Inadmisión de reclamación por acceso a información sobre contrato del Servicio Aragonés de Salud debido a la existencia de cosa juzgada administrativa

Resolución 4/2022, de 28 de febrero, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a la denegación por el Servicio Aragonés de Salud del acceso a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 4 de junio de 2020, , a través del formulario disponible en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, presentó una solicitud de información pública, dirigida al Departamento de Sanidad, en la que, en primer lugar, manifestaba que «De acuerdo con la Resolución 20/2017, de 18 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Aragón, se facilitó información sobre el Expediente P.A. 1/14, del servicio de transporte de documentación, neveras con analíticas, lencería y paquetería con destinos a diferentes Centros del Servicio Aragonés de Salud del sector de Huesca». Añadía a continuación que, entre la información que se le facilitó «Como documento 1 aportaron la comunicación de Boyacá de la renuncia del contrato del lote 6 y en ella se indica: “Tenga por presentado escrito con el documento que lo acompaña, se sirva admitirlo y, en mérito de lo manifestado (…)”. En la información facilitada por transparencia no aparece ese documento de acompañamiento. Como documento 6 aportaron la resolución de la Gerencia del Sector Huesca por la que se acepta la rescisión del contrato por mutuo acuerdo». Hechas estas manifestaciones, pedía lo siguiente: «1- El documento que acompañaba al escrito de comunicación de renuncia al contrato del lote 6 por parte de Boyacá. 2- El documento del mutuo acuerdo entre Boyacá y la Gerencia del Sector Huesca». SEGUNDO.- Mediante Resolución de 26 de junio de 2020, del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, se denegó el acceso a la información solicitada «al tratarse de una petición manifiestamente repetitiva, que tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley, tal y como señala la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (…) en su artículo 30.1.e), al determinar las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública». La referida Resolución se fundamenta en que el interesado ya presentó con anterioridad dos solicitudes de acceso a la información pública, sobre las que el Consejo de Transparencia de Aragón se pronunció en sus Resoluciones 1/2016, de 12 de septiembre, y 20/2017, de 18 de septiembre, resoluciones a las que se dio el debido cumplimiento, facilitando toda la información disponible, extremo, este último, que fue ratificado por el Consejo de Transparencia de Aragón, mediante Acuerdo adoptado en su reunión de 5 de febrero de 2018. TERCERO.- Frente a la resolución denegatoria de 26 de junio de 2020, el solicitante presentó, el 3 de julio de 2020, una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), alegando, en síntesis, que la solicitud formulada no tiene el carácter de repetitiva ni abusiva, puesto que la información demandada nunca antes se había pedido ni facilitado. Añade que la existencia de esa información queda probada por cuanto aparece nombrada expresamente en la documentación que se le había facilitado, como «Un documento que acompaña a la renuncia de Boyacá al contrato del lote 6)», siendo claro, por tanto, «que aportaron la renuncia, pero sustrayendo el documento que lo acompañaba y que entendemos es o a menos puede ser de vital importancia». Alega también el reclamante que las solicitudes sobre las que se pronunciaron las citadas resoluciones del CTAR fueron presentadas por la mercantil (de la cual él ya no es administrador), mientras que la solicitud que ha dado lugar a la actual reclamación fue presentada por él mismo. Por todo lo anterior, el reclamante solicita que se requiera a la Gerencia del Sector de Huesca del Servicio Aragonés de Salud para que le entregue a la mayor brevedad la documentación solicitada y, al mismo tiempo, atendiendo a la reiteración manifiesta en incumplir la Ley de Transparencia, que «se estudie por parte del CTAR la procedencia de amonestación al funcionario o funcionarios responsables de esta sucesión de incumplimientos». CUARTO.- El 6 de julio de 2020, el CTAR solicita al Servicio Aragonés de Salud, que informe sobre los fundamentos de la decisión adoptada y realice las alegaciones que considere oportunas, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación. El 15 de julio de 2020 tiene entrada en el CTAR el informe solicitado, que, en síntesis, se reafirma en los pronunciamientos recogidos en la resolución impugnada, esto es, en el carácter repetitivo y abusivo de la petición presentada, y en que el CTAR «dio por cumplidos los requerimientos de acceso a la información», como así consta en el Acuerdo del CTAR, adoptado en su reunión de 5 de febrero de 2018, —del que acompaña una copia— sobre la ejecución de la Resolución 20/2017, de 18 de septiembre, por la que se estimó una reclamación frente a la falta de resolución por el Sector de Huesca del acceso a la información pública solicitada y frente a la ejecución de la Resolución 1/2016. Por lo demás, añade que existe una clara vinculación entre TRADELEO S.L. y el reclamante, quien habría actuado como administrador único y representante legal de esa entidad mercantil. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015) atribuye al Consejo de Transparencia de Aragón la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Servicio Aragonés de Salud. SEGUNDO.- La información que es objeto de solicitud consiste en documentación que forma parte del expediente de un contrato público, por lo que, a la vista de la definición del artículo 13 de la Ley 8/2015, y del contenido de su artículo 16, se concluye que se trata de una información pública a los efectos de la norma y, por tanto, puede ser objeto de solicitud de acceso a la información, en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de transparencia, y ello aun cuando la información pública sea la derivada de un procedimiento de contratación y el solicitante sea un licitador. Hay que recordar en este punto, como tiene establecido este Consejo desde su Resolución 2/2016, que las Leyes de Transparencia complementan y refuerzan los principios de publicidad y transparencia consagrados por la legislación de contratos del sector público (en la actualidad, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), sin que una norma desplace a la otra, aun cuando ambas tienen finalidades diferentes. TERCERO.- Procede analizar, en este punto, si nos encontramos ante un supuesto de cosa juzgada administrativa, en virtud del cual no puede volver a discutirse la cuestión que ha sido objeto de resolución. A estos efectos, la información pública solicitada el 4 de junio de 2020, que ha dado lugar a esta reclamación, ya había sido objeto de una solicitud anterior, presentada por el 20 de septiembre de 2016 en representación de la mercantil Frente a la resolución de la solicitud interpuso el 10 de noviembre de 2016 una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, estimada parcialmente por éste mediante Resolución 20/2017, de 18 de septiembre, en la que se instaba a la Gerencia de Sector de Huesca a proporcionar al reclamante, entre otra información solicitada y no satisfecha, «Copia del expediente en el que se documenta la nueva adjudicación del Lote 6 del contrato a Tipsa Central mensajeros 2008, S.L, así como la documentación de la resolución del contrato de la anterior contratista del lote (renuncia y resolución del contrato)», documentación que, en cuanto a la renuncia del contrato, ha sido de nuevo solicitada ahora por el reclamante, como hemos dicho, y cuyo acceso se ha denegado por parte del Servicio Aragonés de Salud, lo que ha dado origen a la actual reclamación. Señalado lo anterior, este Consejo de Transparencia ya se pronunció sobre la ejecución de la Resolución 20/2017, de 18 de septiembre, en su reunión de 6 de noviembre de 2017, en la que acordó por unanimidad dar por cumplidos sus términos «respecto a la información relativa a la nueva adjudicación del Lote 6 del contrato a Tipsa Central mensajeros 2008, S.L; la documentación de la resolución del contrato con la inicial contratista del lote (renuncia y resolución del contrato) y las declaraciones de la parte que tenían previsto subcontratar todos y cada uno de los licitadores (excepto Lote 6)». Con posterioridad, en su reunión de 5 de febrero de 2018, acordó por unanimidad dar por cumplidas en todos sus términos las ejecuciones de la Resolución 1/2016, de 12 de septiembre y de la Resolución 20/2017, de 18 de septiembre. Debe apreciarse, por tanto, la existencia de cosa juzgada administrativa que impide un nuevo pronunciamiento sobre la misma cuestión. Este Consejo analizó un supuesto similar en su Resolución 44/2018, de 24 de septiembre, refiriéndose además a la doctrina de otros Comisionados de transparencia (por todas, Resolución 50/2016, de 5 de julio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y Resolución de 31 de agosto de 2016 la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña) para concluir: «La cosa juzgada tiene como efectos la inimpugnabilidad e inmodificabilidad de la resolución o acuerdo, e impedir así que pueda volver a discutirse algo que ya fue objeto de resolución. Su objetivo es que las controversias tengan fin, que deriva de la necesidad de que las cosas no se encuentren en una constante incertidumbre, pues quedaría, de otro modo, en entredicho el principio de seguridad jurídica. Y, además, evitar las resoluciones contradictorias». CUARTO.- Por último, resta aclarar la cuestión relativa a la identidad de los solicitantes y posteriores reclamantes, pues es cierto, como insiste en señalar el reclamante, que la solicitud de 20 de septiembre de 2016 y posterior reclamación de 10 de noviembre de 2016 fueron presentadas por en representación de la mercantil mientras que en el caso de la solicitud y reclamación actuales fue él mismo quien las presentó haciéndolo «en nombre propio» y no «en nombre de ». Sin embargo, ello no supone que estemos ante una nueva solicitud y reclamación presentadas por una persona distinta, pues no es menos cierto que en la firma y posterior ejecución del contrato a que se refiere esta reclamación, aparece vinculado a , ya sea como Administrador Único, ya sea como representante legal de esa mercantil, lo que él mismo señala al afirmar en su reclamación que en la actualidad «ya ni siquiera soy Administrador de ». Resulta evidente, además, que el reclamante conocía el contenido de los distintos pronunciamientos de este Consejo de Transparencia en sus distintas Resoluciones y había recibido toda la documentación correspondiente en ejecución de aquéllas, como se desprende de las manifestaciones contenidas tanto en su solicitud, (reproducidas en el antecedente Primero de esta Resolución) como en su posterior reclamación, al señalar que presentó la petición de documentación «a la vista de toda la documentación aportada en las distintas ejecuciones de las resoluciones del Consejo de Transparencia». En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Inadmitir la reclamación presentada por frente a la denegación por el Servicio Aragonés de Salud del acceso a la información pública solicitada, por tratarse de una actuación no susceptible de impugnación, al existir cosa juzgada administrativa. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.