Reclamación por acceso a información sobre el estado de implantación de la Administración electrónica en Aragón y resultado por pérdida sobrevenida del objeto

Resolución 48/2021, de 20 de septiembre, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a una resolución del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento por la que se concede acceso parcial a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por Dª. , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 24 de septiembre de 2019, Dª. presentó una solicitud, dirigida al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, que tenía por objeto la obtención de información sobre el «Estado de desarrollo e implantación de la Administración electrónica, así como adecuación a las Leyes 39/2015 y 40/2015 y las herramientas y aplicaciones electrónicas utilizadas para llevar a cabo dichos desarrollos». La solicitud quedó registrada con el número 360/2019 en el Registro de solicitudes de acceso a la información pública. SEGUNDO.- El 21 de enero de 2020 —notificada electrónicamente en la misma fecha a la solicitante— se dicta Orden de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento por la que se concede el acceso a la información pública, adjuntando la información solicitada como Anexo a dicha Orden, que se notifica el 21 de enero de 2020. TERCERO.- El 22 de enero de 2020, la solicitante interpone, ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR) una reclamación frente a la Orden citada, por entender que no responde satisfactoriamente a su solicitud de información pública. En concreto, la reclamante aduce que, si bien en el Anexo a la resolución se reflejan perfectamente las herramientas que utiliza el Gobierno de Aragón para dar cumplimiento a la implantación de la Administración electrónica, no se facilita información sobre las actuaciones desarrolladas por la Administración en este ámbito. En este sentido, la reclamante entiende que la mera remisión que se hace al Plan de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón no contiene referencias —como por ejemplo un enlace— que hagan fácil encontrarlo. CUARTO.- Al objeto de resolver la reclamación, el 6 de febrero de 2020 el CTAR solicita un informe al Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, concediéndole un plazo de quince días para expresar los fundamentos de la resolución adoptada y formular las alegaciones que considere oportunas. QUINTO.- El 20 de febrero de 2020, la Secretaría General Técnica del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento remite al CTAR, mediante correo electrónico, la Orden de 20 de febrero de 2020, de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, por la que se completa la información solicitada por Dª . Se acredita igualmente la notificación electrónica a la reclamante, en la misma fecha de remisión al CTAR. La citada Orden señala que de las alegaciones de Dª , se deduce que se le había proporcionado una información concreta y que únicamente echaba en falta un enlace para encontrar esa información. Por ello, —añade— se le facilitan ahora, en la Orden complementaria, los enlaces para acceder al Plan de Administración electrónica del Gobierno de Aragón 2018-2020, que son los siguientes: 2020 nElectronica_2018_2020.pdf/4e0e26c2-cdc7-6673-6ef1-f5f1f02ce0f6 II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015) atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, del Gobierno de Aragón. SEGUNDO.- La Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante Ley 19/2013) —y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La información que es objeto de solicitud —y por cuyo acceso se ha sustanciado este procedimiento de reclamación ante el CTAR―, constituye información pública a la vista de la definición del artículo 13 de la Ley 19/2013 que acaba de reproducirse y, por tanto, puede ser objeto de solicitud de acceso a la información en ejercicio del derecho reconocido por las Leyes de transparencia, siempre y cuando no sean de aplicación los límites o las causas de inadmisión previstas en éstas. Debe señalarse, además, que la información que la reclamante identifica como no recibida —Plan de Administración electrónica del Gobierno de Aragón 2018-2020— forma parte de la que, como mínimo, están obligadas a publicar las Administraciones públicas aragonesas, a las que les resultan de aplicación las disposiciones de transparencia establecidas en el título II de la Ley 8/2015, cuyo artículo 14 señala, en su apartado 1.: «Las Administraciones públicas aragonesas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en que basen su actividad y, en todo caso, los que vienen exigidos por la normativa sectorial en el plazo máximo de un mes desde su aprobación y durante toda su vigencia. En ellos se fijarán los objetivos concretos, así como las actividades, medios, costes estimados y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica, al menos una vez al año, junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma que se determine para cada entidad». Debe recordarse en este punto la reiterada doctrina, tanto de este Consejo como de otros Comisionados de transparencia, que establece que el derecho de acceso tiene por objeto cualquier información que tenga el carácter de pública, incluso aquella que está sometida a publicidad activa. Es decir, el sometimiento a publicidad de determinadas informaciones no impide su solicitud a través del derecho de acceso. Así lo ha reiterado además este Consejo en varias de sus Resoluciones (3/2017, de 27 de febrero; 21/2017, de 18 de septiembre; 31/2017, de 18 de diciembre y 32/2018, de 25 de junio), recogiendo todas ellas el Criterio Interpretativo 9/2015, 12 de noviembre del CTBG en el que se señala «…el artículo 22.3 de la LTAIBG regula el supuesto genérico de que la información solicitada vía derecho de acceso haya sido objeto de publicación previa, supuesto que, indudablemente incluye la publicación de esa información en cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. En este sentido, señala que la resolución podrá limitarse a indicar el lugar o medio en que ésta se ha publicado. Así, resulta evidente que los redactores de la LTAIBG están admitiendo implícitamente la tramitación de un procedimiento de acceso referido a una información sometida al régimen de publicidad activa, introduciendo para estos casos la posibilidad (no la obligación) de que la resolución del mismo se limite a indicar el lugar o medio de publicación que, en todo caso, deberá ser objeto de una referencia explícita y determinada, no de una simple indicación genérica». TERCERO.- Sentado lo anterior y tal como consta en los antecedentes de hecho, la documentación solicitada por la reclamante le fue finalmente facilitada mediante Orden de 20 de febrero de 2020, de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, por la que se completa la información solicitada por Dª . Así, la citada Orden contiene la indicación de dos enlaces para acceder al Plan de Administración electrónica del Gobierno de Aragón 2018- 2020. Sin embargo, este Consejo de Transparencia ha comprobado que, en la actualidad, ni el primero de esos enlaces, ni el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, en el apartado «Gobierno. Acción de Gobierno. Planificación. Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Plan de Administración Electrónica», accesible desde la URL https://www.aragon.es/-/plan- de-administracion-electronica-2018-2020, conducen a la información solicitada, a la que sí puede accederse en este momento a través del segundo de los enlaces facilitado a la reclamante en la referida Orden complementaria de 20 de febrero de 2020. Ello comporta la perdida sobrevenida del objeto de esta reclamación, dado que el propósito de obtener la información pública ha sido finalmente satisfecho y se ha visto cumplida la finalidad de las leyes de transparencia, razones por las que procede dar por terminado el procedimiento. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Declarar la finalización del procedimiento correspondiente a la Reclamación nº 12/2020, por pérdida sobrevenida de su objeto, al haber entregado el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, durante su tramitación, la información requerida. SEGUNDO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.