Reclamación sobre acceso a información de concentración parcelaria y obras de caminos con resultado de estimación parcial

Resolución 12/2022, de 30 de mayo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a una resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 31 de julio de 2020, presenta una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), contra la Resolución de 26 de junio de 2020, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se reconoce al solicitante el acceso parcial a la información pública solicitada. En su escrito, el reclamante expone, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos: 1º. El 24 de febrero de 2020 solicitó al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón determinados documentos, relacionados con un procedimiento de concentración parcelaria en la zona de Torralba de los Frailes (Zaragoza) y con la posterior ejecución de las obras de caminos. Todo ello al objeto de formular alegaciones en el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, que el Servicio de Régimen Jurídico del citado Departamento está tramitando por la ocupación, en vía de hecho, de varias parcelas propiedad del reclamante para la realización de los citados caminos. Los documentos solicitados eran los siguientes: «-Copia completa en color (a ser posible en formato digital), del Acuerdo de concentración parcelaria de la zona de Torralba de los Frailes (Zaragoza) que fue aprobado por el Director General de Desarrollo Rural el 22 de febrero de 2012. -Copia, igualmente en formato digital, del proyecto de la red de caminos de la concentración parcelaria de Torralba de los Frailes y de los posibles modificados realizados o autorizados por la dirección de obra. -Libro de órdenes de la dirección de obra en lo relativo al tramo de camino CS-7-2 en el tramo de la ocupación objeto del expediente de responsabilidad patrimonial, así como cualquier autorización de ampliación del camino hacia las parcelas afectadas por la ocupación. -Certificaciones de obra relacionadas con el ya citado tramo de camino CS-7-2. -Valor catastral de la parcela 50/260/504/90 al entender que la cifra que figura en el informe del Servicio Provincial y que sitúa en 4.406,86 euros me parece extraordinariamente desproporcionada». 2º. El 2 de julio de 2020 recibe «Resolución de la Unidad de Transparencia del Departamento de 26 de junio de 2020», en la que se reconoce parcialmente su derecho a acceder a la información solicitada, ya que, por un lado, se indica que por el tamaño y antigüedad de los documentos no se ha procedido a su digitalización, poniéndose a su disposición previa concertación de cita con el Servicio Provincial de Zaragoza del departamento. Por otro lado, la Resolución especifica que los documentos solicitados, en especial el acuerdo de concentración parcelaria, contienen información de carácter general, pero también datos personales de los propietarios de las parcelas, cuyo acceso podría suponer un perjuicio en la protección de dichos datos, además de no responder a la finalidad de la consulta del solicitante. En consecuencia, la Resolución establece que el solicitante solo podrá consultar los documentos generales, pero no los particulares referidos a cada propietario. 3º. Personado el día 20 de julio de 2020 en el Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se le permite únicamente la consulta en papel (sin posibilidad de obtener copias ni hacer fotos) de la siguiente documentación: -Acuerdo de concentración parcelaria. Incluye el documento nº1 (memoria y anejos) integrado por la memoria y 14 anejos, de los que faltan el nº1 (relación alfabética de propietarios), el nº7 (proyecto) y el nº8 (titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas). Incluye también el documento nº3 (planos) que consta de siete planos, todos ellos disponibles. -Proyecto de caminos. Incluye el tomo nº1 (memoria y anejos), integrado por una memoria, 12 anejos, pliego de condiciones, presupuesto, y estudio de seguridad y salud, todos ellos disponibles. Incluye también el tomo nº2 (planos) que consta de 5 planos, igualmente disponibles. -Libro de órdenes. -Medición general y propuesta de liquidación del proyecto de caminos. Incluye el tomo nº 1 (memoria y anejos) integrado por una memoria y seis anejos, entre ellos 38 certificaciones de obra, resumen de la medición final y el acta de reconocimiento y comprobación de la obra. Figura también la Resolución, de 30 de noviembre de 2017, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba la liquidación de las obras correspondientes al proyecto. Incluye también el tomo nº2, integrado por varios planos y las hojas de liquidación del proyecto por tramos de camino. Entre ellas, seis hojas del camino CS-7-2. -Certificaciones de obra (38 en total). 4º. Con relación al acuerdo de concentración parcelaria, el reclamante manifiesta que el documento nº 2 (cuyo acceso se le ha denegado) contiene los datos más relevantes de toda concentración parcelaria, como son los relativos a las aportaciones y las adjudicaciones a los titulares, y no comparte la reserva hecha por la Resolución de 2 de julio de 2020, que considera que se trata de datos protegidos en virtud del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Considera el reclamante, —más allá de que dicha limitación podría solventarse mediante una anonimización de los datos, como contempla la Ley— que en este caso el acceso al expediente debe ser a todo su contenido, no solo porque se trata de un procedimiento en el que él mismo es parte interesada, sino también porque, por su naturaleza, el citado acuerdo —conforme a lo que dispone el artículo 210 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario— se sometió a información pública durante el plazo de un mes, sin limitación alguna de acceso. Añade que el propio Tribunal Supremo (cita, por todas, la Sentencia 6528/2005 del Alto Tribunal) tiene dicho que no vulnera el derecho a la protección de datos el traslado de la información a terceros interesados en un expediente en el que participan una pluralidad de personas. 5º. No comparte el argumento de que la documentación no esté en formato digital, ya que la documentación de la concentración se hizo ya con ordenador (son documentos de los años 2012 y posteriores) y debieron imprimirse en papel a partir de ficheros en formato pdf. o convertibles a él, en cuanto a los textos, y en formato Shapefile las capas de elaboración de los planos. 6º. Tras la consulta de la documentación en el Servicio Provincial de Zaragoza, el 21 de julio de 2020 solicitó por escrito la emisión de copias (asumiendo el pago de la tasa correspondiente) de la documentación que se detalla a continuación: «-Copia completa y sin limitación de alcance, en color, preferentemente digitalizada, o en su caso copias igualmente en color, escaneadas o en papel, de los documentos indicados más arriba relativos al Acuerdo de concentración parcelaria de Torralba de los Frailes, y al Proyecto de caminos de la citada concentración parcelaria, así como copia preferentemente escaneada o en papel, del libro de órdenes de la obra, de la medición general y propuesta de liquidación, (incluida la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba la liquidación de las obras y el Acta de reconocimiento y comprobación de obra) y de las certificaciones de la obra indicadas». En dicho escrito solicita, además, que «dados los plazos establecidos por la propia Resolución para reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón y/o para Recurso Contencioso administrativo, la información sea remitida antes de finalizar el menor de dichos plazos o en su caso se amplíen dichos plazos hasta que toda la información requerida haya sido enviada». 7º. Por todo lo anterior, el reclamante solicita al CTAR que dicte una Resolución para que se le «facilite copia completa, sin limitación de alcance, en color especialmente lo relativo a cartografía, preferentemente en formato digital o digitalizada, o en su caso copias igualmente en color, escaneadas o en papel, de la siguiente documentación: «1. Acuerdo de concentración parcelaria de Torralba de los Frailes, documento nº 1 salvo, si así se considera, lo relativo a los anejos nº 1 y 8. Documento nº 2 completo y Planos completo. 2. Proyecto de caminos de la citada concentración parcelaria. 3. Libro de órdenes de la obra y anotaciones si las hubiera en lo relativo al camino CS-7-2. 4. Certificaciones de la obra realizadas a partir de diciembre de 2016 y Certificación Final que, salvo error, se corresponden con el periodo de ejecución del Camino CS-7-2. 5. Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba la liquidación de las obras correspondientes al Proyecto con firma el Director General de Desarrollo Rural de 30 de noviembre de 2017. 6. Medición general y propuesta de liquidación del proyecto de caminos de la concentración parcelaria de Torralba de los Frailes (Zaragoza). Tomo 1 completo y en cuanto al contenido del tomo nº2 de este documento, (encuadernado en apaisado), puedo prescindir (si así se considera) de las mediciones por tramos de camino salvo en lo relativo al camino CS-7-2, por lo que resulta suficiente con los Planos de Planta General, se Señalización y de Amojonamiento, y las, salvo error, las 6 hojas de mediciones relativas al tramo de camino CS-7-2. 7. Acta de reconocimiento y comprobación de obra». SEGUNDO.- Al objeto de resolver la reclamación presentada, el 11 de agosto de 2020 el CTAR solicita un informe al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, concediéndole un plazo de quince días para expresar los fundamentos de la resolución adoptada y formular las alegaciones que considere oportunas. Transcurrido el plazo establecido para la emisión del informe, no se tiene constancia de su recepción. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. SEGUNDO.- Con carácter previo al análisis sobre el fondo de la reclamación presentada, deben realizarse algunas consideraciones de carácter procedimental. Al respecto, hay que destacar que, solicitado por el CTAR al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente un informe relativo al objeto de la reclamación, éste no ha sido remitido, lo que impide conocer sus posibles alegaciones al respecto. Es necesario recordar en este punto el deber de colaboración que debe regir las relaciones entre Administraciones Publicas, tal como dispone el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. En concreto, el artículo 142 establece la obligación de suministrar información que se halle a disposición de la entidad a la que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. El cumplimiento de este principio garantiza el adecuado conocimiento por parte de este Consejo de todas aquellas cuestiones que han podido afectar a la tramitación y motivación de las actuaciones objeto de la reclamación, y la ausencia de informe determina que únicamente podrán valorarse las cuestiones planteadas en el escrito de solicitud de información por la reclamante. Debe significarse, en todo caso, que el referido informe no tiene carácter preceptivo. Así se desprende del régimen en materia de recursos administrativos contenido en la Ley 39/2015, de 30 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), al que expresamente se remite el artículo 36.3 de la Ley 8/2015, si bien este se refiere a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, derogada por aquélla. Dado que el informe solicitado no tiene carácter preceptivo, resulta de aplicación el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, en cuya virtud «De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22». En consecuencia, este Consejo debe proceder sin más dilación al análisis de la reclamación. TERCERO.- Sentado lo anterior, la Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información interesada, —y por cuyo acceso se ha sustanciado este procedimiento de reclamación ante el CTAR―, consiste en diversos documentos elaborados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en el seno de un procedimiento administrativo (en este caso, de concentración parcelaria) ya finalizado, por lo que constituyen información pública a la vista de la definición del artículo 13 de la Ley 19/2013 que acaba de reproducirse, y por tanto, pueden ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en éstas. CUARTO.- Dos son, fundamentalmente, los motivos esgrimidos en la Orden de 25 de junio de 2020, del Consejero del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para conceder el acceso tan solo parcial a la información solicitada. El primero de ellos atañe a la protección de datos personales y el segundo a la formalización del acceso a la información pública. En cuanto al primero de los motivos, la Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente invoca el artículo 15 de la Ley 19/2013, precepto básico que regula la relación entre transparencia y derecho de acceso a la información, por un lado, y el derecho fundamental a la protección de datos personales, por otro. Este artículo establece un régimen más o menos estricto de acceso a la información en función del mayor o menor nivel de protección del que disfruta el específico dato cuya divulgación se pretende y unas reglas de ponderación. De acuerdo con el primer párrafo del artículo 15, el máximo nivel de tutela se proporciona a datos incluidos en las categorías especiales de datos personales del artículo 9.1 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD) — datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias—, toda vez que «el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso». Inmediatamente después en lo relativo a la intensidad de la garantía se encuentran otras categorías especiales (origen racial, salud y vida sexual), ya que «el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley» (segundo párrafo del artículo 15). Los datos personales que pueden aparecer en los procedimientos administrativos de concentración parcelaria no parecen reconducibles a las «categorías especiales de datos personales» ex artículo 9.1 RGPD, siendo en estos casos de aplicación el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 19/2013: «Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal». En la resolución por la que se concede acceso parcial al reclamante el Departamento motiva a estos efectos: «El derecho de acceso a la información tiene un contrapeso con el derecho a la protección de datos personales. Estos documentos y en especial el Acuerdo de Concentración, contienen información de carácter general pero también información con datos personales de los propietarios de parcelas, tales como DNI, domicilios, teléfonos, cargas hipotecarias sobre las parcelas, bancos con quienes las tienen contraídas, posibles embargos, etc. La consulta individual de estos expedientes podría suponer un perjuicio en la protección de estos individuos además de no responder al fin de la consulta de solicitante. En consecuencia, solo se podría consultar estos documentos generales y no los particulares de cada propietario». Es decir, nos encontraríamos con datos personales encuadrables tanto en la categoría de datos identificativos como en la de datos económicos sensibles, que obligarán en todo caso a la necesaria ponderación entre los intereses en conflicto. El reclamante muestra su conformidad con que no se le entreguen los Anejos nº 1 (relación alfabética de propietarios) y nº 8 (titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas) del Acuerdo de concentración parcelaria, no así el Anexo nº 2 (Fichas de atribuciones), por entender que éstas son lo verdaderamente determinante en toda concentración parcelaria. En cuanto a esta “Ficha de atribuciones por propietario” (documento T-27 en la terminología de las concentraciones parcelarias) lo cierto es que la sede electrónica del Gobierno de Aragón en la que se difunden las concentración parcelarias vigentes, con una amplia información gráfica y accesible desde https://www.aragon.es/- /concentracion-parcelaria#anchor1, se indica expresamente: “Los propietarios de cada zona podrán acceder a sus Boletines de propiedad o Fichas de atribuciones mediante la identificación personal facilitada”. Es decir, se trata de documentación cuyo acceso se restringe a cada interesado en el procedimiento y sólo en relación a su propiedad. De lo expuesto se concluye que respecto a esta documentación hay que efectuar la ponderación entre el interés público de la información solicitada y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en ésta, en particular su derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal. A tal efecto, el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, prevé que «Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación». No consta que el Departamento afectado, tras recibir la solicitud de información pública, procediera a realizar la ponderación señalada, ni el trámite previo de alegaciones. Sin embargo, este Consejo estima que en este caso (acceso a documentos que forman parte de un procedimiento de concentración parcelaria) tal ponderación sería innecesaria, bastando para conseguir un correcto equilibrio entre transparencia y protección de datos personales, la disociación y posterior anonimización de los datos de tal carácter que aparezcan en esos documentos. Tales operaciones se consideran técnicamente viables en este caso y consistirían en la ocultación de los datos identificativos de personas físicas (nombre y apellidos, y número de DNI) y de aquellos otros datos que pudieran permitir o facilitar su identificación, como sería, por ejemplo, su domicilio. QUINTO.- En cuanto a la formalización del acceso a la información pública, el reclamante manifestaba en su solicitud que los dos primeros documentos se le remitieran «a ser posible en formato digital», sin mostrar preferencia alguna en cuanto a la forma de acceso al resto de la documentación solicitada. En primer lugar, hay que referirse a las previsiones que tanto la Ley 19/2013 como la Ley 8/2015 contienen respecto a la formalización del acceso a la información. Así, el artículo 22.1 de la 19/2013 establece que «El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días». La Ley 8/2015, en el artículo 33, prevé, en sus dos primeros apartados, respecto a la formalización del acceso a la información: «1. Cuando la resolución de una solicitud sea estimatoria, total o parcialmente, se adjuntará como anexo a dicha resolución la información solicitada. Si esto no fuera posible debido a su tamaño, extensión o naturaleza, se indicará la forma o formato de la información y el plazo y las circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo posible. 2. El órgano competente deberá poner a disposición la información en la forma o formato solicitado, a menos que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación: a) Que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible. Cuando este fuera en papel y pudiera convertirse en electrónico sin costes excesivos ni grandes dificultades técnicas, y el solicitante hubiera manifestado su opción por el formato electrónico, se procederá a su conversión y se facilitará en dicho formato. b) Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente. En concreto, si el acceso «in situ» pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, o cuando otra forma o formato resulte más sencilla o económica para el erario público». A tenor de lo expuesto, el acceso electrónico a la información se considera preferente, sin perjuicio de que puedan concurrir las circunstancias expresamente previstas que aconsejen que el acceso se formalice a través de otro formato, cuestión que analizamos a continuación. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente establece en su Resolución que el acceso a la información debe realizarse de forma presencial, amparándose en que «por el tamaño y antigüedad de estos documentos todavía no se ha procedido a su digitalización». Ello no justifica adecuadamente, a juicio de este Consejo, la concurrencia de alguna de las circunstancias que la Ley 8/2015 reconoce para el acceso “in situ” a la documentación, pues en ningún momento la Resolución impugnada sostiene que la digitalización de la documentación demandada sea técnicamente inviable, sino que “todavía” no se ha llevado a cabo debido al tamaño y antigüedad de los documentos. Procede, en consecuencia, la estimación de la reclamación en este punto, debiendo el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente poner a disposición del reclamante la información en el formato electrónico solicitado, cuya entrega «podrá someterse al pago de una cantidad, que no exceda del coste real de reproducción y distribución», como señala el apartado tercero del artículo 33 de la Ley 8/2015, que en su último inciso añade «Para el establecimiento de exacciones, se estará a lo previsto en la legislación de tasas y precios públicos autonómica o local que corresponda». SEXTO.- En todo caso, examinada la solicitud presentada el 24 de febrero de 2020, se comprueba que la documentación identificada con los números 5, 6 y 7 en el antecedente de hecho primero, punto 7º, de esta Resolución no se había incluido en la solicitud de información pública de la que trae causa esta reclamación. Respecto a la congruencia entre la solicitud y la reclamación, este Consejo ya se ha pronunciado en varias de sus Resoluciones (9/2017, de 2 de mayo; 15/2017, de 27 de julio; 16/2017, de 27 de julio; 20/2017, de 18 de septiembre) para concluir que las reclamaciones deben ser congruentes con la solicitud inicial, sin que los reclamantes puedan modificar o ampliar su objeto durante la tramitación. En consecuencia, procede la desestimación de las pretensiones del reclamante respecto a estos documentos, quien, no obstante, podrá requerirlos en una nueva solicitud de acceso a la información pública. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Estimar parcialmente la reclamación presentada por frente a la resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada. SEGUNDO.- Instar al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a que, en el plazo máximo de quince días: a) Proporcione al reclamante, en formato electrónico, la información solicitada y no entregada, en concreto, los documentos 1 a 4 de los enumerados en el antecedente de hecho primero, punto 7º, de esta Resolución, previa disociación y posterior anonimización de los datos personales que aparezcan en esos documentos. b) Envíe a este Consejo de Transparencia de Aragón copia de la información remitida al reclamante. TERCERO.- Recordar al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la obligación de atender las solicitudes de informe del Consejo de Transparencia, en relación con las reclamaciones que tramita. CUARTO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.