Reclamación contra el Ayuntamiento de Vera de Moncayo por denegación de copia de informe pericial a un concejal

Resolución 51/2021, de 25 de noviembre, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a una resolución del Ayuntamiento de Vera de Moncayo por la que se deniega el acceso a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 24 de febrero de 2020, presenta una reclamación al Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR), en la que expone, en síntesis, lo siguiente: 1. El 23 de enero de 2020, mediante escrito denominado “comparecencia en la Secretaría del Ayuntamiento de Vera de Moncayo, solicitando copia de documentos concretos” solicita copia del preceptivo informe pericial del expediente relativo a la adquisición, por parte de dicho Ayuntamiento, de un inmueble sito en calle Nueva, nº 1, de esa localidad. 2. La Resolución nº 3/2020, de 28 de enero de 2020, de la Alcaldesa de Vera de Moncayo, resuelve “no autorizar la entrega de la copia solicitada”. 3. El derecho a la información que ampara a los concejales está reconocido por la normativa de régimen local: artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos 14 y 84 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; el artículo 107 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y el artículo 77 del Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Vera de Moncayo. El reconocimiento de este Derecho ha sido también objeto de análisis en la Resolución 6/2019, de 4 de febrero, del Consejo de Transparencia de Aragón, y en el informe de la Asesoría Jurídica de la Diputación Provincial de Huesca, emitido el 8 de junio de 2011. 4. Por todo lo anterior, presenta una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón, con objeto de que este órgano adopte las medidas necesarias para que la Alcaldesa del Ayuntamiento de Vera de Moncayo le entregue la copia solicitada del referido informe pericial. 5. Pone también en conocimiento del Consejo de Transparencia de Aragón la falta de cumplimiento, por el Ayuntamiento de Vera de Moncayo, de los términos de la Resolución 6/2019, de 4 de febrero, de este Consejo, por la que se estimaron parcialmente las reclamaciones 45/2018 y 61/2018, presentadas por él frente a las actuaciones del Ayuntamiento de Vera de Moncayo con relación al acceso a la información pública solicitada. SEGUNDO.- El 27 de febrero de 2020, el CTAR solicita al Ayuntamiento de Vera de Moncayo que, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación, informe acerca del objeto de la reclamación y realice las alegaciones oportunas. TERCERO.- El 18 de marzo de 2020 el Ayuntamiento de Vera de Moncayo remite al CTAR por correo electrónico el informe solicitado, en el que manifiesta, —además de los antecedentes ya reproducidos y con amparo en la misma normativa invocada por el reclamante—, que la denegación de la autorización para la entrega al Sr. Villalba de una copia del documento solicitado se fundamenta en los siguientes motivos: 1. El solicitante no ostenta delegación ni cargo alguno en el Ayuntamiento de Vera de Moncayo, salvo el de concejal, por lo que “a priori” la obtención de copia de antecedentes, datos e informaciones no serían precisos para el desarrollo de su función. No obstante, como concejal, tiene derecho a la vista de cuantos antecedentes obren en el Ayuntamiento, lo que habitualmente realiza siempre que lo solicita. 2. El no forma para de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vera de Moncayo, por lo que la documentación de los asuntos que se lleven a las sesiones de ese órgano de gobierno no ha de tenerlos a su disposición en el momento de la convocatoria de esas sesiones. 3. No obstante, el , en su calidad de concejal, y al igual que cualquier otro miembro de la Corporación, tiene acceso, previa petición y tantas veces como desee, a los expedientes que obran en poder del Ayuntamiento, pero no a la obtención de copia, salvo que la Alcaldía considere que es necesario para el desempeño de las tareas encomendadas a un concejal concreto. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015), atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Ayuntamiento de Vera de Moncayo. SEGUNDO.- Hay que detenerse en este punto, con carácter previo, en el análisis del ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los cargos públicos representativos locales y su relación con la normativa de transparencia. El reclamante es un concejal y por tanto dispone de un régimen específico en materia de acceso a la información contemplado en la normativa local, al que él alude en su reclamación. Ahora bien, este Consejo ya ha admitido en varias ocasiones las reclamaciones presentadas por cargos electos (entre otras, Resoluciones 6/2017, 27/2017, 29/2018 y 6/2019) al considerar que la existencia de un régimen específico de acceso a la información en el ámbito local no puede privar a los cargos representativos de una garantía, la reclamación ante un órgano independiente y especializado, que se encuentra al alcance de todos los ciudadanos. Asimismo, es necesario señalar que este criterio del CTAR ha sido confirmado en la Sentencia 1074/2019, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, desestimatoria del recurso ordinario 334/2016, que rechazaba la posibilidad de que los cargos electos locales pudieran acudir a la vía de la reclamación prevista en la Ley 19/2013 para defender su derecho de acceso. La Sentencia desestima el recurso y suscribe íntegramente la argumentación y fundamentación jurídica del Comisionado de Transparencia de Cataluña (GAIP) en favor de la admisibilidad de reclamaciones de electos locales, sin perjuicio de las demás vías de recurso o garantía previsto en la legislación de régimen local, porque «aquellos que representan a la ciudadanía en las instituciones públicas no pueden disfrutar de un derecho de acceso a la documentación pública de alcance o calidad inferior que cuando este mismo derecho lo ejercitan sus representados individualmente considerados». En la Sentencia, el Tribunal determina con contundencia que la Disposición adicional primera, punto 2, de la Ley 19/2013 conlleva que en los casos en que exista un régimen especial de acceso, sus previsiones «deben verse completadas por las previsiones de la Ley 19/2014», de transparencia (norma autonómica de transparencia en Cataluña), y que, en general, «todas las leyes sectoriales (las de régimen local serían un caso) deben interpretarse de acuerdo con lo que establece la ley de transparencia y, para el caso de establecer excepciones respecto al régimen general, estas deben ser explícitas y responder a una causa que las justifique», de acuerdo con el punto 2 de la Disposición final primera de la Ley 19/2013. Procede, en consecuencia, la admisión a trámite de la reclamación. Cuestión distinta es que la petición dirigida por al Ayuntamiento de Vera de Moncayo, y su posterior reclamación ante este Consejo, se fundamentan en la normativa local y el derecho a la información que ampara a los concejales, reconocido tanto en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como en el 107 de la Ley 7/1999. Es razonable, por tanto, que no se haya dado cumplimiento a las previsiones establecidas en los artículos 29 y 31 de la Ley 8/2015 respecto a la comunicación previa, los plazos para resolver y los efectos del silencio de las solicitudes de derecho de acceso, por lo que no procede hacer ningún reproche procedimental al Ayuntamiento en este punto. TERCERO.- Admitida a trámite la reclamación, la Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— definen la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información solicitada y no proporcionada es información pública en los términos establecidos en las normas de transparencia, ya que se trata de información que obra en el Ayuntamiento de Vera de Moncayo y que deriva del ejercicio de sus competencias. Por tanto, la información requerida al Ayuntamiento puede ser solicitada en ejercicio del derecho de acceso a la información reconocido por las Leyes de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en éstas. CUARTO.- Tal como ya se ha analizado, el reclamante solicitó la información basándose en las normas de régimen local, cuya aplicación resulta preferente al tratarse de un régimen específico de acceso a la información. No obstante, la aprobación de las normas en materia de transparencia, y especialmente el reconocimiento con carácter general de un derecho de acceso a la información pública, impiden ignorar los principios que éstas establecen y que están llamados a proyectarse sobre el conjunto de normativa específica relativa al acceso a la información, conforme a su carácter supletorio establecido en la DA 1ª de la Ley 19/2013. De este modo, tal como ha reiterado este Consejo (Resolución 5/2018, de 5 de febrero, o Resolución 17/2018, de 16 de abril) los principios de las normas de transparencia, tales como el principio de responsabilidad y rendición de cuentas, el principio de libre acceso a la información pública, el principio de utilidad, el principio de gratuidad o el acceso preferentemente electrónico, así como las previsiones establecidas por esas normas con relación a la formalización del acceso, están llamados a proyectarse sobre el conjunto del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, también sobre los regímenes específicos de acceso a la información como ocurre en el caso de los electos locales. Pues bien, en cuanto a la denegación de copias, y como ya señaló este Consejo en su Resolución 6/2017, de 27 de marzo, «a la luz de la vigente normativa de transparencia, es discutible la vigencia de la previsión del ROF (artículo 16.1 a)), que limita el derecho a obtener copias de la información a una serie de supuestos y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por la Junta de Gobierno Local. Es inconsecuente que los ciudadanos tengan el derecho a solicitar el envío de copias, de forma gratuita si son en formato electrónico (artículo 22.1 Ley 19/2013 y 33 Ley 8/2015), y se niegue el derecho a los representantes locales, por lo que la previsión del ROF en este punto debe entenderse superada, siempre que el derecho no se ejerza de forma abusiva en los términos que se han señalado, límite, por otra parte, también válido para los ciudadanos». Procede, en conclusión, estimar la reclamación planteada y reconocer el derecho del reclamante a obtener una copia del informe pericial solicitado. QUINTO.- Por último, en cuanto a la pretensión relativa a la falta de cumplimiento por el Ayuntamiento de Vera de Moncayo de los términos de la Resolución 6/2019, de 4 de febrero, de este Consejo, —Resolución por la que se estimaron parcialmente las reclamaciones 45/2018 y 61/2018, presentadas por frente a las actuaciones del Ayuntamiento de Vera de Moncayo con relación al acceso a la información pública solicitada—, este Consejo de Transparencia, en su reunión de 27 de mayo de 2019, acordó «dar por cumplidos los términos de la Resolución», añadiendo, —pero solo a título de recomendación dirigida al Ayuntamiento de Vera de Moncayo—, que le fueran «remitidas al interesado por formato electrónico todas las actas aprobadas por el Pleno en esta legislatura y se publiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento los borradores previos de las actas». Por tanto, deben desestimarse las pretensiones del reclamante en este punto, al haber acreditado el Ayuntamiento de Vera de Moncayo el cumplimiento de la Resolución 6/2019, de 4 de febrero, de este Consejo. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Estimar parcialmente la reclamación presentada por , frente a la denegación por el Ayuntamiento de Vera de Moncayo de una copia de la información pública solicitada y el cumplimiento de la Resolución 6/2019, de 4 de febrero, de este Consejo. SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Vera de Moncayo a que, en el plazo máximo de cinco días, proporcione al reclamante la información solicitada y no satisfecha, en los términos señalados en el Fundamento Jurídico Cuarto de esta Resolución, y acredite ante este Consejo de Transparencia de Aragón el envío al reclamante de la información pública solicitada. TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.