Reclamación contra la concesión de acceso a expedientes administrativos sobre sustitución de avales en nudos eléctricos y desestimación de los límites de secreto comercial

Resolución 11/2023, de 22 de mayo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a una resolución del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial por la que se concede el acceso a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , en nombre y representación de varias sociedades mercantiles, el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 23 de septiembre de 2020, , en nombre y representación de la entidad mercantil presentó una solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Dirección General de Energía y Minas, perteneciente al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, con el siguiente contenido: «Solicito copia íntegra de los expedientes administrativos relativos a la sustitución de los avales de ABC en los nudos de MAGALLON 400, PEÑAFLOR 400, MARIA 220 y FUENDETODOS 400, y en caso que por esa administración no fuese posible determinar la SET de evacuación destinataria de dichas garantías, la de todas aquellas solicitudes soportadas en avales de ABC. Esta información, como mínimo, deberá contener: • La relación de instalaciones de energías renovables afectadas por haber depositado garantías de ABC. • Fechas de los requerimientos efectuados por la DGEM para la sustitución de las garantías. • Detalle de las instalaciones que atendieron, en tiempo y forma, el requerimiento de la administración y, en consecuencia, procedieron a sustituir debidamente las garantías, con el debido soporte documental. • Comunicaciones remitidas al operador del sistema en el que se le informa de todas estas circunstancias, tanto de los promotores que han cumplido el requerimiento como de los que no. • Relación de instalaciones afectadas por dichos requerimientos, que no fueron atendidos en tiempo y forma, y que han sido transmitidas a terceros previa autorización o toma de conocimiento por la DGEM. • Cualquier otra información relevante que se encuentre en el expediente administrativo. • Copia del expediente, incluyendo todas las actuaciones realizadas, abierto por la solicitud de fecha 30 de diciembre de 2019, completada el 2 de enero, sobre este asunto». SEGUNDO.- Durante la tramitación de la solicitud de acceso a la información pública, el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial identificó a los promotores de varias instalaciones —correspondientes a los nudos MAGALLÓN 400, PEÑAFLOR 400, MARIA 220 y FUENDETODOS 400— que resultaban afectadas por la presunta invalidez de las garantías económicas otorgadas por “ABC Asigurari Reasigurari, S.A.”, por lo que, —de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante Ley 19/2013)— concedió a aquéllos, mediante escritos de 23 de octubre y 12 de noviembre de 2020, un plazo de quince días para realizar las alegaciones que estimasen oportunas. Los promotores personados en el procedimiento formularon su oposición al acceso a la información solicitada, al entender que la solicitud no se amparaba en el interés público exigido por la Ley 19/2013, y que el acceso podría generar perjuicios a sus empresas, así como afectar a los procedimientos e investigaciones que en aquel momento pudieran estar realizando diferentes órganos administrativos y judiciales respecto a la citada compañía aseguradora. Por todo ello, solicitaron la inadmisión a trámite de la solicitud de acceso y, subsidiariamente, la denegación del acceso a la información por los perjuicios irreparables que en caso contrario se causaría a las personas interesadas en el procedimiento. Completado el trámite de alegaciones, el 17 de febrero de 2021 se emitió Orden del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial (notificada al solicitante y a los terceros interesados), en la que se concedía el acceso a la información solicitada, en concreto «a los expedientes administrativos relativos a las garantías económicas para la tramitación de las instalaciones de producción de energía eléctrica afectados por garantías suscritas por ABC “ABC Asigurari Reasigurari, S.A” relativos a los nudos MAGALLÓN 400, FUENDETODOS 400, MARÍA 220 Y PEÑAFLOR 400», así como a «a la información relativa a las actuaciones realizadas por la solicitud de fecha 30 de diciembre de 2019, completada el 2 de enero». La Orden citada, advertía, no obstante, que el acceso a la señalada información no iba a producirse de forma inmediata, pues «De conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, atendiendo a la concurrencia de oposición de terceros afectados, el acceso tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información». TERCERO.- Frente a la Orden del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, , en nombre y representación de las sociedades mercantiles , interpone, el 11 de marzo de 2021, una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), en la que, en esencia, manifiesta lo siguiente: 1º. xx es un competidor directo de las sociedades que representa, pues todas ellas pertenecen al sector energético de la promoción de plantas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 2º. La Orden impugnada vulnera los límites al derecho de acceso a la información consignados en el artículo 14.1, apartados e), h) j) y k) de la Ley 19/2013. Las razones en que se apoya tal afirmación se analizarán pormenorizadamente en los Fundamentos de Derecho de esta Resolución. 3º. La Orden impugnada, con base en los motivos que también serán objeto de análisis posterior, vulnera la protección aplicable a los documentos mercantiles, privados y de carácter confidencial, así como el secreto comercial. Constituye también un acto de competencia desleal. 4º. Al ser la Orden impugnada contraria a Derecho, y teniendo en cuenta que su aplicación produciría perjuicios tanto económicos como legales a las sociedades afectadas, se hace necesario que la Administración suspenda de oficio su ejecución, conforme establece el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. CUARTO.- El 15 de marzo de 2021, el CTAR solicita al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial que informe sobre los fundamentos de la decisión adoptada y realice las alegaciones que considere oportunas, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación. QUINTO.- El 26 de marzo de 2021 el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial traslada al CTAR un informe, emitido en la misma fecha por el Secretario General Técnico del citado Departamento. Indica el referido informe que las cuestiones planteadas en la reclamación ya fueron objeto de análisis «en la motivación de la propia Orden de 17 de febrero de 2017 objeto de impugnación», pues aquéllas coincidían sustancialmente con las formuladas en el trámite de audiencia del procedimiento de acceso a la información pública del que trae causa la reclamación. Por ello, el informe declara que «nos remitiremos, con objeto de dar adecuada respuesta a las alegaciones formuladas por las mercantiles reclamantes, principalmente a la propia motivación consignada en la Orden impugnada». Sin perjuicio de lo anterior, el informe realiza las siguientes precisiones, referidas, en primer lugar, a la pretendida concurrencia de algunos de los límites al derecho de acceso a la información recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013: 1ª. Respecto al límite del artículo 14.1. e) —relativo a la afección a procedimientos de investigación judicial— no resulta oponible en este caso, ya que la solicitud de información tiene por objeto el acceso a los expedientes relativos a los señalados nudos de conexión y no a información directamente relacionada con los procedimientos de investigación judicial que se están siguiendo en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid, sobre un presunto fraude en los avales otorgados y posteriormente suspendidos por la aseguradora “ABC Asigurari Reasigurari, S.A”. 2º. Respecto al límite del artículo 14.1. h) —relativo a la afección a intereses económicos y comerciales— tampoco se aprecia su concurrencia, pues la información solicitada se refiere únicamente a datos de identificación de las instalaciones para las que se solicita autorización de acceso y conexión a la red de energía eléctrica. Señala, en concreto, el informe, que «En este sentido, la información consignada en el seno del procedimiento objeto de la consulta, relativa a la tramitación de las garantías económicas necesarias para la tramitación de la correspondiente solicitud de acceso a la red de transporte o, en su caso, de distribución, se refiere a datos de identificación de las diferentes instalaciones objeto de dicha solicitud. Tal identificación es la necesaria para la valoración del cumplimiento del requisito de la “adecuada presentación de la garantía” a los efectos previstos en el artículo 59 bis y 66 bis del Real Decreto 1955/2000. Tal identificación, por tanto, se caracteriza por su inicial generalidad, enmarcada en el cumplimiento del citado precepto reglamentario, de un momento, podría señalarse, incipiente, natalicio del proyecto de instalación, que deberá ser concretado en el seno del procedimiento de solicitud de la correspondiente autorización administrativa de la instalación, en el que esa inicial identificación del proyecto (referida esencialmente la propia solicitud del derecho de acceso y conexión) debe concretarse a través de una descripción técnica y pormenorizada del proyecto de acuerdo con la documentación exigida por la normativa que resulta de aplicación, momento en el que la afección de los intereses económicos y sociales puede tornarse mucho más relevante que en esta etapa inicial». Y con base en este razonamiento, el informe concluye que «No cabe inferirse, en este caso, por tanto, que la solicitud de acceso se dirija, por ejemplo, a conocer la estrategia de inversión o comercial de los competidores concurrentes en el mercado, sino, por el contrario, al escrutinio de una actividad administrativa que, más allá del interés general determinado por el control de la actuación administrativa a través del principio de transparencia, puede llegar a tener transcendencia en la propia posición del solicitante». Sin perjuicio de lo anterior, el informe añade que la propia Orden dispone como garantía adicional a estos efectos, que, «con el objeto de garantizar la mínima afección a posibles intereses de terceros, se procederá a suprimir la información relativa a personas, mercantiles o instalaciones que resulten ajenas a los nudos señalados objeto de la solicitud». Por otra parte, respecto a la pretensión relativa a la suspensión de la ejecutividad de la Orden impugnada, por los perjuicios de imposible reparación que dicha suspensión generaría a las sociedades reclamantes, el informe señala que «En relación a esta cuestión debe recordarse que la propia Orden de 17 de febrero de 2021 dispone en el punto Cuarto de la resolución que “de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, atendiendo a la concurrencia de oposición de terceros afectados, el acceso tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información”. De lo anterior, puede desprenderse, por tanto, la plena adecuación a la normativa aplicable de la Orden de 17 de febrero de 2021 (…)». II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. SEGUNDO.- Procede en primer lugar analizar si la persona que presenta la reclamación está legitimada para interponerla ante el CTAR en base al artículo 36 de la Ley 8/2015, dado que se plantea ante el Consejo una reclamación en materia de acceso por unas personas jurídicas distintas de la solicitante de la información. Pues bien, el artículo 36 de la Ley 8/2015 no limita la legitimación a los solicitantes de la información, cuando dispone: «Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso- administrativa». Este Consejo de Transparencia, en sus Resoluciones 17/2019 y 9/2020 ya reconoció legitimación a las personas que planteaban una reclamación y que eran distintas del solicitante de la información. Procede, en consecuencia, reconocer legitimación a las reclamantes. TERCERO.- Admitida la legitimación, hay que recordar que la Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». La información solicitada, —documentación generada por la necesidad de sustituir las garantías otorgadas por una entidad aseguradora, exigidas como requisito previo para solicitar el acceso a la red de transporte o, en su caso, distribución de energía eléctrica—, constituye información pública a la vista de la definición del artículo 13 de la Ley 19/2013 que se ha reproducido y, por tanto, puede ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en éstas. CUARTO.- Es, precisamente, la aplicación de algunos de los referidos límites, lo que aduce el reclamante como una de las pretensiones de su impugnación. La regulación de los límites al derecho de acceso a la información pública se contiene en el artículo 14 de la Ley 19/2013, que establece: «Artículo 14. Límites al derecho de acceso 1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional. b) La defensa. c) Las relaciones exteriores. d) La seguridad pública. e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. h) Los intereses económicos y comerciales. i) La política económica y monetaria. j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente. 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los interesados». Se analizará, a continuación, la posible concurrencia de cada uno de los límites al acceso a la información pública invocados por el reclamante. QUINTO.- En primer lugar, el reclamante entiende que resulta aplicable en este caso el límite del artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013, relativo a «La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios», por cuanto al estar bajo secreto de sumario «el procedimiento penal iniciado a través de Diligencias de Investigación Penal nº 5/2019 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid (Diligencias previas nº 698/2019), en el que se dirime el presunto fraude de los avales otorgados y, posteriormente, suspendidos por ABC», el acceso a la información solicitada «contravendría lo dispuesto por un Juez de Instrucción que somete a secreto de sumario un procedimiento en aras a proteger la información y prevenir que de manera previa a la apertura del juicio se pueda producir alguna circunstancia que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso». En cuanto al límite invocado, la Memoria explicativa del Convenio Europeo de Acceso a los documentos Oficiales (CEADO), elaborado en el seno del Consejo de Europa, cuya influencia en la conformación del sistema de límites del artículo 14 está fuera de duda, ha señalado que este límite tiene la finalidad de evitar que el acceso a la información afectada pueda obstaculizar las investigaciones, destruir pruebas o sustraer a los delincuentes de la acción de la justicia. Debe señalarse, sin embargo, que la información solicitada no forma parte de un procedimiento sancionador ni de los procedimientos penales a que se ha hecho referencia, cuyo objeto se circunscribe a la investigación de «un presunto fraude en los avales otorgados y posteriormente suspendidos por la aseguradora “ABC Asigurari Reasigurari, S.A.”», pero en nada afecta a los avales que, como consecuencia de esa suspensión, han tenido que ser depositados por los promotores de las instalaciones de producción de energía en sustitución de los avales otorgados por la citada compañía aseguradora. En definitiva, el límite invocado por el reclamante no resulta de aplicación en este caso. SEXTO.- En segundo lugar, el reclamante entiende que resulta también aplicable el límite del artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, relativo a «Los intereses económicos y comerciales», y ello porque , entidad que ha solicitado el acceso a la información pública, «es un competidor directo en el mercado de energía». Según el reclamante «Esta consideración adquiere mayor relevancia y firmeza si cabe puesto que ha planteado desarrollar un parque eólico en unos terrenos de la zona de Aragón y más, en concreto, sobre una poligonal arrendada por las Sociedades. Por lo tanto, es claro y notorio que tiene unos intereses espurios en la Solicitud 380/2020 dado que, a juicio de esta parte, su interés como competidor directo de las Sociedades es obtener información confidencial de los proyectos desarrollados y, en particular, en la zona de Aragón en la que tiene un interés concreto en desarrollar el proyecto eólico citado». Analizaremos, por tanto, a continuación, la posible concurrencia del límite contenido en el artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, en cuanto que un conocimiento, por parte de , de la documentación solicitada pudiera perjudicar la posición de las empresas reclamantes en el mercado y comprometer su posición competitiva, pues todas ellas operan en el mismo sector de actividad. A estos efectos, debe tenerse en cuenta el Criterio interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, del CTBG, cuyas conclusiones recogen las reglas para la aplicación de este límite: «a) El límite referido al perjuicio para los intereses económicos y comerciales de una organización, empresa o persona como el resto de los límites del artículo 14, no opera de manera automática ni supone per se una exclusión directa del derecho de acceso a la información o de las obligaciones en materia de publicidad activa. b) Antes al contrario tal como establece el propio art. 14, la aplicación de los límites será potestativa, justificada y proporcionada con el objeto y finalidad de protección y atender a las circunstancias del caso concreto (art. 14.2). c) Cada caso debe ser objeto de un estudio individualizado, de la aplicación del test del daño, y de la ponderación de sus circunstancias tal como rige en el Preámbulo de la Ley. d) No es suficiente argumentar que la existencia de una posibilidad incierta pueda producir un daño sobre los intereses económicos y comerciales para aplicar el límite con carácter general. El perjuicio debe ser definido indubitado y concreto. e) Dicho daño debe ser sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información. f) Constatada la existencia del daño y su impacto, deberá procederse a la ponderación de la existencia de un interés prevalente que marcará, en última instancia, el peso de dicho daño en los intereses económicos y comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar». Por su parte, la Resolución RT 557/2020, de 19 de enero de 2021, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, señala que «Es preciso tener en cuenta que el concepto de intereses económicos y comerciales que se acaba de formular sitúa a éste en un terreno compartido con otras figuras jurídicas, específicamente reguladas en normas internacionales y de ámbito nacional y que, tal y como la norma del art. 14.1, letra h), de la LTAIBG, persiguen proteger a sus detentadores o propietarios de la divulgación o publicación de sus contenidos. Estas figuras son el secreto comercial o empresarial y la información confidencial. Comenzando por la primera, el secreto comercial está regulado a nivel europeo por la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícita y, a nivel de derecho interno, por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante LSE), que traspone la mencionada Directiva al ordenamiento español. El objetivo perseguido por la Directiva de Secretos Comerciales y, consecuentemente, por la LSE es establecer una serie de medidas de protección de los propietarios o detentadores de la información secreta frente a la obtención, el uso y la divulgación ilícita de la misma. El motivo que fundamenta estas medidas es proteger la innovación -especialmente en materia de tecnologías-, la competitividad de las empresas y el dinamismo de la economía. Para considerar que una determinada información constituye propiamente un secreto comercial o empresarial tanto la Directiva como la LSE establecen un triple requisito: a) Que la información no sea “generalmente conocida” en los términos definidos en la norma; b) Tener un valor en el mercado precisamente por no ser conocida, y c) Haber sido objeto por parte de su propietario de medidas “razonables” para evitar su divulgación. Cuando la información de que se trate se ajuste a estas tres condiciones será considerada secreto comercial y empresarial y se beneficiará de la protección establecida frente a los infractores. La segunda figura jurídica que incide en el mismo ámbito material que el límite al derecho de acceso a la información pública por razón de los intereses económicos y comerciales del art. 3.1, g) del Convenio 205 del CoE y del art. 14.1, h) de la LTAIBG es la información confidencial de naturaleza económica y mercantil. Como los secretos comerciales, la información confidencial está también regulada por el derecho positivo, aunque esta regulación es mucho más dispersa que la referida al secreto comercial pues las cláusulas de confidencialidad aparecen incorporadas a una diversidad de sectores del ordenamiento: fiscal, bancario, bursátil, servicios profesionales, etc. Se trata de un tipo de información que, por razón de su contenido o del ámbito material a que afecta, puede perjudicar, en caso de ser divulgada, la posición en el mercado o en el proceso de creación y distribución de bienes y servicios del sujeto o sujetos a que se refiere o sus posiciones negociadoras en el ámbito económico». Pues bien, señalado lo anterior, debe recordarse que la información solicitada se refiere a la sustitución de las garantías económicas que habían sido suspendidas por la aseguradora “ABC Asigurari Reasegurari S.A”, y que resultan necesarias para la tramitación de la correspondiente solicitud de acceso a la red de transporte o, en su caso, de distribución. Se trata de una información que, como bien señala el informe a la reclamación, contiene los «datos de identificación de las diferentes instalaciones objeto de dicha solicitud». Precisa además el citado informe que «Tal identificación es la necesaria para la valoración del cumplimiento del requisito de la “adecuada presentación de la garantía” a los efectos previstos en el artículo 59 bis y 66 bis del Real Decreto 1955/2000. Tal identificación, por tanto, se caracteriza por su inicial generalidad, enmarcada en el cumplimiento del citado precepto reglamentario, de un momento, podría señalarse, incipiente, natalicio del proyecto de instalación, que deberá ser concretado en el seno del procedimiento de solicitud de la correspondiente autorización administrativa de la instalación, en el que esa inicial identificación del proyecto (referida esencialmente la propia solicitud del derecho de acceso y conexión) debe concretarse a través de una descripción técnica y pormenorizada del proyecto de acuerdo con la documentación exigida por la normativa que resulta de aplicación, momento en el que la afección de los intereses económicos y sociales puede tornarse mucho más relevante que en esta etapa inicial». De este modo, y atendiendo a las reglas para la aplicación de este límite, contenidas en el citado Criterio interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, del CTBG, y a las normas y criterios señalados, es posible concluir que el acceso por a la información solicitada no es susceptible de producir daño o perjuicio alguno para los intereses económicos o comerciales de las entidades reclamantes en el sentido señalado por éstas en su reclamación, pues tal información —que conforme a esas mismas normas y criterios no cabe calificar como secreto profesional o empresarial ni como información confidencial— se limita únicamente a la identificación de las «instalaciones de energías renovables afectadas por haber depositado garantías otorgadas por “ABC Asigurari Reasegurari S.A”», y a la documentación generada durante los trámites conducentes a la necesaria sustitución de esas garantías, documentación que incluye la solicitud formulada por sobre este asunto, los requerimientos efectuados a las empresas afectadas por la Dirección General de Energía y Minas para la sustitución de las garantías, las relaciones tanto de las instalaciones que atendieron en tiempo y forma tales requerimientos como de las que no lo hicieron —y, entre estas últimas, las que hubieran sido transmitidas a terceros previa autorización o toma de conocimiento por la citada Dirección General— y, por último, las comunicaciones remitidas al operador del sistema a quien se informa de todas estas circunstancias. Por todo lo anterior, debe concluirse que tampoco resulta aplicable al caso concreto el límite invocado por las entidades reclamantes contenido en el artículo 14.1 h) de la Ley 19/2013. SÉPTIMO.- En tercer lugar, las sociedades reclamantes oponen la concurrencia de los límites del artículo 14.1. apartados j) y k) de la Ley 19/2013, que se refieren, respectivamente al «secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial» y a la «garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión». A tal efecto, se ciñen a señalar, respecto al primero de los límites, que la documentación solicitada «contiene información relativa al conocimiento y experiencia profesional (know how) de las Sociedades que, en línea con el anterior argumento, ofrecería una ventaja competitiva a en detrimento de las Sociedades» y, respecto al segundo de los límites, que la información a que pretende acceder la citada entidad «se trata de un secreto comercial cuyo conocimiento por terceros debe ser restringido». Sin embargo, la naturaleza de la información a la que pretende acceder el solicitante ya ha sido fijada con precisión por este Consejo en su análisis —realizado en los Fundamentos de Derecho anteriores— de los otros límites al derecho de acceso a la información invocados por las entidades reclamantes, por lo que con base en idéntica argumentación, debe rechazarse también la pretensión de que la información solicitada por constituya «secreto profesional» o pueda afectar a la «propiedad intelectual e industrial» de las entidades reclamantes ni tampoco a la «confidencialidad» ni al «secreto requerido en procesos de toma de decisión». OCTAVO.- Por último, en cuanto a la pretensión relativa a la suspensión de oficio de la ejecución de la Orden impugnada por entender que es contraria a Derecho y que su aplicación produciría perjuicios tanto económicos como legales a las sociedades reclamantes, debe señalarse, en primer lugar, que la reclamación interpuesta ante este Consejo, tiene carácter potestativo y sustitutivo de los recursos administrativos. Así lo establecen los artículos 20.5 y 23 de la Ley 19/2013 y también el artículo 36.1 de la Ley 8/2015, que señala: «Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa». Por razón de dicho carácter sustitutivo, la tramitación de la reclamación, como precisa el primer inciso del apartado tercero del mismo artículo 36, «se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común», referencia que, en la actualidad, ha de entenderse efectuada al artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (en adelante Ley 39/2015) que establece: «Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo». Entre dichas garantías, el artículo 117 de la Ley 39/2015, establece en sus dos primeros apartados: «Artículo 117. Suspensión de la ejecución. 1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley». Pues bien, considera este Consejo, a la vista de lo señalado en los anteriores fundamentos de Derecho de esta Resolución, —en cuya virtud no resultan aplicables al caso concreto los límites al derecho de acceso a la información invocados por las entidades reclamantes— que la ejecución de la resolución impugnada no puede causar daño o perjuicio alguno en los derechos o intereses de aquéllas, por lo que deben desestimarse, también en este punto, las pretensiones formuladas en la reclamación. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Desestimar la reclamación presentada por , en nombre y representación de las sociedades mercantiles , frente a la Orden del Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, de 17 de febrero de 2021, que concedía el acceso a la información solicitada por en nombre y representación de . SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.