Reclamación sobre acceso a información relativa a la adscripción y cese de funcionaria interina y desestimación por el CTAR

Resolución 3/2021, de 15 de marzo, del Consejo de Transparencia de Aragón, por la que se resuelve la reclamación presentada al amparo del artículo 36 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, frente a una resolución del Departamento de Hacienda y Administración Pública por la que se concede acceso a la información pública solicitada VISTA la reclamación en materia de acceso a la información pública presentada por , el Pleno del Consejo de Transparencia de Aragón ha adoptado la siguiente resolución, I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 27 de marzo de 2019, presentó una solicitud de acceso a la información pública, dirigida al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, mediante el formulario disponible en el Portal de Transparencia, cuyo contenido era el siguiente: «El 4 de febrero de 2019 me comunican el cese en el puesto de trabajo en la RPT 7314 que ocupaba como funcionaria interina, existiendo un puesto de trabajo de las mismas características (RPT 7313) ocupado por otra funcionaria interina de incorporación más reciente. La RPT 7314 está ahora adscrito a una funcionaria de carrera que originariamente tenía adscrita la RPT 7313, posteriormente a ello ocupó un puesto de libre designación y posteriormente otro puesto de adscripción funcional. En 2016 resuelven adscribirla provisionalmente a la RPT 7314, actuación que se lleva a cabo en 2019. Solicito. -Copia de la resolución de cese del año 2016. -Que se explique cuál es el motivo por el que se elige despedir a una funcionaria interina y no a otra, que ocupa un puesto idéntico (especificando la normativa que se aplicó para tomar dicha decisión). -Que se comunique a quién correspondió la decisión de que sea el puesto nº 7314 el destinado a la adscripción provisional, y no el 7313». SEGUNDO.- Ante la falta de respuesta, y entendiendo desestimada su solicitud, presenta, el 9 de mayo de 2019, una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante CTAR). Considera además la reclamante que la actuación administrativa en el procedimiento que ha dado lugar a su cese, ha vulnerado los derechos que el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a los interesados en un procedimiento administrativo, razón por la que solicita al CTAR que lleve a cabo las actuaciones necesarias para su pleno restablecimiento. Por último, manifiesta que «si no se explican los motivos por los que se elige una plaza y no la otra, parece haber sido tomada la decisión discrecionalmente y no en base a un criterio legal preestablecido». La reclamante acompaña a su escrito copia de la siguiente documentación: a) Comunicación mediante correo electrónico, del Registro de solicitudes de información pública, que confirma la recepción de su solicitud el 27 de marzo de 2019. b) Comunicación previa del recibo de la solicitud, de la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón (en adelante Ley 8/2015). c) Comunicación de su cese en el puesto de trabajo nº RPT 7314, realizada el 4 de febrero de 2019 por el Director Provincial de Huesca del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. TERCERO.- Al objeto de resolver la reclamación presentada, el 14 de mayo de 2019 el CTAR solicita informe al Departamento de Hacienda y Administración Pública, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación, para expresar los fundamentos de la decisión adoptada y formular las alegaciones que considere oportunas. CUARTO.- El 20 de mayo de 2019, la Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública emite una resolución, a la vista del informe de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se concede el acceso solicitado y traslada a la solicitante copia de la siguiente documentación: a) Escrito, de 4 de agosto de 2016, de la Secretaria General del IASS dirigido al Servicio de Clasificación y Provisión de Puestos de Trabajo, en el que se efectúa —a instancia de éste, mediante escrito de 1 de agosto de 2016— la propuesta de adscripción de funcionarios cesados entre los que figura la de al puesto nº RPT 7314. b) Orden de 4 de octubre de 2016, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se autoriza la provisión del puesto RPT 7314. c) Resolución de 4 de octubre de 2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se adscribe, con carácter provisional, a al puesto de trabajo con nº RPT 7314 de Facultativo/a Superior Especialista, Pedagoga, en la Dirección Provincial de Huesca del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. d) Oficio de 13 de octubre de 2016, del Jefe del Servicio de Clasificación y Provisión de Puestos de Trabajo, de remisión de la Resolución citada a la Secretaria General del IASS (Registro de Salida nº 4231, de 14 de octubre de 2016). e) Escrito de 17 de diciembre de 2018, de la Jefa del Servicio de Clasificación y Provisión de Puestos a la Secretaría General del IASS instando a que se dé efectividad a la citada Resolución de 4 de octubre de 2016. f) Instrucción de 3 de noviembre de 2008, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se establecen criterios de confección y gestión de las listas de espera para nombramiento de funcionarios interinos en la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo apartado 19 regula las causas de cese. QUINTO.- El 27 de mayo de 2019 el Departamento de Hacienda y Administración Pública emite informe, cuyo contenido se resume a continuación: El 28 de marzo de 2019, se recibe en la Secretaría General Técnica del Departamento la solicitud de información pública registrada con el nº 146/2019 presentada por , cuyo contenido coincide con el que se ha reproducido en el antecedente primero de esta Resolución. El 1 de abril de 2019 se notifica la comunicación previa, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 8/2015. Desde la Secretaría General Técnica se solicita la información requerida a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios. Por Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, se estima la solicitud y se traslada la documentación solicitada, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 8/2015. Dicha resolución, cuya copia se adjunta al informe, se ha notificado el 23 de mayo de 2019 a la dirección de correo electrónico indicada por la solicitante. SEXTO.- El 30 de mayo de 2019, presenta una ampliación de la reclamación interpuesta ante el CTAR, en la que, además de los antecedentes ya conocidos, manifiesta que la documentación que le ha sido remitida —y que coindice con la señalada en el antecedente cuarto de esta Resolución— responde solo parcialmente a la información solicitada, por los siguientes motivos: a) Ha recibido copia de la Resolución de 4 de octubre de 2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se adscribe provisionalmente a al puesto de trabajo nº RPT 7314, ocupado por ella. b) No se le ha comunicado a quién correspondió la decisión de que la adscripción provisional de fuese al puesto nº RPT 7314, ocupado por ella, y no al puesto nº RPT 7313, ocupado por otra funcionaria interina. En este sentido, la reclamante aduce que no se le ha facilitado el escrito de 1 de agosto de 2016 del Servicio de Clasificación y Provisión de Puestos, en el que se insta a efectuar la propuesta de adscripción, pues dicho escrito constituye el punto de partida de la justificación y de la decisión de adscripción al puesto nº RPT 7314 en lugar del puesto nº RPT 7313, constatando definitivamente quién fue el funcionario que instó el procedimiento. c) No se le ha explicado el criterio legal por el que se elige despedir a la funcionaria interina que ocupa el puesto nº RPT 7314 y no a la que ocupa el puesto equivalente nº RPT 7313, considerando que el puesto que originariamente ocupaba la funcionaria de era el puesto nº RPT 7313 y no el puesto nº RPT 7314, al que finalmente se le ha adscrito. Por todo lo anterior, solicita: «-Que se ponga de manifiesto la autoridad que efectúa la propuesta contenida en el escrito en el que se insta a efectuar la propuesta de adscripción de fecha 1 de agosto de 2016 y se facilite copia de dicho escrito. -Que se indique si la decisión se tomó discrecionalmente y si no fue así los criterios legales específicos que lo justifiquen. -La documentación relativa a la modalidad de nombramiento y objeto del mismo de la funcionaria interina que ocupa el puesto con Nº de RPT 7313. -Que se tengan en cuenta mis derechos legales, como interesada en el procedimiento de cese, de acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con la Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón dado que considero que no solo no han sido respetados, sino que me han sido denegados. -Que el Consejo lleve a cabo las actuaciones necesarias para el total restablecimiento de mis derechos». Finalmente, manifiesta que «La transparencia y la información pública solicitadas, explicarían correctamente los motivos por los que se elige una plaza y no la otra, facilitando la constatación de que la decisión se ha basado en un criterio legal preestablecido y no en un criterio tomado discrecionalmente». SÉPTIMO.- El 11 de junio de 2019, el CTAR solicita nuevo informe al Departamento de Hacienda y Administración Pública sobre la ampliación de la reclamación, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la comunicación, para formular las alegaciones que considere oportunas. OCTAVO.- El 5 de julio de 2019 la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública emite el informe en el que se contienen, además de los antecedentes ya conocidos, las consideraciones que se reproducen a continuación: «Que esta Unidad de Transparencia considera que con la citada documentación se da respuesta a la solicitud inicial formulada por la reclamante. Así, parece que las discrepancias con están: por un lado, en a quién correspondió la decisión de que fuera el puesto nº 7314 el destinado a la adscripción provisional y, por otro lado, en la normativa que se aplicó para “despedir a una funcionaria interina y no a otra”. En primer lugar, por lo que respecta a la persona a la que correspondió la decisión de destinar el puesto nº 7314 a la adscripción provisional, es el escrito de 4 de agosto de 2016 firmado por la Secretaría General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales el que da respuesta a esa cuestión, ya que, aunque en el mismo se aluda a un escrito anterior de 1 de agosto de 2016 del Servicio de Clasificación y Provisión de Puestos de Trabajo, la propuesta de adscripción de al puesto nº de RPT 7314 se efectuó en el citado escrito de 4 de agosto de 2016 que se remitió junto a la Resolución. En segundo lugar, respecto al criterio legal por el que se cesa a una funcionaria interina y no a otra, hay que señalar que, entre la documentación remitida, figura la Instrucción de 3 de noviembre de 2008, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se establecen los criterios de confección y gestión de las listas de espera para el nombramiento de funcionarios interinos en la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo apartado 19 regula las causas de cese. En consecuencia, la documentación remitida junto a la Resolución recurrida da respuesta a las cuestiones planteadas por en su solicitud inicial desde la perspectiva de la legislación en materia de transparencia. Cuestión diferente es que la reclamante discrepe de un acto administrativo concreto. Para ello y como interesada en el procedimiento administrativo, deberá seguir los cauces previstos al efecto en el ordenamiento jurídico». II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El artículo 36 de la Ley 8/2015, atribuye al CTAR la función de resolver las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa, estando sometidas a su competencia las actuaciones en la materia del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. SEGUNDO.- Con carácter previo deben realizarse varias consideraciones de carácter procedimental. Tal como ha reiterado este Consejo en numerosas ocasiones (Resolución 1/2016, de 12 de septiembre; Resolución 2/2017, de 27 de febrero; Resolución 4/2017, de 27 de febrero; Resolución 7/2017, de 27 de marzo; Resolución 9/2017, de 2 de mayo; Resolución 12/2017, de 2 de mayo; Resolución 18/2017, de 27 de julio; Resolución 21/2017, de 18 de septiembre; Resolución 24/2017, de 6 de noviembre; Resolución 25/2017, de 6 de noviembre; Resolución 26/2017, de 6 de noviembre; Resolución 3/2018, de 5 de febrero Resolución 23/2019, de 27 de mayo), la Ley 8/2015 contiene en sus artículos 29 y 31 las reglas procedimentales que deben seguirse una vez recibida una solicitud de información. Entre dichas reglas, el artículo 31 establece los plazos para resolver la solicitud, cuando señala: «1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». La importancia de estas normas reside en la garantía que suponen para el solicitante, ya que le permiten conocer la efectiva recepción de la solicitud, los plazos para su resolución o la necesidad de aclarar su petición. En definitiva, garantizan el ejercicio de su derecho. Del mismo modo, permiten a la Administración acordar la prórroga del plazo cuando lo exija el volumen o complejidad de la información solicitada. De los antecedentes obrantes en el expediente, se desprende que el Departamento de Hacienda y Administración Pública no cumplió las normas procedimentales contenidas en la Ley 8/2015: si bien notificó la comunicación previa, no resolvió en plazo la solicitud de información pública que ha dado origen a esta reclamación, haciéndolo tardíamente, una vez que la solicitante ya había interpuesto una reclamación en materia de acceso a la información pública contra la desestimación de su solicitud por silencio administrativo. Se recuerda en este punto, que todos los órganos y entidades incluidos en el artículo 4 de la Ley 8/2015 están obligados a resolver expresamente, y dentro del plazo legalmente establecido, las solicitudes de acceso a la información pública que les sean planteadas, y que el incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en el Título I de la norma puede ser constitutivo de infracción, según dispone el artículo 41.3 de la Ley 8/2015. TERCERO.- En cuanto al fondo de la reclamación, la Ley 8/2015 reconoce, en su artículo 25, el derecho de todas las personas a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, en la normativa básica en materia de transparencia y en esa Ley. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 19/2013 — y el artículo 3 h) de la Ley 8/2015 en idénticos términos— define la información pública como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de algunos de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la norma y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». La información que considera como no entregada en su reclamación de 9 de mayo de 2019, ―identificación de la persona que adoptó la decisión de la adscripción provisional a un determinado puesto y la explicación del criterio legal por el que se elige ese puesto de trabajo, ocupado por la reclamante, y no otro de similares características― tiene, sin duda, el carácter de información pública. Conviene aclarar, no obstante, que lo que se reclama aquí no es el acceso a un expediente o documento específico, sino a unos datos concretos (identificación de la persona que adopta una determinada decisión en el seno de un procedimiento administrativo y explicación sobre el criterio legal aplicado). En este sentido, la resolución 236/2020 de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (en adelante, la GAIP) señala, con argumentación que comparte este Consejo, que «El hecho que la información no sea redactada (es decir: no sea un documento) en el momento de hacer la solicitud no justifica por si solo la inadmisibilidad de la solicitud, porque no significa que la información no exista y hay que tener en cuenta que, a diferencia del planteamiento tradicional de la legislación de procedimiento administrativo, el derecho garantizado por la LTAIPBG no solo es de acceso a los documentos, sino a la información, que es un concepto más amplio, más bien asimilable a conocimiento». Además, deben diferenciarse las simples peticiones de información pública de las consultas, tarea que trata de facilitar la citada Resolución de la GAIP al señalar acertadamente que «lo que determina que una solicitud de información pública sea en realidad una consulta y, en consecuencia, afectada de inadmisibilidad, no es el hecho que la información solicitada requiera su redacción expresa, porque no existe de forma documentada preexistente a la solicitud, sino que materialmente tenga por objeto una consulta o un informe, en vez de mera información. El hecho que las consultas o informes formuladas o pedidos a la Administración requieran, como rasgo distintivo, su confección expresa para atender la solicitud no significa que toda solicitud de información que para atenderla requiera la redacción expresa de la respuesta tenga que ser calificada de consulta o de petición de informe. La GAIP viene entendiendo que aquello que caracteriza las consultas, en relación con las solicitudes de información que también requieren una tarea de redacción expresa, es que la consulta solo puede ser satisfecha haciendo previamente una tarea de explicación, interpretación, análisis o valoración, de creatividad intelectual o de divulgación, normalmente jurídica, pero que también puede ser de otra naturaleza. En cambio, no se podrían calificar de consultas las solicitudes de información que solo solicitan la simple expresión o referencia escrita de un hecho o de un dato que la Administración puede constatar de forma directa, a partir de la mera observación de la realidad, sin necesidad de ninguna de las tareas indicadas de valor añadido que caracterizan las consultas». De acuerdo con los criterios señalados, este Consejo considera que la identificación de la persona que adopta la decisión de adscribir provisionalmente a al puesto de trabajo nº RPT 7314, supone tan solo constatar un hecho fácilmente objetivable, mediante el examen de la documentación obrante en el expediente, lo que no requiere ningún tipo de valoración o análisis, por lo que puede afirmarse que lo solicitado en este apartado constituye información pública conforme a las leyes de transparencia. Y lo mismo puede decirse de la explicación del criterio legal por el que se elige la cobertura de ese puesto en concreto y no de otro de similares características, que puede obtenerse sin dificultad mediante la mera lectura de los preceptos legales citados y de la fundamentación jurídica de la resolución recaída en el procedimiento, lo que lleva también aquí a concluir que lo solicitado es información pública. CUARTO.- Respecto a la pretensión de que el CTAR lleve a cabo las actuaciones necesarias para el total restablecimiento de los derechos que, como interesada, le reconoce la normativa básica en materia de procedimiento administrativo en el de cese, debe señalarse que las competencias de este Consejo se circunscriben a las funciones establecidas en el artículo 37 de la Ley 8/2015 y no procede realizar pronunciamiento alguno sobre aquellas cuestiones que no se refieren a la obtención de información pública. Es reiterada la doctrina de este Consejo relativa a la limitación de sus competencias y funciones a las previsiones establecidas en el artículo 37 de la Ley 8/2015. Tal como señala la Resolución 12/2018, de 12 de marzo, y se ha reiterado en varias Resoluciones (por todas Resolución 48/2018, de 24 de septiembre): «La actividad del CTAR, tal como dispone el artículo 36 de la Ley 8/2015 se dirige a velar únicamente por la normativa en materia de transparencia, es decir, no se configura como un órgano de control general del conjunto de actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados a la Ley. Las reclamaciones ante este Consejo constituyen una garantía del derecho de acceso a la información pública, pero se trata de un medio de impugnación justificado por su especificidad material, en los términos previstos en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, circunscrito al ámbito de la transparencia». En consecuencia, procede la inadmisión de la reclamación respecto a esta pretensión. QUINTO.- El escrito de ampliación de reclamación, presentado por el 30 de mayo de 2019, y cuyo contenido se ha descrito en el antecedente de hecho sexto, además de referirse a aspectos ya incluidos en la primera reclamación, introduce una cuestión novedosa que viene a suponer una ampliación de la petición de información pública realizada en la solicitud inicial. Así, la reclamante solicita: «La documentación relativa a la modalidad de nombramiento y objeto del mismo de la funcionaria interina que ocupa el puesto con Nº de RPT 7313». Sin embargo, la resolución que adopte el CTAR sólo puede referirse a la información inicialmente solicitada, lo que exige que exista congruencia entre la solicitud y la reclamación, una cuestión sobre la que este Consejo ya se ha pronunciado en varias de sus Resoluciones (9/2017, de 2 de mayo; 15/2017, de 27 de julio; 16/2017, de 27 de julio; 20/2017, de 18 de septiembre) para concluir que las reclamaciones deben ser congruentes con la solicitud inicial, sin que los reclamantes puedan modificar o ampliar su objeto durante la tramitación. En consecuencia, el pronunciamiento de este Consejo no puede referirse a la información solicitada adicionalmente en la ampliación de la reclamación, sino que debe circunscribirse a la pretensión de obtener la información pública a que nos hemos referido en el fundamento jurídico cuarto y debe inadmitirse también esta pretensión de la reclamación. SEXTO.- Sentado lo anterior, se analizarán por separado las demandas de información objeto de la reclamación y si el Departamento de Hacienda y Administración Pública ha actuado conforme a la normativa en materia de transparencia en cada una de ellas: a) Identificación de la persona a quien correspondió la decisión de que sea el puesto nº 7314 el destinado a la adscripción provisional, y no el nº 7313. En línea con lo manifestado en el informe de 5 de julio de 2019, emitido por la Secretaría General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, este Consejo de Transparencia considera que la información demandada en este punto se contiene en el escrito de 4 de agosto de 2016, firmado por la Secretaria General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que es donde se formula la propuesta de adscripción de al puesto nº RPT 7314. Una copia de este escrito, como consta en el antecedente segundo de esta Resolución, fue proporcionada a la solicitante en virtud de la Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se concede el acceso solicitado. Por tanto, mediante la entrega de esta documentación, el Departamento de Hacienda y Administración Pública ha satisfecho adecuadamente, conforme a la normativa de transparencia, la demanda de información pública. b) Motivo por el que se elige despedir a una funcionaria interina y no a otra, que ocupa un puesto idéntico (especificando la normativa que se aplicó para tomar dicha decisión). El criterio legal por el que se cesa a una funcionaria interina (la reclamante), se establece en la normativa que se cita en la Resolución de 4 de octubre de 2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se adscribe provisionalmente a , al puesto de trabajo nº RPT 7314. El citado informe de 5 de julio de 2019, señala asimismo que «entre la documentación remitida, figura la Instrucción de 3 de noviembre de 2008 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se establecen los criterios de confección y gestión de las listas de espera para nombramiento de funcionarios interinos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo apartado 19 regula las causas de cese». Se considera, por tanto, como en la pretensión anterior, que mediante la entrega de esta documentación, el Departamento de Hacienda y Administración Pública ha dado también cumplida satisfacción, conforme a la normativa de transparencia, a lo solicitado por la ahora reclamante. En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 37.3 a) de la Ley 8/2015, el Consejo de Transparencia de Aragón: III. RESUELVE PRIMERO.- Inadmitir la reclamación presentada por frente a la Resolución del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de 20 de mayo de 2019, por la que se concede el acceso a la información pública solicitada, en cuanto a las pretensiones analizadas en los fundamentos jurídicos Cuarto y Quinto de esta Resolución. SEGUNDO.- Desestimar la reclamación presentada por respecto al resto de pretensiones. TERCERO.- Notificar esta Resolución a todos los interesados en este procedimiento, acordar su publicación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia de Aragón, previa disociación de los datos de carácter personal, y comunicarla al Justicia de Aragón.