Reclamación de acceso a la información sobre expedientes y beneficiarios de aguinaldos navideños en el Ayuntamiento de Aguilón

Resolución 8/2024, de 26 de marzo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a las actuaciones del Ayuntamiento de Aguilón en relación con el acceso a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por D. , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 24 de mayo de 2021, D. , quien se identifica como concejal del Ayuntamiento de Aguilón (Zaragoza) presenta una reclamación al Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), en la que expone, en síntesis, lo siguiente: 1. El 9 de febrero de 2021 presentó ante el Ayuntamiento de Aguilón un escrito en el que solicitaba que le fuese facilitada la siguiente información: «-Copia de todos los documentos que integran el expediente administrativo tramitado por ese Ayuntamiento para la adquisición de aguinaldos para la Navidad 2020; y con cargo a qué partida presupuestaria del ejercicio 2020 se realiza el gasto. -Relación completa en la que aparezcan cada uno de los beneficiarios, y el correspondiente recibí de entrega debidamente firmado por cada uno de los beneficiarios del aguinaldo. -Factura o facturas de la adquisición de los citados aguinaldos y relación completa de qué elementos se compone cada uno de ellos». 2. Dicha solicitud se amparaba, tanto en el derecho de los concejales a obtener información para el ejercicio de su cargo, con apoyo en el Derecho Fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española, como en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 3. El alcalde de Aguilón no le ha facilitado la información solicitada, por lo que solicita al Consejo de Transparencia de Aragón la adopción de las medidas necesarias para que el Ayuntamiento de dicha localidad le traslade dicha información. SEGUNDO.- El 27 de mayo de 2021, el CTAR solicita al Ayuntamiento de Aguilón que, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación, informe acerca del objeto de la reclamación y realice las alegaciones oportunas. TERCERO.- El 4 de junio de 2021 el Ayuntamiento de Aguilón remite al CTAR por correo electrónico la siguiente documentación: 1. Justificante del envío al reclamante, por la Secretaría del Ayuntamiento de Aguilón, de un correo electrónico en el que consta que se incorporan como anexos los documentos denominados “20210603_Otros_...SR. .pdf”; “INFORMES Y EMIS…TRANSFERENCIAS.pdf” y ”FACTURAS Y ALBARES.pdf”. Sin embargo, no se aportan por separado los documentos citados. 2. Oficios del Ayuntamiento de Aguilón, de 3 de junio de 2021, en los que se indica que se ha enviado al concejal solicitante la información solicitada. 3. Justificante de la comunicación electrónica realizada por el Ayuntamiento de Aguilón al Consejo de Transparencia de Aragón, trasladándole la documentación señalada en los dos puntos anteriores, sin incluir los documentos citados. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015), atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Ayuntamiento de Aguilón. SEGUNDO.- Hay que detenerse en este punto, con carácter previo, en el análisis del ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los cargos públicos representativos locales y su relación con la normativa de transparencia. El reclamante es un concejal y por tanto dispone de un régimen específico en materia de acceso a la información contemplado en la normativa local, al que él alude en su reclamación. Ahora bien, este Consejo ya ha admitido en varias ocasiones las reclamaciones presentadas por cargos electos (entre otras, Resoluciones 6/2017, 27/2017, 29/2018 y 6/2019) al considerar que la existencia de un régimen específico de acceso a la información en el ámbito local no puede privar a los cargos representativos de una garantía, la reclamación ante un órgano independiente y especializado, que se encuentra al alcance de todos los ciudadanos. Asimismo, es necesario señalar que este criterio del CTAR ha sido confirmado en la Sentencia 1074/2019, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desestimatoria del recurso ordinario 334/2016, que rechazaba la posibilidad de que los cargos electos locales pudieran acudir a la vía de la reclamación prevista en la Ley 19/2013 para defender su derecho de acceso. La Sentencia desestima el recurso y suscribe íntegramente la argumentación y fundamentación jurídica del Comisionado de Transparencia de Cataluña (GAIP) en favor de la admisibilidad de reclamaciones de electos locales, sin perjuicio de las demás vías de recurso o garantía previsto en la legislación de régimen local, porque «aquellos que representan a la ciudadanía en las instituciones públicas no pueden disfrutar de un derecho de acceso a la documentación pública de alcance o calidad inferior que cuando este mismo derecho lo ejercitan sus representados individualmente considerados». En la Sentencia, el Tribunal determina con contundencia que la Disposición adicional primera, punto 2, de la Ley 19/2013 conlleva que en los casos en que exista un régimen especial de acceso, sus previsiones «deben verse completadas por las previsiones de la Ley 19/2014», de transparencia (norma autonómica de transparencia en Cataluña), y que, en general, «todas las leyes sectoriales (las de régimen local serían un caso) deben interpretarse de acuerdo con lo que establece la ley de transparencia y, para el caso de establecer excepciones respecto al régimen general, estas deben ser explícitas y responder a una causa que las justifique», de acuerdo con el punto 2 de la Disposición final primera de la Ley 19/2013. La Sentencia del Tribunal Supremo número 312/2022, de 10 de marzo, confirma esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y valida el criterio de la GAIP, estableciendo la siguiente doctrina jurisprudencial «el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». Hay que recordar, en este punto, que el artículo 107.5 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (en adelante Ley 7/1999), impone un derecho de reserva que obliga a la persona concejal a respetar la confidencialidad de la información a que tenga acceso en virtud del cargo, sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la entidad local o de terceros. Esta garantía legal de confidencialidad es el único contrapeso que el legislador ha considerado necesario y adecuado imponer para equilibrar las exorbitantes potestades de acceso a la información que se garantizan a los miembros de una corporación local, en atención a su vínculo con el ius in officium. Procede, en consecuencia, la admisión a trámite de la reclamación presentada. TERCERO.- Admitida a trámite la reclamación, la Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— definen la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información solicitada y no proporcionada es información pública en los términos establecidos en las normas de transparencia, ya que se trata de información que obra en el Ayuntamiento de Aguilón y que deriva del ejercicio de sus competencias. Por tanto, la información requerida al Ayuntamiento puede ser solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información reconocido por las Leyes de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en éstas. CUARTO.- Sentado el carácter de información pública de lo solicitado, debe observarse, sin embargo, que el Ayuntamiento de Aguilón no ha acreditado de manera suficiente, en su informe de 4 de junio de 2021 dirigido a este Consejo, que el reclamante haya recibido la información solicitada, pues se ha limitado a aportar — como hemos señalado en el antecedente de hecho segundo de esta Resolución— copia de los justificantes y oficios en los que se indica que se ha enviado al concejal solicitante la información solicitada, pero no la información en sí, por lo que no es posible determinar si se ha satisfecho adecuadamente el derecho de acceso a la información pública del solicitante. En consecuencia, deben estimarse las pretensiones formuladas por éste en su reclamación con relación a la información solicitada y no entregada. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Estimar la reclamación presentada en cuanto a la información solicitada al Ayuntamiento de Aguilón, reproducida en el antecedente de hecho primero de esta Resolución. SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Aguilón a que, en el plazo máximo de quince días, proporcione al reclamante la información solicitada y no satisfecha y acredite ante este Consejo de Transparencia de Aragón el envío al reclamante de la información pública solicitada. TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.