/2016, de 12 de septiembre; 2/2017, de 27 de febrero; 30/2017, de 18 de diciembre y 3/2018, de 5 de febrero. En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en sus Resoluciones 60/2016, de 17 de junio y 86/2016, de 8 de junio, en las cuales concluye que las solicitudes sólo pueden tener por objeto aquellos documentos o informaciones de las que dispongan las Administraciones Públicas. Ahora bien, la imposibilidad de proporcionar la información solicitada no exime al Ayuntamiento de informar de esta circunstancia a los reclamantes, y así lo ha realizado el Ayuntamiento de Miedes, según se indica en el punto 10 del escrito de contestación. Con relación a la forma en que se proporciona la información, el artículo 33 de la LTAr establece que “la información solicitada se adjuntara como anexo a la resolución. Si esto no fuera posible debido a su tamaño, extensión o naturaleza, se indicará la forma o formato de la información y el plazo y las circunstancias del acceso que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible.” Asimismo, el artículo de 34 LTAr preceptúa que quienes accedan a la información pública deberán realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos concretándose lo más precisamente posible la petición”. Los reclamantes solicitan la entrega de la documentación que está identificada sin indicar el formato. El Ayuntamiento de Miedes les emplaza para consulta y examen de la documentación en horario de 8 a 14 en la Secretaría municipal sita en el Ayuntamiento de Miedes alegando que “la complejidad del asunto, la dificultad de averiguación de la documentación, el cambio de Secretaría-Intervención, la inexistencia de dedicación parcial ni parcial ni exclusiva de Alcadía hacen difícil recopilar toda la información.” Aunque el CTAR no tiene constancia de tal comparecencia, del escrito de 31 de enero de 2022 incorporado al expediente se desprende que el Ayuntamiento de Miedes garantizó el cumplimiento del derecho de acceso de los solicitantes a la información existente. No obstante, conviene recordar con respecto al argumento esgrimido por la entidad local para justificar su actuación que si se tiene en cuenta la complejidad de las actuaciones que llevan a cabo las Administraciones Públicas en la actualidad es muy probable que cualquier solicitud de acceso a información pública conlleve una tarea de localización y mínima elaboración de ésta para el adecuado cumplimiento del derecho de acceso. Ahora bien, tales circunstancias no pueden ser consideradas de perjudiciales para el normal funcionamiento de la actividad administrativa de la que forma parte la actividad de transparencia, sino que ésta forma parte integrante de la misma. En consecuencia, habiendo proporcionado la entidad la información solicitada disponible antes de la resolución de la reclamación presentada y justificado la imposibilidad de ofrecer la información incluida en los apartados 4,5,6,7,8 y 9 de la solicitud de derecho de acceso a la información pública de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 f) de la Ley 8/2015, se produce la pérdida sobrevenida del objeto de esta reclamación, dado que el propósito de obtener la información pública disponible ha sido satisfecho y se ha visto cumplida la finalidad de las leyes de transparencia, por tanto, procede finalizar el procedimiento. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Declarar la finalización del procedimiento por pérdida sobrevenida de su objeto, al haber garantizado el acceso a la información solicitada disponible. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todas las personas interesadas en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.